Superar el mercado para construir educación pública no sexista

Share

Por Valentina Saavedra y Javiera Toro.

Secretaria general y encargada política de Izquierda Autónoma, respectivamente

Fotografías Alejandra Fuenzalida

El movimiento estudiantil ha vuelto a tomarse la agenda pública. Tal como lo hemos visto en los últimos diez años de manera casi ininterrumpida, la movilización estudiantil hace un llamado a la sociedad, visibilizando la desigualdad e injusticia ya casi totalmente naturalizadas de nuestro país. Esta vez no es el estudiantado tal como lo hemos conocido, sino que son principalmente las mujeres las que han tomado la batuta, paralizando universidades enteras, tomándose la agenda pública y llamando a diferentes fuerzas políticas y sociales a pensar y aportar desde y para el feminismo.

No es casual que la movilización feminista estalle en el sector educacional, el mismo que ha mostrado mayores condiciones de articulación y que a la vez es justamente uno de los espacios que más contribuye a reproducir los roles de género socialmente asignados y por lo tanto, la relación de poder y subordinación de mujeres a hombres. Si bien el estallido feminista de las universidades a lo largo y ancho del país nació como respuesta a la existencia de abusos, acosos y violencia sexual en general y ha logrado instalar el tema en medios de comunicación, generando empatía en gran parte de la sociedad, esto es la expresión más explícita de un entramado de violencia que vivimos las mujeres a diario en diferentes dimensiones.

La educación como espacio donde se piensan las generaciones que habitarán y desarrollarán la sociedad del futuro tiene la inmensa responsabilidad de responder a las expectativas de un país más justo e igualitario. Así, una conquista del movimiento feminista en Chile y el mundo es el ingreso masivo de mujeres al sistema educacional primero y al mundo laboral después, a partir de la década de 1980. Sin embargo, esta forma de incorporación de las mujeres al sistema productivo implica, por una parte, el aumento de la carga de trabajo, sumando una jornada en el trabajo formal sin reducir las labores de cuidados asignadas como labores no valoradas social y económicamente. Por otra parte, el aumento de cobertura educacional e ingreso masivo de mujeres a la educación superior han demostrado el fracaso de una promesa de integración social cuando se ha hecho a costa de mayor precarización de la vida. Esto, debido a que la masificación de la educación se ha sostenido en instituciones con proyectos educativos débiles, regidos por las lógicas del mercado y fines lucrativos.

De hecho, son aquellas instituciones las que mayor cobertura han entregado a la demanda educativa de las mujeres que aspiran a ingresar al campo laboral formal en carreras de bajo costo de implementación y bajas expectativas de remuneración, debido a que se relacionan a las características asociadas a lo femenino, como los cuidados, la sensibilidad y la creatividad, representadas en las pedagogías, el cuidado sanitario, carreras humanistas y artísticas. Es decir, labores imprescindibles para la sociedad pero menos valoradas en el mercado, que sin duda vienen acompañadas de una deuda por estudiar que perseguirá la vida profesional por años e incluso décadas.

A la vez, a pesar del ingreso masivo de mujeres a la educación superior, el sistema educativo se mantiene como un espacio que desde la temprana infancia reproduce culturalmente los roles de género que son base de la división sexual del trabajo y que la movilización estudiantil feminista ha venido a cuestionar.

Nuevamente, entonces, la sociedad movilizada hace un llamado a transformar la educación, lo que requiere de una profunda revisión del sistema actual y las reformas de la última década a raíz del movimiento de secundarios y universitarios el 2006 y 2011. Estas movilizaciones pusieron en cuestión la privatización de la educación en todos los niveles, que a fin de cuentas guía la educación y construye la sociedad en pos de los intereses empresariales, elemento que se ha visto amenazado por la presión social y que, sin embargo, las reformas emprendidas por los dos gobiernos de Michelle Bachelet han mantenido.

Para pensar y reformar desde sus cimientos el sistema educacional se requería independencia de los intereses que se sostenían en el negocio de la educación y por lo tanto, enfrentar al gran empresariado que ha hecho de nuestros derechos, un negocio. El primer gobierno de Michelle Bachelet y los cuatro años de gobierno de la Nueva Mayoría mostraron, en cambio, la lealtad inquebrantable que tenía con los intereses económicos de los holdings dueños de universidades y centros de formación técnica, de los bancos proveedores de créditos para estudiar y de la iglesia dueña de colegios particulares subvencionados, entre otros. Esto se evidenció en que los cambios realizados estuvieron lejos de fortalecer la educación pública y más bien, profundizaron los pilares del sistema.

