MARIO WAISSBLUTH Y PATRICIO BASSO ANALIZAN LA REFORMA PRESENTADA POR EL GOBIERNO

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El miembro del directorio de la Fundación Educación 2020 y el ex Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) presentaron sus posturas sobre el proyecto de ley de reforma de Educación Superior en un foro organizado por la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la U. de Chile y moderado por el Decano Patricio Aceituno. En esta versión editada de sus intervenciones, los expertos se refieren a temas bajo análisis, como el aseguramiento del fin del lucro y las posibilidades de mejorar la calidad de los planteles a través de la iniciativa gubernamental.

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PATRICIO BASSO, Ingeniero matemático y Doctor en Ingeniería. Ex Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación. Ex Vicerrector Económico y Administrativo de la Universidad de Chile:

A través de mi presentación, centrada en el pregrado universitario, quisiera referirme a varios puntos. En primer lugar, quisiera decir que el libre mercado no reguló el acceso a la educación. En el año ‘89 había 115.158 estudiantes y el año 2014, 645.489, es decir, hubo un aumento de 5,6 veces en sólo 15 años. En una empresa, 5,6 veces no es un crecimiento exagerado, pero sabemos que en una universidad es imposible tener esa tasa de crecimiento y mantener un buen nivel de calidad, porque ¿de dónde salieron los alumnos que podrían entrar y tener éxito? Esto, en circunstancias que la Educación Básica y Media no se modificó, lo que implicó un crecimiento con alumnos no preparados y posiblemente, lo que es más grave, con falta de académicos, los cuales no se inventan de un día para otro.

Por otra parte, este crecimiento se hizo en el más completo desorden en términos de las carreras. Hoy existen 1.119 denominaciones diferentes de carreras, que cuando se traducen a distintas universidades y sus distintas sedes, jornadas y modalidades, representan 4.598 programas distintos que se están dictando en Chile, de los cuales un 21,6% lleva por título “ingeniería en”. Éste es un abuso del prestigio de la ingeniería, por razones de marketing, al que hay que ponerle fin.

¿Cómo varió la matrícula? Entre 2015 y 2016 las universidades estatales crecieron un menguado 4,7%; las privadas del Consejo de Rectores de las Universidades de Chile (Cruch) un 38,9%; las nueve privadas del Sistema Único de Admisión, como la Adolfo Ibáñez y la Alberto Hurtado, subieron un 96,1% su matrícula; y el resto de las privadas, un 78,2%.

En segundo lugar, afirmo que el libre mercado no reguló la cantidad de egresados. En efecto, frente al enorme aumento de la matrícula, cabe preguntarse por sus resultados. ¿Cuál es la tasa de titulación del sistema universitario chileno? La repuesta es que no se sabe. Estamos hablando de un sistema exitoso que se masificó y no sabemos cuál es la tasa de titulación.

Hay un intento de estudio que hizo el Consejo Nacional de Educación (CNED), entre 21 y 27 universidades y con 44.542 estudiantes en promedio para el periodo 2004-2009, que concluyó que la tasa de titulación no era superior al 51%. Para obtener una estimación para todo el sistema ideé otro método que pronto voy a publicar. En un año dado, un alumno antiguo tiene tres alternativas: titularse, volver a matricularse al año siguiente o desertar. Con esos datos puedo estimar las tasas de deserción y de titulación. Utilizando cifras oficiales del período 2005-2014 obtuve una tasa de titulación del 45% para el sistema universitario de pregrado. Este dato no se conocía y eso, posiblemente, ha llevado a un error garrafal en el diagnóstico que hace la Presidenta de la República en el mensaje que precede al proyecto de ley de Educación Superior.

Por otra parte, las cifras del INE para el periodo marzo-mayo arrojan que el 39,72% de los desocupados son egresados de la Educación Superior, de los cuales el 21,26% son egresados de universidades. O sea, no sólo titulamos pocos, sino que los que se titulan están cesantes. ¿Se trata de un sistema que tenemos que aplaudir? No. Se trata de un sistema que ofreció masificar la educación, pero en realidad lo único que ha hecho es mentirle a la juventud, haciéndola creer que podrá titularse.

