La represion fronteriza la crisis de la democracia y el interes del empresariado

Share

POR LUIS EDUARDO THAYER

Sociólogo, Consejero del Consejo Consultivo Nacional de Migraciones del Departamento de Extranjería y Migración y miembro de la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas de la U. de Chile

Quizás como en ningún otro ámbito de acción del Estado, en la política migratoria se definen los contornos y el contenido sustantivo de la democracia, ya que los migrantes tensionan la promesa de un régimen basado en el acceso igualitario a los derechos para los habitantes de un territorio. En este sentido, la tensión entre migrantes y Estado democrático tiene su base en la institucionalización de la propia condición de migrante como una serie de restricciones y condiciones que la distinguen de la condición de ciudadano.

Esto implica que el acceso precario de los migrantes a los derechos no se agota en la exclusión social que enfrentan junto a otros grupos sociales como las minorías sexuales, los pueblos originarios, las mujeres pobres, los jóvenes marginados del sistema educativo, etc., sino que además es producida normativamente por una serie de reglas que institucionalizan las condiciones para esa exclusión.

Así, la política migratoria necesariamente se mueve entre la reducción al mínimo posible de este cuerpo de condiciones y su duración en la trayectoria del migrante y la creación de un marco normativo e institucional que convierta la condicionalidad en el acceso a los derechos de los migrantes en una situación permanente.

Las medidas que ha establecido el gobierno de Sebastián Piñera en las últimas semanas, así como el contenido del proyecto de ley que se ha reactivado en el Congreso instalan a Chile en el segundo escenario, poniéndonos en sintonía con las políticas restrictivas que vienen desde hace algunos años impulsando los principales países receptores de migrantes en Europa y Norteamérica.

Hace un par de años, en 2015, fuimos testigos de trágicas imágenes difundidas por los medios de comunicación en que cientos de migrantes y refugiados en su intento de llegar a Europa morían en el Mar Mediterráneo, mientras los que tenían la suerte de alcanzar la costa con vida eran encarcelados en centros de detención, asistidos por organizaciones humanitarias o reprimidos brutalmente por la policía.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados estimó que entre 2014 y 2016 más de 10.000 personas murieron en el Mediterráneo intentando cruzar a Europa. Este dato que ilustra lo que fue bautizado por los medios como la “crisis migratoria” no da cuenta, sin embargo, de una realidad nueva, más bien pone en evidencia la intensificación de una situación que viene ocurriendo desde hace al menos tres décadas en las fronteras europea y estadounidense.

En 2015 no comenzó nada, fue el año en que se superó el umbral de tolerancia de lo que hasta entonces era considerado por los Estados occidentales como las consecuencias “normales” de la represión fronteriza. Esto supuso una redefinición de las reglas del juego y de las demarcaciones en las que venía inscribiéndose la relación de estos Estados con los migrantes provenientes del tercer mundo.

Si bien desde su origen la democracia se ha construido sobre formas de exclusión social y de diferenciación entre ciudadanos y no ciudadanos, la emergencia en la segunda mitad del siglo XX de los derechos humanos como su referente sustantivo marcó un hito que justamente permitió tensionar este principio de exclusión fundante en la construcción institucional de la democracia. La represión en la frontera, por tanto, no contradice en principio la noción original de democracia sino que corroe la forma específica de democracia que los Estados occidentales decidieron darse a partir del término de la Segunda Guerra Mundial.

Lo que entró en crisis con la represión que visibilizó la “crisis migratoria” no fue, por tanto, la democracia como tal, que históricamente se ha fundado en la exclusión de distintos grupos: las mujeres, los esclavos, los plebeyos, los pueblos originarios, los pobres y ciertamente los extranjeros, sino la forma contemporánea de la democracia que ha pretendido sentar sus bases sobre los derechos humanos universales. La intensificación de la represión fronteriza que viene dándose desde inicios del siglo XXI en Europa y EEUU, y a la que la derecha chilena nos ha sumado con entusiasmo, es la radicalización de una política de Estado impulsada de manera continuada y sistemática desde el último cuarto del siglo XX y específicamente desde la década de 1980.

La crudeza y la visibilidad con que esto se expresó el 2015 es el punto culmine de una política de represión migratoria que cuenta con una consistencia de poco más de tres décadas y que con ciertos matices ha sido aplicada por la gran mayoría de los países desarrollados receptores de migrantes.

