Ollas comunes: lección de resistencia y solidaridad en tiempos de crisis

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Igual que hace más de 30 años, cuando las ollas comunes se convirtieron en un fenómeno generalizado para combatir el hambre en dictadura, hoy vuelven a aparecer en todo Chile debido al alto número de cesantía que trajo consigo la pandemia y las medidas de cuarentena obligatoria. Autogestionadas, sin colores políticos y con mucho corazón, las ollas comunes son la bandera de lucha de un pueblo capaz de organizarse por sí solo en momentos adversos, y al mismo tiempo son el reflejo más crudo y doloroso de la desigualdad y vulnerabilidad social que a estas alturas es imposible esconder.

Por Denisse Espinoza A.

Ese 18 de mayo otra olla a presión explotó. Venía bullendo hace tiempo, vacía de alimento, pero llena de necesidades, impotencia y desesperación. Fue en la comuna de El Bosque donde el brutal escenario quedó al descubierto; allí donde decenas de pobladores decidieron romper la cuarentena que el gobierno había decretado, para salir con mascarillas y palos a gritar simplemente: ¡hambre! ¡Tenemos hambre! Fuerzas Especiales llegó a contener la protesta, a intentar acallar la furia de los pobladores, pero el mensaje ya había sido entregado. Esa misma noche, el colectivo de arte Delight Lab proyectó en lo alto del Edificio Telefónica la palabra HAMBRE, haciendo eco de una situación que ya se venía temiendo hace tiempo y que el gobierno parecía no querer admitir. Tras las medidas de cuarentena obligatoria y el inminente desempleo, era inminente una pandemia aún peor: la de la falta de alimentos.

La vecina de El Bosque, María Valdera, junto a un equipo de mujeres preparando los ingredientes para su olla común.

Así, luego de casi tres meses de confinamiento, las ollas y sartenes volvieron a salir a las calles, pero no con el mismo fin que tuvieron en el estallido social. Las mismas multitudes que golpearon con cucharas de palo sus enseres como instrumentos sonoros de protesta, hoy las sacan para darles de comer al pueblo. A lo largo de todo Chile son los propios vecinos de las poblaciones vulnerables quienes se organizan para compartir un plato de comida que les permita seguir viviendo con dignidad. Sólo en Santiago, las ollas comunes ya suman más de 220 y por cada región se estiman varias otras docenas. Una estrategia de resistencia y solidaridad que sólo se había visto con esta intensidad a mediados de los años 80, en plena dictadura y crisis económica. El flashback a esa época no deja de ser inquietante, dejando en el aire la pregunta: ¿qué tan cierto es que Chile ha superado la pobreza en estos 33 años de transición política?

“Tengo 57 años, soy diabética crónica, insulinodependiente, podría en este momento estar en mi casa, haciendo mis cosas, viviendo mi mundo, pero así me enfermaría más. Prefiero estar afuera, ayudando a mi vecino y lo hago de corazón. Estamos protegidos por el de arriba, esta casa está iluminada porque él sabe que estamos haciendo las cosas con toda la fe y El Bosque va a salir adelante, vamos a salir victoriosos y el gobierno va a tener que darse cuenta de que hay mucha necesidad, ellos miran sus bolsillos, pero nadie mira el bolsillo del pueblo”, dice María Valdera, vecina de El Bosque, de la calle Las Pataguas, quien trabaja de lunes a sábado en una olla común que entrega 360 colaciones al día. En estas semanas abrirían otras tres ollas comunes en otros sectores de El Bosque para llegar a más gente. Debido a la pandemia y para evitar al máximo el contacto físico, levantaron un sistema de delivery, que permite a los vecinos que están inscritos recibir su almuerzo en casa. Además, los 30 trabajadores, entre cocineros, asistentes y repartidores, están equipados con guantes, mascarillas y mallas para el pelo.

