Daniel Hojman: La esencia del momento neoliberal es la idea de un Estado minimo

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El Doctor en Economía de la Universidad de Harvard y profesor asociado de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, Daniel Hojman, comentó la intervención de Brian Pusser, tendiendo un puente con la discusión contingente sobre la Educación Superior chilena. El texto a continuación reproduce parte de su presentación.

Foto: ALEJANDRA FUENZALIDA

Hay dos ideas centrales del profesor Pusser que nos pueden servir en esta reflexión. En primer lugar, la Educación Superior forma parte de una disputa política más extensa en la sociedad, y esto es algo que no tiende a explicitarse suficientemente. Y lo segundo es la pregunta acerca de cuál es la especificidad de la Educación Superior estatal.

A partir de este marco, propongo tres ideas. Primero, parte central de la disputa política que hay en Chile respecto a la Educación Superior se refiere a definir en qué consiste la función pública de la Educación Superior. Aunque parezca abstracto, está en el trasfondo de la discusión legislativa sobre la reforma. El segundo punto tiene que ver con la definición de prioridades y el tipo de bienes que ha de producir la Educación Superior en la discusión sobre el tipo de desarrollo que definamos como país. Por lo tanto, la definición del sistema de Educación Superior debe tener en mente una visión sobre el modelo o el tipo de desarrollo que queremos para el país. Mi tercer punto, en línea con el anterior, se relaciona con el rol del Estado en este modelo de desarrollo. Específicamente, la Educación Superior estatal tiene que ir de la mano con el proyecto de Estado.

La Educación Superior en la arena política

Comienzo por relevar la idea de que el sistema de Educación Superior es una arena que se construye políticamente, donde el Estado juega un rol central porque financia, certifica, regula y determina cuál es la combinación de instituciones u organizaciones que van a proveer Educación Superior. En principio, lo central es que distintos tipos de organizaciones -privadas y públicas; privadas con y sin fines lucro; confesionales y no confesionales- van a ofrecer diversas prioridades asociadas a esa educación. Por eso, ineludiblemente, se trata de una discusión cruzada por intereses e ideologías.

Valoro el esfuerzo de situar el debate de la Educación Superior chilena en un contexto comparado e histórico, pero es indispensable entender cuáles son los determinantes políticos que nos tienen en la situación actual.

El caso chileno tiene cierto dramatismo, porque uno asocia buena parte de lo que es el sistema actual a la reforma radical durante la dictadura. Ese quiebre es sincrónico con un giro ideológico a nivel más global, lo que algunos denominan la hegemonía o el momento neoliberal. Brevemente, después del golpe de Estado de 1973 hay una restructuración completa de la Educación Superior; se produce una balcanización de la Universidad de Chile y de las universidades estatales, una intervención directa de las universidades, un éxodo importante de académicos y estudiantes. Esta intervención no fue motivada por el desarrollo de comunidades de Educación Superior orientadas a servir el desarrollo nacional.

A partir de los ‘80, el surgimiento de decenas de universidades privadas y el retraimiento del Estado se asocian con una orientación al mercado y bajísima regulación, donde los incentivos están puestos en la captación de matrícula. Esto redunda, entre otras cosas, en una heterogeneidad enorme entre el tipo de instituciones, las calidades que ofrecen, su complejidad, sus misiones, etc. La pertinencia de una fracción importante de una oferta desregulada de carreras ha sido cuestionada ampliamente.

Al mismo tiempo y por distintas causas, especialmente a partir de la transición democrática e intensamente en la década del 2000, se produce una expansión enorme de la matrícula y con ello del financiamiento privado a la educación, en particular de los hogares, muchas veces asociado con niveles de endeudamiento elevado de los estudiantes y sus familias. La expansión de la matrícula fue absorbida principalmente por universidades privadas y allí, implícita o explícitamente, hubo una decisión política.

Entonces, es importante considerar esta dimensión política y, hoy, la redefinición o reestructuración del sistema de Educación Superior chileno también forma parte de un debate político más extenso. Hay un contexto internacional donde ha comenzado a cuestionarse el paradigma neoliberal por múltiples razones y, por lo tanto, es importante entender ese contexto. Y quiero entonces terminar esta primera nota sobre la importancia de considerar a la Educación Superior como parte de una arena que se construye políticamente, señalando dos riesgos.

