Una constitución que podrá ser “de todos”

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Fernando Atria, exconvencional constituyente y académico de Derecho de la Universidad de Chile, fue uno de los 154 encargados de idear y redactar la propuesta de nueva Constitución. Hoy, en vistas del plebiscito de salida, el abogado cree que es fundamental entender la crisis que nos trajo a este momento y, de paso, dejar de lado toda idealización: la expectativa de que el texto sería una “solución de paz y concordia” era irreal, advierte, porque “ignoraba la crisis que el proceso enfrentaba y las circunstancias que lo vieron surgir”. Y asegura: “es una constitución que podrá, en el tiempo, ser reconocida como ‘de todos’, en el sentido de que no crea una institucionalidad pensada para unos en contra de otros”.
Por Fernando Atria

El proceso constituyente se hizo posible ante la irrupción de una profunda crisis política. Como ha sido descrito por los observadores más acreditados de nuestra realidad social, no es una crisis causada por el estallido. Así, Manuel Antonio Garretón habla de una “sociedad estallada”; Kathya Araujo de una sociedad fragmentada que coexiste como un archipiélago —“todos cerca, pero islas”—; Juan Pablo Luna de una sociedad “quebrada”. 

Solo cuando esta crisis se hizo innegable, el proceso constituyente se hizo tan posible como necesario. Aquí, cuatro reflexiones en torno a algunos lugares comunes que se han repetido en el último tiempo. 

1. Una idea bella: el anhelo de superación de la crisis

El resultado del plebiscito de entrada alimentó una idea bella: que el proceso constituyente llevaría a esta sociedad en crisis, entre aplausos de todos y en un año, a una solución de paz y concordia, que sería aprobada con entusiasmo por todos o casi todos. La idea era bella porque conectaba con el anhelo del que surgió el proceso constituyente: el de solucionar la crisis, restableciendo la convivencia y la cohesión de una sociedad estallada. Ahora se acusa a la Convención Constitucional de haber frustrado esa expectativa, de “farrearse” una oportunidad de unión. Esa acusación se transforma en un arma de campaña: la nueva Constitución no es “la casa de todos”, y debe ser rechazada para que podamos darnos una que sí lo sea.

Por las razones que se desarrollan en los siguientes puntos, esta expectativa —como toda expectativa irrealista— estaba condenada a ser frustrada. Y transformada en un arma de campaña, malentiende la contribución que la nueva Constitución podría hacer a la superación de la crisis. En el origen de esa mala comprensión hay una concepción equivocada de qué significa que la constitución sea —y cómo puede llegar a ser— la “casa de todos”.

2. Aunque bella, era una expectativa irrealista

La expectativa era irrealista porque ignoraba la crisis que atravesaba el país, a la cual el proceso constituyente buscaba responder. La crisis configura elementos de contexto general y circunstancias específicas.

En cuanto a los primeros, nuestro proceso constituyente tiene una diferencia de enorme importancia con otros procesos con los que a veces se le compara. A diferencia del español, por ejemplo, la experiencia chilena no ocurrió al final de una dictadura, sino después de un período de 30 años de funcionamiento normal de las instituciones democráticas (aunque neutralizadas, como lo explicamos junto a Constanza Salgado y Javier Wilenmann en el libro Democracia y neutralización [Lom, 2017]). Por tanto, no miraba, como en el caso español, a un pasado de dictadura que se quería dejar atrás y a un futuro de democracia que era visto con optimismo y esperanza. En vez, el proceso chileno miraba a una larga y progresiva deslegitimación política de la institucionalidad democrática. Y esta diferencia se proyecta hacia el futuro, que entonces es mirado con ambigüedad: con esperanza, sí, porque será el tiempo de la nueva Constitución, pero también con recelo, ante la posibilidad de que la exclusión anterior se replique en la institucionalidad que viene y de que los partidos políticos y los “poderes constituidos” la neutralicen y la conviertan en una constitución gatopardista.

A esto hay que sumar las condiciones en que comenzó el trabajo de la Convención Constitucional: con acusaciones cruzadas de terrorismo y violentismo por un lado y de violaciones a los derechos humanos y de presos políticos por el otro. Se trataba, además, de un órgano nuevo, al que todos los integrantes llegaban por primera vez, que no tenía prácticas ni reglas establecidas de antemano, en la que no había relaciones ni personales ni políticas previamente establecidas. Como la crisis es también la crisis de los partidos políticos, tampoco había condiciones propicias para la articulación política. 

En estas condiciones, esperar que el momento constituyente solucionara todas las divisiones y “nos uniese” en el plazo de un año era ignorar totalmente la realidad.