“Nos levantamos a las 8.30 de la mañana a poner la olla a hervir y empezar a cocinar, hay vecinos que se llevan a su casa unos sacos de papas o zanahorias para pelarlas y cortarlas, también hay gente para la limpieza y lavar los fondos, empezamos el día antes a adelantar las cosas. A las 12 ya estamos emplatando en los envases plásticos para que a las 12.30 se empiece a repartir”, explica la señora María. “Estas son ollas autogestionadas, recibimos donaciones de vecinos, tenemos a un carnicero de acá del sector que se ha portado muy bien, que nos dona carne, y también gente anónima que hace aportes. No hemos recibido ayuda del municipio ni la queremos, porque acá no hay colores políticos y no queremos avalar ningún proyecto de gobierno, lo único que aceptamos fue que viniesen a sanitizar porque era necesario por la pandemia”, agrega.

Las redes sociales han sido clave para que estas organizaciones se levanten y funcionen pidiendo aportes voluntarios. En Twitter se puede consultar la cuenta @laollacomun o acceder al hashtag #elpuebloayudaalpueblo para obtener información detallada de dónde, cuándo y cómo ayudar; también existe el sitio web ollasolidaria.cl que tiene un registro de varias iniciativas y donde se puede donar en línea. En su mayoría, las organizaciones cuenta con su propia cuenta de Facebook e Instagram donde van subiendo fotos de sus labores y campañas. Además, la Universidad de Chile e integrantes de la la Fundación Vértice están elaborando un mapa virtual con todas las ollas comunes y campañas solidarias a lo largo de Chile. Lo cierto es que estas iniciativas exceden incluso el tema alimentario, y hoy las organizaciones también están proveyendo a la población de ropa a través de roperos solidarios, pañales y leche para los niños e insumos de aseo e higiene. Podría decirse que la prontitud y eficacia con la que actúan en los territorios ha dejado corto al gobierno, el que ha sido dura y transversalmente criticado por la insuficiente ayuda que anunció entregar. En cadena nacional, el Presidente Piñera comprometió 2,5 millones de cajas de mercadería para los sectores más vulnerables, aunque no hubo claridad en ese momento de quiénes la recibirían, luego se especificó que llegarían sólo al 70% del 40% de la población más vulnerable de Chile, según el Registro Social de Hogares. Muchos aún esperan la caja que incluye cereal, legumbres, arroz, fideos, conservas, aceite, leche, detergente, jabón líquido, té y que tiene plazo final de entrega para el 21 de junio.

El comedor popular Mink’a en el campamento La Pampa de Alto Hospicio esta entregando cerca de 300 colaciones diarias.

La situación se agrava cada día y las cifras no dejan de desanimar. Mientras los contagiados por la pandemia del Covid-19 en Chile se alzan por sobre los 142 mil casos -con 2.283 personas fallecidas- el desempleo tampoco deja de incrementarse, marcando un 15,6% en Santiago (469 mil personas) según una encuesta del Centro de Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, la peor cifra en 35 años; y de un 9% a nivel nacional en el último trimestre, de acuerdo al INE.

Sin embargo, como ha sido la tónica en estos meses, las cifras podrían no estar mostrando el cuadro completo. Sucede, por ejemplo, con los pobladores del campamento La Pampa, que abarca siete hectáreas de Alto Hospicio, y que está conformado por un 95% de inmigrantes que no tienen trabajos formales ni están en los registros del gobierno municipal o nacional. Muchos llevan más de siete años en el país, pero siguen sin poder regularizar sus papeles. Desde principios de marzo están siendo apoyados por un grupo de académicos y académicas de las universidades Arturo Prat, además de dirigentes de derechos humanos e integrantes del Movimiento Independiente por la Dignidad, en la logística que implica organizar una olla común para las 90 familias que allí residen. “La precariedad en este campamento es máxima, no hay agua potable y la mayoría de las viviendas están hechas de cartón y cholguán, sufren hace años de un completo abandono de parte de la autoridad porque la mayoría es inmigrante. Nos coordinamos dirigentes de la toma y el 14 de abril nació este comité que está apoyando en la difusión y el acopio de la mercadería que recibimos de particulares y con los que repartimos entre 270 y 300 almuerzos diarios”, cuenta Arturo Ziede, quien trabaja en el rubro inmobiliario y es parte del Movimiento Independiente por la Dignidad.