El primer riesgo se podría denominar la “pulsión nostálgica”. Por ejemplo, la Universidad de Chile es una universidad estatal que está íntimamente ligada a la construcción del Estado nacional; lo mismo podría decirse respecto de otras universidades públicas. Esto se interrumpió en un determinado momento y uno podría plantear como alternativa volver a este estado anterior. Ahí hay que tener mucho cuidado y hacerse la pregunta correcta. Es decir, está claro que el Estado tiene que jugar un rol mayor en el sistema de Educación Superior, pero la pregunta central es cuál es el sistema de Educación Superior que queremos en 20 años más.

Hay un segundo riesgo que va en la dirección opuesta. El sistema de Educación Superior lleva funcionando tanto tiempo como un mercado que hay un riesgo de que, tanto en los usuarios del sistema como en las propias élites políticas, se haya naturalizado la Educación Superior como un mercado. Esto es un obstáculo para pensar en cómo salir del statu quo y vislumbrar la transición a un sistema significativamente distinto.

Educación Superior y función pública

El segundo punto tiene que ver con la definición sobre cuál es la función pública de la educación. Hemos hablado y seguiremos discutiendo sobre la gratuidad. Y el financiamiento es un tema que ha gatillado buena parte de los titulares de prensa, pero evidentemente no puede disociarse de la discusión sobre la regulación y sobre la función pú- blica de la Educación Superior. En otras palabras, ¿qué justifica que el Estado financie a ciertas instituciones de educación? ¿Se justifica que financie de manera diferenciada, no neutral, a instituciones que son distintas? ¿Cuáles serían los criterios que justificarían un financiamiento diferenciado? Entonces, como enfatiza el profesor Pusser, subyace aquí la idea de que instituciones distintas pueden enfatizar distintas prioridades en educación y que hay instituciones que pueden proveer más o menos bienes públicos, que esa sería la justificación desde el punto de vista del Estado para financiarlas. O sea, si existe esta heterogeneidad, por qué no financiarlas de manera heterogénea.

Esto, por supuesto, es una discusión esencial para las universidades estatales, porque si hay algo que distingue en su especificidad a las universidades estatales tiene que venir de esto, de su capacidad de garantizar la provisión de derechos y bienes públicos esenciales, que tal vez otras universidades -que pueden proveer bienes públicos- no hacen de la misma manera.

Lamentablemente, este debate sobre la función pública de la universidad o la Educación Superior ha estado dominado por consignas, y no es tan fácil ir más a fondo cuando uno se detiene a pensar este tema. Eso es, en parte, lo que se discutirá en el Congreso: ¿es posible definir un “régimen de lo público” que me permita justificar el financiamiento para universidades estatales y no estatales?

El concepto de bien común, de interés común, de interés público, es un concepto fuertemente debatido, es altamente político, cambiante en el tiempo y no existe gran claridad respecto a qué significa.

Desde la economía, que es una disciplina que tiende a pauperizar la realidad, la definición de bien público –a partir de Paul Samuelson, Premio Nobel en Economía- es que se trata de un bien que satisface dos propiedades. Primero, que sea no excluible, es decir, que no puedo excluir a la gente del uso de ese bien. La segunda propiedad es la no rivalidad en su uso; básicamente, si alguien usa el bien eso no reduce la disponibilidad del bien para los demás. Una definición un poco más flexible es que se trata de un bien que produce externalidades positivas fuertes sobre un grupo amplio de personas, efectos directos que no son capturados plenamente por los precios o retribuciones monetarias.

Hago esta disquisición conceptual porque me parece necesario hacer una invitación a pensar sobre cuáles son las externalidades positivas, las dimensiones de bien público que tiene la Educación Superior. No necesariamente vamos a tener un acuerdo pleno en esto, pero la función pública de las instituciones de Educación Superior requiere una validación democrática.

Hay funciones públicas que no son económicas con fuerte raigambre histórica, vinculadas con el funcionamiento de la democracia. Tienen que ver con la ciudadanía, la participación y que en la tradición griega y hasta hace poco han sido consideradas por muchos como la función principal de la Educación Superior: generar civilidad, compromiso cívico, diálogo democrático, capital social.

Hay también un componente productivo asociado a la Educación Superior que evidentemente tiene un retorno privado: yo me educo y hay un premio por esa educación que se traduce en mi salario. Este retorno privado es el que tiende a enfatizar una visión más mercantil de la educación. Por supuesto, hay también externalidades productivas: que los otros se eduquen me hace más productivo a mí; el conocimiento nuevo que se produce es un conocimiento no excluible, que genera una enorme cantidad de externalidades potencialmente en muchos ámbitos de la economía, especialmente en el mundo contemporáneo. Habría que agregar la formación y la investigación dirigida a la producción de bienes y servicios que se consideran de interés nacional, a partir de una definición democrática en la sociedad.

