La educación olvidada

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“La educación no puede ser gratuita”, “los trans sufren de una enfermedad que se puede sanar”, o “sólo una maquinación intelectual es capaz de decir que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo” son frases reales de parlamentarios chilenos. Opiniones expuestas ante un mundo que por años nos ha visto ratificar tratados de derechos humanos, sin que demostremos saber de qué se tratan. Porque a pesar de que ya han pasado 28 años desde que el retorno a la democracia prometió un país de garantía de los derechos humanos, Chile arrastra una deuda de la que poco se habla: la formación en esta materia. Y lo peor es que se nota.

POR BEATRIZ MICHELL

FOTOS FELIPE POGA / ALEJANDRA FUENZALIDA / ARCHIVO CENTRAL ANDRÉS BELLO

“Hay tratados que respaldan nuestras demandas”, tuiteó Giorgio Jackson al salir de la sede de Unesco en París, junto a Camila Vallejo, Francisco Figueroa y Gabriel Iturra. Era octubre de 2011 y la frase fue replicada en varios medios, como una revelación. Desde marzo, miles de estudiantes marchaban por las calles de Chile en demanda de una educación pública gratuita y de calidad, y por el fin del endeudamiento, intentando convencer a la sociedad chilena de que la educación no es un bien de consumo, como en julio de ese año había proclamado el Presidente de la República, Sebastián Piñera.

“Miremos la Declaración Universal de Derechos Humanos: ¡la educación es un derecho!, no es un negocio. La educación pertenece a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, exclama Abraham Magendzo, Premio Nacional de Ciencias de la Educación 2017.

De hecho, de los nueves instrumentos internacionales sobre el derecho a la educación que tienen carácter vinculante, Chile ha suscrito ocho, según Unesco. Uno de ellos es el Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales, ratificado por Chile hace más de 46 años. “El debate público, en distintas áreas, está cruzado por deficiencias en la formación que tiene la ciudadanía en materia de derechos humanos. Hoy en día prácticamente no hay espacios de discusión pública relevante que no tengan un vínculo, al menos, con una perspectiva de derechos humanos y, si no sabemos de derechos humanos, esos debates se ven bastante tergiversados”, dice Claudio Nash, Coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile y académico de la Facultad de Derecho.

Una promesa incumplida

El Instituto de Derechos Humanos (INDH) lleva años intentando fomentar la educación en derechos humanos en todos los niveles: uno de ellos es la escuela, donde niñas y niños deben cursar 12 años de educación obligatoria. Por eso, el año 2015, antes de la implementación del Plan de Formación Ciudadana, el INDH realizó un diagnóstico de la inclusión de la educación en derechos humanos en el currículum escolar. Entonces, encontraron que los temas de derechos humanos tenían una presencia relativamente importante en el currículum (cerca del 40% de los Objetivos de Aprendizaje Transversal se relacionaban con ellos).

Sin embargo, no se presentaban oportunidades para que estudiantes lograran una comprensión de qué son los derechos humanos, y tampoco recibían herramientas para saber qué hacer ante su vulneración.

“Si hablamos de buenas o buenos estudiantes, con buenos docentes que hicieron toda la pega y pasaron toda la materia, al final de cuarto medio no les queda muy claro qué son los derechos humanos”, dice Enrique Azúa, jefe de la Unidad de Educación y Promoción del INDH. Esto, a pesar de que desde las recomendaciones del Informe Rettig en adelante, pasando por casi todos los programas de los candidatos presidenciales, han hablado de la necesidad de implementar educación en derechos humanos. Michelle Bachelet no fue la excepción. En su programa 2014-2018 comprometió el diseño de “un Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos para todos los niveles educacionales”. Tras varias propuestas, discusiones y negociaciones, en enero de 2016 salió a la luz el Plan de Formación Ciudadana.

“El Plan es una promesa incumplida. Originalmente, se planteó que iba a haber formación cívica y en derechos humanos. Y al final del propio título se quitaron los derechos humanos. Me parece muy preocupante que nos contentemos con una educación cívica que termina siendo sólo formal, que debe estar, pero que no tiene un enfoque de derechos humanos”, dice Claudio Nash. En el Ministerio de Educación (Mineduc) reconocen que aún son muchos los desafíos en este ámbito, pero también creen que se ha avanzado en la incorporación del enfoque de derechos humanos de manera transversal en las diferentes asignaturas. Así lo afirma Jorge Schiappacasse, coordinador de la Unidad de Inclusión y Participación ciudadana del Mineduc, quien luego ejemplifica con la asignatura de Orientación: “que promueve una experiencia educativa en consonancia con los principios establecidos en la Constitución Política de Chile, la Declaración de los Derechos Humanos y la Convención de los Derechos del Niño”.

Enrique Azúa cree que efectivamente se han ido incorporando temas de derechos humanos al currículum, pero dice que eso no necesariamente se traduce en un enfoque de derechos. “Si revisamos los temas que debieran estar en el currículum, encontramos que casi todos están presentes, algunos más y algunos menos. Se tratan los pueblos indígenas, por ejemplo, pero eso no significa que estén tratados con enfoque de derechos humanos; lo mismo pasa con la población migrante”, dice.

Claudio Nash precisa lo planteado por Enrique Azúa: “Una cosa es transmitir contenidos formales en derechos humanos. Por ejemplo, que la gente sepa que existe una declaración universal en derechos humanos es valioso; pero otra cuestión es cómo se genera formación en derechos humanos, es decir, cómo las prácticas al interior de las salas de clases son respetuosas de ellos, cómo formamos desde los derechos humanos. Eso se da en el currículum y se expresa en la forma de relacionarnos unos con otros, en las situaciones de discriminación que pueden darse en el interior de los espacios educativos, por ejemplo”.