A diario, los pobladores de este campamento se acercan a recibir su colación diaria al Comedor Popular Mink’a (que significa trabajo en comunidad) y que funciona en la casa de Enrique Solís, de 63 años, dirigente social y parte del Movimiento Independiente por la Dignidad, quien tiene un trabajo de guardia en una constructora. Oriundo de Viña del Mar, Enrique ha dedicado su vida al trabajo social, fue presidente de un sindicato de trabajadores en la U. Federico Santa María y luego dirigente de la CUT. Ahora reside en Iquique y aunque sus tres hijos son mayores y profesionales, decidió hace siete años irse a vivir a esta toma y continuar con su trabajo con los pobladores. “Con el estallido social conformamos este movimiento ciudadano donde yo estoy a cargo del área poblacional que es paralelo a la política de partidos. Yo creo en la política que se hace de abajo para arriba, junto a los pobladores, los trabajadores, los profesionales y estudiantes, y que es la que perdura en el tiempo, la otra política es cambiante, cambia el gobierno y cambian los acuerdos y los negocios. Además, se hace a espaldas de la ciudadanía, no me interesa”, dice el dirigente.

De cartón y cholguán son la mayoría de las habitaciones del campamento La Pampa en Alto Hospicio.

Uno de los problemas vitales de estos campamentos es la escasez de agua y es lo que los mantiene en una tensa disputa con el municipio y el gobierno regional. “No tenemos agua potable, hay 23 camiones aljibe privados que nos venden agua a través de unos bonos que nos entrega el municipio. Para una semana nos entregan 1000 litros de agua, por los que pagamos 3.500 pesos, pero resulta que no alcanza con eso, una familia necesita al menos el doble por semana, entonces, cuando se nos acaban esos bonos, tenemos que pagar 6.000 pesos, lo que es una barbaridad, es mucho más de lo que cualquiera paga en una casa residencial. Acá hay un lucro terrible y las autoridades no escuchan, no atienden a este problema. Imagínese ahora, con el tema de la pandemia, cuando el agua es indispensable para cuidar la higiene, es imposible”, explica Enrique Solís, quien cuenta que hasta ahora tienen 20 personas contagiadas de Covid-19 dentro del campamento.

El comedor Mink’a donde funciona hoy la olla común partió siendo un lugar para los niños y niñas que deambulaban por el campamento mientras sus padres salían a ganarse el sustento durante el día. Allí se les entregaban colaciones y se les cuidaba, pero hoy esa ayuda se ha expandido hacia la familia. “Esto llegó al suelo, la necesidad es total, no podemos estar peor, pero al mismo tiempo estamos optimistas, tenemos ánimo, vemos este momento como una oportunidad para mejorar nuestra situación”, dice Enrique.

Gracias a los aportes solidarios pudieron comprar un horno, con el que están haciendo pan amasado que se entrega gratis, pero que en el futuro quieren usar como una entrada de dinero para los pobladores. También están levantando un nuevo comedor desde cero y el antiguo quedaría como albergue para las mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar. Además, ya están los recursos para instalar cuatro postes de luces fotovoltaicas, para iluminar las cuatro calles que componen el campamento y de aquí a unos meses se instalarán planchas de zinc en los techos de todas las habitaciones del campamento.

“Hace tres años que estamos también recibiendo apoyo de profesores para el tema educacional de los niños y adultos, quienes quieren dar exámenes libres para poder optar a mejores trabajos. Varios inmigrantes hicieron sus estudios en sus países, incluso algunos son profesionales, pero sus títulos acá no son reconocidos. El apoyo de los profesionales de la Universidad Arturo Prat ha sido clave, y de a poco se han acercado docentes de otros lugares como la Universidad Tarapacá”, cuenta Enrique Solís.

