Los mercados y la agenda de probidad

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POR ANDREA REPETTO LISBOA, Doctora en Economía, ex integrante de la Comisión Asesora Presidencial para la Reforma Previsional, integrante del Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción. Directora de Espacio Público y académica de la Universidad Adolfo Ibáñez

FOTO, UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

Financiamiento ilegal de la política, corrupción, cohecho, conflictos de interés, tráfico de influencias, evasión tributaria, colusión, apropiación ilícita y uso indebido de información privilegiada son todos términos que abundan en los medios hoy y que se han convertido en parte de la jerga habitual de los chilenos.

Así no es de extrañar el deterioro de la confianza ciudadana hacia la política, las élites y la clase empresarial. En efecto, el porcentaje de personas que dice tener mucha o bastante confianza en el gobierno, el Congreso, los partidos políticos y los empresarios respectivamente ha caído a la mitad en los últimos quince años (encuestas CEP).

Los liderazgos políticos y empresariales están en crisis porque estas situaciones dañan la fe pú- blica y afectan a los chilenos como ciudadanos, votantes, contribuyentes, consumidores y accionistas minoritarios.

A inicios del años 2015, el caso Penta y luego el caso Caval detonaron como respuesta política la creación del Consejo Asesor Presidencial Contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción en el que tuve el honor de participar.

El trabajo del Consejo estuvo permeado por la idea de que estos problemas guardan íntima relación con debilidades de nuestra institucionalidad, y también por la idea de que había que aprovechar la crisis para echar a andar una agenda de probidad ambiciosa que abarcara tanto a la política como a los negocios.

El Consejo propuso sobre 200 medidas en un conjunto amplio de áreas que incluyen la prevención de la corrupción, la regulación de los conflictos de interés, la separación entre el financiamiento de la política y los negocios, el fortalecimiento de las herramientas para un mejor funcionamiento de los mercados, e ideas para una mayor integridad y ética en nuestra sociedad.

Si bien los casos que detonaron la creación del Consejo guardan relación con financiamiento ilegal de la política y el tráfico de influencias, la Comisión consideró relevante avanzar también en a probidad en los negocios. Casos emblemáticos de conflictos en el ámbito estrictamente privado ocurridos en los últimos años -uso indebido de información privilegiada, colusión e infracciones en contra de accionistas minoritarios-, han tenido un impacto negativo y significativo en la confianza de la ciudadanía hacia los mercados, afectando su buen funcionamiento y generando la percepción de un sector privado en la economía que es crecientemente abusivo e injusto.

Hay tres grupos de propuestas en el informe de la Comisión para una mayor probidad en los negocios que quisiera destacar en este espacio: una mejor regulación de la “puerta giratoria”, mayores atribuciones para que las agencias fiscalizadoras puedan ejercer su labor con eficacia, y el fortalecimiento de los gobiernos corporativos de las empresas.

La puerta giratoria se refiere al ir y venir de personas entre cargos legislativos o regulatorios y empresas privadas con y sin fines de lucro que operan en el sector bajo regulación. En una dirección se trata de un legislador, un alto personero del Ejecutivo o un fiscalizador que deja el sector público para tomar un cargo relevante (director, gerente, inversionista, consultor) en el sector que ha regulado. En la dirección opuesta se trata de un ejecutivo de alto nivel de una empresa regulada que toma un cargo en el poder Ejecutivo, en el Congreso o en una agencia reguladora del área.

Una puerta giratoria que gira sin resguardos permite beneficiar a un ex o a un potencial empleador, y también utilizar información sensible que se obtuvo en el cargo. Así, permite obtener ventajas privadas por el hecho de haber ostentado un cargo público y no es distinto de recibir una coima.

El mayor desafío de la regulación de la puerta giratoria es lograr un balance entre atraer a personas altamente capacitadas al Estado -protegiendo también la libertad de trabajo- y prevenir conflictos de intereses para que los agentes públicos actúen con imparcialidad e independencia.

El Consejo propuso ampliar el conjunto de agentes sujetos a incompatibilidades post empleo, definiendo un periodo de “enfriamiento” en el que no se puede tomar ciertos cargos en el sector privado ni mantener propiedad. A cambio de ello, sugirió ofrecer compensaciones, además de definir sanciones efectivas por incumplimiento.

Respecto de los entes fiscalizadores, el Consejo consideró crucial dotarlos de herramientas más eficaces para el examen del cumplimiento de normas. Sin supervisión ni seguimiento, es difícil que haya disuasión y se apliquen sanciones efectivas.

En lo sustancial, el informe propone dar nuevas competencias a los organismos que fiscalizan y persiguen ilícitos. Ellas deben ir de la mano de una mayor independencia, por lo que también se sugirió modificaciones a sus gobiernos corporativos y a la forma en que se designa y/o remueve a sus autoridades.

Entre esas atribuciones están el permitir que estas entidades puedan compartir información sensible de manera rápida y efectiva, y que cuenten con las facultades intrusivas que ostenta la Fiscalía Nacional Económica –facultades clave en la detección reciente de casos de colusión- ciertamente con los resguardos que aseguren el debido respeto a los derechos de las personas.

Asimismo, se propuso fortalecer la delación compensada y los programas de protección a informantes para potenciar las denuncias y auto-denuncias, herramientas que han sido reconocidas internacionalmente como efectivas en la detección y persecución de delitos.

En este ámbito, el Consejo también sugirió revisar las sanciones a los delitos que dañan la confianza en los mercados, para asegurar proporcionalidad al daño causado.

Finalmente, el Consejo propuso una serie de medidas para fortalecer la eficacia de los gobiernos corporativos de las empresas, de los mecanismos de autorregulación y de los procesos de auditoría interna y externa para prevenir que ocurran conductas ilícitas, y para detectar fraudes y corrupción al interior de las empresas.

Entre las propuestas se cuentan la definición de estándares y reglamentos sobre transacciones con relacionados y transacciones no habituales como las donaciones, y las políticas de remuneración e incentivos a ejecutivos, incluyendo las formas de pago.

También se propusieron mecanismos para reducir asimetrías entre empresas y clientes, en particular en la industria financiera. Por ejemplo, se propuso avanzar en la certificación de participantes del mercado financiero con una mayor preponderancia de los temas de ética y adoptar certificaciones internacionales respecto del tratamiento a clientes y de conductas éticas. Asimismo, se propuso regular las ocasiones en que intermediarios financieros recomiendan a clientes posiciones opuestas a las propias, además establecer mecanismos que transparenten eventuales conflictos de intereses de analistas de mercado que aparecen en medios de comunicación o cuando distribuyen recomendaciones a su clientela.

Recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y organizaciones que sustentan nuestra democracia, y también en el mundo empresarial, depende de cómo y cuánto se avance en la agenda de probidad. Se trata de una agenda compleja porque abarca gran diversidad de temas. Pero también lo es porque significa exigir estándares más altos de probidad y transparencia que los actuales, y más importante, implica ceder poder y privilegios.

El Observatorio Anticorrupción de Ciudadano Inteligente y Espacio Público han seguido los avances de esta agenda. Apenas dos años después, el Observatorio ya registra un 62% de avance.

Las propuestas del Consejo Asesor buscan fortalecer nuestra democracia y que nuestros mercados funcionen de manera más competitiva y justa. Los avances concretos observados representan los primeros pasos para recomponer las confianzas en nuestra sociedad.

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