Un tercer ámbito es la dimensión valórica que desde una perspectiva económica se puede interpretar como correspondiente a externalidades. Por ejemplo, la Educación Superior, y en particular la red estatal, tiene que jugar un rol en promover valores como la no discriminación, igualdad de oportunidades de acceso, igualdad de género, movilidad social, pluralidad, la fe pública asociada a la pertinencia de la oferta o al uso adecuado de recursos públicos, la transparencia activa, etc.

Vemos, entonces, que hay una serie de dimensiones que definen o han definido la función pública de la universidad.

Ahora, ¿cuáles son los elementos institucionales que promueven la producción de estas funciones públicas? ¿Qué características organizacionales e indicadores permiten distinguir entre instituciones que proveen más o menos de un bien público? ¿Cuál es el rol del aseguramiento de estándares, de la autonomía, del gobierno corporativo, en la orientación de una institución de Educación Superior a funciones públicas? ¿Podría justificarse que ciertas instituciones reciban financiamiento, otras que reciban menos financiamiento y otras que no reciben financiamiento? Una legislación adecuada debiese dar respuesta a estas preguntas.

Educación Superior y desarrollo humano

Las preguntas sobre el futuro de la Educación Superior y sobre el futuro del desarrollo chileno están relacionadas.

La crítica al modelo neoliberal de educación pública se basa en esta idea de que las universidades están muy giradas hacia lo externo y lo externo significa el mercado. No sé si esa crítica es justa, pero sí creo que estamos dando por superada la noción de desarrollo desde la perspectiva neoliberal y que el sistema de Educación Superior tiene que orientarse hacia una noción mucho más compleja de desarrollo. Un desarrollo humano integral, no solamente económico, sino uno que contiene un componente social, político, afín a nociones de bienestar multidimensional que involucran desde el bienestar material hasta la participación de la ciudadanía, pasando por la sustentabilidad ambiental.

Si creemos que el sistema de Educación Superior debe estar orientado a este desarrollo integral, entonces naturalmente estamos convocados a pensar una universidad distinta, no solamente orientada a las necesidades del mercado, a las productivas o a la competencia con otras universidades, sino también hacia proyectos nacionales, y que promueva la colaboración entre universidades como aproximación a estos problemas.

Universidades estatales y la construcción del Estado

Una dimensión central del desarrollo tiene que ver con el rol del Estado y, en el contexto específico de la Educación Superior, con el papel de las instituciones estatales.

Aquí hay visiones distintas, pero si hay algo que caracteriza la esencia del momento neoliberal es la idea de un Estado mínimo que, en mi opinión, llega al punto de la negligencia. Esto se refleja muy claramente en el abandono del Estado chileno de la educación pública. Pero en el mundo que enfrentamos, tras décadas de hegemonía neoliberal y desregulación -y donde habrá distintas valoraciones sobre el progreso alcanzado-, la pregunta es si tiene sentido promover un paradigma distinto para enfrentar los grandes desafíos de la sociedad

Sabemos que el mercado no va a resolver los principales problemas que tiene la humanidad: no va a resolver el calentamiento global, ni la paz social, ni la estabilidad, ni la democracia; no va a resolver el problema de la desigualdad, ni la cura contra el cáncer, ni el problema de la innovación, ni la diversificación productiva. Entonces, el Estado tiene que jugar un papel distinto, no necesariamente un rol que ahogue al sector privado, pero un rol diferente, más dinámico. Lo que Mariana Mazzucato llama el Estado emprendedor, que puede planificar estratégicamente, que articula, coordina, coopera con la sociedad civil y con el sector privado, y fortalece la democracia.

La pregunta, entonces, es qué rol juega la red de universidades públicas, en generar o dinamizar ese cambio en el rol del Estado. Cuando uno piensa en la reestructuración de la Educación Superior y, en particular, el sistema estatal de instituciones de Educación Superior, resulta natural que la orientación del sistema estatal esté vinculado a las necesidades y al desarrollo del país y a colaborar con la construcción del Estado que requiere el desarrollo chileno.

El nuevo sistema de universidades estatales debe contribuir al fortalecimiento y modernización de un Estado. El sistema público está llamado a jugar un rol protagónico en fortalecer las capacidades y recursos humanos en todo el territorio, un aspecto crítico para mejorar los servicios esenciales que provee el Estado (por ejemplo, salud pública), procesar las nuevas demandas asociadas a reformas como la educacional, facilitar una articulación virtuosa con el sector privado, potenciar comunidades cívicas y productivas.

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