De la seguridad nacional a los Derechos Humanos: Repensando la gobernanza de las migraciones

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Por Tatiana Albuja

Vocera del Movimiento Acción Migrante y Presidenta del Consejo Consultivo Nacional de Migraciones

Foto: Alejandra Fuenzalida

Hablar de gobernanza para las migraciones tiene que ver con tres dimensiones esenciales: normativa, política pública e institucionalidad. Como punto de partida, en tanto, debe asumir que el derecho a la movilidad humana significa que la dignidad no tiene fronteras.

Lamentablemente, Chile tiene una de las leyes de migración más antiguas del continente americano -data de 1975-, una cuyo enfoque de seguridad nacional sigue considerando al inmigrante como una amenaza. Pese a las distintas reformas que durante los últimos años se han realizado en cuanto al cumplimiento de algunos derechos, mientras no haya un cambio en la norma jurídica que rige las migraciones, es muy difícil pensar en Chile como un país cosmopolita, de acogida e inserto en el mundo, más allá de los capitales, para los cuales no hay restricciones.

Si hablamos de acogida, ésta toma cuerpo al fortalecerse con un marco jurídico cuyo articulado establezca los mecanismos que permitan tanto la regularidad migratoria como el acceso a derechos básicos en salud, educación, vivienda, nacionalidad, previsión social y jubilación, entre otros. Todo ello, sin dejar de lado el trabajo de los gobiernos locales, tan fundamentales en el primer contacto con las comunidades migrantes. Por lo tanto, es necesario construir una gestión migratoria centrada en la calidad del (la) migrante como sujeto (a) de derechos, independiente del aporte que la migración haga al país de acogida y bajo ningún punto de vista concibiéndola como una amenaza o un negocio.

A pesar de que Chile ratificó la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares hace más de 10 años, aún condiciona la residencia al contrato laboral dependiente. El empleo por cuenta propia, el trabajo fronterizo, el temporario, el itinerante e incluso el sujeto a un contrato de prestación de servicios quedan fuera del requisito para optar a la residencia según lo contempla la mencionada convención.

El actual sistema de visas, en tanto, establece cuatro grandes categorías subdivididas en treinta. Existen muchos casos de migrantes que llegan a cambiar de visa y cédula de identidad hasta tres veces en el año. Este exceso de variantes en las visas genera procesos lentos y poco flexibles que fomentan la irregularidad (indocumentación), así como la trata y el tráfico de personas. Si a esto le sumamos la discrecionalidad funcionaria en el sentido amplio que le otorga el DL 1094, nos damos cuenta de que el funcionario de ventanilla o el de frontera decide quién entra al país de acuerdo a su criterio de quién considera útil o conveniente al Estado.

Esta amplia discrecionalidad da pie a la arbitrariedad y en algunos casos incluso al delito. Cuando la residencia está sujeta a un contrato dependiente (ni siquiera a uno de prestación de servicios, como lo tiene un gran porcentaje de la población chilena), él o la migrante no tiene otra opción que trabajar en las condiciones que se le ofrezcan, en muchas ocasiones siendo objeto de vulneración de sus derechos más elementales. Si a esto le añadimos que los fondos de pensiones sólo pueden ser traspasados o devueltos a los profesionales o técnicos según la ley 18.152 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, nos percatamos de que las AFP tienen un capital de rezago importante, ya que muchas veces no será devuelto al trabajador migratorio. Nadie va a regresar a Chile por una pensión de siete mil pesos mensuales. ¿Será éste el nuevo impuesto de la comunidad migrante para trabajar?

