El gobierno y el manejo dogmático de la crisis

Share

La austeridad financiera con que el gobierno ha decidido abordar la crisis sanitaria en Chile nos ha llevado a un círculo vicioso en el que no ha sido posible ni salvar la economía ni detener los contagios, debido sobre todo a la insistencia de las autoridades en ignorar la desigualdad social. En esta columna, el economista Andras Uthoff afirma que Chile está en condiciones de aumentar su crédito internacional para ir en ayuda de las familias vulnerables, ya que es uno de los países con los niveles de deuda más bajos del mundo, y para ello plantea una serie de medidas a corto y mediano plazo.

Por Andras Uthoff

Hoy tenemos una crisis cuyas causas escapan a las que los economistas acostumbramos a abordar. Su origen es sanitario y su mayor impacto sobre la economía es la incertidumbre que genera. Sobre lo primero no tenemos competencia y respecto a lo segundo, siempre ha sido limitada nuestra capacidad para seleccionar la oportunidad y el conjunto de instrumentos para abordarla. Sin embargo, todas estas dificultades no justifican la irresponsabilidad con que el gobierno la ha abordado. Con asombro e incredulidad escuchamos las excusas que dan las autoridades para justificar los equívocos originados por sus dogmas, y sobre todo con vergüenza, cuando una de ellas es que desconocían la realidad del país que gobiernan.

En toda la historia de Chile, este es probablemente uno de los momentos más críticos donde en representación del Estado, el gobierno debió haber reconocido y enfrentado las verdaderas restricciones presupuestarias y las desigualdades imprescindibles para abordar la crisis. En ello no cabían equivocaciones. Sin embargo, cegado por la preocupación de mantener bajo el riesgo país -calificación que realizan las clasificadoras de riesgo internacionales según el manejo de la estabilidad fiscal y financiera- para acceder al crédito internacional barato, el gobierno se autoimpuso severas restricciones presupuestarias e ignoró las desigualdades. 

El presidente Piñera supervisando las cajas de alimentos que se están distribuyendo como ayuda a familias vulnerables.

La realidad reveló la desigualdad y gatilló una de las peores olas de contagio y muertes por Covid-19 en el mundo entero. En pocas semanas, Chile pasó a liderar el ranking de países con mayor incidencia de contagios y mortalidad. Bastó que el contagio se expandiera desde la zona oriente al poniente de Santiago, y desde ahí al resto del país, para contradecir al gobierno. La austeridad, sumada a ineficientes, paternalistas y casi inexistentes medidas para apoyar a las familias vulnerables -como el reparto de cajas cuyo contenido y frecuencia son insuficientes- contribuyeron a la expansión del contagio y la mortalidad. 

El círculo vicioso de los riesgos

Como corolario, hoy disponemos de acceso barato al crédito, pero en medio de una pandemia sin control que limita la certidumbre y la oportunidad de una reactivación económica. Las insuficientes medidas para contener la pandemia gatillaron con fuerza el riesgo social: tener que frenar la actividad económica debido a la necesidad de que la población entre a cuarentena para evitar los contagios. 

Dentro de su ortodoxia neoliberal, y al restarle importancia a la cuarentena como la variable que condiciona toda la situación económica, el gobierno cayó en la trampa de un círculo vicioso. En este caso: al privilegiar reactivar la economía se ocuparon del riesgo país, para mantener el ranking internacional gastaron poco dinero y al gastar menos no lograron hacer respetar la cuarentena. La ausencia de cuarentena agravó la crisis sanitaria, la crisis sanitaria demandó una mayor cuarentena, pero hacer respetar la cuarentena les ha impedido recuperar la economía. 

Un complejo dilema, cuya solución implica reconocer sin dogmas las diferentes causalidades. El rol de la crisis sanitaria sobre la recuperación de la economía, el rol de la cuarentena en el control de la crisis sanitaria, y el rol de la economía en el cumplimiento de la cuarentena. 

En el Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible hemos apoyado a los parlamentarios y a la opinión pública para que en el debate con el gobierno se corrijan estos errores. Como es habitual, los poderes fácticos han opacado nuestras voces.

