A erradicar el acoso sexual en la Chile y en Chile

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POR CARMEN ANDRADE, Directora de la Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género, Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la U. de Chile

FOTO ALEJANDRA FUENZALIDA

El acoso sexual es una de las múltiples manifestaciones de la violencia de género que existe en el país y, aunque tanto el acosador como la víctima pueden ser del mismo sexo, es ampliamente conocido que aflige desproporcionadamente a las mujeres. Constituye un ataque que opera como mecanismo de control, provoca temor, atenta contra la dignidad y la integridad al resultar ofensivo, hostil o amenazador.

Como señala la abogada Patsilí Toledo, sus causas están arraigadas en el contexto general de discriminación de género que tiene como consecuencia la exclusión de las mujeres del espacio público, considerado amenazante, y su adscripción al espacio doméstico, limitando así el ejercicio de derechos fundamentales a la educación, al trabajo, o a desplazarse libremente. Así ha sido reconocido en instrumentos internacionales suscritos por Chile, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que considera como discriminación “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer (…), de los derechos humanos y las libertades fundamentales”. La Convención Interamericana para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia contra la Mujer identifica el acoso sexual como una forma de violencia que ocurre en el trabajo, instituciones educativas, de salud, y otros lugares, y la Organización Internacional del Trabajo lo reconoce como problema de salud, seguridad y discriminación de género.

La inseguridad y el temor al espacio público caracterizan los procesos de socialización de las mujeres: “cuídate”, “no salgas sola de noche”, “evita vestirte así”, son mensajes que marcan sus percepciones y conductas. No es extraño, aunque sí paradojal, que sean las víctimas quienes abandonan los espacios donde se sienten desprotegidas. El 28% de las trabajadoras en Chile que denunciaron acoso sexual debió abandonar su empleo, según un informe del Sernam de 2009.

Esta conducta raramente se denuncia y, en consecuencia, no se sanciona a los agresores ni se repara a las víctimas. Así lo confirman encuestas de Sernam y la Dirección del Trabajo: más del 60% de las personas, en su mayoría mujeres, opina que el acoso sexual en el trabajo ocurre con frecuencia y un 12% afirma haberlo vivido. El bajo número de denuncias deriva de la falta de difusión, la dificultad para comprobar los hechos, los efectos sociales y laborales que conlleva darlo a conocer y desconfianza ante procedimientos investigativos que no garantizan la protección de sus derechos. De este modo, el silencio y la impunidad son condiciones perfectas para que siga ocurriendo.

El acoso en las universidades

En el ámbito educativo el acoso corresponde a una conducta de contenido sexual que ofende a la persona a quien está dirigida, vulnera su derecho a una educación de calidad y/o se traduce en un ambiente hostil, ofensivo o intimidante. Asume distintas formas: promesas de un trato preferente y/o beneficioso a cambio de favores sexuales, amenazas para exigir conductas no deseadas, uso de términos de connotación sexual, insinuaciones o proposiciones sexuales, gestos obscenos, hostiles, humillantes, acercamientos corporales, roces, tocamientos, trato ofensivo u hostil (comentarios sexistas o degradantes, difusión de rumores sobre la vida sexual, entre otros).

Investigaciones internacionales “indican que también es un fenómeno que se da en el ámbito universitario y existen ya numerosas iniciativas y experiencias en muchas universidades del mundo que implementan medidas para prevenir y evitar situaciones de violencia de género”, señaló el 2007 un informe de Rosa Valls y otros expertos catalanes. En estudios realizados en universidades estadounidenses y europeas 27% declara haber sufrido algún tipo de abuso sexual y 58% haber vivido o conocido alguna situación de violencia de género en la universidad, de acuerdo al estudio del 2006 de Alan M. Gross y su equipo.

En la cultura universitaria hay conductas abusivas tan naturalizadas que incluso quienes son afectadas o las presencian no las reconocen como agresiones sexuales aun en situaciones en que han sido forzadas a tener relaciones. Esto incide en el bajo número de denuncias, al igual que la asunción por parte de la víctima de un grado de responsabilidad en provocar la situación, agravada por las creencias culturales que las consideran culpables y el sentimiento de que la institución no las tomará en serio o no las apoyará.

Con el fin de dimensionar este problema, la Universidad de Chile realizó el primer estudio en contexto universitario. Sus resultados muestran que 26% de los/as encuestados/as declaran conocer historias sobre acoso y agresiones sexuales perpetradas en espacios universitarios, en viajes de estudios y en fiestas de los estudiantes, y un 14,7% declara haberlo sufrido directamente en su trayectoria universitaria; mayoritariamente los casos no han sido denunciados. La proporción de mujeres afectadas (21%) duplica a la de hombres (9%), y las estudiantes son las más perjudicadas, tanto en términos porcentuales como por la gravedad de las agresiones. La asimetría de poder entre alumnas y profesores agrava el abuso.

La violencia y el acoso sexual contradicen radicalmente los principios y valores de esta institución y la Universidad ha tomado la decisión de sacarlo desde la invisibilidad, de abrir el debate acerca de sus causas y consecuencias y sobre todo de desarrollar acciones para erradicarlo de los campus.

La Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones ha distribuido manuales con orientaciones para actuar frente al acoso, ha elaborado documentos y organizado seminarios para poner el tema en el debate, está realizando cursos de formación general para alumnos(as) de pregrado sobre violencia de género y ha participado en coloquios y encuentros de diversas facultades, como Ciencias y Medicina. La Federación de Estudiantes, por su parte, ha tomado la lucha contra el acoso como una de sus banderas, y las Secretarías de Género y Sexualidades han jugado un rol activo en este proceso. Todas estas instancias, junto a la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios (VAEC) y a la Dirección Jurídica han conformado una Comisión Especial, coordinada por la VAEC, que se ha abocado a modificar reglamentos universitarios para tipificar el acoso, elaborar protocolos y cursos de formación para fiscales y actuarios que participen en procesos de investigación y establecer convenios para brindar atención psicológica a las víctimas. Así, la Universidad ha querido manifestar que el acoso sexual no se tolerará ni en el aula ni fuera de ella.

Pero este esfuerzo no ha trascendido aún al conjunto de esta Casa de Estudios. Enfrentar un problema de esta magnitud y arraigo cultural requiere una política universitaria permanente y un plan de acción, cuyo eje sea la prevención, y que incluya formación, protección de las víctimas, investigación efectiva y sanción a los agresores. Una de sus líneas centrales debiera ser incluir temas de igualdad y de violencia de género como contenidos transversales en el currículo universitario. Contribuir a que miles de jóvenes adquieran conocimientos y desarrollen reflexión crítica sobre las desigualdades entre hombres y mujeres sería sin duda un gran aporte al país.

En el ámbito nacional se requiere de un marco normativo coherente con las convenciones internacionales y más amplio que el actual, ya que si bien el acoso sexual se presenta ampliamente, la normativa que lo regula se restringe casi exclusivamente al espacio laboral (ley 20005 de 2005). Asimismo, la ley que tipifica y sanciona la violencia contra las mujeres está acotada al ámbito intrafamiliar y/o de relaciones de pareja, aun cuando trasciende estos espacios. Urge por tanto una ley integral que incluya, entre otras materias, la violencia y el acoso sexual en el espacio educativo. Una nueva legislación constituiría un apoyo importante para las acciones que desarrollen las universidades chilenas.

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