OBSTÁCULOS Y POSIBILIDADES DE UNA REFORMA

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Por CARLOS RUIZ E., Director del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales Universidad de Chile / Foto FELIPE POGA

La reforma educacional representa un escenario social y político en el que se enfrentan numerosos intereses, que son a la vez diversos y contradictorios. Si se toma en consideración esta realidad, la única posibilidad de avanzar en transformaciones efectivas supondría lidiar, abiertamente, con ellos. No obstante, esta tarea resulta imposible, dado que en las últimas décadas los intereses tras la educación y su negocio han sido convenientemente encubiertos, concentrándose en grupos que parecen ajenos al debate público de la reforma.

Sin embargo, aún es posible sostener que la reforma educacional constituye una oportunidad para reconstruir horizontes para la sociedad chilena -más allá de los temas estrictamente técnicos a los que se le intenta reducir- en la medida en que abre, también, una oportunidad para reconstruir la política y el debate público, de manera de superar el creciente abismo entre Estado y sociedad. El que la reforma asuma esta fuerza transformadora pasa por, entre otras cosas, descorrer el velo y transparentar estos intereses. Una tarea no menor, si se considera la actual crisis de la legitimidad de la política y su debilitada capacidad para procesar éste y otros conflictos.

El campo de la educación en Chile ha sufrido una fuerte expansión en las últimas décadas. En la Educación Superior tal expansión ha estado, abrumadoramente, en manos de privados, los que han llegado a superar el 80% de la matrícula, caracterizada en su gran mayoría -salvo excepciones contadas- por una oferta de alto costo y de baja calidad. Las instituciones estatales y tradicionales han perdido peso en la matrícula, redundando en un debilitamiento progresivo de la educación pública.

Al mismo tiempo que ha crecido la matrícula, ha disminuido el número de instituciones vinculadas a la Educación Superior privada. Es decir, ha habido un proceso de concentración que ha ido perfilando un campo dominado por grandes controladores. Tal como ocurre en otras áreas de servicios públicos privatizados, como la salud y las pensiones, dichos controladores representan intereses de diversa índole, pero tienen en común la capacidad de incidencia y presión a la hora de debatir propuestas y tomar decisiones políticas. La Educación Superior se encuentra, de esta manera, controlada por capitales que incluyen desde grupos foráneos como Laureate, pasando por gremios empresariales como la Confederación de Producción y del Comercio (CPC), hasta la propia Iglesia Católica. Este nuevo sector privado impone sus intereses sobre estos nichos mercantiles en expansión, que finalmente están amparados en subsidios estatales. La forma privilegiada para lograrlo ha sido colonizar la política estatal y a sus actores, en un curso que se ha intensificado en plena democracia.

Ejemplos de la forma que han asumido estos intereses privados en la política estatal se observan en figuras como Pilar Armanet (PPD), jefa de la División de Educación Superior durante el gobierno de Ricardo Lagos y vocera del primer gobierno de Michelle Bachelet, que luego pasó a encabezar una de las mayores instituciones privadas del país, la Universidad de las Américas, y a presidir la Corporación de Universidades Privadas (CUP), que reúne a los planteles de más baja calidad y peor acreditación, muchos de los cuales están siendo investigados por lucro. En la CUP comparte mesa con Hugo Lavados (DC), Ministro de Economía de Michelle Bachelet entre 2008 y 2010 y hoy Rector de la Universidad San Sebastián. Lo que es común a estos vínculos, donde hay una puerta giratoria Estado-privados, es un poder que no se expresa con transparencia, que resulta casi invisible para las personas comunes y que no plantea ideas ni defiende posiciones de manera abierta en el debate público. Es un poder que actúa copando el espacio de reguladores y técnicos, con un lobby directo con el Ejecutivo. De esta manera, este tipo de relaciones ha alimentado un talante técnico artificial de la discusión que le es útil a sus fines, obstruyendo la posibilidad de una deliberación amplia y democrática.

Lo anterior ha redundado en un mercado educativo que -aun siendo un negocio de carácter privado que invoca la libertad de elegir de los individuos entre propuestas educativas- paradójicamente, no corre el riesgo que rige a la libre competencia, pues se basa en nichos de acumulación regulados, mercados cautivos, amparados en incentivos estatales que resultan perversos, como los subsidios de gratuidad o vouchers, y el propio Crédito con Aval del Estado (CAE), que es repartido entre los bancos y las instituciones apuntadas.

Como se sabe, el pensamiento social advierte que los modernos mercados van más allá del afán de lucro tradicional comercial pre-capitalista. Al depender la ganancia de la creación de valor para el mercado y la competencia, los empresarios se orientan, más que al simple lucro comercial de “comprar barato y vender caro”, a la creación activa de valor, al punto de generar una nueva ética de la ganancia. Es ahí donde el moderno empresariado se separa de la aristocracia o de las estafas corrientes, al perseguir el acrecentamiento del valor en la producción y, con él, la racionalización y mejoramiento de su actividad. Es la ética de la economía moderna.

Los economistas de la Educación Superior han vinculado el valor agregado en educación a su “calidad”. Sin embargo, incluso desde tal perspectiva mercantil, la ausencia de calidad observada en la educación privada masiva y lucrativa demuestra que los efectos virtuosos de los mercados no se producen en Chile. La nuestra es, pues, una mercantilización sui generis. Beneficia a instituciones que no necesitan invertir en calidad, ya que sus principales fuentes de acumulación son estatales, las que se rigen por una focalización socioeconómica y no por la mentada calidad. Por ello les resulta más rentable canalizar su empeño en el lobby y la presión sobre las autoridades estatales. El resultado es una renta privada sobre la base de recursos públicos, que crece y no ofrece calidad. En definitiva, una gran estafa que corre con cargo a las familias y al Fisco.