«En lo inmediato, es posible sugerir un impuesto al patrimonio por una sola vez para ayudar a financiar la sustitución de ingresos de los afectados y la sostenibilidad de las micro y pequeñas empresas. También, considerar el uso del Fondo de Contingencia Estratégica, creado para enfrentar situaciones de crisis y financiar material bélico (de US$4.500 millones), para el financiamiento de medidas sociales y productivas que permitan enfrentar la crisis y apoyar la recuperación».

Propiciamos una estrategia que dé cuenta de la verdadera causalidad y que subordine la economía a la superación de la crisis sanitaria, para que luego, gradualmente, se ocupe de la reactivación. Identificamos cinco pilares: (1) apoyo a la atención primaria de la salud, (2) a los municipios, (3) a las familias de niveles superiores al de la línea de la pobreza, (4) a la protección directa del empleo mediante la asistencia financiera y técnica a las medianas y pequeñas empresas, y (5) una estrategia de inversiones públicas y rescate de empresas estratégicas.

En el control de la pandemia, el Foro ha establecido con claridad dos insuficiencias: la restricción presupuestaria que se autoimpuso el gobierno y lo limitado de la población objetivo, que definió a los grupos vulnerables sin considerar los nuevos focos de vulnerabilidad a causa de la pandemia. Argumentamos que lo limitado de la ayuda a las familias hizo fracasar la cuarentena y, por ende, el control de la pandemia. Esto está dilatando la fase de reactivación. 

En el ámbito de la estimulación de la economía, el Foro ha establecido con claridad dos fuentes de insuficiencias: la premura con que el gobierno llamó a una reactivación, saltándose la etapa anterior, y el limitado rol que se le ha destinado al Estado en la asignación de los recursos hacia los sectores que podrán reactivarse rápidamente. Argumentamos que el Estado debe recuperar su rol de agente activo en sus funciones de asegurar el financiamiento apropiado, gestionarlo en forma eficaz y eficiente, y asignarlo hacia todos quienes pueden beneficiarse de la reactivación. 

Responsabilidad fiscal

Nuestros análisis sugieren que un mayor esfuerzo fiscal responsable es posible. El Fondo de Emergencia debe tener un rango de entre US$12 y 15 mil millones adicionales y no el techo de US$12 mil acordado en el marco de entendimiento, para financiar las medidas propuestas. Chile puede recurrir a un mayor endeudamiento bruto y/o girar contra sus fondos soberanos. Sugerimos revertir la caída de US$1.527 millones en la inversión pública. Para Chile, un déficit fiscal entre 10-15% del PIB es sostenible en el corto plazo, rango en que se situarán los déficits públicos en la mayoría de los países de la OCDE y de América Latina. La deuda del gobierno se encuentra en los niveles más bajos del mundo y con espacio para aumentar en varios puntos del PIB, sobre todo considerando que la tasa de interés de largo plazo está en niveles muy bajos. 

Lo anterior no implica un gasto desatado. Por el contrario, el endeudamiento que hoy es barato sirve para aumentar los fondos de los que se dispone para enfrentar esta crisis. El gasto fiscal debe cautelosamente priorizar un Plan de Emergencia y luego activarse durante la reactivación. 

Reconocemos que ante la actual incertidumbre sobre la fecha de término de la pandemia, la regla fiscal que existe actualmente deberá modificarse. Habrá que hacerla compatible con criterios de credibilidad, transparencia y simpleza, y en un futuro será necesario un acuerdo político amplio para ello, con una trayectoria más pausada del balance fiscal estructural. 

La situación de emergencia que vive el país obliga a repensar la carga fiscal en el futuro. En lo inmediato, es posible sugerir un impuesto al patrimonio por una sola vez para ayudar a financiar la sustitución de ingresos de los afectados y la sostenibilidad de las micro y pequeñas empresas. También, considerar el uso del Fondo de Contingencia Estratégica, creado para enfrentar situaciones de crisis y financiar material bélico (de US$4.500 millones), para el financiamiento de medidas sociales y productivas que permitan enfrentar la crisis y apoyar la recuperación. A más largo plazo, deberá promoverse un acuerdo tributario (post 2021) que se concentre en los impuestos directos y a las grandes fortunas. Se debe aspirar a elevar en 5% del PIB la carga tributaria hacia los próximos cuatro años, avanzando hacia un aumento de esta equivalente a la media de la OCDE.

Related Posts