Quién vigila a quién: las redes sociales en tiempos de crisis

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Las semanas de protestas en Chile vuelven a poner en discusión el uso de plataformas como Twitter y Facebook en medio del estallido social, más allá de su utilidad para organizarse o difundir información. Vladimir Garay, Director de Incidencia y Comunicaciones de la ONG Derechos Digitales, habla sobre cómo este contexto político obliga a debatir en torno al papel de las tecnologías en democracia.

Por Florencia La Mura / Foto: Felipe PoGa

El salto de torniquetes coordinado a través de redes sociales por escolares fue la mecha que prendió el estallido social actual. Pero la discusión en torno a si estas tecnologías ayudan a articular los movimientos sociales no es nueva: las manifestaciones de 2011 de la Primavera Árabe o del Occupy Wall Street, en Nueva York, ya plantearon la discusión en torno a cuán importantes son las redes sociales en estos contextos de protesta. Para Vladimir Garay, periodista y Director de Incidencia y Comunicaciones de la ONG Derechos Digitales, esta visión responde a una mirada poco crítica sobre su uso: “Esta crisis en Chile demuestra cuáles son los márgenes ideológicos y los potenciales problemas que tienen estas tecnologías”, explica. Porque así como es posible coordinar distintos tipos de manifestaciones mediante estas plataformas, además de registrar violaciones a los derechos humanos, también pueden jugar en contra a través de ciertas censuras de contenidos y posibles riesgos de seguridad vinculados a prácticas como el reconocimiento facial o el monitoreo de redes sociales.

—El término “objetividad” tiende a usarse bastante al momento de informar, y eso también corre para hablar de internet como un “espacio neutral”, cuando en realidad detrás de toda empresa hay poderes económicos y políticos operando. ¿Cómo entender esto, específicamente en el contexto que se encuentra Chile?

Las redes sociales tienen esta idea de que son plataformas donde la información puede circular libremente, un discurso que es muy inocente. Hace unos años se decía que instauraban una horizontalidad total, que como todas las personas y entidades tenían el mismo acceso a internet y a plataformas, significaba que esos contenidos competían en igualdad de condiciones, desde una mirada muy economicista y liberal, lo que no es cierto. Hubo un discurso así en torno a la Primavera Árabe, donde se presentaba a las redes sociales como causantes de las revueltas. En el fondo, se usó para hacerle promoción a las empresas de Silicon Valley, por lo que hay que mirar con reticencia esa postura.

Si bien las redes sociales han sido una herramienta muy útil a la hora de organizarse, expresarse y también para documentar imágenes de violaciones a derechos humanos, hay que ver cómo influye la arquitectura misma de la tecnología. El mismo diseño de las plataformas y las normas que la rigen, muchas de ellas automatizadas, promueven ciertos discursos y dificultan otros. Lo vemos en cuentas de Instagram que se dedican a compartir registros de las protestas: muchos están siendo removidos o censurados porque las normas de uso impiden la divulgación de imágenes explícitas de violencia, que en términos generales me parece correcta, pero en el marco de la protesta social toman valor por ser el registro de una violencia estatal. El modo en que está pensada la plataforma no considera que una policía represora genere ese tipo de daño, y esas imágenes se vuelven no aptas, paradójico a cómo estas mismas plataformas se publicitan como grandes catalizadores de cambios sociales. Esta crisis nos demuestra cuáles son los márgenes ideológicos y potenciales problemas que tienen estas tecnologías.

—Las redes sociales han servido para viralizar y difundir información, pero a modo general los gobiernos no suelen considerar las demandas que circulan en estas plataformas. ¿Se puede entender internet como un nuevo espacio serio de discusión pública, donde se planteen temáticas que lleguen a la agenda política?

La distinción entre aquello que ocurre dentro y fuera de internet es cada vez menos clara. Las redes sociales se han convertido en un escenario más de la protesta, y se ve en cómo la gente habla sobre el tema, las imágenes que suben, ya sea en tono de denuncia o de solidaridad. Si es posible articular demandas y que puedan llegar a la agenda política, me parece que sí, pero es un espacio tan amorfo como puede serlo cualquier espacio físico en el cual ocurre una conversación o un cabildo. Es un espacio valioso, desde donde se recogen ciertas demandas, pero hay que tener cuidado, porque a diferencia de lo que ocurre en un espacio físico, son susceptibles de ser distorsionadas. Estoy pensando en ejercicios como el de Chilecracia. Frente a la fachada de una discusión abierta, democrática y horizontal, lo que puede haber es un ataque de grupos de interés que están intentando sobrerrepresentar una opción. Hacer eso en una discusión cara a cara es más complicado. Creo que sí, internet puede ser un espacio de discusión serio, pero hay que tomárselo con una serie de cuidados previos y con ánimo crítico de esas soluciones tecnocráticas que piensan que esta problemática política puede ser resuelta a través de un par de algoritmos. Chilecracia es una muestra de eso, te obliga a tomar decisiones entre cuestiones que no son dicotómicas, como el alza de un sueldo mínimo y una nueva Constitución. ¿Por qué no tener las dos?

