Davor Harasic: “Existe conciencia social sobre la ilegitimidad de la actual Constitución”

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El abogado, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y Profesor Titular de la Universidad de Chile analiza el proceso constituyente aún en marcha en el país. Tiene una visión crítica del mecanismo de participación desarrollado por el Gobierno y se declara partidario de una asamblea constituyente. Además, en el contexto de la discusión sobre la reforma educacional, explica cómo se puede consagrar la educación pública como un derecho en la nueva Constitución.

Por CRISTIAN CABALIN / Fotos FELIPE POGA

El abogado Davor Harasic cumplió recientemente un año como Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde ejerce como profesor desde 1986. Una de sus tareas en el decanato ha sido generar un intenso debate sobre una nueva Constitución. Para él, la actual Carta Fundamental tiene un vicio de origen -al ser diseñada y promulgada en dictadura- que debe ser reparado con un proceso amplio y participativo que decante en una asamblea constituyente. “El proceso social para que exista una nueva Constitución no lo detiene nadie. Ahora, el mecanismo impulsado por este Gobierno no va a cumplir con ese propósito”, dice.

¿Por qué el actual proceso constituyente es limitado en ese objetivo?

Mi impresión es que el Gobierno se vio sobrepasado por la demanda ciudadana y quiso enfrentarla quebrando la menor cantidad de huevos. Entonces, anunció un proceso que va a concluir supuestamente en el próximo gobierno. Es una manera insuficiente de asumir una nueva Constitución. No ha encantado a la gente. Las personas no han participado en el proceso de forma mayoritaria a objeto de plasmar sus pretensiones.

Una de las críticas es que ha sido un proceso elitista, reducido a los grupos más acomodados…

Obvio. El Gobierno ha tratado de satisfacer la demanda por una nueva Constitución en la medida de lo posible. De todos modos, la discusión en torno a este tema ha sido rica y demuestra que se puede tener una nueva Carta Fundamental.

¿Es posible una asamblea constituyente para esta nueva Constitución?

Desde mi punto de vista, la asamblea constituyente es la manera adecuada para tener una Constitución. Frente a este tema hay mucho fetichismo. Algunos creen que una asamblea constituyente es sinónimo de la decapitación de la Revolución Francesa y la verdad es que no tiene nada que ver. Este mecanismo es la forma apropiada para que los ciudadanos nos expresemos sobre una nueva Constitución. Es mucho más válida que un simple plebiscito. Son dos mecanismos posibles y se debe debatir sobre ellos, pero no cabe la menor duda de que existe consciencia social sobre la ilegitimidad de la actual Constitución. Por eso, la Facultad de Derecho se ha involucrado en esta discusión. Tuvimos 60 especialistas el año pasado -de la A a la Z, ideológicamente- y nadie estuvo en contra de una nueva Constitución. Nosotros no estamos elaborando el nuevo texto constitucional, porque eso sería arrogarnos un rol que no nos corresponde, pero queremos encauzar este debate.

¿La ilegitimidad de la actual Constitución se cruza con la crisis de legitimidad del sistema político en su conjunto?

Más allá de la ilegitimidad de esta Constitución, existe una deslegitimidad institucional. Ninguna institución se libra de la mala percepción ciudadana. Es cosa de ver el descrédito de los partidos políticos. Esto no se soluciona partiendo de cero, sino que con una institucionalidad distinta.

Uno de los hechos que ha producido esta desconfianza hacia las instituciones es la oscura relación entre dinero y política ¿Cómo se regula desde el derecho esta relación?

El derecho encauza determinadas situaciones. En Chile, durante muchos años, se financió la política de un modo que hoy no es aceptable. Ahora los ciudadanos queremos que nuestros políticos se financien de otro modo. En este contexto, lo único que puede hacer el derecho es encauzar ese proceso. El derecho no cambia las estructuras, no cambia la sociedad. Es la sociedad la que cambia y el derecho le da la forma a ese cambio.

Al participar de este tipo de discusiones, ¿no se “politiza” la Universidad, como algunos acusan?

No es politización. Nosotros no hemos dicho «debemos conducirnos hacia una sociedad de mercado, o socialista, o solidaria». Hemos escuchado a los expertos de todos los sectores. Por lo tanto, no es una politización de carácter ideológico. Pero sí defendemos una «politización» que sea servir al país, porque como universidad pública tenemos ese deber.

Un tema polémico sobre la nueva Constitución apunta hacia la consagración de ciertos derechos. De hecho, el ex Ministro Cristián Larroulet presentó un análisis -criticado por su rigurosidad metodológica- donde decía que a mayor cantidad de derechos, más pobre es el país…

Un primer consenso social es establecer cuáles son derechos y cuáles no. Por ejemplo, si la sociedad decide que la educación es un derecho, deja de ser una mercancía; si en cambio decide que con ella se puede lucrar, es un bien de consumo. Si la pregunta es cuántos derechos se van a establecer en una nueva Constitución, hay diversas formas de definirlo.

Siguiendo con su ejemplo de la educación, ¿se puede consagrar a la educación de calidad como un derecho sin generar una tensión que podría llevar a su judicialización?

