Covid-19: la esperanza de una vacuna en un país sin infraestructura para crearla

Está claro que la única vía para aplacar de manera efectiva la pandemia es la elaboración de una vacuna. Más de 100 equipos de investigación en todo el mundo se han volcado frenéticamente en su búsqueda y Chile no es la excepción. Sin embargo, hace décadas que nuestro país detuvo la fabricación de vacunas y medicamentos y hoy dependemos exclusivamente de la labor de laboratorios farmacéuticos extranjeros. Expertos explican nuestro actual escenario y por qué sería importante impulsar una industria de investigación y producción científica nacional.

Por Denisse Espinoza A.

Las primeras luces en la instalación de políticas de salud pública en Chile se originaron a raíz de una epidemia. Durante el siglo XVIII, la viruela mató a 15 millones de personas en el mundo en un periodo de 25 años y en Chile los primeros brotes generaron una mortandad de más de 38 mil personas. La viruela había llegado al territorio tempranamente con la colonización en el siglo XVI, y el contagio, al igual que con el Covid-19, se producía por el contacto físico con una persona enferma o por el contacto con fluidos u objetos contaminados. En los años 20 y debido a que la enfermedad seguía latente en el país, autoridades y médicos como Alfonso Murillo debatieron sobre la necesidad de crear una ley de vacunación obligatoria, pero la medida fue rechazada por parlamentarios de tendencia liberal, quienes esgrimieron que la vacuna hasta ese momento había sido un fracaso y que atentaba contra las libertades individuales. 

Recién en los años 50 y con la aparición de nuevos casos en Santiago y Talca, se inició una campaña de inmunización masiva de la población que duró varios años y que involucró al Estado con vacunas elaboradas por el Instituto Bacteriológico de Chile (actual ISP) y que permitió erradicar por completo la enfermedad del país en 1959, 10 años antes de que se produjera el último caso en Latinoamérica, detectado en Brasil.

La historia de la exitosa lucha contra la viruela nos vuelve a dar esperanzas en el actual contexto de la pandemia del Covid-19; fortalece la confianza en la ciencia y al mismo tiempo nos recuerda que estas batallas no son instantáneas y que se necesita, además, la experiencia y el compromiso de todos los sectores de la ciudadanía para llegar a buen puerto. “Una cura para el Covid-19 sería eliminar este virus del planeta. Esto es extremadamente difícil, pero ha ocurrido anteriormente con la viruela gracias a que se logró la vacunación e inducción de respuesta inmune en un gran porcentaje de la población humana”, reafirma el inmunólogo y académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Alexis Kalergis. “Otro ejemplo de erradicación de microorganismos que está en progreso es el caso de la poliomielitis y del sarampión. Ambas enfermedades se estaban logrando eliminar de la población humana gracias a la vacunación, sin embargo, en varios países las personas comenzaron a decidir no vacunar a sus hijas o hijos y esto ha resultado en rebrotes de estas enfermedades”, cuenta.

El inmunólogo y académico de la UC, Alexis Kalergis.

Kalergis sabe bien lo crucial que es el efecto de las vacunas en el combate de las enfermedades infectocontagiosas. Él mismo estuvo detrás de la creación de una vacuna contra el virus sincicial, principal causante de enfermedades infecciosas respiratorias en lactantes y niños pequeños, la que le llevó 15 años de estudios y que se convirtió en la única en el mundo que puede ser aplicada en recién nacidos, lo que le ha valido varios reconocimientos en Chile y el extranjero. Por estos días, y desde enero pasado, lidera la respuesta científica concreta a la actual pandemia con la investigación de una vacuna “hecha” en Chile. “Hemos completado ya el diseño conceptual y hemos avanzado en la formulación de algunos de los prototipos con los cuales estamos actualmente desarrollando los ensayos preclínicos, que corresponden a las pruebas a nivel de laboratorio que demuestren seguridad e inmunogenicidad efectividad en modelos experimentales”, cuenta el académico, quien es director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia (IMII) e investigador del Consorcio Tecnológico en Biomedicina Clínico Molecular (BMRC).