Este duro diagnóstico es imposible de ser reducido al eje derecha-izquierda. El negocio de la Educación Superior y sus intereses no involucra sólo a los partidos de derecha tradicional o al conservadurismo de la Democracia Cristiana, como usualmente se presenta. Independientemente de que existan al interior de la Concertación voluntades transformadoras, partidos de esta coalición, autodenominados progresistas, como el PPD, reúnen a varios de los principales gestores del lucro en la educación chilena, dejando ver un vínculo orgánico entre los intereses privados y la propia Concertación.

Esta imbricación de intereses explica la hegemonía de una educación privada masiva y lucrativa. Las presiones de estos grupos de interés han permitido que se imponga una “igualdad de trato” entre entidades estatales y privadas. También han contribuido a poner fin a los aportes basales, trocándolos en aportes basales por desempeño -que no son ni basales, ni se designan por desempeño- que se negocian y ponderan. Han permitido que se reduzca lo esencial del financiamiento de la Educación Superior al voucher, llamado mañosamente gratuidad, y que la fijación de sus montos la lleven a cabo tecnocracias controladas, que son financiadas con presupuesto público, de libre disposición y con elevados salarios. En este escenario se produce una expropiación de la capacidad de los académicos y de las instituciones de elaboración de políticas para el desarrollo de su institución y de sus mecanismos de admisión.

La Universidad de Chile tiene una especial responsabilidad en el futuro de la educación pública. En condiciones de exiguo liderazgo político y contradictorios intereses, emana la exigencia de contribuir a trazar un horizonte general que evite la suma de reformas parciales carentes de ello y, al mismo tiempo, la necesidad de advertir un camino posible, que logre iniciar esa transformación efectiva, inevitablemente gradual, pero capaz de comenzar a revertir 40 años de avance neoliberal sobre la educación en general y la Educación Superior en particular. Al mismo tiempo que advertir los horizontes de sentido, el liderazgo de nuestra institución precisa -evitando el estéril maximalismo inflexible- salvaguardar esta posibilidad histórica que ha abierto el clamor de la sociedad. Su culminación plena no está al alcance inmediato y esta consideración debe presidir nuestro empeño, conduciendo a un proceso progresivo de desmantelamiento de la mercantilización de la Educación Superior, reconstruyendo una hegemonía pública y democrática sobre la misma.

Uno de los elementos fundamentales para iniciar este proceso es la ampliación de la matrícula pública. Ello requiere consensuar la necesidad de perfilar un sistema mixto -estatal y privado- pero con hegemonía pública en la matrícula. Una expansión de cupos pú- blicos y gratuitos -controlados de forma colaborativa y seria- que mejore la calidad y la docencia. Junto con esto, deben crecer las plantas académicas de las instituciones que más producen cultura e investigación en el país. Bajo una política de transición gradual, los recursos para ello pueden provenir del aporte directo -fijado por una nueva ley y no vía voucher– como de otras áreas que contempla la ley de presupuesto. Es posible aspirar a que al final de la década las instituciones públicas tengan al menos el 50% de la matrícula total en la Educación Superior.

Tal curso debe cautelar un riesgo: en defensa de una educación pública, gratuita y de calidad podemos terminar olvidando a los estudiantes -y sus familias- que con mayor dificultad han accedido a este desregulado y estafador sistema. Son estos nuevos estudiantes los que quedan en situaciones de mayor incertidumbre y es allí donde una resistencia corporativa de las universidades estatales puede ir en desmedro de nuestro objetivo. En la protección a esos estudiantes más expuestos a la mala y cara oferta educacional, las instituciones estatales deben mostrar su vocación pública que, a estas alturas del conflicto -bien se sabe-, no se considera un atributo a priori y debe demostrarse ante la sociedad. Colaborar en este proceso es una tarea de la que no es posible abstraerse. Ello requiere un plan nacional de movilidad estudiantil que garantice el derecho a la educación de los estudiantes que cursan estudios en las instituciones privadas investigadas por lucro, con baja acreditación y que corren riesgo de clausura. Como fórmula complementaria de la expansión de la matrícula en las instituciones públicas, dichos estudiantes podrían continuar sus estudios en universidades del Consejo de Rectores, de manera directa y por derecho propio, egresando con el título en la institución a la cual llegan. El Estado debe proveer los recursos para que las universidades puedan cumplir esta tarea. Esto no necesita una ley, basta con un trabajo en conjunto entre actores sociales de la educación y el Ejecutivo.

Por último, es necesario avanzar en la regulación y democratización interna de las instituciones privadas. Es preciso establecer una efectiva fiscalización de los recursos estatales destinados al sector privado -a través de Contraloría, transparencia, fin al lucro, etcétera- y a las instituciones que reciban estos aportes, dado que las ayudas estudiantiles no desaparecerán de inmediato. Del mismo modo, hay que iniciar una democratización de la Educación Superior que establezca la participación no sólo de los estudiantes, sino de toda la comunidad dentro de las instituciones. La participación general -académicos incluidos- en la definición de políticas internas es muy baja. No es posible iniciar un cambio real sin democratización (la derogación del DFL-2 es un avance, pero insuficiente). En las instituciones estatales hay que asegurar la triestamentalidad en los órganos de gobierno y buscar que estos modelos se adopten en las instituciones que colaboran con la función pública, en especial privadas.

Los obstáculos y dificultades para una reforma educacional efectiva en nuestro país son hoy considerables, pero las posibilidades existen y, con ello, la necesidad de advertir formas de avanzar. La Universidad de Chile tiene una responsabilidad de liderazgo en un cambio de la educación en nuestro país, en el sentido público que ha reclamado abiertamente la sociedad.

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