La crisis humanitaria que atraviesa México de sur a norte, en lo que algunos han definido como la frontera vertical, que se expresa en el macabro recorrido de la “bestia de hierro”, el tren de carga con el que miles de migrantes centroamericanos buscan llegar clandestinamente a Estados Unidos, o las masivas muertes que dejan los botes rebalsados de migrantes a su paso por las rutas marítimas en el Mediterráneo, no son otra cosa que consecuencias derivadas de la represión y la violencia directa que ejercen los Estados receptores en contra de los migrantes que intentan atravesar sus fronteras.

Las políticas de seguridad y control fronterizo en general logran parcialmente su objetivo de reducir los ingresos de los migrantes, sin embargo, consiguen también incrementar las muertes en los trayectos, incentivan las redes de trata y tráfico, incrementan la irregularidad y la vulneración de derechos en los migrantes, aumentan el costo de los traslados y contribuyen a estigmatizar a los migrantes que ya residen en los países de recepción y a los nuevos migrantes como residentes ilegítimos, lo que redunda en la discriminación y el racismo en las sociedades receptoras.

Las políticas de seguridad fronteriza activan así todo un complejo sistema de incentivos a la inseguridad migratoria. Las políticas restrictivas tienen consecuencias conocidas para el proceso de inserción de los migrantes, dificultan su interacción con la población nacional y precarizan su inserción en el mercado de trabajo. Lo que algunos han llamado la “paradoja de la necesidad del inmigrante indeseado” busca dar cuenta de esta dualidad que enfrentan los gobiernos, en que por una parte deben responder a la demanda por restricciones de una ciudadanía desinformada y asustada por la velocidad con que ocurren los proceso migratorios, y por otra, satisfacer la demanda estructural de trabajadores migrantes para la reproducción de los márgenes de ganancia en sectores muy relevantes de las economías, como la agricultura, la construcción, la hostelería o los servicios personales, entre otros.

Estas dos orientaciones que conviven en las respuestas públicas frente a la migración tienen su origen en la contradicción entre la cantidad de migrantes que los ciudadanos de los países receptores están dispuestos a tolerar y la cantidad de migrantes que demandan sus economías. En este sentido, es posible distinguir políticas públicas que se establecen como respuesta a las expectativas que tiene la población nativa y otras que se orientan a responder a la demanda económica expresada en las necesidades estructurales del mercado de trabajo y las presiones políticas de los gremios sectoriales.

La política migratoria se convierte en este sentido en un animal de dos cabezas, una de las cuales se afirma sobre las expectativas de la población y la otra sobre las demandas estructurales del mercado de trabajo y la estructura productiva. La política de represión fronteriza tiene la “virtud” de responder a ambas demandas y unir ambas cabezas: por una parte tranquiliza a la población nacional y sus temores, y por otra, institucionaliza las condiciones de precarización de la población migrante, lo que garantiza su explotación en el mercado de trabajo.

Previsiblemente, la dualidad entre condiciones de producción de los flujos migratorios y la disposición para la aceptación de los migrantes se van a potenciar en el corto plazo. Y es que ni los Estados de recepción parecen estar orientando sus políticas hacia la recuperación del fundamento de los derechos humanos para sus democracias, ni las condiciones de reproducción de los flujos parece que fueran a modificarse en los próximos años. La reproducción de la tensión entre las condiciones estructurales que incentivan los flujos migratorios, la represión Estatal en la frontera que busca frenarlos y la necesidad del empresariado local por mantener los márgenes de ganancia a costa de una fuerza de trabajo precarizada están llevando a la consolidación de la crisis definitiva de los derechos humanos como referente para la convivencia y la construcción de las democracias occidentales; Chile, con la definición de su política migratoria, ha entrado como el alumno aventajado en esta corriente de violencia y maltrato nacionalista.

Quienes estamos comprometidos con la construcción de un espacio público fundamentado en los derechos humanos y consideramos que el azar de haber nacido en determinadas condiciones sociales o a un lado u otro de una frontera no debe determinar el destino de las personas, tenemos una responsabilidad importante para organizar la disputa contra un estado de cosas que tiende a consolidarse no sólo en contra del principio de la justicia, sino incluso contra el esencial resguardo de la de la vida humana y su voluntad de autodeterminación.

Posts Relacionados

Palabra Pública en las redes sociales