Políticas públicas, bioética, vejez

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POR FERNANDO LOLAS STEPKE, Profesor Titular de la Universidad de Chile, Director del Centro Interdisciplinario de Estudios en Bioética, Académico de Número de la Academia Chilena de la Lengua, Correspondiente de la Real Academia Española, Académico Honorario de la Academia Chilena de Medicina.

FOTO: Felipe PoGa y Alejandra Fuenzalida

El espacio de lo público es aquel segmento de lo social que sobrepasa las relaciones interpersonales. Del “tú al tú” se pasa al “cada cual”, según la expresión de Paul Ricoeur. De manera que las vinculaciones debidas a las amistades o las obligaciones personales se transfieren a un espacio en el que imperan los principios de imparcialidad y distribución equitativa. Se resumen en el imperativo de la justicia, la gran virtud de las instituciones sociales.

Existe una dimensión teleológica esencial en la ética de lo público, que es la aspiración a vivir en convivencia y paz. La buena vida de la comunidad se concreta no obstante a través de directrices deontológicas que imponen deberes y fundamentan derechos. En el plano social las personas son “sujetos de derecho” en la medida que reconocen obligaciones y aceptan penas por transgresiones. Este concepto amplio de imputabilidad, o capacidad para recibir atribución de acciones, deviene en responsabilidades: la “responsabilidad de”, la “responsabilidad ante” y la “responsabilidad por”. El concepto de responsabilidad, estallando en múltiples acepciones, se convierte en exigencia de la vida humana en sociedad.

No solamente se exige ser responsable por las propias acciones. También hay una responsabilidad respecto de otras personas, del medio ambiente, de la convivencia, del futuro. Nada ilustra mejor la extraordinaria ampliación del constructo responsabilidad que la obra de Hans Jonas, que la extiende en el tiempo, a las generaciones futuras, al desarrollo científico y sus consecuencias. El núcleo de esta preocupación se desplaza así de la esfera individual a la colectiva, del tiempo presente al futuro, de los contemporáneos a los que nos seguirán en las generaciones.

Tal vez lo esencial de un concepto bioético de política pública sea el ser responsable.

Esto significa: asegurar que las instituciones que la fundan y promueven sean justas, sostenibles y sustentables.

Justo es aquel espacio social en el cual los intereses individuales y los colectivos se complementan y brindan a todos los participantes la sensación de que se equilibran deberes y derechos. La justicia, virtud en Aristóteles, predicado de la buena república en Platón, adquiere en la versión postkantiana y contractualista de Rawls una condición que hoy se impone como esencial, cual es la de ser atributo de una sociedad democrática. Esta dimensión contractualista pone acento en las deliberaciones y procesos que harán que algo sea bueno por justo y no necesariamente justo por bueno. Pues lo que es bueno para unos puede no serlo para otros, así como lo que algunos tienen por fin otros lo considerarán medio. La virtud de una política pública no es sólo ser consensuada por los participantes. Es ser legítima y por ello justa. La justicia no es algo que posean individuos virtuosos sino característica del todo que es la sociedad. En tal sentido la ley, expresión de la voluntad general, manda, prohíbe o permite al amparo de su aceptación por quienes han de vivir bajo su imperio. La legitimidad no es lo mismo que la legalidad.

No es el texto que se impone sino el texto que se acepta el que interesa en la ley y la política pública. Es el texto construido por la costumbre, el uso tradicional, la moralidad general prerreflexiva del conjunto. Ello asegura que sea sustentable con buenos argumentos y sostenible porque permanece a través de las generaciones.

Cuando estas reflexiones se aplican al decurso temporal de la vida humana, es conveniente recordar que ésta es más biografía que biología. No importa tanto el tiempo cronológico sino el tiempo vivido. Este es un tiempo que en las personas está señalado por ser, esencialmente, una narración: la narración de sí mismas. Por ello decimos que el tiempo humano es “tiempo narrado”.

Las narraciones pueden ser hechas en primera, en segunda y en tercera persona. Vivir y envejecer son experiencias personales e intransferibles. La calidad de la vida es enteramente subjetiva. También conforma la propia vida lo que de ella dicen los “otros significativos”, parientes y amigos que contribuyen a formular el “sí mismo”, esa forma de ser que cambia manteniendo identidad. Finalmente, la vida se configura por lo que las instituciones sociales (y las políticas públicas) prescriben y proscriben, autorizan o prohíben.

Los discursos sobre la vejez, como estadio vital, y el envejecimiento, como proceso, no siempre coinciden. Las narrativas individuales (lo que se cree ser), las dialógicas (lo que otros conocidos me indican) y las públicas (lo que dice la tercera persona del texto universal de la ley) difícilmente coinciden. Ser y parecer, como decía Baltazar Gracián, son dimensiones permanentes. Su adagio era “trata de ser lo que deseas parecer”. Lo que deseas parecer ante ti y ante los demás.

El análisis interpela tres dicotomías: racional versus emocional, voluntario versus obligatorio, positivo (adicional a lo natural) versus remedial o compensatorio (restablece lo natural).

Toda política pública debe apelar a lo que se considera razonable y ser al mismo tiempo emocionalmente aceptable, distinguir lo que es obligación de lo que es voluntad individual y, finalmente, precisar aquello que se considera esencial (por natural) de lo que puede ser adjetivo (por lujoso). En estos tiempos de “medicina del deseo”, las personas no quieren solamente estar sanas. Quieren ser más bellas, más inteligentes, más longevas, más felices. La “economía del deseo” sugiere no solamente tener lo básico sino gozar de ventajas. La “política del deseo” pide no solamente conducción mínima sino plenitud de sentido en las prácticas sociales, transparencia en las decisiones, respeto de las diversidades.

Ninguna política pública, aunque sea debidamente consensuada y libremente aceptada, puede garantizar salud y felicidad universales. El argumento utilitarista de dar lo máximo al mayor número termina sacrificando a algunos en beneficio de otros. Lo que sí cabe esperar de una política pública “bioéticamente informada” es que brinde el espacio, los medios y los recursos para que cada cual construya su vida en convivencia y satisfacción. Y esta construcción es la narración de sí mismas que hacen las personas. Escuchando su propia voz, la de sus cercanos, la de la anónima comunidad en que vive.

Envejecer en una sociedad justa requiere que estas narraciones se aproximen. Que lo que cada uno cree satisfactorio, en la narración de su biografía, coincida con la opinión de quienes le son cercanos y con lo que dictan las prescripciones de la ley. Cuando ello se logra, si acaso se logra, podría decirse que la vida, en sus variaciones y cambios, en su destino universal de la muerte, se hace plenamente humana. Se aceptan las limitaciones, se agradecen los beneficios, se alienta la esperanza. Todas estas son condiciones de la vida que no sólo se vive sino que, además, es buena y es justa.

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