Ley de Universidades Estatales: Emerge una nueva fuerza en el escenario nacional

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Tras la aprobación de la idea de legislar, la última semana de septiembre comenzó en la Cámara de Diputados la discusión sobre el proyecto de ley de universidades estatales, de la que se espera permita introducir las modificaciones planteadas por las universidades estatales y con particular fuerza por la Universidad de Chile al plan que busca fortalecer a estas casas de estudio. Si bien los actores involucrados en esta discusión reconocen como un avance contar con un proyecto que valore de manera especial a los planteles estatales, aún hay muchas dudas sobre si la ley dará solución a los conflictos más acuciantes de las universidades del Estado.

Por Jennifer Abate C.

Diez votos a favor, uno en contra y una abstención definieron el 5 de septiembre de este año la aprobación de la idea de legislar el proyecto de ley de universidades estatales, una iniciativa largamente esperada por estos planteles, que desde 1981 sufren los embates de la falta de financiamiento de parte del Estado y la competencia por la matrícula y los recursos con las universidades privadas.

Precisamente porque permitía a las estatales salir del abandono, el Rector de la Universidad de Chile y Presidente del Consorcio de Universidades del Estado, Ennio Vivaldi, reconoció como un avance este proyecto, y manifestó en una carta a El Mercurio: “Los rectores y las comunidades de las universidades estatales hemos apoyado la dictación de una ley que las defina y distinga. El Estado chileno debe asumir su responsabilidad como proveedor de educación superior e impulsor de su actividad académica. Desde un comienzo nos sentimos convocados por la voluntad de este gobierno de reconstruir una educación pública, revirtiendo prolongados esfuerzos por disminuirla, tergiversarla y desnaturalizarla”.

Sin embargo, el camino de este proyecto, anunciado por la Presidenta de la República el 2 de junio, no ha sido fácil. Esto, porque tal como estaba enunciado originalmente, el proyecto no reconocía el carácter particular de las universidades del Estado y no respetaba su conformación y puntos de vista en tres materias fundamentales: autonomía y participación de la comunidad universitaria; situación de los funcionarios; y matrícula y financiamiento.

Frente a un escenario que la dañaba particularmente, pues implicaba modificar un Estatuto que fue construido en democracia y con participación de toda su comunidad, la Universidad de Chile inició una reflexión interna que buscó modificar el proyecto de ley original a fin de que respetara la autonomía universitaria. Las principales acciones de esta Casa de Estudio fueron organizadas por su Comité de Coordinación Institucional (CCI), una instancia que se materializó en octubre de 2016 y cuyo objetivo es ser un espacio de coordinación entre los órganos superiores y que cuenta con representación de la Rectoría, el Consejo Universitario, el Consejo de Evaluación y el Senado Universitario.

Conciertos abiertos a todo el público en Plaza Italia, jornadas de reflexión en los diferentes campus de la Universidad y una masiva concentración en el Salón de Honor de la Casa Central de la Universidad de Chile, donde más de dos mil académicos, funcionarios y estudiantes se reunieron para manifestar la necesidad de introducir modificaciones al proyecto de ley, fueron algunas de las formas a través de las que el CCI visibilizó el malestar de la Universidad de Chile.

El Ministerio de Educación recogió el guante y el Gobierno retiró el proyecto de ley del Senado y lo ingresó a la Cámara, lo que abría una oportunidad para realizar modificaciones que aseguraran el real fortalecimiento de las estatales. A fines de septiembre comenzó la discusión respecto a las indicaciones a la ley, y al cierre de esta edición el escenario aún era incierto, como lo demuestran las opiniones que a continuación les presentamos y que corresponden a los representantes del Comité de Coordinación Institucional de la Universidad de Chile.

Ennio Vivaldi, Rector de la Universidad de Chile

Durante todo este proceso, los rectores y las comunidades de las universidades estatales hemos apoyado la dictación de una ley que las reforzara y distinguiera. Desde un comienzo respondimos a la voluntad expresada por este gobierno de reconstruir una educación pública, revirtiendo prolongados esfuerzos por disminuirla y desnaturalizarla. Consecuentemente, era esperable que las universidades estatales y sus comunidades se movilizaran para mejorar la versión original del proyecto de ley. El objetivo buscado era que con esta ley el Estado chileno asumiera por fin su responsabilidad como proveedor de educación superior e impulsor de sus actividades de investigación, innovación y vinculación con el medio.

