Por qué no hemos avanzado: Diez saberes para tres peligros

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Por Sonia Pérez, Doctora en Psicología Social y del Desarrollo Académica del Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales e investigadora del Programa de Reducción de Riesgo y Desastres CITRID

Fotos, Archivo fotográfico del Centro de Investigación en vulnerabilidad y desastres socionaturales, Núcleo Milenio en Ciencias Sociales, NS 100022

Lo que hoy convierte a los desastres naturales en un tema de actualidad y vigencia no ha sido solamente el aumento de su frecuencia y magnitud en nuestro país, sino en gran medida se debe a la amplia difusión en medios de comunicación con un gran impacto en la opinión pública y –lamentablemente– en el sentimiento de vulnerabilidad de las personas. Esta sensación de constante emergencia poco ha contribuido a un debate profundo sobre las condiciones estructurales, sociales e institucionales que tienen a Chile en una situación crítica respecto a sus formas de actuar frente a las amenazas naturales. La insuficiencia de este debate, además de propiciar un vacío de conocimientos, construye activamente una semántica y un discurso que tiene efectos subjetivantes para los afectados por los desastres naturales. Ello, porque la forma como nos expliquemos o silenciemos las razones de lo sucedido condiciona la experiencia de transformación que podamos hacer de los desastres.

Uno de los silencios importantes en los debates y documentos que trabajan sobre este problema en Chile se refiere a la inseparable relación entre desastres y desarrollo. Los verdaderos peligros de los desastres aparecen cuando se menosprecia su relación con el modelo de desarrollo y con las posibilidades de transformación del país. El primero de ellos es creer que la solución a estos problemas pasa principalmente por una mayor inversión económica. Suele verse a los desastres como una interrupción del crecimiento y como un obstáculo del modelo económico, sin embargo, su relación con el desarrollo está dada por la influencia del tipo de modelo adoptado –esto es, de sus objetivos, procesos e instrumentos de planificación – en las capacidades de resiliencia de los territorios y localidades.

Un modelo que distribuye desigualmente sus beneficios y recursos incrementa los riesgos de quienes han sido históricamente excluidos, tal como lo advirtiera hace algunos años la Global Network of Civil Society Organisations for Disaster Reduction (GNDR). Que el desencadenamiento de una amenaza natural se convierta en un desastre es, finalmente, la muestra de una política insuficiente de sostenibilidad ambiental y de la ineficacia en la transformación sustentable de las sociedades.

Cuando un desastre ocurre, se pueden pasar a llevar derechos fundamentales -tanto humanos como ambientales- en nombre del desarrollo. A la vez, la oportunidad que ofrecen los desastres para transformar positivamente los territorios puede resultar en el incremento de actividades industriales que generen nuevos riesgos e incluso daños a la biodiversidad.

Tal es la complejidad de la relación desastres/desarrollo que para su debate se requieren no solo constructos políticos ni solo conocimientos científicos, sino saberes de distinto orden que ayuden a vislumbrar cuál es el modelo de país que queremos hacer sobrevivir, hacia dónde queremos reconstruir y con qué sujetos sociales tomaremos las decisiones para prevenir.

Diez saberes pueden ayudar al respecto y aportar al análisis de por qué no hemos avanzado como podríamos; diez saberes necesarios para un conocimiento que haga dialogar las distintas ciencias con la política y la sociedad.

1. Saber qué priorizar. Desde el momento de la prevención al de reconstrucción, los esfuerzos del país se disgregan en la atención a problemas aparentemente específicos. La resiliencia de la infraestructura y las obras públicas para sostener las viviendas, instituciones públicas, inmuebles del mercado y la conectividad necesaria para la industria compiten con la protección de espacios públicos, del patrimonio histórico y de la salud mental de las comunidades. Una gestión prospectiva de los riesgos permitiría planificar anticipadamente el manejo de los que se consideran menos asumibles por nuestra sociedad en lugar de responder desorganizadamente ante la emergencia.

2. Saber ser creativos en los modelos de gestión del riesgo. En los casos de desastres se siguen usando los mismos instrumentos de planificación y distribución de beneficios públicos ya existentes, con énfasis en la competencia entre los individuos y sin una consideración de la superposición existente entre distintas amenazas y distintas vulnerabilidades. Es necesario crear planificaciones e instrumentos intersectoriales que den sinergia a las soluciones en salud, educación, trabajo, vivienda, cultura y participación social, con una visión territorial que supere la actual descoordinación y superposición de respuestas aisladas.

3. Saber integrar las culturas locales. Las comunidades han sabido habitar sus territorios, relacionarse con su entorno y sus problemas, por lo que la memoria social, las identidades territoriales, las prácticas ambientales, las redes de solidaridad y las culturas de participación comunitarias se vuelven capacidades valiosísimas ante las experiencias de desastres. Ninguna de ellas es integrada a las políticas de prevención, emergencia y reconstrucción hoy en día.

4. Saber trascender las disciplinas científicas. Los aportes que entregan las ciencias naturales y sociales, a través de modelos comprensivos o de tecnología, son tuertos en comprender los territorios expuestos a amenazas naturales si no logran dialogar en sus lenguajes disciplinares o construir en conjunto objetos y claves de análisis más correspondientes a su dinámica y complejidad. En este sentido, es clave que la investigación en la reducción de riesgos a desastres sea incentivada y sostenida por una institucionalidad que genere conocimiento transdisciplinar a largo plazo.

5. Saber legislar con plataformas participativas. Hoy en Chile no se cuenta con una ley específica que regule la gestión del riesgo de desastres, sino con una iniciativa de Política Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, que orienta acciones para la reducción de efectos adversos. Esta guía para los distintos organismos del Estado no tiene aún una institucionalidad que la sostenga y no habrá gobernanza que la avale si no generamos espacios permanentes de diálogo con los distintos sujetos sociales que bien saben crear (más que producir) formas de vida colectiva.