Hace 33 años, la psicóloga Clarisa Hardy iniciaba, bajo el alero de la Academia de Humanismo Cristiano, una experiencia similar de apoyo externo profesional a las ollas comunes que estaban emergiendo con fuerza en dictadura. “Hacíamos de mediadores para conseguir ayuda internacional, recursos para víveres, les dábamos asistencia técnica, por ejemplo, contratamos a una nutricionista para ayudarles a mejorar sus ollas, los asesorábamos sobre cómo ir al consultorio para exigir que a los niños los pesaran y midieran y así poder acceder a los programas de alimentación complementaria. Lo que hacíamos era una investigación en terreno, estudiamos la realidad, pero además actuamos y todo se hizo participativamente, los mismos pobladores llenaban nuestros formularios, nunca tuvimos encuestadores”, recuerda Hardy, quien en 1986 publicó el primer libro al respecto: Hambre + dignidad = ollas comunes y en 1987, el segundo, Organizarse para vivir, pobreza urbana y organización popular. Ambos cobran hoy una vigencia inusitada, por lo que la presidenta del Instituto Igualdad ya está en conversaciones para poder reeditarlos y ponerlos a disposición pública online.

Imagen de las colaciones que entrega el Comedor Solidario Las Cruces. Muchas de las ollas comunes entregan plato de fondo, ensalada, pan y postre en envases desechables.

“La gran diferencia entre las ollas comunes de ese entonces y las de hoy es que antes era una país que no tenía el espacio fiscal que tenemos hoy ni tenía un gobierno democrático ni tenía partidos políticos ni debate ni organizaciones sociales legítimamente haciendo demandas. Entonces, hoy tienes un cuadro político absolutamente distinto y lo brutal es que estamos acercándonos a vivir una situación de crisis económica comparable a aquella”, dice Hardy y agrega: “Lo que sí es comparable es esa reserva de capacidad de acción colectiva cuando precisamente está en juego la sobrevivencia, que vuelve a aparecer. Porque aquellas organizaciones no nacieron como contestatarias políticamente a la dictadura, fueron contestatarias en la medida en que fueron capaces de organizarse para mínimamente sobrevivir y a partir de ese encuentro, fuera de su aislamiento, comenzaron a analizar y a compartir experiencias y a politizarse. Hoy, tras el estallido del 18 de octubre, ha quedado claro que hay un tejido social reconstruible y que ante la necesidad, este resurge espontáneamente”.

Donde comen cuatro, comen 100

“Así, cuando en estos páramos sudamericanos alguien
es privado del sustento o es inducido a la muerte por terror o inanición, 
estamos haciendo vida, te digo, dolorosamente, 
pero estamos preparando un modo distinto de trabajo o
que es hacer de la corrección de la práctica en la vida
una práctica de arte para la vida”

(¿Qué es el paraíso?, 1979, Raúl Zurita).

Celia Ramírez vivía en Conchalí, pero junto a su familia viajaba todos los veranos a Las Cruces, donde tenía un trabajo haciendo aseo en una residencial. Hasta que un día, la dueña le ofreció quedarse, le consiguió una casa y hoy Celia, junto a su marido Claudio Valenzuela y sus hijos Noemí de 24 y Lucas de 13, viven hace ya cinco años en el balneario. Les cambió la vida. “Jamás volveríamos a Santiago. En Conchalí estábamos en un sector con mucha delincuencia, droga, teníamos que vivir encerrados en una burbuja porque todos los fines de semana había balacera, acá se vive tranquilo, es muy distinto”, dice Celia. Pero no han faltado las vicisitudes, como el coma diabético que sufrió hace ya varios meses y luego una neuropatía, que la obligó a dejar de trabajar. Ahora a eso se sumó la pandemia, que terminó por develar las necesidades económicas de sus vecinos más cercanos.

