La universidad pública que nos pertenece a todos y que busca el bien común

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En su intervención en el lanzamiento del Proceso de Discusión de la Reforma Educacional, que mantendrá movilizada a la comunidad universitaria hasta enero de 2017 y que contó con la presencia de más de 600 personas, el Rector de la Universidad de Chile se refirió al rol social de los planteles públicos y a la relevancia de incluir todas las voces en esta iniciativa.

Por ENNIO VIVALDI VÉJAR, Rector de la Universidad de Chile / Foto FELIPE POGA

Nos hemos convocado hoy para iniciar un proceso en el que nuestra comunidad universitaria discutirá, en conjunto y con sana actitud crítica, el nuevo Proyecto de Reforma a la Educación Superior. Es posible, así lo esperamos, que en el futuro este acto en el que estamos participando se resalte como un hito importante en este camino innecesariamente difícil, insospechadamente prolongado e incomprensiblemente tardío que ha de conducir a reafianzar nuestra misión fundacional y nuestra tarea permanente como Universidad de Chile, a la vez que a devolver racionalidad al sistema chileno de Educación Superior en su conjunto. Así, si bien es en el futuro en que sabremos si este acto que hoy vivimos podrá ser evaluado como un punto de inflexión histórico, en el presente, en este instante, al menos podemos asegurar que se trata de un acto tremendamente emocionante y conmovedor por la enorme fuerza que se palpa aquí, en este Salón de Honor. Y la emoción proviene de que esa fuerza no deriva ni de un ejercicio de un poder político-administrativo, ni de un poder económico, ni amenazas y gestos de violencia o crueldad; nuestra fuerza proviene de la historia, del intelecto y de la emoción, del compromiso con el futuro de la educación en Chile.

Una determinante notable que nos otorga fuerza es que en este acto está representada toda la comunidad de la Universidad: académicos, funcionarios y estudiantes. Nos otorga fuerza el que esté presente toda nuestra institucionalidad. Está el Consejo Universitario, en cuyas sesiones surgió la idea de convocar este acto y el posterior proceso; está el Senado Universitario, cuyo vicepresidente nos ha traído un resumen de la reflexión que ese órgano ha mantenido permanentemente y que se ha concretado en un documento de gran importancia; está el Consejo de Evaluación, que hoy ha sido una pieza fundamental no sólo en el acopio de datos necesarios para tener un posicionamiento claro frente al proyecto, sino que también ha manifestado una aguda inteligencia para analizar esos datos. Destaco también que se han hecho esfuerzos para que, por primera vez, se hayan reunido los directores jurídicos de todas las facultades para evaluar cómo pueden contribuir a la reforma.

Lo primero que hay que celebrar es el hecho de que exista un proyecto y que éste se presente a discusión parlamentaria. Uno puede o no estar de acuerdo con él, podrá tener que modificarse todo lo que sea necesario, pero lo crucial es que desde 1981 no teníamos una oportunidad de discutir un proyecto acerca de estas cuestiones.

La Universidad de Chile ya demostró que podía vivir y sobrevivir en un mundo tan disfuncional como uno pueda imaginar respecto a los principios a partir de los cuales se fundó. Ahora, finalmente, podremos incidir en la realidad en la cual queremos vivir, en qué sistema de Educación Superior queremos para Chile. Es por eso que mucho más allá de que el proyecto de ley sea bueno, malo, de cuán limitado nos pueda parecer, estamos viviendo un momento de alegría, pues desde ahora, en vez de tener que adaptarnos a lo que nos señalen, podremos abrir caminos para definir en qué mundos queremos vivir.

No quisiera abundar en los orígenes de nuestro actual sistema educacional. Considero que es el futuro el que nos convoca con formidables interrogantes: cómo cambiamos la distribución de la matrícula y logramos que ella sea pertinente a las necesidades de la sociedad; cómo imponemos una forma de entender el vínculo entre el desarrollo del país y la oferta de carreras por parte de las distintas universidades; qué implica eliminar sistemas de financiamiento como el CAE y cómo fortalecemos la Educación Superior estatal; cómo evitamos la desaparición del Aporte Fiscal Directo; cómo equiparamos las condiciones administrativas respecto al financiamiento que las otras universidades reciben del propio Estado; cómo revertimos esta percepción absurda de que para el resto del sistema constituya una amenaza que “se le dé un peso más” a una universidad estatal.

