Proyecto de ley de universidades estatales: Reacciones ante los vacíos de la nueva ley

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El reciente anuncio del gobierno del proyecto de ley que regirá las universidades estatales gatilló la inmediata reacción de parte de la comunidad universitaria. Los reparos están en la propuesta de estructura de gobierno universitario, que iría en detrimento de la autonomía alcanzada por la U. de Chile desde la reforma de sus estatutos, la precarización de la situación laboral del personal de colaboración de la institución y la insuficiente propuesta de financiamiento a la educación pública superior, que dejaría a las universidades del Estado nuevamente a merced de la búsqueda de autofinanciamiento. Ante la contingencia, tanto el Rector de la U. de Chile como el Consejo Universitario expresaron sus críticas. Este último decidió “solicitar desde ya al Comité de Coordinación Institucional la confección y divulgación de un programa de acción que contenga las medidas que estime adecuadas para transmitir al país la necesidad de contar con una ley de universidades del Estado respetuosa de su autonomía y que refleje el compromiso efectivo con el fortalecimiento de la educación pública que la sociedad reclama”. Por su parte, los rectores de las universidades del Estado se manifestaron en una carta publicada por El Mercurio: “hay temas que deben ser redefinidos en profundidad, por cuanto la redacción actual implicaría un retroceso en el desarrollo de nuestras instituciones. Entre ellos destacan los referidos a gobierno, autonomía y participación; a los temas jurídico-administrativos y de regímenes contractuales de funcionarios; y al financiamiento basal de nuestras instituciones”.

Por Jennifer Abate y Ana Rodríguez

DANIEL ANDRADE, PRESIDENTE FECH: “El proyecto de ley de universidades estatales supone un retroceso al fortalecimiento de la educación pública, afectando a las universidades en tres ejes. En primer lugar, supone un atentado a la autonomía universitaria a través de una intervención del gobierno de turno en el Consejo Superior, órgano máximo de decisión, además atentando contra los estatutos decididos democráticamente en varias comunidades universitarias. En segundo lugar, precariza enormemente la estabilidad y las condiciones laborales de los trabajadores, al eliminar el límite del porcentaje máximo de funcionarios a contrata.

Por último, la reforma no plantea un real fortalecimiento a la educación estatal, manteniendo el límite de matrícula y prohibiendo un crecimiento sostenido que permita ampliarla. Además, el financiamiento propuesto es escaso para las necesidades de las universidades estatales».

ERNESTO ÁGUILA, DEPARTAMENTO ESTUDIOS PEDAGÓGICOS: “Preservar la autonomía universitaria en la forma de estructurar su gobierno interno es importante porque es una de las maneras de salvaguardar la independencia en la producción, uso y distribución del conocimiento de las universidades. Su compromiso debe ser con el Estado y no con los gobiernos, por lo que en la conformación de su gobierno interno debe estar fuera de los ciclos electorales y políticos, y entenderse con los gobiernos en una lógica de Estado.

El proyecto de Úes estatales afecta en su propuesta de gobierno universitario gravemente el principio de autonomía de la Universidad. Atenta contra la idea de que la comunidad universitaria es donde se deposita la soberanía de la institución universitaria; favorece un intervencionismo de corto plazo de los gobiernos de turno. Contrario a lo que se dice, favorece la captura de la Universidad para objetivos políticos contingentes. Priva a los estamentos de la Universidad del proceso deliberativo y democrático sobre la organización y sentido del quehacer universitario”.

RAÚL ATRIA, VICEDECANO FACULTAD CIENCIAS SOCIALES: “Cuando hablamos de autonomía universitaria en serio, apuntamos a la capacidad para determinar su proyecto de desarrollo académico incluyendo objetivos de corto, mediano y largo plazo; capacidad para decidir acerca de la gestión de los recursos necesarios para cumplir esos objetivos; capacidad para decidir la forma de gobierno que sea adecuada para la gestión académica, económica y administrativa de la institución; capacidad para determinar las formas apropiadas de vinculación con el medio y de interacción con el Estado. La autonomía es autodeterminación, vale decir, independencia del controlador externo, pero no es autarquía. El sujeto de la autonomía es la comunidad universitaria y por ello es que su ejercicio debe hacerse en forma participativa. En el interior de la universidad la autonomía es pluralismo; en el exterior es reconocimiento explícito de la autodeterminación”.

ROXANA PEY, EX RECTORA U. DE AYSÉN: “La tarea esencial de la universidad es conservar, generar y transmitir conocimiento y eso no puede hacerlo sin autonomía, que no es una simple declaración sino que está asentada en el ejercicio deliberativo, crítico y autodeterminado de la comunidad universitaria. Una universidad que no sea autónoma será impotente, un fraude social que no servirá al desarrollo de los habitantes del territorio que la acoge, un triste espejismo de lo que debiera ser. La ley interviene el gobierno de las universidades estatales de una forma que ni la dictadura aventuró, con una junta directiva que está por sobre todo, por sobre las comunidades y autoridades, con atribuciones amplias y que por la composición de sus integrantes, otorga el control al gobierno de turno del país. Es un nuevo intento artero por transformar la universidad en un engendro de empresa con repartición pública”.

VÍCTOR ORELLANA, INVESTIGADOR CIAE: “Autonomía no es propiedad privada ni auto-financiamiento, como fue reconceptualizada bajo el mercado educativo, sino capacidad de la sociedad de ingresar directamente a la Universidad y crear en ella, sin que tal mandato se reduzca a una orden burocrática del Estado. Por eso la autonomía en nuestro continente surgió junto a la idea de gratuidad y cogobierno. Hoy, tal ideal no supone solamente la capacidad de construir un gobierno institucional propio e independiente -aunque la integra-, sino que debe proyectarse en la transformación de las universidades públicas de tal manera que incorporen en sus aulas las dinámicas sociales emergentes. Una exigencia en tal sentido hacen los estudiantes hoy, luchando para que se respete la igualdad de género.