En tercer lugar, quisiera decir que el libre mercado no reguló el valor de los aranceles. El año 2005, utilizando como referencia el arancel de las universidades estatales, se observa que las universidades privadas del Cruch tenían un arancel 33% más alto y las privadas del Sistema Único de Admisión, un 74%. Los rectores de la Universidad Católica, la Alberto Hurtado y otras, dicen que si les bajan el valor de los aranceles no les va a alcanzar la plata. Sinvergüenzas.

Chile es el país con los aranceles más caros de la OCDE a paridad de poder adquisitivo. Las universidades chilenas tienen aranceles más elevados que las de Estados Unidos. Alguien podría decir que como el Estado se encarga de financiar parte de esos aranceles, el esfuerzo de las familias no es tan grande. Mentira. Según un informe de la OCDE de 2015, Chile es el segundo país con mayor gasto familiar en aranceles. En Estados Unidos, que es la nación con la que nos gusta compararnos, el gasto familiar en Educación Terciaria fue de 45,6% contra un 54,8% de Chile y su aporte fiscal es más alto que el nuestro. Está claro: el mercado no reguló los aranceles.

En cuarto lugar, el libre mercado tampoco reguló la calidad. En 2003 se discutía en el Parlamento la ley de aseguramiento de la calidad. El 4 de noviembre de ese año, El Mercurio decía, en voz del Instituto Libertad y Desarrollo, que la “acreditación es un riesgo para el mercado universitario”. La ley fue un desastre porque ellos tenían controlado el Parlamento gracias al binominal y los senadores designados. No recuerdo si el gobierno de la época propuso o no la acreditación obligatoria, pero sospecho que no y en vez de eso salió un mamotreto inútil sin acreditación obligatoria, donde no se pueden utilizar indicadores y lo que se mide es el mejoramiento de la calidad y no la calidad en sí misma, es decir, que si tengo una universidad pésima que se presenta a acreditación y no la consigue y dos años después es “sólo” mala, se la debe acreditar, pues mejoró. Así funciona el actual sistema de acreditación.

En quinto lugar, el libre mercado no controló el lucro y no ha habido ninguna voluntad por parte de los sucesivos gobiernos de controlarlo. Al respecto, quiero hacer algunas precisiones conceptuales, porque algunas personas pretenden que somos contrarios al lucro per sé, y yo, personalmente, soy contrario a que exista lucro en la educación, pero no tengo ningún problema con pagar los costos más la utilidad del vendedor y del fabricante cuando me compro un par de zapatos. El lucro es el precio de venta menos los costos cuando hay un proceso de compraventa de un bien o servicio y es legítimo en cualquier transacción comercial, salvo cuando está prohibido. Y ocurre que incluso en la ley de Pinochet, que creó las universidades privadas, estaba prohibido lucrar.

Un error frecuente es decir que son las universidades las que lucran. Los ladrillos no lucran, son sus dueños quienes lo hacen. Esta diferencia no es sutil, pues tiene que ver con a quién tenemos que perseguir por faltar a la ley.

A la luz de los antecedentes entregados, a mi juicio, el proyecto de ley de reforma a la Educación Superior tiene dos errores muy graves. El primero es que el mensaje presidencial hace una alegoría a la masificación, se compró el discurso de los neoliberales que dicen que éste es el gran éxito, pero lo importante, y eso lo entiende cualquier persona, no es cuántos ingresan, lo importante es cuántos salen, y resulta que hemos demostrado que sólo el 45% de los que ingresan se titula. El resto nunca se va a titular. No hay nada que aplaudirle al modelo, ni siquiera la masificación, que es ni más ni menos que un robo con aval del Estado.

El segundo error del proyecto de ley, que es más complicado porque posiblemente algunos estarán en desacuerdo conmigo, es que se dice que son los sistemas de acceso o selección los que están produciendo una gran injusticia con la gente de bajos recursos, pues debido a ellos no podrían acceder a la universidad. Esto es una falacia del porte de un buque, porque no son los sistemas de acceso, es la mala formación previa la que impide que los estudiantes accedan. Es absolutamente imprescindible contar con un sistema de acceso único, aplicable a todo el sistema y diferenciado para los CFT y los IP y las universidades. Si no se imponen exigencias al acceso, lo que estamos haciendo es engañar a los jóvenes, y un país que engaña a los jóvenes no tiene futuro.