No hay que temer a la judicialización. Es una palabra con una carga negativa, pero significa, institucionalmente, que aquellas cosas que los ciudadanos no logramos resolver por el diálogo directo, las resuelve un tercero, un juez. Por lo tanto, si a alguien se le niega el derecho a una educación de calidad puede recurrir a la justicia. Eso no significa que nos vayamos a convertir en el gobierno de los jueces.

La educación pública como derecho

Entonces, ¿es posible que la educación pública tenga un lugar en la nueva Constitución?

Eso se está discutiendo actualmente en la reforma a la Educación Superior. Creo que la educación pública tiene que estar instalada en un sitio constitucional. Es muy importante que el país tenga una educación pública de calidad en todos sus niveles. Eso no significa que todas las escuelas y universidades pasen a ser públicas. Significa que dentro del sistema educacional existan instituciones públicas que promuevan una educación laica que mire exclusivamente al país. Por el contrario, un colegio católico puede ser muy bueno y respetable, pero evidentemente su objetivo principal es plasmar los principios del catolicismo. Pasa lo mismo con una escuela ligada a la Masonería. La Iglesia Católica o la Masonería tienen el derecho de tener colegios, pero deben existir instituciones educacionales sin más objetivos que producir el conocimiento que requiere el país.

¿Desde el derecho se puede definir un concepto de educación pública?

Por cierto que sí. De hecho, la Universidad entera está en un análisis de la reforma educacional, donde bosquejamos conceptos asociados a la educación pública.

A su juicio, ¿cómo debe ser concebida?

Es una educación sin dueño.

¿Eso incluye la noción de “rol público” que defienden algunas universidades?

Una cosa es el rol público y otra cosa es la educación pública. La Universidad Católica o la Universidad Austral cumplen un rol público, pero la UC está constreñida a lo que el arzobispo quiere. En la Universidad de Chile no tenemos arzobispo, o sea, nos debemos al país. No tenemos una luz orientadora impuesta por nadie. Tenemos la obligación de actuar sin un recetario y eso es mucho más difícil, pero también mucho más rico intelectualmente. La obligación de la Universidad de Chile es única.

¿Es decir, no es lo mismo cumplir con un rol público que ser una institución pública?

No. Desde luego que no. El rol público lo cumplen hasta las farmacias al permitir el acceso a los medicamentos, pero los venden y lucran con ellos. Obvio que cumplen un rol público. Es cosa de imaginar qué pasaría con el tratamiento de las enfermedades si desaparecieran las farmacias. Pero no son instituciones públicas.

Bajo esa lógica, el argumento de las universidades públicas de fortalecer lo estatal tendría asidero, pero ¿no se incurriría en una discriminación arbitraria, con un trato preferente, como sostuvieron algunos sectores, en el caso de la gratuidad universitaria?

En lo absoluto. Es simplemente darle a lo estatal el mismo derecho que tienen los privados. Muchos quieren la disminución de lo público para favorecer a los privados y eso sí que es una arbitrariedad. Lo público tiene el derecho preeminente a estar presente en la reforma a la Educación Superior. Debe existir un trato preferente, pues el rol de una universidad estatal es incomparable con el rol de una universidad privada.

¿No sería, entonces, pertinente un reclamo constitucional en esta materia?

De ninguna manera.

¿No es discriminatorio diferenciar entre lo estatal y lo privado?

No, porque estamos comparando dos cosas distintas. O sea, para que haya discriminación tendrían que existir dos cosas iguales que se tratan de forma diferente. Aquí hay dos cosas enteramente contrarias: hay una universidad con dueño y una universidad sin dueño. Este solo hecho de tener dueño o no tenerlo tiene consecuencias que impactan en todos los actores del sistema educacional.

¿Se podrían establecer estas distinciones tan precisas en una nueva Constitución?

Absolutamente.

Considerar a la educación pública como un derecho constitucional parece casi un acto refundacional…

No es correcto hablar de refundación al promover una nueva Constitución. Simplemente tenemos un momento de inflexión. Si hacemos un análisis de todos los periodos de crisis, en ninguno de ellos Chile se ha refundado. En los momentos de crisis se han tomado distintos caminos y hoy el camino es dotarse de una nueva institucionalidad para diseñar el Chile de mañana.

Y en cuanto a la educación, ¿cómo se conceptualiza como derecho en un nuevo marco institucional?

Para cualquier ciudadano que nazca en Chile, debe desaparecer la preocupación de tener acceso a la educación de calidad.

¿Eso no estaría actualmente garantizado con los 12 años de escolaridad obligatoria?

No. Hoy, 12 años de escolaridad son prácticamente nada. Se necesita también enseñanza superior.

O sea, ¿podría consagrarse la educación en todos sus niveles como un derecho?

Sí, pero eso no significa que todos vayan a tener educación universitaria. El país no resiste con puros profesionales. Se necesitan trabajadores calificados y técnicos de todo tipo de actividad. Pero esto se debe ir dando por un tema de selección vocacional.

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