La Universidad de Chile tomó un rol protagónico en estas movilizaciones. Ese rol se expresó en actividades culturales en el espacio público, jornadas de diálogo, numerosas visitas al Congreso Nacional para exponer nuestros puntos de vista y una marcha multitudinaria por la Alameda. Las estatales entraron al debate público como una nueva fuerza dialogante y propositiva, motivadas por el impulso de alcanzar una ley que represente a sus estamentos y comunidades y que se encamine hacia un sistema universitario con autonomía y participación, un reforzamiento del concepto de comunidad universitaria; un aumento sustantivo de la matrícula; un financiamiento estable; y una articulación de las universidades estatales entre sí y con el resto de la esfera pública tras objetivos estratégicos de trascendencia nacional y regional.

Lo más importante: hemos obtenido grandes logros. Hoy es otra la percepción que la sociedad tiene de lo que son las universidades estatales, así como es otra la voluntad de los actores políticos para realizar cambios que las fortalezcan.

María Olivia Mönckeberg, Directora del Instituto de la Comunicación e Imagen, Premio Nacional de Periodismo

Lo que existe hoy no es lo que habría esperado como fortalecimiento de las universidades estatales. Para una universidad como la Universidad de Chile, que tiene un estatuto democrático, construido con mucha participación de su comunidad, el proyecto, tal como estaba planteado originalmente, antes de todo lo que ha conversado el Rector con autoridades, de las reuniones con la ministra Delpiano, de las exposiciones que hemos tenido en el Parlamento, habría sido desastroso, porque era un golpe a la autonomía universitaria y un sometimiento a criterios tecnocráticos. A pesar de que la situación mejoró en estas últimas semanas y esperábamos al cierre de esta edición que se incluyeran algunas importantes indicaciones, echo de menos un efectivo compromiso de real fortalecimiento. Porque no hay hasta ahora un aumento de presupuesto basal importante, ni se prevé crecimiento de matrículas -considerando que hoy sólo el 14% de los alumnos de pregrado del total de la educación superior son de universidades públicas-, ni un impulso a la investigación o a la creación. Creo -además- que en el sustrato de un proyecto de ley como el actual está la idea de que es necesario separar la gestión de la academia, que es lo mismo que pasa en la salud cuando se trata de separar a los médicos de la gestión; es necesario desmontar esa idea, porque quienes saben de gestión no son sólo los administradores, como nos quieren hacer creer. Y esa es una de las cosas complicadas del actual proyecto de ley. Asimismo, en todo el proyecto se percibe un criterio que parte de la desconfianza en las universidades del Estado y sus comunidades, y por eso trata de poner a estos personajes designados por el Gobierno en las juntas directivas -que ahora llaman consejos-, sin comprender el real sentido de la autonomía universitaria. Lo complicado es que el país requiere para su desarrollo y para asentar su democracia de universidades públicas sólidas y autónomas para garantizar su fortalecimiento.

Roberto Aceituno, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales

Es necesario comprender este proyecto de ley en sus alcances políticos en relación con el proyecto de “reforma” del sistema de educación superior. Dado que este pretendió abordar la reforma con énfasis en la gratuidad y con nula diferenciación y fortalecimiento de la educación superior pública, apuntó a consolidar el sistema actual, más que a reformarlo. En mi opinión, una verdadera reforma no puede sostenerse en el subsidio a la demanda vía gratuidad de aranceles sin distinguir instituciones públicas y privadas, porque al hacerlo de este modo termina por fortalecer el sistema privado -con recursos del Estado que se agregan al capital acumulado por una oferta empresarial-, que ofrece el 85% de la matrícula del sistema. Al mismo tiempo, al no favorecer el aumento de la matrícula en las instituciones públicas -regulando lo que debía aplicarse a la empresa privada- y peor aún, no ofreciendo recursos basales a las universidades del Estado, especialmente a las regionales, fomenta que estas queden libradas a su suerte en un país economizado privadamente al extremo. La lógica de la gratuidad sólo tiene sentido en un sistema donde la educación superior pública, es decir del Estado, se encuentre fortalecida. Este no es el caso.

Héctor Díaz, Presidente de la Asociación Nacional de Académicos de la Universidad de Chile

Como era de esperar, nuestra Universidad asumió un rol preponderante en la discusión democrática de la iniciativa, liderando el movimiento que se opone a esta ley de universidades estatales, transformándose en la única institución que no sólo rechazó los términos de la iniciativa gubernamental, sino que mostró capacidad de consensuar propuestas alternativas. Pero al margen de esto, el proyecto de ley actualmente en discusión no aborda una propuesta de financiamiento de las universidades estales. En la propuesta, que incluye modificaciones de última hora incorporadas por el Mineduc, no hay mención ni iniciativas al respecto, cuando todos estamos conscientes de que sin aportes económicos de mayor cuantía no será posible mantener un sistema estatal de educación universitaria precarizado y maltratado desde los años ‘80.