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MARIO WAISSBLUTH, Ingeniero Civil Químico y Doctor en Ingeniería. Ex Director Académico y hoy Profesor del Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile. Miembro del Directorio de la Fundación Educación 2020:

Quisiera referirme a tres puntos. El primero, como dice la frase bíblica, hace referencia a que “en el principio fue el caos”. Así lo ha expuesto mi amigo Patricio, quien ha aclarado que ha sido el libertinaje, no la libertad de mercado, el que ha provocado todos los defectos que no voy a repetir, aunque sí le voy a hacer una pequeña crítica a su presentación, que, como muchas cosas en Chile, adolece de universititis, como si las instituciones de educación técnica, que hoy son la meta central del sistema de Educación Superior en Chile, incluso por razones de equidad, fueran de segunda categoría. Han sido de segunda en las becas e incluso en los sistemas de aseguramiento de la calidad.

Tú, Patricio, mencionabas cuatro mil y tantos programas universitarios. Si incluimos en esa cifra al sistema técnico profesional, son 12 mil. 12 mil programas, de los cuales el 75% jamás ha sido visitado por un par evaluador. Estamos hablando de un millón 300 mil estudiantes de Educación Superior en estos programas, muchos de los cuales los evaluadores no saben ni dónde quedan, que han crecido como hongos. Ordenar este caos por la vía de una acreditación adecuada significaría, por poner una cifra, cerrar aproximadamente la mitad de las instituciones y programas en Chile. ¿En cuánto tiempo se puede lograr eso en un país? Esto nos puede tomar una década, porque no podemos mandar a la calle a miles y miles de estudiantes que están en instituciones truchas y programas truchos.

Mi siguiente punto parte con una vivencia personal. Educación 2020 planteó un programa de reforma educativa ideal que implicaba 60% de gratuidad para los más pobres en el siguiente periodo presidencial. A Michelle Bachelet se lo entregamos en abril del 2013 y ella nos agradeció efusivamente el documento; de hecho, muchos de sus puntos fueron acogidos en el programa de Gobierno. Salimos a dar una conferencia de prensa en la que ella agradeció la propuesta y dijo su famosa frase: “Yo puedo pagar la educación de mi hija y no sería justo que el Estado la pagara”. Y yo, congruente con nuestra propuesta programática, dije: “Yo encuentro que Michelle Bachelet tiene toda la razón. Este no es el momento en Chile para financiar el 100% de la educación”. Eso me valió que los dirigentes estudiantiles me masacraran en las redes sociales.

Semanas después yo iba manejando en un taco y de pronto me topo con una gigantografía que decía: “educación pública, gratuita y de calidad para todos”. ¿Qué significaba eso? O sea, pretender calidad y gratuidad para todos, dados los datos y las cifras… no niego que pueda ser un ideal fantástico para un país como Alemania, pero aquí la promesa era insensatamente desquiciada y generó las expectativas que han ocasionado el drama político actual. ¿Por qué y cómo cambió ella su opinión? Nunca lo sabremos.

El mito de la gratuidad en el proyecto de ley se consagra al decir que en el año 2017 y 2018 vamos a llegar al 50% y 60% de los estudiantes más vulnerables, pero que asegura que vamos a dar gratuidad universal quién sabe cuándo y quién sabe con cuánta plata. Y eso quedó estipulado en un proyecto de ley. Es como si quedara establecido en una ley que vamos a triplicar las pensiones mínimas, pero quién sabe cuándo; o que vamos a triplicar el gasto en los consultorios primarios, pero no sabemos con cuántos recursos. Yo creo en la gratuidad de la Educación Superior como un derecho, pero en un país avanzado como Suecia o Alemania. Antes de llegar a ese punto bien podríamos darnos el lujo de aportar hasta 200 millones de dólares para que en el Servicio Nacional de Menores (Sename) no estén torturando ni violando niños, por ejemplo.

Creo, además, que se cometió un error político al mandar al Congreso el macro, mega, híper proyecto de ley de Educación Superior y ponerlo todo en un mismo asador, porque en ese asador hay cosas muy buenas, pero también otras muy polémicas, y las buenas van a morir en el camino con las malas. ¿Qué quiero decir con esto? Que los capítulos dos, tres y cuatro, que corresponden a la superintendencia y a acreditación, es decir, al ordenamiento, eran capítulos de despacho relativamente fácil, porque hoy la derecha no se atrevería a hacer un inserto de prensa para ir en contra de esas cosas, porque ya está demostrado que son necesarias. Por lo tanto, creo que se debió haber enviado esos tres capítulos en el primer año de Gobierno. Sentar las bases para el ordenamiento del sistema no era tan difícil, pero por alguna razón hubo que esperar hasta este momento y lanzarlo todo junto con las otras bombas de racimo.