El paso siguiente tras estos ensayos es formular la vacuna con un plan de manufactura que cumpla con las regulaciones nacionales e internacionales, para luego realizar estudios clínicos, es decir, pruebas en grupos humanos, para evaluar su seguridad e inmunogenicidad. Sin embargo, aunque el equipo de Kalergis llegara a un prototipo exitoso de una vacuna, lo cierto es que en Chile es imposible elaborarla, simplemente porque no existe en el país ningún laboratorio o centro que se dedique a ello.

“Chile ha tenido una política de inmunización de la población sistemática durante muchas décadas que ha permitido mantener enfermedades erradicadas del país, que en otros países no las tienen, como el sarampión o la tuberculosis. Esa tradición iba acompañada del esfuerzo del Estado a través del Instituto de Salud Pública para generar esas vacunas. Sin embargo, entre la década del 90 y el 2000 surgió la idea de que ya no merecía la pena mantener esas capacidad de producción porque siempre era posible, más viable y menos costoso comprar las vacunas en el extranjero, es decir, importarlas desde países desarrollados”, explica el doctor Flavio Salazar, vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile y director alterno del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia.

Hoy en Chile, todas las vacunas son obtenidas desde laboratorios extranjeros a través de una licitación de Cenabast (Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud) para seleccionar a los proveedores o bien los mismos laboratorios farmacéuticos privados realizan importaciones directas. Las consecuencias a largo plazo de la decisión de traer todo desde afuera quedan claras frente a la actual crisis sanitaria, cuando literalmente el mundo entero necesita una vacuna. “Chile desarmó todas las capacidades que tenía de generar vacunas y hoy lo único que hace la autoridad es evaluar y hacer exigencias regulatorias para vacunas que lleguen desde el extranjero. Lo que sucede entonces es que cedes tu soberanía, hoy no tenemos ninguna autonomía para aplicar tal o cual vacuna, sino que vamos a tener que esperar a ver cuál será la que apliquen en EE.UU. o Europa”, agrega Salazar.

Sin embargo, el esfuerzo que realiza Alexis Kalergis y su equipo no es en vano. La primera etapa de investigación para un prototipo de vacuna es la clave en la elaboración final de una. Es además parte del acervo científico de un país y permite sin duda seguir teniendo expertos en el tema. Lo ideal, claro, sería que estas iniciativas nacieran desde los Estados, fueran parte de una política nacional y no instancias privadas de universidades o centros, que aunque loables, se hacen insuficientes. “Mejorar esta situación debería ser uno de nuestros grandes desafíos como país, a fin de dejar de depender de la producción extranjera y poder asegurar el acceso permanente de nuevas vacunas y medicamentos seguros para nuestra población. Una infraestructura de este tipo requiere el trabajo conjunto entre la ciencia, el Estado, el sector privado y la ciudadanía. Nuestra investigación ha recibido recientemente el apoyo de la Fundación COPEC-UC, cuyo aporte actúa como catalizador del proceso de generación de conocimiento y su transferencia hacia la sociedad”, cuenta Kalergis. 

Además, el científico señala otro punto importante: el acceso a una vacuna efectiva puede ser prioridad para quienes estén involucrados en su investigación de primera mano. “Es importante explorar múltiples caminos de acción para garantizar el acceso a una vacuna. Uno de estos sin duda es el desarrollo en Chile de investigación científica para la generación de prototipos locales, dado que eso nos posiciona en el mapa de desarrolladores de vacunas. La colaboración con grupos y organismos internacionales es clave, porque podemos conocer y acceder de primera fuente a los avances hechos por otros equipos. Esto podría favorecer que podamos acceder con mayor facilidad a las nuevas vacunas que se puedan ir generando”, explica.

Aunque el problema no sea realmente acceder a la “receta” exitosa de una vacuna, ya que probablemente la OMS se encargará de liberarla, sí lo es contar con las plataformas y capacidades de producción para elaborarla y distribuirla. En el caso del Covid-19, el tema es más complejo debido a la cantidad de ellas que se necesitan. En ese sentido, la Fundación de Bill Gates ya anunció que construirá fábricas para siete vacunas diferentes, a pesar de que se terminen eligiendo sólo dos de ellas, “sólo para no perder tiempo”, dijo el multimillonario. Mientras que Vijay Samat, experto en fabricación de vacunas, reconoció que “Estados Unidos sólo tendrá capacidad para producir en masa dos o tres vacunas. La tarea de fabricación es insuperable, llevo noches sin dormir pensando en ello”, dijo a The New York Times.

