Racismo e inmigración: La figura del «buen inmigrante»

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Por Claudia Zapata Silva, Directora del Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos, Universidad de Chile.

Fotos: Felipe Poga y Alejandra Fuenzalida

“Ningún ser humano es ilegal”, reza la consigna que han levantado las organizaciones de inmigrantes en Chile, las que durante más de una década se encuentran impulsando la promulgación de una ley que supere los estrechos marcos ideológicos del decreto que impera sobre la materia desde 1975. En concordancia con la política de seguridad nacional de la dictadura militar, ese decreto moviliza la lógica del enemigo interno, identificando a los extranjeros con esa figura. La propuesta de estas organizaciones, varias de ellas agrupadas en el Movimiento de Acción Migrante (MAM), es la creación de una ley que supere estos marcos ideológicos y legales, tan obsoletos como discriminatorios, y que se inspire en el paradigma de los derechos humanos presente en los tratados internacionales firmados por Chile.

Durante el mes de noviembre los partidos de derecha agrupados en Chile Vamos presentaron una propuesta de ley que está lejos de ir en esa dirección, manifestando más bien la opción de alinearse con las iniciativas políticas que a nivel mundial están manifestando un rechazo insensible e incluso irracional hacia los inmigrantes y refugiados (el proyecto contempla la expulsión para quienes cometan faltas relacionadas con la situación migratoria o delitos comunes, en una nefasta equiparación entre la comisión de delitos y el estatuto de inmigrante). Más desoladores aún fueron los apoyos que recibió el proyecto por parte de las figuras presidenciables de Chile Vamos, Sebastián Piñera y Manuel José Ossandón, especialmente el primero, quien con declaraciones virulentas relacionó a los inmigrantes con el crimen organizado. “Chile debe estar abierto a recibir inmigrantes que aporten al desarrollo de nuestro país, pero debe cerrar absolutamente sus fronteras al narcotráfico, a la delincuencia, al contrabando, al crimen organizado y también a la inmigración ilegal”, fueron sus palabras.

Más allá del evidente oportunismo que despertó el triunfo de Trump en Estados Unidos (y su fórmula racista y misógina), resulta preocupante que una intervención tan destemplada como esa lograra poner marcos al debate. Si bien la frase de la criminalización suscitó polémica, no ocurrió lo mismo con esa en que se afirma que los inmigrantes deben ser un aporte al país, la cual fue aceptada sin la problematización que amerita. Al respecto, una puede preguntarse: ¿en qué debe consistir ese aporte y quién lo define? ¿A qué “desarrollo” nos estamos refiriendo? ¿Qué destino podrían correr los derechos humanos de los extranjeros que no se ajusten a esos parámetros? Lamentablemente, el presidenciable logró consolidar en el debate público –porque es un discurso conservador que ya existe- el peligroso estereotipo del “buen inmigrante”, el que siempre es definido desde posiciones de poder, a partir de intereses que conciernen a sectores sociales específicos y en cuya legitimación concurren ideologías que atentan contra la condición humana de las personas. Colisionan así los derechos humanos universales con discursos nacionalistas de viejo cuño. La definición de las personas a partir de su utilidad para un sistema mayor que no es objetado es un atentado en sí mismo contra los derechos humanos que como sociedad civil no podemos conceder. Mucho menos se puede admitir que esos parámetros de validez sean impuestos por un sector político-empresarial que se mueve en estas aguas con hipocresía, pues a la par que obtiene beneficios económicos de los bajos sueldos y de las cotizaciones de los inmigrantes, los criminaliza sin pudor en un momento en que se encuentra fuertemente cuestionado por prácticas antié- ticas e incluso ilegales.

El discurso que se ha levantado con una irresponsabilidad política extrema es indudablemente racista y debe ser denunciado como tal. La categoría misma de inmigrante ha sido racializada en las últimas dé- cadas cuando se la identifica con población de rasgos fenotípicos afrodescendientes e indígenas, mayoritariamente pobre, proveniente de países latinoamericanos como Perú, Bolivia, Colombia, Haití y República Dominicana. Bastante se ha dicho, y con razón, que la categoría de extranjero pareciera estar conservada para quienes, aun teniendo la misma necesidad económica, no encarnan los rasgos culturales y estéticos inferiorizados en nuestra propia construcción de jerarquías raciales. El desafío es hoy afinar el discurso para no caer en la trampa más reaccionaria de todas y que es precisamente la de promover al “buen inmigrante”, ese individuo silencioso que es reducido al espacio del trabajo, sin historia, que acata y que sólo desde ahí puede acceder a ciertos derechos, en lugar de poseerlos y que estos le sean respetados porque son inherentes a su persona.

Esta situación de racismo flagrante no es reciente, pues con respecto a la población que procede de los países mencionados es un fenómeno que lleva desarrollándose ya varias décadas. Pero a su vez, y esto no es menor señalarlo, ese racismo se articula con una antigua estructura racista que conserva plena vigencia, pues se encuentra en la base de la construcción nacional. Me refiero a la inferiorización física y cultural del pueblo mapuche, al despojo material del que fuera objeto, a la migración forzada hacia los centros urbanos y la explotación en ellos por medio de su confinamiento a guetos sociales y laborales. Esto permite sostener que el fenómeno del trabajo racializado tiene una larga trayectoria en Chile y que los sectores dirigentes parecen conservar una memoria de sus prácticas y, sobre todo, de sus ventajas.

El proyecto de ley en cuestión ha sido la respuesta de un sector de la clase política chilena a un momento de la historia que despliega ante nuestros ojos una de las mayores crisis humanitarias de las que se tenga memoria, marcado por la injusticia de un capital que circula con mínimas restricciones mientras las personas que migran son perseguidas e incluso asesinadas. En Chile nos conmovimos con la desgarradora imagen de un niño muerto en una playa junto a decenas de personas que corrieron la misma suerte. Se advertía en la extrema lejanía esa injusticia, pero paralelamente hacíamos oídos sordos o nos parecían triviales las ofensas racistas a un futbolista y los gritos xenófobos en los estadios. El debate sobre la inmigración y el peligroso curso que está tomando no es un asunto coyuntural, sino profundo y decisivo que nos coloca frente a nuestra propia historia de racismo, una historia que tal vez ahora y no ma- ñana podamos torcer. Por eso vale la pena evocar a una de las mentes más lúcidas del siglo XX, el afrocaribeño Frantz Fanon, quien en 1956 pronunció estas palabras que hoy resuenan como aclaración y como advertencia:

Una sociedad es racista o no lo es. No existen grados de racismo. No es necesario decir que tal país es racista pero que en él no se realizan linchamientos ni existen campos de exterminio. La verdad es que todo esto y algo más existe en el horizonte.

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