“Como familia nos conmovimos porque supimos de muchos abuelitos que vivían solos y no tenían cómo alimentarse. Empezamos el 5 de abril, llevándoles almuerzo a 40 adultos mayores, hicimos un registro y lo subimos a las redes para que más gente se incentivara a ayudar. Muchos creen que por no tener una situación económica buena no se puede ayudar, pero todos podemos hacer algo”, dice Celia, quien hoy está entregando, junto a su familia, 110 almuerzos los martes, jueves y sábados en el bautizado Comedor solidario Las Cruces. Los domingos hacen desayunos para los niños u onces que también llegan a toda la comunidad.

Detrás de cada olla común hay historias de vida, unidas no sólo por la necesidad de alimentarse sino también la de encontrarse con otros que comparten contextos de vida similares. “Ante los obstáculos que les cierran la posibilidad de ejercer como trabajadores, crean una identidad cultural entre todos que permite poner en práctica propósitos comunes y compartidos. La olla común es una organización popular no sólo porque nace de la necesidad, sino porque quienes la componen se identifican como iguales en esa necesidad y porque buscan soluciones comunes a las necesidades compartidas”, dice el texto de Hardy de 1986.

El grupo de vecinas que conforma la olla común de la Población El Progreso en Temuco, llevan más de 10 años trabajando para la comunidad.

Otro rasgo que se repite en estas ollas comunes de ayer y hoy es el liderazgo de las mujeres. Un ejemplo claro es el del grupo de vecinas de las  población El Progreso en Temuco, quienes hace más de 10 años vienen trabajando en su comunidad realizando ferias de trueque, haciendo celebraciones de Navidad, Día del Niño y de aniversario de la población, que partió como toma en 1990. “Nos propusimos primero ayudar con almuerzos a los adultos mayores y partimos con 20 personas, pero hoy ya entregamos colaciones tres días de la semana a 220 personas. Se ha sumado mucha gente por el tema de la cesantía, hay muchas mujeres solas criando a sus hijos, que también necesitan pañales y ropa”, cuenta Elizabeth Tejeda, una de las integrantes de este grupo de seis mujeres donde también está Angélica Ríos, Fresia Bravo, Rosa Tejos, Evelyn Pichinao y Verónica Henríquez.

“Somos vecinas todas, nos conocemos desde hace años y nos dedicamos a trabajar para la comunidad. Nuestros maridos trabajan, son obreros de la construcción, pero ahora están cesantes”, dice Elizabeth Tejeda. “La municipalidad no se ha acercado para nada, nosotras hacemos todo con donaciones anónimas y de vecinos, por ejemplo, El Club de Leones ha costeado almuerzos, también la comunidad mapuche Trapilhue y Maquehue se han portado muy bien y están donando también a otras ollas comunes sus productos, los pescadores de Queule también nos trajeron pescados para las familias”, agrega.

Demasiadas veces hemos visto que cuando la necesidad es inminente, cuando la catástrofe se cierne sobre los más pobres, estos no tienen ni siquiera el tiempo para lamentarse o sufrir. Al contrario, rápidamente salen a las calles, y luchan con más fuerza, levantan lo que ha caído al suelo, construyen una red de afectos y ayudas concretas, y al final del día hay siempre más sonrisas que lamentos. En tiempos adversos es cuando la solidaridad pareciera salir a la luz, pero lo cierto es que hay familias que vienen haciendo un trabajo de ayuda al prójimo más prolongado. Es el caso de Estephanie Ortiz y Manuel Ruiz, matrimonio que desde hace tres años hace un servicio a la comunidad entregando alimentos a personas en situación de calle. La actual pandemia, simplemente, amplificó sus labores. “Las ollas de Fanny” alimentan hoy a más de 600 personas de tres comunas distintas: La Pintana, El Bosque y San Bernardo. “Yo soy de La Pintana, pero tengo amigos en los otros sectores y entre todos ayudamos para surtir de mercadería a todos. Entregamos almuerzos distintos días a la semana en las comunas, pero también hacemos entregas directas de cajas con mercadería y otras ayudas también. Conseguimos por ejemplo que un médico hiciera atenciones en línea. Pedimos las colaboraciones por Twitter y de a poco vamos organizando y distribuyendo. La verdad es que hemos recibido muchas donaciones del barrio alto. Personas que viven en Providencia, Vitacura, Las Condes, se han portado muy bien, no tengo nada que decir”, cuenta Fanny.

