Contra el Neoliberalismo y la Privatización: Las Universidades del Estado deben recuperar su misión

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Por Naín Nómez, Profesor Titular de la Universidad de Santiago de Chile, Profesor de Filosofía, Master of Arts de Carleton University y Ph.D de la Universidad de Toronto

Fotos Naín Nómez/ Vicerrectoría de Vinculación con el Medio de la Universidad de Santiago de Chile

La verdad es que me cuesta concebir una universidad que no sea estatal y pública. Estudié Filosofía y Literatura en el antiguo Pedagógico, que era una verdadera escuela de reflexión, imaginación y comunidad. Luego trabajé en la Universidad Técnica del Estado, donde el pluralismo y la diversidad se integraban con un proyecto de futuro nacional, que no por su abrupto final fue menos relevante para un país que todavía creía en las utopías. Y finalmente, después de que retorné de un prolongado exilio, volví a mi alma mater, ahora traslapada por la dictadura en Universidad de Santiago de Chile. La Universidad de Chile es creada en 1842 y la Universidad Técnica del Estado comienza en 1849 como Escuela de Artes y Oficios; pasa a ser el Instituto Pedagógico Técnico en 1944 y a partir de 1947 se convierte en la Universidad Técnica del Estado. En 1981, bajo el gobierno dictatorial, ambas universidades nacionales pierden sus sedes regionales y se fragmentan en múltiples entidades que pasan a ser universidades independientes, quedando sólo con sus unidades en la capital. Este recuento rápido da cuenta de la importancia histórica de las universidades estatales en el país y el rol reductor que les asignó la dictadura no sólo en el ámbito académico, sino también en lo que fue su influencia política, económica y cultural para Chile.

En definitiva, con la represión política y los cambios económicos que significaron la obediencia y pleitesía al neoliberalismo, las universidades estatales quedaron reducidas a su mínima expresión, con carreras básicas articuladas a las llamadas “ciencias duras” y un borramiento de todo intersticio que aludiera a la sociedad, a la política y a la creación artística crítica. Por un lado vino la fragmentación del sistema universitario estatal y por otro, el imperio del terror dentro de sus recintos y la desaparición de todo pensamiento transgresor a la finalidad modernizadora salvaje de la nueva institucionalidad impuesta por la dictadura y los Chicago Boys. En este mismo espacio, el apoyo del gobierno militar a algunas universidades privadas ligadas a la iglesia desarrolló una bonanza que les permitió agrandar sus espacios de influencia y contar con un incentivo económico directo e indirecto, que las instaló en un lugar relevante de la educación nacional, con las restricciones evidentes del sistema imperante.

A partir de los ‘90 la situación de las universidades del Estado no varió mayormente, sino que más bien empeoró. Con la entronización definitiva de la globalización y el intercambio de bienes culturales convertidos en bienes de consumo, las universidades privadas crecieron como callampas en busca de clientes. Las dos grandes universidades nacionales fueron fragmentadas durante la dictadura de Pinochet en 18 universidades, de las cuales 16 eran las sedes de regiones. Este sistema se ampliaba con las nueve universidades privadas tradicionales que existían antes de 1973. Entre el año 1990 y el presente, se crearon 34 nuevas universidades privadas, de las cuales la mayoría sólo debe su existencia a los empresarios de la educación que ya se habían entronizado en el sistema a través de la creación de colegios con fines de lucro. De esta manera, la educación superior chilena cuenta hoy con 61 universidades, lo que ha convertido a Chile en uno de los países que tiene más universidades en relación al número de sus habitantes. Como todos sabemos, una buena parte de la baja calidad de la educación que tenemos se debe a la privatización y mercantilización del sistema, con la consiguiente segregación económica y social. Hasta ahora resulta muy difícil establecer parámetros de calidad similares para instituciones que se rigen por la ley de la oferta y la demanda, la fragmentación de los mercados, la maximización de las ganancias y la masificación de la oferta, sin un control efectivo de un Estado que invierte en los clientes-estudiantes y no en la calidad de los programas.

Lo que tenemos hoy es un “pool” de instituciones con diferencias garrafales en términos de orientación, presupuesto, calidad de estudiantes y académicos, formas de ingreso, competitividad y proyecto educativo. El explosivo crecimiento de la cobertura estudiantil, que puede ser en cierto modo un mérito del sistema, ha convertido a la gran masa de estudiantes en iletrados con título, a nuestros directivos en operadores de mercadotecnia y a nuestros académicos en escribidores de artículos inútiles, pero indexados. En esto somos fieles discípulos de las políticas del norte del globo, que preconizan un modelo mundial de educación superior estandarizado, en el cual el Estado desaparece y tanto las carreras como las asignaturas serán modeladas por el mercado.

En un sistema que creció como una joroba de las leyes de la competencia neocapitalista, las universidades del Estado quedaron como una concepción anacrónica del pensamiento libre, la gratuidad educativa universal y el espacio académico como un lugar de reflexión y contribución a la sociedad. Con menos de un 15% de apoyo directo del Estado, las universidades disminuyeron su cobertura estudiantil y tuvieron también que ganarse la vida compitiendo por las matrículas y limitando carreras y postgrados, especialmente en las áreas de las ciencias sociales y las humanidades, las menos productivas históricamente, pero fundamentales para pensar desde la cultura el país que queremos.

Lo que está en juego en nuestros días es la posibilidad de que después de casi 45 años, las universidades del Estado puedan recuperar parte de su proyecto educativo: esto es, el de ser universidades públicas, universales, gratuitas y pluralistas. Ninguna universidad que tenga un solo enfoque, ya sea confesional, sectorial o como parte de una agrupación política, puede implementar un proyecto social en el campo de la cultura y de la investigación, y en el desarrollo de la democracia, o ser un factor igualitario en una sociedad con un carácter tan discriminatorio como la nuestra. En este sentido, la universidad estatal debe volver a proyectar cultura, a generar las ideas de nuestra época y de los tiempos que vienen. Por eso, no sólo es necesaria la investigación científica llamada “exacta” o “dura”, sino que es imprescindible renovar el campo de las ciencias sociales y las humanidades; hacer que nuestros estudiantes no sólo aprendan a manejar máquinas y tecnología, sino también a pensar y crear en un universo que la virtualidad ha ampliado, pero también atrofiado. La universidad-mercado no es universidad, es una feria. Crear e innovar en la era de la imagen y del exceso de información, más que un problema debe ser un desafío. Pero para eso se requiere un Estado que apueste por ellas, política, económica y culturalmente, y no siga dejándolas a la deriva del mercado neo y post liberal.

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