6. Saber comunicar socialmente con principios éticos. La tentación de los medios de comunicación por hacer de las emergencias un peak de teleaudiencia atenta contra el derecho de las comunidades de informarse con datos verídicos. Es indispensable regular la validez de la información social y promover la confianza pública para sus decisiones informadas.

7. Saber reconocer las capacidades. Los grupos que se consideran prioritarios en la reconstrucción son definidos hoy por sus situaciones de vulnerabilidad como condición de carencia en lugar de reconocer sus capacidades locales. La integración del enfoque de género a los programas de reducción del riesgo (por tomar un ejemplo) puede significar mucho más que una asistencia a la debilidad y considerarse una atención específica a sus prioridades, como actores claves para la construcción de territorios, con sus múltiples intereses y formas de producirlos.

8. Saber implementar y hacer seguimiento a los acuerdos. El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 pone a Chile en el desafío de reducir el riesgo, protegiendo los derechos humanos, con enfoque de participación social y con garantía de inclusión a grupos históricamente excluidos. Replantea las responsabilidades institucionales promoviendo una gobernanza con comunidades y organizaciones no gubernamentales como agentes activos, y con el Estado como responsable de vincular la colaboración entre los diversos actores. Nada de ello será aprovechado como una oportunidad de crecimiento en la dignidad del país si no existe la instancia ni los instrumentos que así lo garanticen.

9. Saber educar. Si bien es acuerdo mundial que el papel de la educación es fundamental para la prevención, hemos malentendido que ésta se concentra en la integración de contenidos en el currículum. La educación es también aprendizaje social dentro y fuera de la escuela, y las instituciones educativas, incluyendo la terciaria, pueden hacer mucho más para planificar una adecuación de los contenidos a la comprensión multidimensional de los fenómenos de desastres.

10. Saber tomar decisiones. La descoordinación y superposición de flujos de decisión han sido una constante en las instituciones públicas, como también lo ha sido la abismante distancia entre las autoridades de gobierno (en sus distintos niveles) y las comunidades locales. Es necesario avanzar en plataformas participativas permanentes, con diálogo de distintos intereses sociales. Reducir los riesgos de desastre implica tomar acuerdos como sociedad, entre sus diferentes sectores, para comprender las condiciones que generan tales riesgos. No considerar estos saberes nos hace correr fuerte peligro de estancarnos en el camino o de perder el rumbo. Es también un peligro olvidar que los desastres son sociales y las amenazas son naturales, pues el riesgo de sufrir impactos en las distintas áreas de la vida social puede ser reducido con herramientas propias de la sociedad, de su organización y cultura, logrando convivir con las condiciones geográficas y climáticas que nos acompañan. Ya se ha estudiado que el mayor desastre lo constituye la pérdida de confianza en la información y en el Estado, lo que vuelve a cada evento catastrófico en un golpe bajo hacia la cohesión social y la gobernabilidad de nuestra sociedad.

Un tercer peligro es pensar que el riesgo ante desastres es uno solo. Se trata más bien de un sistema de riesgos concatenados en una situación de vulnerabilidad social que está a la base de nuestra sociedad. Según la Organización de las Naciones Unidas, la vulnerabilidad de las comunidades genera nuevos riesgos e incrementa de manera constante los impactos de los desastres en los ámbitos económico, social, sanitario, cultural y ambiental, a corto, mediano y largo plazo. Ello tiene una traducción clara en la realidad de nuestro país: la vulnerabilidad no es un conjunto de propiedades de la población ni funciona con variables independientes. No es más vulnerable el pobre, la mujer, el inmigrante o el anciano solo por serlo, tal como se ha instalado en el discurso de las políticas públicas a través del concepto de “grupos vulnerables” para dar prioridad a la focalización de recursos. Más bien somos un país más vulnerable a los desastres a causa de nuestra desigualdad social y, más aún, de la dificultad que hemos tenido en terminar con ese problema. Somos vulnerables porque hemos postergado en demasía un acuerdo sobre el país que queremos. Cada uno/a de nosotros/as está expuesto entonces a resultar con riesgos mayores o distintos a los que tenía antes de un desastre si, por ejemplo: las ciudades que se reconstruyen son segregadas espacialmente; si las actividades productivas que se reconfiguran siguen focalizando la distribución de ingresos en un sector de la población; si la atención en salud se demora más de lo que el estrés post traumático puede esperar; si después de un incendio se reforesta con especies que consumen el agua que se necesita para vivir; si no hay normativas o sistemas de protección ante nuevas contaminaciones ambientales; si no hay evaluaciones que determinen los riesgos a otras amenazas que puedan estar presentes en los lugares a los que se desplazan los damnificados; si las nuevas formas de vida no responden a los proyectos comunitarios ni hacen sentido a la cultura local; si las localidades rurales siguen recibiendo apoyos descontextualizados por estrategias centralistas y urbanas; si los abuelos/as, niños/as y pueblos originarios no son comprendidos en sus necesidades específicas; si la confianza con las intervenciones del Estado disminuye tanto (o como ha sucedido con los desastres, aumenta tanto la rabia) como para no querer participar nuevamente de las decisiones ciudadanas.

En síntesis, la vulnerabilidad ante los desastres debe ser atendida en el conjunto de riesgos sociales, económicos, culturales y políticos que disminuyen la posibilidad de que todos y todas podamos con-vivir (y no sobre-vivir) con las amenazas naturales, de manera que realicemos nuestras capacidades de ser, estar, tener y hacer una vida digna, antes, durante y después de las situaciones de crisis.

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