El doctor y vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, Flavio Salazar.

Lo que se viene en cuanto a fabricación de vacunas bien puede ser brutal. “Probablemente van a haber contratos de quienes desarrollan las vacunas y con quienes las produzcan a gran escala, y luego otros contratos para quienes las van a distribuir y los diferentes gobiernos, etc. Habrá también una presión política de los gobiernos por obtenerla y luego la discusión sobre la gratuidad que debería tener la aplicación de la vacuna; sin embargo, alguien debe pagar el costo de ella. Es un tema complejo y obviamente hay una ansiedad al sentirnos expuestos y totalmente vulnerables ante una enfermedad que no tiene cura”, señala Flavio Salazar, quien matiza esta gravedad. “Digamos que lo bueno de esta enfermedad es que tiene un efecto mortal en una porción pequeña de los pacientes. La mayoría no va a tener síntomas, algunos no se van a dar cuenta y otros van a tener síntomas menores”.

La carrera por una vacuna

Hoy, el mundo científico está en una verdadera cuenta regresiva para hallar una vacuna que funcione y así poder comenzar a detener los contagios de Covid-19 y las muertes que ya se alzan sobre las 320 mil personas en el mundo. Sin embargo, todos coinciden en que los tiempos mínimos para el hallazgo de una son de al menos 12 o 18 meses y estos plazos no incluyen lo relativo a la manufactura y la distribución de la vacuna para su uso masivo. Además, como regla general, los investigadores no comienzan a inyectar a personas con vacunas experimentales hasta después de rigurosos controles de seguridad. Primero prueban la vacuna en pocas docenas de personas, luego en cientos y miles, pero entre cada una de estas fases deben pasar meses de control, por lo que si se sigue la manera convencional de producción de vacunas, no hay forma en que se llegue al plazo de los 18 meses.

En la década de 1950, por ejemplo, se aprobó un lote de una vacuna contra la poliomielitis que estaba mal producida. Esta contenía una versión del virus que no estaba del todo muerto, por lo que los pacientes contrajeron nuevamente la polio y varios niños murieron. Además, ¿puede una vacuna prometedora en realidad hacer que el virus se contagie más fácil o empeorar la enfermedad? Esto ha sucedido, de hecho, con algunos medicamentos contra el VIH y vacunas para la fiebre del dengue, debido a un proceso conocido como “mejora inducida por la vacuna”, en el que el cuerpo reacciona inesperadamente y hace que la enfermedad sea más peligrosa. Con las vacunas no se juega.

Tradicionalmente, las vacunas funcionan mediante la creación e ingreso de una versión debilitada del virus, suficientemente similar al original como para que el sistema inmune esté preparado si es que la persona está expuesta a una infección completa en el futuro, lo que ayuda a prevenir enfermedades. Por ejemplo, en el caso del virus de la influenza, los laboratorios van desarrollando vacunas nuevas cada año, donde a la “receta” original se le suman “ingredientes” según las mutaciones que haya adquirido el virus ese año; entonces, los laboratorios se van adelantando a estas mutaciones y permitiendo que la población se mantenga inmune para la siguiente temporada. Con suerte, el Covid-19 se sumará a la lista de enfermedades de infecciones respiratorias que ya existen, junto al virus sincicial, la influenza y el resfrío común, y que son tratadas con vacunas o medicamentos.

Hoy, el panorama aún es complejo y los cierto es que sólo dos de los 76 candidatos a vacunas que la Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene en su radar han optado por ese enfoque tradicional que lleva mucho más tiempo desarrollar. La mayoría confía en la vía rápida y en que el sistema inmune no necesite ver el virus completo para poder generar municiones que lo combatan, sólo una parte bastaría y en el caso del Covid-19, esa parte son las protuberancias, conocidas como proteínas de espigas, que forman ese halo o “corona” alrededor del virus. 

Uno de las primeras que realizaron ensayos clínicos, sólo ocho semanas después de la publicación de la secuencia genética del Covid-19, fue la empresa estadounidense Moderna, que anunció esta semana que los primeros 45 voluntarios vacunados ya desarrollaron anticuerpos que podrían neutralizar el virus. Con esto, la empresa recibió autorización para iniciar, en las próximas semanas, un segundo ensayo clínico con 600 participantes, y si todo sale bien, en julio iniciarían el ensayo con miles de personas. 