Mamá de cinco hijos, Fanny es dueña de casa y por estos días está siendo ayudada por su suegra, quien habitualmente trabaja vendiendo sandwiches en una feria y ahora participa cocinando en la olla común de La Pintana. Mientras, su marido, Manuel Ruiz, es dueño de una pyme, una pequeña pizzería en el barrio. “Las cosas están pesadas para nosotros porque las ventas han bajado. También mantener las ollas es cada día más difícil porque la gente dona una vez, pero cuesta para que donen una segunda o una tercera. Entonces, puede pasar que las ollas no den abasto y que la gente termine peleándose por un plato de comida, pero nosotros vamos a llegar hasta el final, como sea”, dice Fanny. “El otro día me preguntaron “oiga y usted que abastece a tanta familia, ¿acaso es narco?”. Fuerte la acusación, pero no, somos una familia como cualquier otra, pero ¿sabes? Es verdad que el narco está más cercano al pueblo que el que está sentado en el Congreso, esa es la realidad. A mis ojos, el gobierno no está haciendo ni la mitad de lo que el propio pueblo está haciendo”, sentencia.

Estephania Ortiz (Fanny, de polerón celeste) empezó ayudando a gente en situación de calle hace tres años, hoy continúa colaborando con tres ollas comunes en La Pintana, El Bosque y San Bernardo.

Frente a la actual situación de hambruna, el gobierno se ha mostrado incluso sorprendido. El 28 de junio, el propio ministro Mañalich reconoció que “no tenía conciencia” de la magnitud de la pobreza y hacinamiento en Chile. Sin embargo, los datos estaban a la vista. Según la Cepal, el nivel de pobreza pasará del 9,8% al 13,7% en Chile debido a la pandemia. Y sin embargo, el gasto social público de Chile es el segundo más bajo de todos los países Ocde. En este ámbito, el gasto del Estado llegó al 10,9%, cifra que se ubica muy por debajo del 20,1% de la media que destinan los 36 Estados miembros. 

“Si algo tiene el gobierno es disponibilidad de información, datos riquísimos. Si el gobierno no previó la situación actual es porque simplemente no quiso verlo, no puede declararse sorprendido”, afirma Clarisa Hardy, quien llegara a ser ministra de Planificación en 2006 en el gobierno de Michelle Bachelet. “No nos olvidemos que la pobreza en Chile se mide en términos absolutos, o sea, se define una canasta básica según las encuestas de hogar del INE y si las familias pueden acceder a algo por encima de esa canasta se les considera no pobre, esa es la definición de pobreza. Nosotros dijimos desde el primer gobierno de Bachelet, cuando empezamos a idear el Sistema de Protección Social, que en la medición no se consignaba el índice de vulnerabilidad. Es decir, que frente a circunstancias que no se controlan, como enfermedades, accidentes, crisis económica, catástrofes naturales, inmediatamente un gran segmento de la población iba a caer en pobreza porque su nivel de ingresos es muy ajustado, es decir, les permite salir de la línea de pobreza, pero en el momento en que tienes un shock, lo pierden todo. Es lo que pasa hoy frente a una crisis sanitaria”, resume Hardy.

Al igual que el diagnóstico tardío, la ayuda del gobierno también ha sido calificada de insuficiente y poco oportuna. Son los mismos pobladores quienes lanzan ideas para combatir la hambruna desde los territorios. “Hemos acudido a grandes empresas a pedir colaboraciones, pero resulta que para ellos es una merma, harían una donación si se tratara de una fundación, con las que pueden rebajar impuestos a través de la Ley de Donaciones, entonces para nosotros sería ideal que las ollas comunes fuesen consideradas dentro de ese marco y nosotras darles un certificado de donación, por ejemplo”, opina Fanny Ortiz de La Pintana.

