Proyecto de reforma: El mercado de la educación versus la educación como derecho social

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Las críticas no se hicieron esperar ante un proyecto de ley que en opinión de muchos actores clave del debate sobre la Educación Superior chilena, no realiza las transformaciones esperadas ni demandadas por la ciudadanía. Mientras los estudiantes prometen seguir movilizados y un grupo económico que controla varias universidades se prepara para presentarse en la bolsa, los parlamentarios tienen la última palabra en el debate sobre el futuro del sistema educativo que regirá al país por las próximas décadas.

Por FELIPE RAMÍREZ y FRANCISCA PALMA / Fotos: ARCHIVO DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES

El pasado 4 de julio, el Ejecutivo envió al Parlamento, luego de años de movilizaciones estudiantiles y meses de trabajo pre legislativo, el proyecto de ley de reforma a la Educación Superior.

Muchas eran las expectativas que se habían generado tras las numerosas conversaciones sostenidas entre las autoridades del Ministerio de Educación con rectores, organizaciones estudiantiles, expertos, fundaciones y otros actores, así como por el contenido del programa de la Nueva Mayoría, que situaba el proyecto entre las cuatro “reformas de fondo” que se realizarían durante este Gobierno.

Sin embargo, el texto final causó más críticas que espaldarazos. Los distintos actores manifestaron su disconformidad respecto al contenido de la iniciativa legal, que para algunos dista mucho de denominarse “reforma”, a pesar de que incorpora los términos y discursos que se erigieron desde el 2011 a la fecha. Si bien equidad, acceso, gratuidad, calidad y fin al lucro son parte del cuerpo legal, están utilizadas, en opinión de Fernando Carvallo, director del Centro de Estudios de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Cefech), “para presentar este paquete de normas que los incluye sólo para subsanar los déficit de la implementación de los sistemas anteriores”.

Entre los reacios al proyecto del Gobierno encabezaron la negativa los rectores de las universidades estatales, apoyados por más de 40 senadores y diputados oficialistas e independientes que les prestaron su respaldo para abogar por que esta ley disponga de un programa específico para potenciar la Educación Superior estatal, consolidando instituciones complejas que incluyan docencia y provisión de otros bienes públicos.

Pocas son las voces conformes con esta iniciativa que queda finalmente en manos de los parlamentarios, quienes deberán zanjar el futuro de la Educación Superior de nuestro país.

¿Reforma o ajuste?

El problema, según Carvallo, es la brecha entre la expectativa causada por el anuncio presidencial y el contenido concreto del proyecto de ley, la que pone en duda el trabajo pre legislativo realizado por el Gobierno. A su juicio, este proceso de discusión “no sirvió de nada. En la presentación del proyecto no se tomó postura por nadie, dejando a la discusión parlamentaria la decisión sobre el horizonte de la reforma con unos límites delimitados en el proyecto de ley, que no es más que un perfeccionamiento del sistema en sus principales déficit, pero bajo la misma racionalidad”.

En su opinión, el proyecto viene a ordenar el sistema, pero no cuestiona el paradigma actual, por lo que resulta imposible que a través de él se reposicione la educación como un derecho social y no como un bien transable en el mercado. “La reforma está pensada en términos del proceso de transición. Se piensa desde lo que hay y con las modificaciones necesarias para que mejore, pero sin situar el sistema en un lugar distinto”, plantea enfático.

Junto con ello, Carvallo llama la atención sobre la falta de medidas destinadas a fortalecer la educación pública estatal, que representa sólo un 15% de la matrícula en la Educación Superior y un 25% del subsistema universitario -sin considerar Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP)-.

Cuasi-mercado

En una línea similar se posiciona Carolina Guzmán, experta en Educación Superior e investigadora del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile, para quien el proyecto, más que una reforma, representa la introducción de ciertas regulaciones por parte del Estado del modelo actual, acercándonos más a paradigmas como el de Estados Unidos, Reino Unido o Australia, donde “el Estado tiene un papel preponderante en la regulación de la prestación de servicios”, por lo que “se habla de cuasi-mercado”.

Un primer atisbo de la consolidación de este sistema, alejado de la promesa de la educación como derecho social, es el anuncio del grupo Laureate International Universities -controlador de las universidades de Viña del Mar, De Las Américas y Andrés Bello; del Instituto profesional AIEP, la Escuela de Negocios IEDE y de la Escuela Moderna de Música-, que declaró ser una empresa “con fines de lucro” en su presentación de una oferta pública inicial en Estados Unidos, con el fin de transar acciones en la bolsa.