Schiappacasse explica que el Plan dispone de nueve objetivos que apuntan a promover el análisis crítico y ejercicio de una ciudadanía responsable, comprendiendo el sistema de derechos y deberes reconocidos en la Constitución y en el sistema internacional, y la diversidad social y cultural del país. “Este ideal”, dice, “permea no sólo a la educación formal en aula, sino también a los diferentes espacios garantizados de participación y diálogo al interior de los establecimientos”.

Abraham Magendzo sí piensa que el Plan de Formación Ciudadana es un avance, “porque el conocimiento no es una cosa que uno agarra del cielo, es un proceso continuo, de ir enfatizando. Entonces la formación ciudadana va a costar, la gente va a entender la educación cívica, pero no va a entender altiro que no basta con saber que existen los tres poderes del Estado, tenemos que aprender a comportarnos de manera distinta para ser ciudadanos dignos de una sociedad democrática”.

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Los eternos culpables

“Ahora, una cosa es influir en el currí- culum y otra cosa es lo que está pasando en la sala de clases”, dice Abraham Magendzo, refiriéndose a los profesores. “No todas las instituciones formadoras de maestros le hacen hincapié a temas de derechos humanos. Hay muy pocas universidades que tienen cátedras, diplomados o maestrías vinculadas a los derechos humanos y, particularmente, a la educación en derechos humanos. La mayoría de las universidades no le dan mucha importancia al tema, aunque, debo reconocerlo, hay algunas que sí”, agrega.

Enrique Azúa coincide con Magendzo y muestra una evidencia, ya que el INDH también ha revisado la formación docente: en las carreras de pedagogía identificaron las asignaturas que debieran tener algún contenido de derechos humanos. Según explica, en las mallas curriculares de las escuelas de pedagogía eso corresponde a un 8%, aproximado, de las asignaturas. De ellas, sólo el 0,04% incluía algún tema de derechos humanos. Desde el Mineduc, Jorge Schiappacasse reconoce que uno de los principales desafíos es la formación inicial docente.

De hecho, para la elaboración de los estándares pedagógicos y disciplinarios que el Mineduc debe entregar al Consejo Nacional de Educación este año, ya definieron cuatro ejes temáticos nuevos: enfoque de derechos, inclusión, interculturalidad y género. “Esto señalará un marco de elementos esenciales que todo futuro docente de educación de párvulos, básica, media o especial deberá lograr para generar oportunidades de aprendizaje de calidad en su futuro ejercicio profesional”, dice Schiappacasse.

Esto, aunque el futuro es incierto, ya que el concepto “derechos humanos” está ausente en el capítulo sobre educación del programa de gobierno del actual Presidente, Sebastián Piñera. En él sólo se compromete a desarrollar un “programa Educación para el Futuro”, que considera un Plan Nacional de inglés y otro de lenguas digitales.

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“Uy, parece que se nos olvidó una parte”

Pero Chile no es la oveja negra. Según Enrique Azúa, la educación en derechos humanos en todo el mundo empieza a tomar fuerza recién en los años ‘90. “Y esto tiene una razón: en 1948, cuando se establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se reconoce el ideal de los derechos humanos y, al mismo tiempo, se asume que estamos lejos de ese ideal. Entonces, para acortar esa brecha se establecen dos mecanismos: obligar, para lo que se crean las convenciones, los tribunales internacionales, etcétera; y convencer.

Durante los primeros 45 años se puso el énfasis en obligar”, relata. Esto, hasta la Conferencia de Viena, en 1993. “Ahí se dan cuenta: ‘Uy, parece que se nos olvidó una parte’, que es la parte de convencer, y ahí está el rol que tiene la educación. Entonces se impulsa la educación en derechos humanos”, explica Azúa.

Chile venía saliendo de una dictadura y recién se comenzaba a hablar de derechos humanos de manera libre y transversal, con un debate centrado en los crímenes de lesa humanidad más que en la promoción de los derechos humanos. Con los años, progresivamente se ha ido entendiendo la importancia de este tema entre los distintos actores del sistema educativo y, por supuesto, también en algunas universidades, que han levantado centros de derechos humanos, cátedras y otras iniciativas en esa línea. Sin embargo, todavía se ven problemas de derechos humanos que tienen sus orígenes en la falta de formación de quienes toman decisiones.

Por ejemplo, en 2004, Endesa inundó un cementerio indígena en Ralco al construir una central hidroeléctrica; en 2009, Codelco fue autorizada por la Superintendencia de Medio Ambiente a emplazar una central termoeléctrica en Puchuncaví, lugar ya saturado de contaminantes; y en 2017 falleció Joane Florvil, migrante, tras ser detenida y presuntamente torturada por un delito que no cometió. “Lo que uno puede pedirle a la Universidad se lo puede pedir a la formación en general: una cosa es transmitir contenidos formales en derechos humanos, pero otra cuestión es cómo se genera formación en derechos humanos, es decir, cómo nuestras prácticas son respetuosas de los derechos humanos. En las universidades muchas veces los ramos de derechos humanos son optativos, pero la Universidad no puede dejar de transmitir esos conocimientos mínimos a todos sus estudiantes”, dice Nash, y destaca la importancia de esto para las áreas de la salud, la ingeniería, las ciencias y la arquitectura, entre otras. “Porque ningún área del conocimiento está ajena a la dignidad del ser humano”, concluye.

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