—En ese sentido, y considerando las conversaciones que han surgido sobre una nueva Constitución: ¿crees que las redes sociales e internet podrían aportar al debate en torno a cómo articular este movimiento social?

Una de las grandes interrogantes es cómo articular las demandas, generar procesos que sean participativos y que la clase política los entienda. Es algo que la gente quiere y donde internet puede aportar. Hay que tomarlo con cuidado eso sí, porque las tecnologías no son neutrales, son falibles, están expuestas a ser explotadas, atacadas, y también influye cómo la gente se relaciona con internet, los distintos usos que hacen de ella a partir de condiciones que son socioeconómicas y culturales. No estoy tan seguro de que internet sea la respuesta: si bien podría jugar un rol, no creo que la solución sea armar cabildos por internet o algo como Chilecracia. La primera prioridad es poder generar algún acuerdo en torno a cómo se canalizará toda esta discusión. Me parece interesante el ejercicio de reunirse y discutir qué país queremos, y es importante que esos ejercicios no sean sólo de educación cívica, sino que puedan tener un cauce político real. Si eso ocurre dentro o fuera de internet, eso se verá después, pero esa opción puede ser más problemática que otra cosa.

—Varios hechos, como que se haya informado que Carabineros vigila a dirigentes sociales, que se están vigilando tuits venezolanos y rusos sobre el movimiento, sumado a que el ministro Blumel pretende “mejorar la inteligencia policial”, dan a entender que el seguimiento a través de la tecnología va en aumento, tal como pasa en el resto del mundo. ¿Qué marco legal sostiene la privacidad de las personas en un contexto donde se vuelve más difícil protegerla?

En situaciones como estas hemos visto que hay una forma de proceder de la policía que raya en un área gris del debido proceso. Se ha visto en casos de persecución a activistas mapuche y se ha repetido en las protestas de las últimas semanas, actos que tienen una legalidad bien dudosa o son completamente ilegales. No existe ninguna manera de obligar a las policías a transparentar cuáles son las actividades, las herramientas y el uso que le dan a éstas en sus investigaciones. Están monitoreando internet, pero no hay ninguna claridad respecto a lo que eso significa. Una cosa es revisar fuentes de acceso abierto, como una cuenta pública de Twitter o un grupo abierto de Facebook, y otra cosa es intentar tener acceso a información que no es pública. Sabemos que hace unos años la PDI compró la licencia del software Hacking Team. No sabemos cuántas veces se usó, en qué tipo de casos y para recolectar qué tipo de pruebas. No hay información sobre eso y es posible que existan graves vulneraciones al debido proceso y a los derechos fundamentales de las personas que no están siendo registradas porque no hay manera de saber que están ocurriendo.

El monitoreo de redes sociales con fines intimidatorios puede tener ribetes de persecución política, como en el caso de Cristóbal Yessen, boxeador y defensor de los derechos de los niños y niñas, que según él fue detenido y torturado por mensajes que ha compartido en Twitter. Otro caso que nos llegó a Derechos Digitales fue uno en que a una persona se le invitaba a declarar voluntariamente en el marco de una investigación a raíz de un mensaje que publicó en Twitter, y nuestra conclusión fue que la citación fue un intento de amedrentamiento. Además, se abren preguntas sobre cómo se establece el nexo entre cuenta y persona, su identidad y su dirección. Es un problema que no sólo ocurre en Chile. Investigando las tecnologías de reconocimiento facial en Latinoamérica, la respuesta que tienen las organizaciones que quieren saber cómo funcionan éstas es que es información clasificada, que por razones de seguridad nacional no pueden ser reveladas. En Chile pasa lo mismo.

—La persecución a través del reconocimiento facial no es nueva. En Las Condes se implementaron drones para “aumentar la seguridad”; lo mismo ocurre cuando se sube material donde son visibles las caras de los manifestantes.

Hay una reflexión interesante en torno al valor que tiene la protesta, como una forma válida de articular demandas y cuáles son las condiciones que permitan que se articule. Tener un espacio público donde no haya tecnologías de reconocimiento es parte de eso. Si hubiese algún sistema de reconocimiento facial implementado en Santiago o en el metro, como hay en el de Valparaíso, probablemente nada de lo que ha pasado en Chile —en cuanto a manifestaciones multitudinarias— hubiese ocurrido. La protesta hubiera sido reprimida y extinguida porque las identidades hubiesen sido reconocibles.

Que la gente quiera documentar lo que está ocurriendo en las calles es muy legítimo, sobre todo porque los medios tradicionales han sido muy reticentes en mostrar abusos policiales, y también para que estos crímenes no queden impunes y las responsabilidades políticas sean asumidas. Es probable que en unas semanas o meses esos videos sean usados como pruebas, pero hay una serie de condicionantes que las pruebas deben contemplar para que sean admitidas y hay que tener ojo con eso, porque en este contexto la autoridad siente un deseo intenso de encontrar responsables. Ese afán es una de las razones por las que los procesos investigativos pueden ser malos y lo hemos visto ya muchas veces.

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