Esta situación resulta preocupante para Guzmán, quien considera que el lucro es un determinante fundamental del mercado educacional y por ello ve con malos ojos que el Gobierno no lo prohíba en los CFT e IP que no adscriban a la gratuidad a partir de 2017.

Este vacío se suma a la mantención del Crédito con Aval del Estado (CAE) en las universidades privadas que no participen de la gratuidad, tal como enjuicia la diputada Camila Vallejo, integrante de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.

“Con la permanencia del financiamiento mediante el CAE se mantiene la lógica del endeudamiento en el sector que no es gratuito. Entonces, además de subsidiar a muchas instituciones privadas mediante la gratuidad, el resto de los jóvenes deberán seguir asumiendo un crédito para poder estudiar”, plantea la diputada.

En opinión de la parlamentaria, ello obedece a que el proyecto no transforma de manera clara el modelo, resguardando un sistema mixto sin recuperar ni consolidar un pilar estatal fuerte que coordine al conjunto del sistema.

Quien también cuestiona la proyección en el tiempo de este mecanismo de financiamiento es la ex Rectora de la Universidad de Aysén, Roxana Pey, quien hace hincapié en que para las instituciones de Educación Superior privadas el CAE es central.

“Con este crédito logran obtener casi el 50% de todo el presupuesto de la Educación Superior sin tener que rendir cuentas a nadie, porque los estudiantes son utilizados como mediadores. La plata del Estado pasa por ahí en grandes cantidades y pasa a manos de privados”, denuncia Pey, para quien el lucro en la Educación Superior es escandaloso y está posibilitado en gran medida por la existencia del CAE y la transferencia de recursos estatales a instituciones privadas como el grupo Laureate.

Universidades estatales y autonomía, la última gran lucha

La misma ex rectora fue protagonista de una de las principales polémicas aparejadas a la reforma educacional en los últimos meses, como es el estatuto que rige a las nuevas universidades estatales.

Una de las razones esgrimidas por la Ministra Delpiano para removerla, a través de un decreto presentado en Contraloría, fue su falta de alineamiento con los objetivos del Gobierno respecto a la reforma a la Educación Superior, así como el rechazo del Ministerio de Educación de los estatutos redactados para la Universidad de Aysén, en lo que fue catalogado por los rectores del Consorcio de Universidades del Estado y otros actores como un atentado a la autonomía de las instituciones estatales.

Respecto a la relación entre el Estado y sus universidades y el contenido presentado en el actual proyecto, Pey asegura que “lo que hay en la ley sobre universidades estatales es nefasto. Introduce un órgano de gobierno escandaloso, con una junta directiva que le otorga el 50% del poder de decisión al gobierno de turno por encima de los órganos colegiados, como los consejos universitarios, atentando contra la autonomía universitaria”.

La investigadora del CIAE también releva este punto, asegurando que el consejo directivo resultante en Aysén contará con el doble de participación del Gobierno, con cuatro representantes de la Presidenta de la República.

“El proyecto nos deja peor en muchas cosas, en términos de autonomía y financiamiento. No veo que las universidades estatales puedan verse fortalecidas a partir de esta propuesta. Veo mucha más intervención estatal, pero poco financiamiento”, asegura Guzmán.

A pesar de todo, la diputada Vallejo cree que en el debate legislativo se podrán abrir posibilidades de cambio debido al gran número de actores que levantan críticas similares y que apuntan a “desmercantilizar la educación y fortalecer con medidas concretas la educación estatal, con mecanismos de financiamiento y recursos asociados a ellos que sean permanentes y crecientes”.

En esa línea, Carolina Guzmán advierte que uno de los ámbitos que con mayor claridad evidencia que la reforma que se realizará no alcanza los mínimos para ser llamada reforma, es la ausencia de una de las demandas de los rectores de las universidades estatales y de los estudiantes: el aumento en la cobertura de las instituciones estatales hasta alcanzar una meta de provisión de Educación Superior que sea 50% privada y 50% pública.

“No existe en el proyecto de ley un fortalecimiento de la educación estatal y eso defrauda muchísimo a las universidades estatales y en especial a las instituciones regionales, que son las más débiles”, afirma Guzmán, estableciendo uno de los elementos que serán determinantes en el debate posterior que definirá si este proyecto será una reforma estructural o un mero ajuste que regule el mal llamado mercado de la Educación Superior.

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