En educación, sin duda hubo algunos cambios positivos, como la creación de centros de formación técnica estatales, la expansión de la cobertura JUNJI y el inicio de un tibio proceso de desmunicipalización. Pero sin desestimar aquello, la columna vertebral que articuló la reforma estuvo precisamente en regular el mercado educativo por sobre el fortalecimiento y la expansión de la educación pública. Así, las promesas de inclusión y fin al lucro y de gratuidad en la educación superior terminaron en límites y mecanismos de fiscalización al mercado y mayores subsidios estatales a los privados. De esta manera, la mayor regulación o la creación de la Subsecretaría de Educación Superior no amenazan los intereses de los mercaderes de la educación. En efecto, la inclusión escolar se financia con mayores subvenciones y la gratuidad funciona prácticamente como una beca, que discrimina según las condiciones individuales de los estudiantes e incluso financia instituciones investigadas por lucrar.

Ni la ley de educación pública, ni la de universidades estatales fueron suficientes para revertir la tendencia general, menos aún la de carrera docente, que puso a competir y clasificar a los educadores para definir sus remuneraciones.

Sin duda, la mayor deuda de la reforma educacional del segundo gobierno de Michelle Bachelet es la recuperación, fortalecimiento y expansión de la educación pública como único mecanismo para hacer retroceder al mercado educativo. Las expectativas decepcionadas fueron cobradas por la sociedad en la derrota de Alejandro Guillier y el ascenso de Sebastián Piñera nuevamente a la presidencia, lo que refleja que si bien la Nueva Mayoría desaprovechó el momento histórico de transformar la educación, la sociedad no ha renunciado a lograr avances en derechos sociales.

Los anhelos de cambio que hicieron surgir al Frente Amplio y le permitieron irrumpir en la escena política son el desafío principal de una nueva coalición. La recuperación de la legitimidad de la democracia requiere una política que represente la sentida demanda por derechos sociales, donde la educación ocupa una prioridad fundamental gracias a la continuidad de un movimiento estudiantil alerta y crítico. Para ello se debe dar un paso adelante, profundizando el debate sobre el tipo de educación que necesitamos para la sociedad que queremos.

Dicho paso es el que ha puesto sobre la mesa el movimiento estudiantil feminista al cuestionar el sexismo que reproduce nuestra educación, es decir, la asignación social de roles diferenciados a mujeres y hombres. Ellas dedicadas a las labores de reproducción, como el trabajo doméstico y los cuidados de otros en el contexto privado; y ellos a cargo del trabajo formal productivo, en el ámbito público. Esta discriminación influye directamente en los oficios, profesiones y espacios que ocupamos las mujeres, ya sea por obligación o decisión guiada por la culpa o los juicios sociales, que generalmente carecen de valor bajo las leyes del mercado. Es decir, son labores que requieren de un trabajo que siendo necesario para la sociedad, es invisible o menospreciado por el mercado y que por lo tanto se hace a costa de la energía, desgaste emocional y tiempo de las mujeres.

Esta diferenciación se expresa y reproduce en la educación formal, pues al estar organizada bajo la lógica del mercado, las carreras “feminizadas” cuentan con menos recursos que las “masculinizadas”. Las carreras feminizadas, a la vez, aspiran a un campo laboral más acotado, inestable y con menor remuneración. Entonces, la reproducción de desigualdad de género es inherente a un sistema de mercado que se guía resguardando las ganancias económicas a costa de los derechos sociales y las labores asignadas a las mujeres. Es por ello que para construir una educación no sexista se requiere pensar en una educación que supere las lógicas e intereses del mercado y sea orientada democráticamente por la sociedad, es decir, con más educación pública.

Cabe reconocer que la discriminación a mujeres y disidencias y la reproducción de roles de género no se generan sólo en la educación privada. En un sistema educativo mayoritariamente privado y hegemónicamente competitivo, todas las instituciones educacionales en Chile -incluidas las estatales- están obligadas a autofinanciarse y a competir por captar estudiantes, respondiendo finalmente a las reglas que pone el mercado. Es por ello que sólo una ampliación y fortalecimiento de la educación pública que pueda superar los límites del mercado permitiría repensarla de manera de terminar con su sexismo. Repensarla es un desafío irrenunciable para fortalecerla, ya que las instituciones públicas hoy carecen de una democracia que permita llamarles como tal.

La educación pública, para ser no sexista, debe poner en el centro su democratización, de manera que la acumulación de poder en su interior no sea posible, menos el abuso de éste. Primero con una estructura de relaciones democrática, que involucre a su comunidad y a la sociedad en la toma de decisiones y en su desarrollo, así como estructuras transparentes. Segundo, poner en el centro el interés de construir una sociedad más libre e igualitaria, por sobre el interés de controladores o accionistas. Para ello son necesarias lógicas públicas de financiamiento que permitan liberar al sistema educativo de las condicionantes del mercado.

La posibilidad de construir un sistema de educación no sexista que han abierto las movilizaciones feministas se juega entonces en superar los límites del mercado, fortaleciendo y repensando la educación pública, cosa que no hizo la reforma educacional. El desafío actual, entonces, es reabrir la reforma y saldar esa deuda con la sociedad.

Related Posts