El proyecto del gobierno tiene muchos elementos, algunos de los cuales son positivos. No obstante, su sentido general es restringir la autonomía académica y política de las universidades al mismo tiempo que se aumenta su autonomía financiera y su flexibilidad para competir en el mercado”.

MARÍA EUGENIA DOMÍNGUEZ, ACADÉMICA ICEI, SENADORA UNIVERSITARIA: “El que las universidades estatales puedan autogobernarse y sean autónomas de los poderes políticos externos es un principio que se entiende en el marco de la historia de las luchas universitarias del siglo XX en América Latina por conquistar independencia de las elites oligárquicas y religiosas. Los movimientos pro reforma se plantearon la autonomía como un elemento esencial de la producción de pensamiento y conocimientos críticos cuyo objetivo es servir a los intereses colectivos de una sociedad. Las luchas por la autonomía universitaria hoy suman a lo anterior el poder realizar nuestra misión sin la presión del autofinanciamiento, del mercado o del gobierno de turno. Un gobierno universitario debe representar la voluntad de todos los estamentos, dialogar con las comunidades locales y nacionales en la toma de decisiones estratégicas y debe recibir un financiamiento pleno por parte del Estado para otorgar educación de excelencia con gratuidad. En este sentido, aunque financiadas por el Estado, somos universidades sin dueño y estamos al servicio los pueblos”.

LUIS RIVEROS, EX RECTOR U. DE CHILE: “Las universidades deberían tener autonomía en su gestión. Con rendición de cuentas, con la Contraloría, controles ex post. Pero no se puede resguardar teniendo supervisores, en un modelo que es muy propio de las empresas; las universidades privadas se pueden gestionar de esa manera, con representantes que no son necesariamente miembros de la comunidad respectiva. Pero en las universidades del Estado, particularmente en la U. de Chile, a mí me parece que no, porque con esto se borra de un plumazo el esfuerzo que esta Universidad ha hecho en términos de cambiar sus estatutos, de pensarse. Hicimos un largo trabajo sobre esa materia, de reconsiderar distintos aspectos de la gestión, de modelar una universidad como queríamos que fuera. Y yo creo, diez años más tarde, que esta institucionalidad ha funcionado muy bien, no veo dónde están los grandes conflictos, las grandes fallas, deficiencias que la autoridad de gobierno pueda haber detectado y que nosotros no vemos en el funcionamiento de esta institucionalidad que nos dimos”.

MYRIAM BARAHONA, PRESIDENTA FENAFUCH: “En el caso de las universidades estatales, para cumplir en forma cabal su misión es condición esencial el reconocimiento de su autonomía y el respeto a ella en sus diversos aspectos. Debe ser democrática, pluralista, participativa y con reconocimiento en una autonomía académica, autonomía administrativa y de gestión, reconociendo a su personal como funcionarios públicos y que están adscritos al estatuto administrativo y a la supervisión de la Contraloría General de la República; autonomía de gobierno interno y participación de sus comunidades, autonomía de regulación, autonomía de control, autonomía territorial y autonomía financiera. La relevancia de mantener la autonomía tiene que ver con qué tipo de gobierno nos damos al interior de cada universidad y con cómo, dentro de las diferencias y complejidades como individuos, somos capaces de construir comunidad universitaria, la cual es el alma de cada institución”.

ENNIO VIVALDI, RECTOR DE LA U. DE CHILE: “Los fundamentos definitorios y el sistema de gobierno de las universidades estatales deben empezar por reconocer lo que ha sido la historia de la universidad latinoamericana y chilena. La Universidad de Chile, incluso en los momentos más difíciles que tuvimos que enfrentar, supo defender el respeto por la opinión y la autonomía que esta comunidad tiene. Después, en democracia, generamos un estatuto y una forma de gobierno. Este hecho marcó un hito: por primera vez se contradijo un legado explícito del período dictatorial. Es impensable que todo ese proceso sea drásticamente cambiado sin que haya habido siquiera una discusión con la comunidad, o una evaluación del sistema tal como ha funcionado hasta hoy día. Ello constituiría una asimetría brutal entre la génesis del estatuto, con encuentros universitarios, debates amplios, referéndums, comisiones de estudio durante años y su descalificación por una decisión súbita. La universidad estatal es por sobre todo una comunidad de la cual son parte profundamente comprometida sus académicos, sus funcionarios y sus estudiantes. No corresponde tampoco debilitar la estabilidad de la pertenencia de ninguno de los tres estamentos. Tenemos que tener universidades verdaderamente públicas, lo que requiere un compromiso que el Estado asuma, un proyecto en que proponga cómo vamos a revertir la situación actual, del 15% que ocupan las universidades estatales.

Las gestas de la Universidad, una hace treinta años ante las arbitrariedades que quería imponer un rector delegado y otra, hace veinte, ante la ausencia de los cambios que se esperaban con el retorno a la democracia, constituyen un motivo de orgullo no sólo para nosotros sino para la historia de nuestra nación toda.

El proyecto debe contener, además de una fundamentación conceptual del ideario de universidad estatal, una instancia que agrupe a las universidades estatales entre sí y con el resto el Estado, promoviendo acciones mancomunadas en docencia, investigación, innovación y vinculación con el medio. Debe respetar formas de gobierno que unan y armonicen a la comunidad universitaria. Debe asegurar un accionar coherente en los temas jurídico-administrativos y regímenes contractuales de funcionarios. Debe garantizar un financiamiento adecuado de las universidades estatales que asegure las acciones conjuntas entre ellas y con la sociedad”.

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