Ciencia, tecnología e innovación para la resiliencia frente a desastres de origen natural

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POR Juan Carlos de la Llera, Decano de Ingeniería de la PUC, investigador del Centro Nacional de Investigación para la Gestión Integrada de Desastres Naturales Presidente de la Comisión Nacional para la Resiliencia frente a Desastres de Origen Natural

Foto Alalluf & Dyque Fotógrafos

Los recientes incendios forestales que afectaron la zona central de Chile durante el verano de 2017 trajeron al presente sentimientos similares a los experimentados luego del terremoto del 27 de febrero de 2010. Al parecer, una y otra vez nuestro país se ve sometido a estos eventos increíblemente poderosos. Además, en las últimas décadas la frecuencia en que sufrimos desastres de origen natural ha aumentado según los registros del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. De los países de la OECD, Chile es el más proclive a este tipo de desastres, con un 54% de su población y un 12,9% de su territorio expuesto a tres o más tipos de amenazas. Del mismo modo, los desastres causados por amenazas naturales han sido una constante compañía en la historia de Chile. En sus poco más de 200 años de existencia, al menos 97 terremotos de magnitud 7 o más han azotado nuestro territorio, 18 de ellos considerados altamente destructivos según los estándares del Centro Sismológico Nacional. Además, los datos de la International Emergency Disasters Database (EM-DAT) muestran que el país ha sido afectado al menos por 19 inundaciones, diez incendios mayores, once erupciones volcánicas, cuatro grandes remociones en masa de tierra y dos sequías de gran magnitud. En promedio, las pérdidas anuales asociadas a desastres de origen natural entre 1981 y 2011 han sido estimadas en cerca de un 1,2% del PIB del país (UNISDR, 2015).

A pesar de esta permanente convivencia con eventos de esta naturaleza, Chile no solo ha mostrado una notable resiliencia, sino que ha generado nuevas capacidades como respuesta a estas catástrofes, lo que ha permitido mejorar la institucionalidad de manera constante. Claro ejemplo de esto es la creación del Servicio Sismológico Nacional luego del terremoto de 1906, el desarrollo de la Corfo como respuesta al terremoto de Chillán en 1939, la Onemi luego del gran terremoto de 1960, y la creación del Observatorio Volcanológico de los Andes del SUR (OVDAS) post erupción del volcán Chaitén en 2008. Si bien es claro que aún queda mucho por hacer en términos tanto de prevención, manejo de estas emergencias y de recuperación de los sistemas, es importante, como muestran los ejemplos anteriores, reconocer que hemos sido capaces de fortalecer al Estado a través del tiempo con cada gran prueba de la naturaleza.

En este contexto, y altamente influenciado por el impacto físico y social del terremoto y tsunami de 2010, el gobierno creó en 2016, a través del Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo, la Comisión Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) para la Resiliencia frente a Desastres de Origen Natural, CREDEN. Quizás la componente más novedosa es que el mandato presidencial para esta comisión se origina en la convicción de que el desarrollo de una estrategia de I+D+i debe ser considerada como un elemento clave en el ciclo del manejo del riesgo, al mismo tiempo de proveer una oportunidad para el crecimiento sostenible y desarrollo científico-tecnológico de nuestro país.

El documento final producido por CREDEN, llamado Hacia un Chile resiliente frente a desastres: una oportunidad – Estrategia Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación para un Chile Resiliente frente a Desastres de Origen Natural, fue entregado a la Presidenta el 20 de diciembre de 2016. La estrategia contiene las principales conclusiones del trabajo de CREDEN y se estructura como un grupo integrado de 14 tareas que buscan generar y utilizar conocimiento básico, aplicado, asociativo e interdisciplinario en torno a la resiliencia frente a desastres de origen natural. Las tareas identifican un conjunto de actividades concretas que permitirán acortar las brechas de conocimiento y capacidades en el corto (tres años) y largo plazo (20 años), y abordan la dimensión social de la resiliencia, la dimensión de proyección del I+D+i para el desarrollo del país, la dimensión de simulación y gestión del riesgo, y la dimensión física de las amenazas naturales y la exposición de las comunidades.

Adicionalmente, la estrategia reconoce cinco condiciones habilitantes transversales que consituyen elementos fundamentales para generar una dinámica consistente capaz de implementar y mantener esta estrategia en el tiempo. Estas macro-iniciativas abordan las principales debilidades estructurales para el I+D+i en resiliencia del país y fomentan la asociación colaborativa entre el Estado, las ciencias, la tecnología y la sociedad. Las condiciones habilitantes consideran: (i) la creación de una institucionalidad de I+D+i para la resiliencia frente a desastres de origen natural; (ii) la integración y consolidación de datos e información en una nueva infraestructura de datos pública para el I+D+i y la transferencia; (iii) la creación de programas de formación de capital humano avanzado específico en resiliencia en las distintas ciencias en conjunto con las mejores universidades y centros tecnológicos del mundo; (iv) el desarrollo de una infraestructura mayor sofisticada para el descubrimiento y la innovación en temas de resiliencia en la modalidad de grandes laboratorios nacionales; y (v) la implementación de un programa nacional de outreach y diseminación científica que permita llevar oportunamente la investigación desarrollada a las comunidades.

Finalmente, la comisión trabajó para dimensionar cuánto debería invertir el Estado para completar la implementación de la estrategia. De esta manera se estimó que la iniciativa significaría una inversión aproximada de US $45,7 millones por año, para un total de US $914,2 millones en 20 años. Junto con el presupuesto, la comisión determinó que en base a experiencias y estudios internacionales similares, la estrategia tendría una rentabilidad esperada de 2,32 veces, con lo que se espera que la propuesta, en promedio, represente al país un ahorro anual cercano a los US$ 106 millones correspondientes a menores pérdidas ocasionadas por los desastres de origen natural.

El trabajo de CREDEN no solo resultó en la estrategia de I+D+i, sino que también permitió generar un mecanismo de continuidad al trabajo de esta comisión multisectorial y multidisciplinaria. De este modo, un financiamiento proveniente de Corfo permitirá durante 2017 producir el diseño detallado del nuevo Instituto Tecnológico Público de I+D+i para la Resiliencia frente a Desastres de Origen Natural, ITREND. Este proyecto está siendo ejecutado por un grupo de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile en conjunto con el Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile. Se espera que como resultado de esta iniciativa, ITREND se constituya como una meta-institución que provea una visión de largo plazo para el I+D+i en resiliencia frente a desastres para el país, genere un ecosistema colaborativo adecuado para implementar la estrategia de CREDEN, coordine las capacidades de I+D+i existentes en el país hacia las metas y objetivos descritos en la estrategia, y promueva la generación de una cultura de resiliencia en la población chilena.

El trabajo de la comisión fue un primer paso en saldar la enorme deuda que el país aún tiene con el I+D+i aplicada asociada a resiliencia y desastres de origen natural. La estrategia de CREDEN no solo busca avanzar el conocimento para minimizar los impactos que nuestra geografía impone a nuestra población, sino que también entiende esta condición única de nuestro país como una oportunidad para el desarrollo sostenible de Chile, desde donde podemos mostrar al mundo las capacidades de resiliencia y tecnologías que hemos sido capaces de construir a lo largo de nuestra historia para que otros países puedan aprovechar también nuestra experiencia.

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