Respecto al lucro, aquí se ha metido la mano, el dinero ha llegado a los dueños, lo que ha sido destapado por distintas investigaciones. Ahora el proyecto de ley pretende controlar ese enriquecimiento. Creo que esa parte del proyecto es razonable; podrá ser perfectible, pero es razonable. El problema es que no va a controlar lo que ya fue, lo que ya se metieron al bolsillo. Esto, por la sencilla razón de que la ley de Pinochet decía que las universidades no lucraban, pero no se definió una categoría penal para sancionar las violaciones a la ley. En cambio ahora sí queda definido. Creo que en Chile el lucro felizmente será erradicado y eso es un avance del mundo estudiantil que he felicitado. La experiencia internacional dice que el lucro en educación es un sistema de incentivos perverso que no es posible regular adecuadamente.

Pienso que en esta materia hay varios sacrificios que se están haciendo en el altar de la gratuidad. En sus capítulos uno y dos, el proyecto define un consejo de acreditación, o sea, avanza significativamente en determinar lo esencial, que es la acreditación. ¿Dónde me temo que está el error? En que hay que sacrificarlo todo en el altar de la gratuidad para que la calle esté contenta.

Piensen que se nombra un consejo de seis personas cuya misión será revisar la acreditación de cerca de seis mil programas. ¿Cuántos pares evaluadores necesitamos? ¿Qué ejército de pares evaluadores? ¿Con qué presupuesto? ¿Con qué cantidad de consejeros full time se podría, en realidad, ordenar el caos? Eso no está previsto y ¿por qué no? Porque alguien debe haber dicho que esto costaba plata y ésa se tiene que ir a la gratuidad. La pelea es para que, cuando este sistema de acreditación se apruebe, no sólo sea legalmente válido, sino que tenga los recursos humanos y financieros para funcionar adecuadamente.

Finalmente, quisiera referirme a la posibilidad de que las instituciones de Educación Superior del Estado, públicas, si las quieren llamar, crezcan en su porcentaje de matrícula. Yo quiero que haya una mayor matrícula en estos planteles por diversas y obvias razones: pluralismo, laicismo y todo lo que sabemos, pero no sabemos si el proyecto de ley asegura este incremento. Ninguno de los elementos necesarios para que esto ocurra aparece en el proyecto. Algunos dicen que a lo mejor aparecerá en el futuro, pero parece francamente dudoso.

Quisiera terminar con dos reflexiones para desarrollar. Primero, tengo que hacer una inevitable y odiosa referencia al Transantiago. ¿Qué fue el Transantiago? En el principio fue el caos, el caos de las micros amarillas. Entonces llegaron los planificadores y dijeron que ellos lo iban a ordenar, crear un modelo a través del cual definirían el flujo de pasajeros por cada línea de Metro, por cada troncal, por cada alimentador. Además iban a definir el precio y así se iba a ordenar el asunto. No pasó nada.

Bueno, ahora estamos haciendo lo mismo, porque el proyecto de ley contempla un ente planificador central encargado de definir, inicialmente, el arancel de referencia y el número de cupos de 12 mil programas. Me llegan a tiritar las cañuelas. Además, como hay que sacrificarlo todo por la gratuidad, hay plata para los aranceles, pero no para lo demás, para el financiamiento de la investigación, por ejemplo. Entonces, ¿dónde va a estar el gasto de implementación que hacen las universidades serias, que se supone que hacen todo lo que hacen? ¿Dónde está eso? Yo, por lo menos, no lo pude identificar en el informe financiero del proyecto de ley.

Finalmente, yo objeto rotundamente el concepto que viene de la ley, que es propio de los planificadores centrales, que es otra forma de decir que vamos a tener universidades tipo A, tipo B, tipo C, CFT; es decir, vamos a partir el pastel de la institucionalidad de la Educación Superior. En el principio fue el caos y yo creo que esta ley, por distintos mecanismos, lo va a continuar. Perdón por la dureza de las palabras. Perdón, señora Presidenta.

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