Edición especial: Pandemia

Si bien los desastres socionaturales afectan a todas las comunidades, sus efectos más dramáticos se producen sobre aquellas que viven en situación de pobreza y vulnerabilidad. La academia tiene la obligación de proveer conocimiento que permita trabajar de manera urgente con poblaciones como las que fueron más afectadas por los megaincendios del pasado verano en Chile.

Por Leonardo Moreno, Director Ejecutivo Fundación Superación de la Pobreza

Foto Alejandra Fuenzalida / Felipe PoGa

Todo intento de medición objetiva de un fenómeno tan complejo como la pobreza que afecta a nuestras sociedades siempre será solo eso, apenas un intento por reflejar a través de una potencial capacidad de consumo una realidad que difícilmente encaja en una medición limitada. Por ello, al incorporar Chile la medida de pobreza multidimensional (MPM), los avances en indicadores más comprensivos de la realidad son auspiciosos.

La entrega de los resultados de la Encuesta Casen 2015 contó por segunda vez con esta medición complementaria a la medición por ingresos, y aun cuando sigue siendo un dato sintético que se propone capturar una realidad compleja, la MPM permite profundizar en las diversas áreas que afectan el bienestar de las personas, auscultar lo heterogéneo que es el fenómeno de la pobreza, como lo hemos comprobado empíricamente a través de nuestro estudio “Voces de la pobreza. Significados, representaciones y sentir de personas en situación de pobreza a lo largo de Chile”, de 2010, y asimismo rescatar una visión más comprensiva e integral de nuestro país.

La MPM sumó a las cuatro dimensiones ya existentes en la entrega de 2013 (empleo, salud, trabajo y vivienda), las dimensiones de “vivienda y entorno” y “redes y cohesión social”, aspectos fundamentales para entender situaciones como la discriminación o la sensación de inseguridad, y cómo inciden en la vida de quienes experimentan la pobreza. Esta nueva medición ha puesto “en jaque” ciertas características negativas de las políticas sociales chilenas como su estandarización (homogeneidad en un territorio geográfica y culturalmente diverso), su sistema de focalización (que ha evolucionado hacia el Registro Social de Hogares, pero que aún sigue con foco en los “teneres” por sobre otras necesidades humanas), su falta de participación ciudadana (nula injerencia en todos los ciclos de la política) y su centralismo (escasa autonomía política y presupuestaria de gobiernos locales y regionales), entre otros aspectos. El perfeccionamiento de una mirada multidimensional la vuelve humanista y nos permite ver los rezagos de políticas centradas en el gasto focalizado para aliviar carencias en los ingresos de las familias, fuera del mercado del trabajo.

Desde esta lógica, la MPM es una oportunidad para que nuestras políticas se pongan a la altura del perfeccionamiento de los indicadores que son utilizados por ellas mismas para los análisis y toma de decisiones. Así, algunos pasos en dirección a conseguir coherencia entre las políticas sociales y la MPM son la coordinación intersectorial; la pertinencia y por tanto, la incorporación de un enfoque territorial; el cambio de mirada desde los que “tienen menos” hacia los que requieren “hacer más” y “ser más” en el contexto social; y una real y efectiva participación social, que comienza en la acción de escuchar a las comunidades afectadas por los problemas.

Detrás de esta mirada coexisten dos enfoques complementarios: el de capacidades, desarrollado por el premio Nobel Amartya Sen, quien nos propone que la pobreza es el resultado de un débil desarrollo de las capacidades del ser humano por falta de oportunidades para desplegarlas, lo que lleva a que muchas personas no puedan elegir el rumbo de sus propias vidas. Por otra parte, la teoría de la vulnerabilidad se pregunta por el nivel de capacidad que los hogares y comunidades tienen para enfrentar shocks o siniestros tanto internos (una enfermedad) como externos: pérdida de empleo, desastres socionaturales, etc. Estos últimos muestran el nivel de desarrollo de las comunidades dependiendo de las herramientas para hacerles frente. Así, un terremoto como el de Haití del año 2010, de intensidad 7.3 (Richter) y en el que murieron 316.000 personas, muestra su fragilidad como sociedad al compararse con el terremoto de ese mismo año en Chile, de intensidad 8.8 (Richter) y en el que fallecieron 525 personas.

Los desastres naturales dejan en evidencia, cada vez que se presentan, la existencia de comunidades extremadamente frágiles que carecen de políticas de protección que reduzcan el riesgo al que constantemente se enfrentan. Es el caso de la población devastada por los megaincendios de este verano en Chile.

El desafío que tenemos como país y particularmente el Estado y sus políticas públicas es reducir los riesgos que enfrentan los hogares. Aquí entra en juego la denominada “Estructura de Oportunidades” (EO) (como consta en Estructura de Oportunidades y vulnerabilidades sociales, aproximaciones conceptuales recientes, de Carlos H. Filgueira). La EO de una sociedad está conformada por aquellas oportunidades que brindan el Estado, el mercado y la sociedad civil, que en conjunto permiten que los hogares utilicen recursos propios, los transformen en activos; o bien, se provean de nuevos recursos. Todo hogar posee recursos (bienes tangibles e intangibles), activos (recursos que se movilizan para aprovechar la estructura) y pasivos (barreras para utilizar ciertos recursos, por ejemplo, el machismo).

Desastres y vulnerabilidades

Resulta claro que Chile no puede seguir enfrentando siniestros socionaturales de gran envergadura, que son cada vez más frecuentes por diversas razones, entre ellas, el cambio climático, con el mismo enfoque de política social, la misma institucionalidad y el mismo tipo de gestión que ha implementado hasta hoy. Los resultados muestran falta de prevención sistémica, planificación y respuesta adecuada y pertinente.

La gestión del riesgo, en este sentido, debe ser un eje transversal a todos los sectores. Así, no se tratará solo de que la política de vivienda esté enfocada en disminuir el déficit habitacional. Deberá también revertir la segregación, asegurar la construcción de barrios con una distribución geográfica segura, buenos servicios de transporte, educación, salud, emergencias. De esta manera, una mirada multidimensional permitirá reducir los riesgos.

La región de Valparaíso, por ejemplo, es un escenario emblemático donde se han presentado siniestros socionaturales diversos, en sus causas y manifestaciones: escasez hídrica, contaminación ambiental, incendios forestales y estructurales. Ejemplos como los de Valparaíso ponen en jaque las capacidades institucionales, normativas y programáticas locales y nacionales. En este marco, nuestro estudio cualitativo “Jugando entre riesgos”, desarrollado con el Civdes de la Universidad de Chile y realizado en dicha región, evidenció cómo los desastres socionaturales tienen efectos profundos en la vida de niños y niñas que se encuentran en contextos de pobreza y exclusión social.

Las comunidades en pobreza son siempre los más afectados tanto por las catástrofes como por las externalidades negativas de nuestro modelo de desarrollo. La academia, en este sentido, debe aportar más evidencia al respecto. Conocemos las características de la pobreza o de las brechas sociales en determinada población, tenemos certeza de que vivimos con altos niveles de vulnerabilidad, pero nos falta mucho por recorrer en cuanto a la evidencia que nos permita profundizar en la vivencia de los efectos de determinados desastres, que pueden marcar la vida de generaciones completas de una comunidad y que pueden afectar el bienestar de nuestros niños y niñas.