Migración internacional en Chile: la necesidad de genuinos debates

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Jorge Martínez Pizarro

Investigador del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade), Cepal

 

La migración es un proceso de intercambios que ha tenido un auge a escala intrarregional, con una impronta particularmente marcada por la participación de mujeres. Chile es uno de los países de América Latina donde más intensamente ha crecido la inmigración en las últimas décadas, si bien su cuantía estimada le sitúa en un rango medio y su incidencia relativa a nivel nacional en un rango más bien inferior en la región. Comparada con países como Argentina, la República Bolivariana de Venezuela, Costa Rica, República Dominicana y México, la población de inmigrantes es menos numerosa y porcentualmente de menor incidencia. Es claro que el país registró una inflexión notable en los años ‘90 y que la llegada de inmigrantes se volvió una realidad cotidiana observable en el mundo del cuidado, la salud, la construcción y muchos servicios. La emigración nativa disminuyó, si bien la presencia chilena en el extranjero sigue estando entre las más numerosas en la región. Lo primero que cabía pensar desde entonces era elaborar una nueva normativa y una respuesta clara del Estado que se alineara con los compromisos adoptados para con su sociedad en el plano internacional.

Como es sabido, el comienzo de 2017 encuentra a Chile sin reforma migratoria y con una totalmente lamentable y pobre discusión acerca de la inmigración -ni siquiera la emigración ha sido mencionada-. Sorprende negativamente que la propuesta de normativa migratoria trabajada desde el Estado en sucesivas versiones no fuera presentada a la fecha. Se trata de un error de alto costo, habida cuenta de las muchas señales y necesidades que daban por iniciado el esperado proceso de su propuesta al Parlamento. Es claro que Chile se queda solitario en este contexto, pues, por ejemplo, Brasil ha sometido este año sus propuestas de nuevas legislaciones y Perú dio un paso gigante hace poco en el plano del retorno. Argentina, ahora entre vaivenes, estructura sus respuestas a partir de una ley aprobada y reglamentada hace ya varios años que, en su momento, saldó una deuda con la democracia. Uruguay ha complementado su ley de 2008 y se encuentra en fases avanzadas de cambios institucionales. Si la legislación chilena estuviese reformulada y la institucionalidad existiera dando sentido al Instructivo Presidencial de 2015, es posible que las inquietudes estuvieran algo despejadas. Pero si la propuesta se presentará en medio de las discusiones de estas semanas, en cambio, se avecinan dificultades. Éstas tienen relación con las características y provocaciones que han acompañado estas discusiones y que no serán fáciles de eludir.

Estamos frente a un muy falso debate, no sólo por el lamentable tono pre-electoralista que lo distingue -con el peligro de instalar el miedo y la ilusión del control-, ni por la aparente confrontación entre derechas e izquierdas -muy discutible, por lo demás, y casi sin contenidos, pues todos los partidos poco se pronuncian sobre los procesos migratorios-. Es falso por estéril y prejuicioso. Existe, en el mundo y en América Latina -y hablo desde el plano de las obligaciones de los estados y la buena crianza-, una arquitectura monumental a favor de la migración internacional, no en su contra. Y en esa visión es que considero cabe instalar el debate.

Esto se corrobora en las Naciones Unidas, en los acuerdos de integración y en las muchas agendas internacionales sobre derechos y desarrollo, ya sean regionales, hemisféricas o subregionales. Le acompañan las movilizaciones de la sociedad civil, la organización de redes de investigadores, de mujeres, de trabajadores, empresarios -por ejemplo, bajo el enfoque tripartito- y de defensores de derechos, todas iniciativas emparentadas con el objetivo común de promover y apoyar políticas que permitan la legítima decisión de vivir, estudiar o trabajar en otro país. Encarando la irregularidad, la trata y el tráfico, es difícil encontrar espacio en estas intensas actividades para la promoción del control y la defensa de la seguridad. Casi no reconozco estudios donde la teorización migratoria esté basada en esos preceptos. Los estados acaban de comprometer esfuerzos por una agenda de desarrollo sostenible al 2030, donde se incluyen varias metas sobre la protección de las personas migrantes. Más recientemente, en la Declaración de Nueva York de septiembre de 2016 han concordado la creación de un pacto global para la migración segura y regular. El ex Secretario General de las Naciones Unidas, con ocasión del Día Internacional del Migrante, ha sido enfático:

“Cada migrante es una persona con derechos humanos. La protección y la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los migrantes, cualquiera sea su situación, es un elemento fundacional de la Declaración de Nueva York. Para ello, necesitamos una mayor cooperación internacional entre los países de origen, tránsito y destino, que se rija por el derecho y las normas internacionales. Debemos rechazar la intolerancia, la discriminación y las políticas impulsadas por una retórica xenófoba y que busca convertir en chivos expiatorios a los migrantes. Quienes abusen de los migrantes e intenten causarles daño deben rendir cuentas de sus actos”.

Me permito recordar que la arquitectura del derecho internacional de los derechos humanos ha dado lugar a sendos tratados vinculantes que Chile ha ratificado. El Estado se obliga a cumplirlos e informa a sus órganos sobre la implementación de los mismos. Chile ya lo hizo hace unos años en el caso de la convención específica para las personas migrantes y prepara su segundo informe. Las Naciones Unidas, además, tienen mecanismos especiales, en particular las llamadas relatorías, en las que Gabriela Rodríguez, chilena, desempeñó un papel primordial en favor de la defensa de los derechos humanos de todas las personas migrantes.

En América Latina y el Caribe, los diversos foros subsidiarios de la Cepal abordan las temáticas migratorias. El caso más ilustrativo es la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo, surgida a partir del Consenso de Montevideo de 2013. En este acuerdo regional se enfatiza la necesidad de trabajar en favor de la protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes. ¿Cómo y por qué aceptar y no sancionar unos discursos irresponsables y totalmente en contra de estas aguas, que hasta han llevado a algunos al absurdo inmoral incomparable de proponer un “movimiento no más inmigración”? Confieso que he leído varias columnas de opinión en diarios y revistas, que he escuchado a representantes de oposición y del Gobierno, y me cuesta seguirlos. Unos entraban en la agilidad de las expulsiones, otros en el servicio militar. Como si no se tratara de personas, a las y los migrantes se les defiende por tener más escolaridad que la población chilena o, en último caso, por ser niños, niñas o adolescentes.

Es que este falso debate carece de bases éticas, más allá del ambiente oportunista de cara a unas elecciones. La oposición al inmigrante, el fomento de la desconfianza a ese otro distinto y la apuesta a la expulsión sin debido proceso tienen mal diagnóstico y peor pronóstico, si es que realmente pudieran implementarse algún día. Para enfrentarlas no deben obligarnos a asumir posiciones utilitaristas, o al menos no únicamente, aunque es difícil no recurrir a ellas -como el ejemplo del crecimiento demográfico y la existencia de los bonos migratorios-. El caso es que más de algún discurso denota la presencia de elementos que abonan un racismo exacerbado, el mismo que debería combatirse abiertamente como primer objetivo de un genuino debate sobre el tema migratorio.

El debate actual, si cabe llamarle como tal, es falso además por carecer de argumentos, puesto que los delincuentes y la seguridad tienen poca relación con la migración internacional y, en especial, con la pérdida de empleos de los nacionales. En realidad, éste ha sido el caballito de batalla de diversos candidatos en muchos países en varias épocas, como una forma aparentemente indiscutible de frenar la inmigración y luego, bajo su total control, despejar falsamente los miedos de las poblaciones nativas así sea a costa de la violación de derechos de muchas personas. La opereta habitual ha sido promocionar la inmigración selectiva. Y este tipo de iniciativas funcionó siempre en contextos muy singulares, pues lo habitual ha sido descuidar la otra inmigración necesaria, la de los servicios, la del cuidado, la de los trabajadores agrícolas, la de las mujeres y su decisiva contribución a la economía global.