“La caja de mercadería que está entregando el gobierno es totalmente insuficiente, es pan para hoy y hambre para mañana”, dice Alberto Vilches Mautz, coordinador general del Comité de Cesantes de Quilicura, conformado por personas que estuvieron en la primera línea del estallido social y que hoy siguen su rol social organizando ollas comunes que se van moviendo por distintos sectores de la comuna, según sean las necesidades. “Estamos entregando 350 colaciones, dos días a las semana, y también hacemos ropero solidario. Nos llegan aportes de vecinos de otras comunas, pero también tenemos harta ayuda de chilenos de fuera de Chile, compatriotas de Suiza, EE.UU. y Canadá que están viendo desde allá lo que ocurre y se han motivado en apoyar. Nosotros tenemos una propuesta como colectivo y la queremos llevar al municipio; creemos que lo mejor sería que se abrieran comedores en los colegios de la comuna y que se entregara un almuerzo constante, que la gente sepa que siempre puede encontrar comida ahí”, agrega Alberto.

Un adulto mayor recoge su alimento en una de las ollas comunes de Quilicura, que organiza el Colectivo Cesantes de esa comuna.

Para Arturo Ziede, del Movimiento Independiente por la Dignidad que apoya al campamento en Alto Hospicio, lo más óptimo y fácil hubiese sido que el gobierno entregase un aporte monetario que fuera directo al bolsillo de cada persona necesitada. “Habría sido mejor que con el mismo RUT, el carnet de identidad, se hubiese podido comprar en el comercio cierta cantidad de dinero a la semana, con una restricción en ciertos productos, como alcohol, por ejemplo. Y todos habrían tenido la ayuda altiro, pero el show mediático que están haciendo con la caja es tremendo”, dice.

Lo mismo opina la psicóloga Clarisa Hardy, quien tiene duras palabras para la campaña comunicacional que ha levantado el gobierno en las últimas semanas. “Lo mostraron por televisión: la Primera Dama y parte del gabinete haciendo la entrega de cajas como si estuviesen en campaña y con una carta firmada por el propio Presidente como si él sacara los recursos de su cuenta particular, cuando en realidad se están girando cuentas fiscales que es la plata de todos nosotros. Ese despliegue que han hecho es una vergüenza para la democracia, un uso político que no habíamos visto antes”.

Frente al accionar del gobierno, las ollas comunas aparecen como una red de solidaridad loable, organizada y eficaz, pero lo cierto es que su existencia no es deseable cuando lo que queremos es hablar de un país desarrollado. El retroceso para Chile en materia de pobreza ha sido profundo y salir de él tomará tiempo y los recursos no serán pocos. Hardy es drástica: “Aquí lo que se debe hacer es otorgar una renta básica garantizada de emergencia destinada al 80% de las familias con menores ingresos, para retener a la gente en su domicilio y que así los contagios por la pandemia bajen; eso lo que se está haciendo en otros países. Eso, además, beneficiaría al comercio local, al pequeño bolichero, de lo contrario, a ellos también los convertiremos en futuros demandantes del subsidio familiar de emergencia en vez de haber contribuido a generar un círculo virtuoso, una economía local”.

“Chile es el país con la tasa más baja de endeudamiento en América Latina e incluso en relación a otros países Ocde tiene un manejo fiscal que ha sido muy responsable todos estos años, pero también, internacionalmente, y por esta crisis, nunca antes habían estado más bajos los créditos, con tasas muy bajas, en rigor vas a poder devolver la plata casi sin interés. Entonces, este es el momento para que Chile se endeude y haga el gasto social que corresponda. No sé para qué más podría servir el Fisco y el gobierno si no es para enfrentar este tipo de emergencias, para acudir a salvar las necesidades mayoritarias de la población. No es este el momento para guardar la plata en un chanchito”, remata Hardy.

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