Varios son los criterios fundamentales a considerar en una nueva normativa legal. De partida, el contrato laboral dependiente no debe ser condición exclusiva para tener la residencia cuando la persona viene a trabajar. Es necesario, además, implementar la visa de uso múltiple que conceda facultades para realizar una o más actividades lícitas dentro del país. La visa que proponemos sería por un año, renovable por un segundo año, podría ser tramitada en el país de acogida o en el de origen y permitiría la residencia definitiva desde el tercer año en adelante. Es prioritario también tener una visa en función de los convenios internacionales que Chile ha suscrito, como el del Mercosur, y ampliarla para nacionales de Ecuador, Perú y Colombia. Por último, es preciso formalizar una visa humanitaria, dirigida a aquellas personas que han sido afectadas por desastres ambientales, personas con discapacidad y víctimas de violencia intrafamiliar y tráfico de personas.

Otro de los mecanismos que promueve el acceso a trabajos de baja calificación es la forma en que se reconocen los títulos profesionales y técnicos obtenidos en el extranjero y los estudios realizados en el exterior. En el primer caso se impide la convalidación de estudios a otras universidades que no sean la Universidad de Chile y, en el segundo, se exige la presentación de las notas desde primero a cuarto medio, no siendo suficiente el acta de grado legalizada en el país de origen. A eso hay que añadir que niños, niñas y adolescentes no tienen acceso automático a una visa temporaria al momento de inscribirse en los establecimientos educativos, dependiendo así esta posibilidad de la solvencia económica de padres o apoderados. De esta forma se condiciona un derecho a un acto administrativo.

Aunque parezca una obviedad plantearlo, todo acto administrativo debe respetar los derechos de las personas. Los procedimientos para la aprobación de permisos de residencia, sanciones y expulsiones, por ejemplo, deben cumplir con garantías mínimas de respeto y no discriminación. No es así hoy. En ellos deben quedar claras las causas de toda decisión e incluirse la posibilidad de apelar en un plazo razonable. Del mismo modo, debe asegurarse que toda persona pueda conocer el procedimiento en un idioma que pueda entender. Tampoco puede permitirse que un ser humano sea detenido por más de 60 días para luego ser deportado con lo puesto, por una falta administrativa que se traduce en no tener la documentación en regla. Una falta administrativa no puede ser causal de deportación ni menos confundirse con un delito.

La regulación de la movilidad humana en fronteras debe superar las doctrinas clásicas de seguridad nacional y centrar su atención en el bienestar de las personas. Debe considerar nuevas dimensiones del control migratorio, flexibilizando para facilitar “La regulación de la movilidad humana en fronteras debe superar las doctrinas clásicas de seguridad nacional y centrar su atención en el bienestar de las personas. Debe considerar nuevas dimensiones del control migratorio, flexibilizando para facilitar la movilidad y fortaleciendo para brindar mayor seguridad frente a la delincuencia transnacional”. la movilidad y fortaleciendo para brindar mayor seguridad frente a la delincuencia transnacional.

Especial atención debe ser prestada a los derechos de los niños. Es fundamental garantizar que todos los niños, niñas nacidas en Chile, hijos e hijas de personas en situación irregular, accedan a la nacionalidad automáticamente. Para esto es necesario que se defina el concepto de “extranjero transeúnte”, modificando el artículo 10 de la Constitución o en su defecto hacer un alcance a su decreto No.5.142 del año 1960 sobre acceso a la nacionalidad para dejar en manos de los tutores de niñas y niños la posibilidad de decidir sobre la nacionalidad antes de cumplir su mayoría de edad y poder ratificarla cuando lo sean. De esta manera se evita la apatridia de niñas y niños nacidos en Chile cuyas madre y padres estén indocumentados.

Finalmente, derechos son también participación. A través de la ley 20.500 se han fomentado mecanismos que aseguran la injerencia de la sociedad civil y de las propias personas migrantes en la gobernanza de las migraciones, en especial a través del Consejo Nacional de Migraciones de la Sociedad Civil. Estos espacios, si bien son valorables, no tienen un carácter vinculante, sino consultivo. Los artículos 15 y 63 de la Ley Migratoria, además, amenazan directamente tal participación. También hay aquí trabajo pendiente.

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