La vacuna de Moderna es de tipo ARN, una molécula mensajera monocatenaria que normalmente entrega instrucciones genéticas del ADN, enrolladas dentro de los núcleos de las células, a las fábricas de producción de proteínas de la célula fuera del núcleo. En este caso, el ARN ordena a las células musculares que produzcan la inocua proteína espiga como una advertencia para el sistema inmune. 

Otros que evalúan ensayos en humanos son la compañía china CanSino Biologics y un equipo de la Universidad de Oxford dirigido por la profesora Sarah Gilbert. Ambos usan virus inofensivos que han sido desactivados para que no se repliquen una vez que ingresan a las células. Estos vehículos de entrega se conocen como «vectores virales no replicantes».

Otro enfoque que se está desarrollando es el de la empresa estadounidense de biotecnología Inovio, con una vacuna que usa ADN para llevar instrucciones que convierten la proteína espiga en células, que se transcribe en ARN mensajero, el que luego ordena a las fábricas de proteínas que comiencen a bombear la proteína espiga enemiga. Eso sí, no existen en el mercado vacunas de ARN o ADN probadas en humanos, por lo que estos experimentos, de ser exitosos, significarán un gran salto en el desarrollo científico de inmunología.

Pero ¿qué sucede si no se encuentra jamás una vacuna adecuada para esta pandemia? Según los científicos, esto sería bastante improbable debido a la baja tasa de variabilidad que ha presentado el virus, lo que permite que los ensayos no tengan la mutación como un factor de riesgo. A pesar de esto, ha sido inevitable que el Covid-19 viva a la sombra de otro virus mucho más impredecible y molesto, para el cual, tras 40 años de investigación, aún no se ha podido encontrar una vacuna efectiva: el VIH.

La experiencia del VIH

Varias publicaciones han intentado establecer similitudes entre el Covid-19 y el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), e incluso a fines de abril circuló la declaración que hizo el virólogo francés Luc Montagnier, reconocido en 2008 con el Premio Nobel justamente por haber descubierto el virus del VIH, que apuntaba a que el Covid-19 contenía material genético del VIH y que bien podría haber sido creado en un laboratorio mientras alguien buscaba una vacuna contra el SIDA.

La inmunóloga y ex decana de la Escuela de Medicina de la U. de Chile, Cecilia Sepúlveda

Hasta hoy no hay ninguna prueba que asegure esta teoría y lo cierto es que el Covid-19 se ha expresado de manera bastante diferente al VIH. Así lo afirma la inmunóloga Cecilia Sepúlveda, ex decana de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile y quien se ha dedicado a fondo a investigar el virus del VIH. “Ambos virus pertenecen a familias completamente diferentes. En términos de la estructura del virus son totalmente distintos, la única similitud que tiene es que ambos son virus que tienen como material genético el ARN, pero en el caso del VIH es una doble hebra de ADN, y en el caso del virus SARS-COV 2 (que da como resultado la enfermedad Covid-19) es una hebra simple. Otra similitud es que ambos son virus envueltos en una especie de capa protectora de la cual emergen partículas virales que son las que le sirven a ambos para adherirse a los receptores en el ser humano y que les va a permitir la entrada a la células del individuo, pero son completamente diferentes en cuanto a estructura molecular y componentes”, dice la académica. 

“En cuanto a los mecanismos de transmisión del virus también son diferentes, en el caso del VIH es a través de transmisión sexual, de sangre contaminada o de la madre al hijo durante el embarazo, mientras que en el caso del SARS-COV 2, la transmisión es viral, a través de gotitas de saliva y secreciones respiratorias que saltan de una persona a otra, y por eso este virus es tan contagioso, sin embargo, en términos de letalidad, el VIH es mucho mayor, ya que si no es tratado, las personas siempre van a morir, mientras que el Covid-19 tiene una baja letalidad”, agrega Sepúlveda.

El VIH fue identificado en 1984 y desde 1987 que se está intentando producir una vacuna con más de 850 ensayos clínicos, todos fallidos. La dificultad radica principalmente en la capacidad que tiene el virus de mutar cada vez que se replica al interior de las células que infecta, además de ser capaz de esconder algunas de sus estructuras y de evadir la respuesta inmune. De hecho, el blanco del VIH es el sistema de defensas del ser humano; es decir, justamente la estructura que debe dar respuesta inmunológica contra el virus, queda bloqueada.

