Las infancias de la crisis

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Por Camilo Morales Retamal

La crisis social y política de nuestro país ha instalado en el centro de la reflexión el problema del malestar como efecto de la violencia estructural que recae, bajo diversas formas, sobre las vidas cotidianas de los ciudadanos y ciudadanas. La indignación está dirigida hacia un sistema que se percibe como indolente y vulnerador, pues no reconoce los efectos de su accionar, particularmente cuando se trata de formas de vulneración y abuso que comprometen la dignidad del otro y los vínculos de confianza, elementos necesarios para configurar una sociedad democrática y justa.

Lo que hoy estalla y hace crisis proyecta sus esquirlas en diferentes campos de la sociedad. Los graves efectos de la violencia no sólo se circunscriben al periodo del estallido, sino que en varios casos recorren cicatrices que hablan de un sufrimiento anquilosado en las experiencias cotidianas de algunos grupos que, en clara desventaja, no han encontrado por parte de las instituciones respuestas que ofrezcan un porvenir. Dentro de este grupo se encuentran niños, niñas y adolescente que, en medio de la crisis social, nos interpelan en al menos dos dimensiones: la vulnerabilidad y la capacidad de participación.

Históricamente invisibilizados y silenciados, los niños y jóvenes de nuestro país han ocupado un lugar determinante en esta crisis. No sólo como los artífices del momento inaugural de las manifestaciones, a través de las evasiones masivas en el metro, sino también como un grupo de la sociedad que ha desafiado los discursos e imaginarios hegemónicos sobre la infancia.

“La crisis social nos recuerda que el niño vulnerable no sólo queda excluido de participar de la vida ciudadana y política, sino que también permanece expuesto a la violencia impune de las instituciones”.

Uno de estos discursos recae sobre la idea de vulnerabilidad y protección. En el contexto de crisis social se ha promovido la idea de que los niños deben ser protegidos contra toda forma de violencia y, en consecuencia, deben ser marginados de cualquier espacio de manifestación y expresión de demandas ciudadanas. Paradójicamente, por décadas se les ha vulnerado impunemente a través de la fuerza policial y políticas públicas que en nombre de la protección y la caridad han terminado por producir un daño irreparable que se traduce en negligencia y maltrato sistemático por parte de algunas instituciones del Estado, pero también en la ruptura de los vínculos y el desarraigo de espacios de pertenencia con sus entornos y comunidades.

El niño vulnerable, objeto de la protección, es considerado como incapaz y dependiente; el sistema puede garantizar su supervivencia, pero avasallar su experiencia subjetiva. Así se ha evidenciado en los últimos 30 años —incluso tras la ratificación de la Convención de los Derechos de la Niñez—, pues pese a todas la recomendaciones y observaciones que establecen la urgencia de diseñar e implementar un sistema de cuidado de las infancias que responda integralmente a sus necesidades y acompañe sus trayectorias de vida, se ha optado por mantener políticas de carácter atomizado que producen la fragmentación del niño en programas e intervenciones que no dialogan ni se encuentran. La crisis social nos recuerda que el niño vulnerable no sólo queda excluido de participar de la vida ciudadana y política, sino que también permanece expuesto a la violencia impune de las instituciones.

Crédito: Fabián Rivas

La contracara de la infancia vulnerable es aquella que interpela al discurso hegemónico a través del despliegue de acciones que promueven el cambio y demandan mayores espacios de reconocimiento y participación en ámbitos de decisión que afectan la vida cotidiana y los entornos más próximos. De este modo, la infancia emerge en su dimensión política y ciudadana, cuestión que resulta problemática y genera enormes resistencias en el discurso oficial. ¿Cuáles son esas resistencias? En primer lugar, la arraigada desconfianza de los adultos en las capacidades de los niños para ser considerados agentes de cambio. En segundo lugar, la presión social e institucional que se ejerce a partir de la preponderancia de la protección, por sobre cualquier otra visión, de los niños, dada su condición de especial vulnerabilidad.

La necesidad de participación de niños y jóvenes a partir del estallido social, que se ha expresado por medio de diversas formas de resistencia, es de alguna forma el retorno de una demanda que históricamente ha sido sofocada, pero que hoy da pruebas de su vigencia en el marco de un eventual proceso constituyente. Se trata de un proceso que para su legitimidad requiere reconocer el lugar de las infancias y las juventudes en el marco de una nueva relación con el Estado.

La reparación del daño que históricamente ha provocado la institucionalidad a los niños de nuestro país podrá realizarse en la medida en que existan gestos profundos, que den prueba de un interés genuino por recomponer los lazos sociales a través del reconocimiento constitucional de los derechos fundamentales de niños y jóvenes. A partir de ahí se tendrá que repensar su papel en la sociedad considerando los efectos que esta crisis ha generado al cuestionar las lógicas tradicionales del poder y, además, la manera en que se desafían los límites y los imaginarios de la participación bajo el precepto de que esta crisis es la posibilidad de repensar las infancias y también su lugar en un nuevo contrato social.

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