Crédito: Fabián Rivas
3. Cómo la constitución puede solucionar la crisis

Lo anterior es consecuencia de una observación bastante evidente: una sociedad estallada, quebrada, no se repara por decreto. Por eso no podía esperarse que la sola propuesta de nueva Constitución produjera el momento de unidad deseado. Pero esto no quiere decir que no sea parte de la superación de la crisis.

A mi juicio, la constitución anterior se hundió cuando se hizo evidente la conexión que había entre el modo en que ella fijaba los términos fundamentales de la convivencia y la experiencia de abuso.. Esta conexión, de hecho, fue certificada oficialmente varias veces, la última de las cuales ocurrió en 2018 cuando el Tribunal Constitucional decidió que la constitución prohibía la existencia de un SERNAC que pudiera proteger eficazmente los derechos de los consumidores frente al abuso de las empresas. Esto explica lo que el profesor Juan Pablo Luna agudamente observa: “Por mucho tiempo una parte significativa de la población en Chile estaba quedándose atrás, tenía altos niveles de resentimiento y estaba desarrollando un fuerte desapego institucional por sentirse sistemáticamente vulnerada. Eso explica que el conflicto social y el descontento que vemos hoy generen una rabia difícil de canalizar y volver a un cauce institucional”.

El abuso es unilateralidad, es la constatación de que no todos son igualmente considerados: unos pesan más que otros. Por eso la rabia y el resentimiento que Luna describe. La superación de la crisis es cambiar esta unilateralidad por reciprocidad, por la idea de que todos son igualmente considerados, igualmente dignos.

Esto es lo que hace la nueva Constitución: cambia los términos fundamentales de nuestra convivencia social y política, moviéndolos de la unilateralidad a la reciprocidad. La propuesta de constitución es acerca de «nuevos tratos»: eso es el Estado social y los derechos sociales, que buscan hacer que la prosperidad material vuelva a la sociedad, para asegurar las condiciones materiales de la libertad para todos; eso es la plurinacionalidad e interculturalidad, un nuevo trato entre el Estado y los pueblos originarios; la paridad, entre hombres y mujeres; el Estado regional, entre el centro y las regiones, etcétera. 

La nueva Constitución, entonces, comenzará un proceso de restablecimiento de la reciprocidad en nuestra convivencia, por oposición a la unilateralidad anterior. Y así contribuirá a superar la crisis. No será una solución automática, será un proceso. Pero no podría ser de otro modo, dada la profundidad del problema.

4. Cómo la constitución será “la casa de todos”

Si era irrealista la idea de que la constitución nos uniría, ¿debemos decir que lo irrealista era la idea misma de que la constitución sería una “casa de todos”? ¿Acaso estamos condenados a una constitución que nos divide, a ser un país dividido por la Constitución?

Esa conclusión sería apresurada. Y para eso es útil notar por qué la Constitución de 1980 nunca fue “de todos”: porque la manera en que diseñaba la política institucional tenía la finalidad precisa de neutralizar la política democrática, de modo que la institucionalidad que constituía no podía ser reconocida como “propia” por todos (véase mi libro La Constitución tramposa [Lom, 2013]). La institucionalidad de la nueva Constitución no es tramposa: no interviene los órganos de elección popular con integrantes no elegidos y designados, de modo que amplifiquen el poder de los herederos políticos de la dictadura; no tiene reglas contramayoritarias en el proceso legislativo que permitan a esa misma minoría bloquear la modificación o dictación de una ley; no sujeta la discusión política a la opinión de un órgano que actúa contra la política democrática en protección de la constitución; no condiciona su propia reforma a altos quórums parlamentarios, dándole así a pequeñas minorías que la defienden los medios para impedir su reforma. 

Todo esto significa: es una constitución que podrá, en el tiempo, ser reconocida como “de todos”, en el sentido de que no crea una institucionalidad pensada para unos en contra de otros.

Y aquí, el argumento se une a lo dicho más arriba: en la medida en que cambia la unilateralidad por reciprocidad, permitiendo así la reconstrucción de la convivencia; en la medida en que su institucionalidad sea vista como una que es para todos, no de para unos contra otros; en la medida, en fin, en que sea reconocida como la constitución que nos permitió reconstituir nuestra vida política, la nueva Constitución será asumida como «nuestra», de todos. Esto no es una predicción sobre el futuro, es un juicio que descansa sobre el sentido de los «nuevos tratos» contenidos en el texto, y sobre el modo en que configura las instituciones políticas fundamentales. En este sentido, y porque su contenido la convierte en el tipo de constitución que puede en el tiempo ser reconocida como “la casa de todos” —y no por la idea fantasiosa de que puede unir súbita y espontáneamente una sociedad fracturada, estallada—, la nueva Constitución es la casa de todos.

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