“En el último tiempo hubo un ensayo clínico que fue bastante prometedor en Sudáfrica, que llevaba más de un año y medio estudiándose en más de 4.500 personas, pero se tuvo que detener porque se vio que entre las personas que recibieron la promesa de vacuna, se contagiaron de la misma manera que las personas que recibieron un placebo”, cuenta Sepúlveda sobre el ensayo HVTN 702. Hoy se siguen haciendo ensayos como el denominado Mosaico, que se está probando en ocho países de América y Europa, en personas sobre todo transgénero y homosexuales; o el Imbokodo, que es un estudio especialmente aplicado en el África Subsahariana y que está siendo probado en mujeres.

«Es obvio que Chile tiene que invertir más en ciencia y tecnología, no alcanza con el 0,38% del PIB, porque no sólo tienen que tener científicos trabajando por sus propios intereses de curiosidad personal, digamos, sino que tienen que haber plataformas adaptadas y preparadas para estas nuevas amenazas»

Flavio salazar, médico y vicerrector de investigación y desarrollo de la u. de Chile.

A pesar del fallido intento por producir una vacuna, en la historia del VIH hay una luz de esperanza que se proyecta para esta y otras pandemias, debido a que en estos años los investigadores sí han logrado desarrollar una variedad de medicamentos antivirales que han reducido la mortalidad y que permiten a las personas con SIDA convivir con el virus de manera casi normal. “Al existir tratamientos que te permiten una buena calidad de vida, transforman la enfermedad del SIDA en una enfermedad crónica, que aparte de tomarte una pastilla todos los días e ir a control de vez en cuando, no le producen a las personas mayores inconvenientes. En Chile, además, el tratamiento está asegurado por el Auge, e incluso la gente que está en Fonasa en los grupos A y B -los más vulnerables- no tiene que pagar nada para acceder al tratamiento”, dice la inmunóloga.

A pesar de que el panorama ha mejorado para las personas con esta enfermedad, en 2019 un informe de ONU SIDA volvió a encender las alarmas al revelar que Chile es el país de Latinoamérica que más ha aumentado sus casos de contagio, con 71 mil personas que conviven con el virus, cifra que significa un aumento del 82% desde 2010. Frente a esto se comenzó una campaña de difusión que tiene como objetivo, además de incentivar las prácticas sexuales preventivas como el uso del condón, el aumento de los diagnósticos. “Lo importante es que las personas confirmadas con VIH positivo comiencen desde temprano un tratamiento, ya que se ha demostrado, desde 2015 en adelante, que las personas tratadas que ya no tienen carga viral demostrable en la sangre ni en el semen ni en las secreciones sexuales, dejan de transmitir el virus a otro, no contagian porque el virus ya está totalmente suprimido”, explica la doctora Sepúlveda.

Hoy, sin embargo, la contingencia del Covid-19 ha cambiado las prioridades del gobierno y la población. “Me preocupa que hoy quede invisibilizado el VIH. Chile adquirió el compromiso, al igual que otros 150 países, de lograr el objetivo 90-90-90 con respecto al VIH, es decir, diagnosticar al menos 90% de los casos, tratar al menos 90% de ellos y que de esos tratados, al menos 90% tengan una carga viral suprimida o indetectable. No sé si lo lograremos, debemos hacer los esfuerzos necesarios”, advierte la profesora titular de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile.

Además, Sepúlveda recuerda que tal como las vacunas, los medicamentos antivirales, aunque existen, no se producen en Chile. “Los primeros fármacos para tratar el VIH, todos producidos en EE.UU. o Europa, eran carísimos, además empezaron a llegar varios años después de que se empezaran a usar en esos lugares, no sería la idea que ocurriera los mismo con la vacuna del SARS-COV 2, que esperamos esté disponible el año que viene. Sería importante que en Chile hubiesen laboratorios de alto nivel que pudieran trabajar en red con otros laboratorios e investigadores del mundo para contribuir en la búsqueda de vacunas y medicamentos”, dice.