Myriam Barahona, Presidenta de la Federación de Asociaciones de Funcionarios de la Universidad de Chile

La Universidad de Chile, en todo este proceso de discusión de la nueva ley de universidades estatales, ha jugado un rol primordial para este proceso, ya que ha sido su comunidad la que ha puesto en la escena nacional la importancia de tener una institucionalidad democrática y participativa, así como un financiamiento que permita que se desarrollen todas sus capacidades académicas y de extensión, siendo estas un aporte para el desarrollo del país. En el ámbito de las condiciones laborales, hemos visibilizado la necesidad de que sus trabajadores tengan una carrera funcionaria integral, con remuneraciones acordes a la función, donde nos sintamos dignos de ser trabajadores universitarios.

Hoy ha quedado demostrado que nuestra voz es clara y fuerte, prepositiva y valiente, porque los funcionarios no académicos, académicos y estudiantes creemos que es un deber moral y ético que tenemos con el pueblo de Chile defender el futuro de las generaciones que vienen y su visión como sociedad democrática, pluralista y humana.

Cecilia Hidalgo Presidenta del Consejo de Evaluación, Premio Nacional de Ciencias Naturales

Es evidente que no todas las universidades estatales tienen el mismo nivel de desarrollo en nuestro país. Por esta razón, me parece que el Consejo de Coordinación de Universidades del Estado propuesto en la ley reviste gran importancia, pues permitiría el intercambio de conocimientos y disciplinas y haría posible, además, compartir la actividad científica para generar nuevos conocimientos en todos los ámbitos del quehacer humano, y que a su vez se espera que impacten sobre procesos de innovación.

Esta red articulada, de aprobarse en la versión final de la ley, permitiría la conexión efectiva de las universidades estatales en las diversas regiones de Chile, lo que aportaría al desarrollo del país no sólo en aspectos económicos, sino que también en aspectos sociales y culturales.

Davor Harasic, Decano de la Facultad de Derecho

Pese a la intención declarada del Gobierno de fortalecer las universidades estatales, el contenido del proyecto de ley que promueve revela que este responde más bien a la estructura de un eslogan. Las propuestas del Gobierno refuerzan la intervención del Estado en las universidades al no tratarlas como lo que realmente son: instituciones autónomas y libres de control gubernamental, condición necesaria para el cumplimiento de la función pública que les es consustancial.

Dos ejes fundamentales en relación a su autonomía, financiamiento y régimen de gobierno universitario, son particularmente problemáticos. En primer lugar, los fondos comprometidos son escasos y no establecen un plan de mejoramiento o aumento de la matrícula pública. En segundo lugar, falta el establecimiento de criterios objetivos para la distribución de estos recursos. ¿Se privilegiará a las universidades por su calidad, número de estudiantes, necesidades históricas, o bien según lo que convenga al gobierno de turno? La pregunta queda abierta, pero los incentivos están dados para favorecer a aquellas instituciones que sean menos críticas con la contingencia. Por otro lado, en materia de gobierno universitario, es evidente la vocación intervencionista del proyecto, cuestión que se refleja en el elevado número de representantes externos, y particularmente del Gobierno, en la composición de su órgano superior, lo cual instala un riesgo insoslayable de captura.

Guillermo Soto, Vicepresidente del Senado Universitario

El proyecto de ley de universidades del Estado tiene el mérito de manifestar el compromiso del Estado con sus universidades; un avance importante respecto de la situación de anomia en que hemos estado en esta materia en las últimas décadas. Más aún, las indicaciones que ha incorporado recientemente el Ejecutivo mejoran el proyecto original. La acción conjunta de la comunidad y las autoridades de la Universidad de Chile, entre ellas el Senado Universitario, sin duda, contribuyó de modo importante a estas modificaciones. El reconocimiento de la participación de los estamentos en el gobierno universitario y la creación de una red de universidades estatales constituyen dos ejemplos de aspectos positivos del proyecto.

Con todo, persisten deficiencias que deberían subsanarse en la discusión parlamentaria. Dos de ellas tienen especial relevancia: el aumento de la matrícula y el resguardo de la autonomía de las universidades estatales. Pensamos que, para avanzar hacia un sistema verdaderamente mixto, el proyecto debería establecer como objetivo estratégico nacional que, en cada región, el número de estudiantes que ingresan a universidades estatales aumentara hasta alcanzar, al menos, el del resto del sistema.

Por otro lado, el proyecto propone, para las universidades del Estado, un concepto de autonomía más restringido que el vigente en la actualidad, que considera esta tanto en su dimensión académica, como en la económica y administrativa. Pensamos que esta propuesta debe eliminarse, de modo que las universidades estatales mantengan la autonomía que les reconoce la Ley General de Educación.

*El presidente de la Fech fue consultado en varias ocasiones para tener su visión sobre este tema, colaboración que no logró concretarse.

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