La educación pública es, por esencia, la instancia en la cual todos los sectores políticos e ideológicos han de sentirse llamados a participar generosamente y contribuir a un proyecto común. Es, en definitiva, la principal instancia que garantiza la cohesión del país y la permanencia de la nación como una entidad convocante de identidad. Es por esta trascendencia que nos interesa hablar de la universidad del futuro y no perdernos en redundar acerca de lo muy mal que están las cosas hoy.

Pienso que en esa discusión de futuro un tema muy importante es el de la noción de universidad pú- blica. Debemos devolver su significado a la expresión universidad pública. Las definiciones explicitan un género próximo y una diferencia especifica. La Universidad de Chile es un plantel, como muchos otros, y es público, lo que le da una connotación diferenciadora en el concierto de las universidades. Es nuestro sello de identidad, como para una persona podría serlo su nacionalidad. Hay un concepto de universidad pública que es distinto al de las universidades privadas. Es un asunto conceptual de fondo que no puede ser confundido con un tema distinto: cómo se distribuyen los recursos públicos, quiénes tienen derecho a recibirlos, en qué medida y en qué condiciones. Por el contrario, de lo que se trata es qué es aquello que las universidades públicas han de hacer por estar mandatadas para ello.

La propia OCDE lo define muy claramente: una institución es de educación pública cuando está controlada y gestionada directamente por una autoridad o agencia pública, o cuando su órgano superior está conformado en su mayoría por miembros designados por la autoridad pública o elegidos públicamente. Este concepto de universidad pública implica que ésta no tiene un dueño que la controle; que no tiene que responder a ningún interés particular; que garantiza y se enriquece en la pluralidad; que no tiene por qué rendirle cuentas ni obedecer a ningún poder externo; que no está amenazada en la proclamación de sus hallazgos científicos; que no se ve presionada, pues hay un Estado que debiera protegerla para que pueda libremente decir lo que piensa, lo que hace, lo que investiga. Esa universidad pública que nos pertenece a todos es la que tenemos que defender enérgicamente hoy. Esto tiene que ver con el país, tiene que ver con la cohesión social.

La universidad pública se relaciona con el conjunto de intereses que nos identifican como nación y como pueblo. No parece razonable que el tan esperado debate sobre universidades se vea ahora reducido a una pugna de intereses en la que se esgrime la mayor o menor fuerza con que se contaría, sea parlamentaria, económica o de cualquier otra índole, para defender los intereses de tal o cual grupo de universidades. Un aspecto consustancial a una universidad pública es, precisamente, el estar preocupada por el país en su conjunto.

Esta reflexión nos lleva al tema al cual quisiera referirme ahora y que considero central, pues definirá si seremos o no capaces de volver a tener universidades públicas en Chile. Hay una expresión que afortunadamente es nueva, porque si hubiera existido antes, no habríamos tenido sistemas públicos de salud, no habríamos tenido educación publica, no habríamos tenido sistemas jurídicos, no tendríamos electrificación o desarrollo tecnológico del país, no habríamos tenido políticas nutricionales y de producción alimentaria. Estoy hablando de la expresión captura del Estado. Pienso, sinceramente, que quizás sea el tema más importante a ser discutido por nosotros, porque si cualquier vínculo relevante que las universidades estatales demanden ha de ser visto como un intento de captura del Estado, sencillamente no será posible reconstruir un sistema público de Educación Superior. En esta supuesta captura, el Estado estaría viendo a las universidades públicas como una amenaza, porque ellas, sus comunidades, representan un interés propio, es decir, ajeno al interés colectivo. Pareciera de este modo que un trato diferenciado con las universidades estatales significaría que éstas se estarían apropiando del Estado. Apropiándose de qué y para quién, debiéramos preguntarnos. Pero, en cualquier caso, la conclusión de este proceso de razonamiento lógico es muy simple: si toda universidad defiende un interés particular, entonces no hay universidades públicas, todas somos privadas. Y esa conclusión es muy coherente con cómo han sido tratadas las universidades públicas por ya largos años.