La inmunóloga vuelve al tema de la falta de una industria farmacéutica local y de investigación que se adelante a este tipo de crisis sanitaria que hoy vivimos. “Me parece que tenemos que aprender y pensar en que hoy estamos haciéndole frente a este nuevo virus que pilló desprevenido a todo el mundo, pero que el día de mañana se puede presentar otro agente infeccioso tan transmisible y severo como este o incluso peor. Permanentemente se están produciendo nuevas enfermedades asociadas a agentes infecciosos y yo creo que Chile necesita y se merece un instituto nacional que se dedique al estudio de las enfermedades infecciosas y que realice investigaciones básicas y aplicadas para enfrentar mejor estas nuevas situaciones”.

Es cierto que si bien el virus pilló de sorpresa al mundo, hay países mejor preparados y con plataformas de investigación avanzadas, que significarán tarde o temprano la salvación de millones de seres humanos. Para Flavio Salazar la discusión apunta hacia un tema de fondo: la financiación científica en Chile se debe incrementar con urgencia y debe comenzar a delinearse como política pública, tema que hoy, dentro de la emergencia, queda en evidencia, pero que con el tiempo amenaza con esconderse bajo el tapete nuevamente. “Es obvio que Chile tiene que invertir más en ciencia y tecnología, no alcanza con el 0,38% del PIB, porque no sólo tienen que tener científicos trabajando por sus propios intereses de curiosidad personal, digamos, sino que tienen que haber plataformas adaptadas y preparadas para estas nuevas amenazas, y eso significa inversión en equipamiento, en infraestructura. Tampoco es un tema de plata inmediata, o sea, si a mí me dieran 10 mil millones de dólares para que yo en un mes haga una vacuna, eso es de todas formas imposible. Tiene que ver con capacidades, inventiva, creatividad, experiencia, y eso se debe ir trabajando desde antes, no se puede improvisar”, resume Salazar.

Eduardo Santa Cruz: “Vivimos en un presente permanente y eso tiene clara intencionalidad política”

En un contexto de pandemia que va cambiando día a día, el académico del Instituto de la Comunicación e Imagen (ICEI) de la Universidad de Chile se refiere a cómo nuestra falta de conocimiento del pasado nos impide tomar medidas para el presente y futuro, a la idea de caridad, que en nuestra historia ha prevalecido a la de justicia social, y a las maneras en que el periodismo también reproduce la segmentación social.

Por Florencia La Mura

En 1924 se creó el Ministerio de Higiene, Asistencia y Previsión Social, actual Ministerio de Salud, para dar respuesta a las diversas pestes que estaban azotando a un Chile con alta pobreza y tasas de mortalidad asociadas a diferentes enfermedades. En ese contexto es que aparece la salud pública como un concepto elaborado por distintos doctores destacados de la época, como Eloísa Díaz, Salvador Allende y Exequiel González Cortés. El escenario previo sólo se centraba en la caridad de los aristócratas de la época, quienes construían centros de salud para ayudar a los más necesitados. El Estado debió hacerse cargo cuando, debido a la urgencia sanitaria, se tomó conciencia del carácter colectivo y social de la salud, a través de políticas públicas como campañas de vacunación y planes de protección para las y los trabajadores y sus familias.

Pero el concepto de salud pública ha cambiado y no para bien, dice Eduardo Santa Cruz, periodista de la Universidad Católica, licenciado en Ciencias Sociales del Instituto Latinoamericano de Estudios Sociales (ILADES) y postgraduado en Comunicación Social en el Centro Internacional de Estudios Superiores en Comunicación para América Latina (CIESPAL). Especializado en cultura popular y de masas, Santa Cruz advierte que la evolución hacia un Estado subsidiario como el actual ha impactado en cómo se aborda políticamente la actual crisis sanitaria. Mientras el gobierno pone un veto a la Ley de Renta Básica de Emergencia, decide distribuir mercadería entre quienes la necesiten, lo que pone en jaque el concepto de caridad versus justicia social, una disputa que para Santa Cruz se ha repetido a lo largo del siglo XX, tal como muchos procesos ignorados por no revisar la historia.

El periodista y académico del ICEI, Eduardo Santa Cruz.

¿Qué puede aprender Chile de su propia historia frente a distintas enfermedades?