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Las y los inmigrantes ayudan a crear empleo y no se necesita destacar que son especialmente educados. Ellas ayudan también a que las dueñas de casa nativas puedan dedicar sus tiempos al trabajo, tal como se destacó tempranamente en países como España. Una observación a quienes creen en la inmigración selectiva como fórmula para evitar la pérdida de trabajo de los chilenos: las personas de mayores calificaciones pueden ser quienes realmente compiten con los nacionales, puesto que sus habilidades pueden superar a las de los chilenos. Es el gran asunto de la migración calificada. Otra observación para quienes creen que la inmigración trae delincuencia: los sujetos delincuentes siempre se mueven muy audazmente en los territorios y en ello también se involucran algunos chilenos.

Sin referirme a la emigración y al retorno de chilenos, que forman parte del proceso de intercambios estimulado por las fuerzas globales, la inmigración de extranjeros ha sido y sigue siendo un hecho saliente de la historia de Chile. Más allá del lugar común entre los investigadores que suelen señalar que el país no se ha caracterizado históricamente por ser una nación de inmigración masiva, ya fuera por razones de su relativo aislamiento geográfico, las contingencias de su estructura política, económica y cultural, o por la constatación del reducido porcentaje que han representado los inmigrantes en el territorio nacional. El porcentaje de inmigrantes sobre la población total sólo ocasionalmente ha superado el 4%, aunque esto no debe ocultar hechos como que entre fines del siglo XIX y mediados del XX el país patrocinó y recibió contingentes de europeos -especialmente alemanes, británicos, italianos, holandeses, croatas, suizos, franceses y españoles- y fue paralelamente destino de inmigrantes de origen palestino, sirio y libanés.

En las últimas décadas, la inmigración retomó impulsos con el protagonismo de los países de la propia región latinoamericana, donde numerosos flujos son compuestos principalmente por mujeres. Estos intercambios ofrecen muchas oportunidades para las personas, comunidades, empresas y países, tal como lo recogen todas las iniciativas intergubernamentales a favor de la migración.

La década de 1990 fue época de recuperación democrática y estabilidad económica, momento en que Chile comenzó a posicionarse como un destino para migrantes regionales. Coincidentemente, es un periodo en que países como Perú atravesaron por severas dificultades sociopolíticas y económicas, gatillando la emigración de muchos peruanos, entre los cuales algunos optaron por Chile. El predominio de estos inmigrantes y su marcado componente femenino define una primera fase en la inmigración reciente, que después irá combinando orígenes y diversificando la geografía del destino, expandiendo asentamientos más allá de Santiago. El problema de las fuentes de datos impide definir con propiedad las tendencias actuales y este es otro asunto del genuino debate: ¿cuánto demorará la discusión sobre llevar a cabo una encuesta migratoria nacional a partir del marco muestral apropiado?

Hemos dicho en varios frentes que es un hecho irrebatible que la inmigración ha dejado y seguirá dejando una importante impronta cultural. Y que acompaña y acompañará transformaciones demográficas, económicas, políticas y culturales que, aunque no se puedan identificar en la vida diaria, están allí para quedarse. Proteger derechos de las personas migrantes beneficia a la sociedad chilena y este es el ejemplo de la protección social inclusiva. Estos son más temas para construir un genuino debate que haga ver que no está en juego el bienestar de las poblaciones nativas e impida la presencia de efectos no deseados de la inmigración -típicamente, la irregularidad y la trata de personas-, al implicar infortunios y contradicciones para muchas personas. Por esto mismo es que es tan relevante dar prioridad a la protección de los derechos de todas las personas migrantes, cualquiera sea su condición administrativa, facilitando las condiciones para que el proceso sea regular y seguro, como se plantea en el sustento del pacto global acordado en septiembre de 2016.

Se avecinan incertidumbres de futuro que son válidas ante la falta de una normativa actualizada y de una institucionalidad acorde, una que permita dar continuidad al Instructivo Presidencial de 2015 y genere las bases para la ejecución de políticas estables y de siglo. Esta situación es tan grave como la ilusión del control perfecto de la inmigración.

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