Necesitamos conversar hoy acerca de algo que debe ser mucho más importante e inspirador que el presupuesto. No voy a decir que el Ministerio de Hacienda no sea importante, porque es crucial, sin lugar a dudas. Pero es un ministerio cuya importancia se hace presente al final de la discusión, algo así como cuando se llega a la caja del supermercado después de determinar qué es lo que se quiere adquirir, si me permiten la imagen. El Ministerio de Hacienda no es donde empiezan las discusiones, como se ha insistido de nuevo aquí al discutir los temas concernientes a las universidades, sino que es más bien donde han de terminar las discusiones. ¿Dónde empiezan las discusiones? En cada uno de los otros ministerios. Nosotros, como universidades estatales, tenemos una responsabilidad al interior del Estado de desarrollar la tecnología, la economía, la educación, la cultura. Para eso tenemos que conversar con los diversos ministerios sectoriales y con las comisiones parlamentarias correspondientes. Es con ellos que se deben proyectar las tareas de la universidad pública. Si nosotros no somos capaces de abordar estos tema con una lógica de responsabilidad y misión compartidas, y somos vistos con desconfianza, como un ente que está compitiendo con otras personas u otra institucionalidad por la conducción del país, el verdadero sentido de la universidad estatal se habrá perdido, porque fue precisamente eso lo que definió a la Universidad de Chile en su historia y por lo tanto al conjunto del sistema estatal que la sigue.

Las universidades públicas, repitámoslo, son garantes de la democracia, de la coexistencia plural de diversas ideologías, religiones y pensamientos políticos. Y es por ello que hoy nosotros tenemos que enfatizar con más convicción que nunca que efectivamente sí existe algo que se llama interés común, que no es verdad que una sociedad se base solamente en demandas de grupos particulares tratando de obtener para sí, o para un conjunto restringido, o para una ideología restringida, o para una religión restringida, determinadas connotaciones. Que existe un bien común y que es eso, de hecho, lo que determina a una universidad cuyo norte sean las necesidades de su pueblo. Ese interés común es a lo que nos debemos.

Termino llamando la atención sobre nuestra obligación de no fallar en este proceso. Una forma de fallar es que una parte ignore al conjunto y se autodeclare, en la práctica, un grupo en función de su propio interés, sin considerar que todo el sistema es esencial para la vitalidad de cada una de las partes. Es por eso que es tan tremendamente importante este momento, porque aquí todos nos reconocemos como Universidad de Chile: académicos, estudiantes, funcionarios. Aquí entendemos que si no nos respetamos, si no nos entendemos y no tenemos la capacidad de dialogar, conversar, si nos atacamos unos a otros, es imposible que sobreviva la universidad como sistema. Esa conciencia debemos hacerla nuestra hoy, porque la responsabilidad que tenemos es muy grande y porque la oportunidad ha sido muy largamente anhelada. Por ello este proceso debe terminar con una síntesis de las opiniones del conjunto de la comunidad universitaria, dispuestas de manera estructurada en ideas y propuestas.

Quizás éstas cristalicen en una idea más o menos coincidente de lo que se piensa en nuestra Universidad, pero sin lugar a dudas en este proceso estamos cumpliendo con lo más importante que nos corresponde como defensores de la democracia en Chile y como herederos de una historia. Esto es, permitir que cada uno de ustedes, cada integrante de la comunidad, académico, funcionario o estudiante y, por extensión, cada chileno, se comprometa con un propósito común y que sintamos que este país nos pertenece a todos, lo hacemos todos y estamos emocional e intelectualmente comprometidos con él e involucrados con él, todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias.

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