Ciencia, universidad y bien común

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Una vez más, la discusión sobre el presupuesto de la nación obliga a preguntarse acerca de qué es importante para el país y qué no lo es: cuáles son las prioridades. Desde las academias y sociedades científicas y desde las universidades, se ha intentado llamar la atención sobre el hecho de que la inversión en ciencia y tecnología alcanza a tan sólo un 0,36% del Producto Interno Bruto.

El presupuesto y los reclamos nos llevan a considerar dos interrogantes. Primero, si 0,36% es mucho o poco. Segundo, si es a las personas e instituciones vinculadas a la academia a quienes les corresponde reclamar.

Para abordar ambas cuestiones sirve una analogía. Si en una población periférica hay una escuela y hay un consultorio a los que se asigna un determinado presupuesto, cabe preguntarnos a quién corresponde juzgar si ese presupuesto es mucho o poco y a quién interesa un aumento del presupuesto. No hay una cifra presupuestaria correcta de por sí, pues es la población la que debe valorar según sus propios intereses lo adecuado o no del presupuesto. Así como es también la población misma la que habrá de reclamar si sus expectativas no son cumplidas. No son los profesores quienes definen el valor de la escuela ni es el personal de salud quien define el valor del consultorio. Es la población donde están la escuela y el consultorio.

Del mismo modo, no corresponde a la academia juzgar si 0,36% del PIB para ciencia y tecnología es mucho o poco, porque, en realidad, eso depende de lo que queramos como sociedad. Si quisiéramos seguir siendo un país cuya economía se basa principalmente en la exportación de recursos naturales, incrementar ciencia y tecnología podría ser una pérdida evitable (y así parece haberse interpretado hasta ahora). Por el contrario, si quisiéramos diversificar nuestra matriz productiva y pasar a una sociedad con una economía basada en el conocimiento, ese porcentaje es, a todas luces, absurdo, y la meta, imposible.

No es en absoluto exagerado afirmar que la inversión en ciencia es una de las decisiones políticas más importantes que cualquier país, empezando por el nuestro, puede tomar. Promover u oponerse al desarrollo de la ciencia representa también un modo de perpetuar o desafiar la actual estructura socioeconómica de Chile.

Según los rankings que consideran objetivamente la investigación científica y el impacto social, Chile tiene una universidad entre las diez mejores de América Latina, la Universidad de Chile. Siete de las diez que componen esa lista son brasileñas. Brasil más que triplica a Chile en el porcentaje del PIB destinado a ciencia y tecnología. Debemos preguntarnos cuál sería la presencia chilena si tuviéramos un porcentaje semejante a Brasil. Y hacernos otra pregunta, ésta mucho más dolorosa: a cuántos jóvenes chilenos muy talentosos que podrían haber hecho grandes contribuciones a la ciencia les será negado ese derecho por rehusarnos a construir un entorno científico con la extensión y profundidad que merecemos.

Cuando enfatizamos la idea de bien común afirmando que el presupuesto para ciencia no es para los científicos sino que es para Chile, estamos también haciendo referencia a uno de los errores conceptuales más graves del sistema ideológico impuesto a las universidades chilenas desde 1981. A saber, la idea de que todos competimos por recursos, que esa competencia será motor de progreso para las universidades y para la ciencia, y que lo que uno gane será ganancia para uno y pérdida para los demás.

Estas ideas, que no sólo son muy poco atractivas desde una perspectiva ética, sino que son inoperantes y falsas al examinar sus resultados en el mundo real, han hecho mucho daño a nuestro sistema universitario y tergiversado nuestro debate reciente.

En este contexto, una muy buena noticia es la creación del Consejo Coordinador de Universidades Estatales. En el reciente debate nacional sobre educación superior las universidades estatales han defendido enfáticamente que la colaboración y la complementariedad son los fundamentos de la actividad académica. Este nuevo Consejo Coordinador habrá de facilitar la interacción de esas universidades entre sí y de ellas con el resto del Estado. De ese modo podrán incrementar su contribución de excelencia y compromiso al desarrollo nacional y regional.

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