Este es un país de epidemias. A fines del siglo XIX la gente moría como moscas y gracias a las políticas de salud del siglo XX, a las vacunas, se logró extinguir enfermedades como la viruela, el tifus, la escarlatina, la poliomielitis. En la década del 30 hubo una epidemia de tifus exantemático que transmitían los piojos, y si revisas la prensa de la época, entre 1933 y 1935 estaba limitada la asistencia a los estadios para que la gente no estuviera una al lado de la otra. A partidos de 15 mil personas no podían ir más de tres mil. Con esto en carpeta y ya en los años 60, se instalaron las vacunas obligatorias. En cada uno de esos episodios, los que más sufrieron fueron los pobres, y si en algún momento cambió fue porque había políticas públicas a cargo del Estado.

A mediados del siglo XX se crea una política de salud pública, donde esta se aborda como un fenómeno social, colectivo, donde la preocupación no es andar mejorando enfermos sino prevenir enfermedades, y las vacunas son parte de esto. Ese tipo de políticas se tomaron cuando la gente vivía hacinada, muchas veces sin agua potable, es una política anterior a la enfermedad porque sabían que si un virus se metía en un espacio así, era un desastre. Eso no tiene nada que ver con el concepto de salud pública actual y repercute en la forma de enseñarle a los médicos. Un médico que se dedica a atender individuos, pero no se preocupa de en qué contexto vive, trabaja, hace que todo se vuelva examen-remedio. Ahora la salud pública sólo cubre los «grupos de riesgo», si tienes, 20, 30, 40 años, no te vacunan, y debes acudir a los privados, ese es el concepto de Estado subsidiario, cuando el Estado hace lo que los privados no pueden o no quieren. Pero es tan simple como que si mi hijo de 40 años no se compra la vacuna, me contagia a mí, que soy grupo de riesgo. No se tiene la visión holística que se tenía a mediados del siglo XX. En el debate público actual no está esa revisión de ver qué hizo el Estado para anteriores epidemias.

Chile es un país muy desigual y con una precariedad disfrazada. ¿Cuáles fueron los procesos que nos llevaron a este estado de cosas?

Desde 1990 en adelante se instaló un modelo de sociedad acorde al modelo histórico del capitalismo globalizado para que Chile se insertara en la economía mundial. En esa lógica, se obviaron los procesos y ahora tenemos una tendencia en ciertos sectores de este país a creer que todo es nuevo, que nunca había ocurrido, y si se revisa la historia de Chile hacia atrás, ves que temas como la relación de la familia y el Estado en torno a grandes problemas como la educación, eso viene del siglo XIX. O la idea de que el comercio ambulante implica más delincuencia, que aparece en 1860, cuando emerge el comercio popular en el centro de Santiago. El presentismo niega la historia y eso es muy grave. Desde el 90 en adelante, además, se le agregó una obsesión muy compulsiva por evitar el conflicto social, la famosa democracia de los acuerdos, con el trauma de la dictadura encima, y así este país se volvió de eufemismos. No hay pobres, hay «sectores vulnerables». 

«(El Estado) está jugando a un equilibrio que es muy frágil y donde el que tiene menor poder económico va a pagar el costo mayor».

Antes de que el Estado se hiciera cargo de la salud pública, los privados eran quienes respondían. ¿Se volvió a esa lógica?

Ante estas epidemias había un sector de la oligarquía aristócrata que reaccionaba motivado por su fe, la moral cristiana, y desarrollaba acciones caritativas, por último porque les molestaba la conciencia. Siempre hubo un sector minoritario que desarrollaba una acción social, pero bajo la caridad, lo que no es muy distinto a la realidad actual. No conocemos la historia, qué se hizo bien o mal y qué se podía mejorar, y hay que conocerla, además de integrarla. Pero no como una cosa de museo: la historia es una cosa viva, algo que está repercutiendo hoy día. Pero es difícil porque impera otra visión de mundo. 

Usted ha hablado del exceso de “presentismo” en la visión chilena sobre su propia historia. ¿Podría explicar este concepto desde el contexto actual?

La fase actual del capitalismo globalizante ha generado vivir un presente permanente y eso tiene una clara intencionalidad política. Si no discutes el pasado, no puedes discutir el futuro, todo es el aquí y ahora, y así se pasa por alto cómo se llegó a lo que está pasando, y a partir de ese conocimiento, entender todas las variables. Se puede operar sobre el presente con una perspectiva de avance, y la idea del presentismo es que esto no se hace porque el poder nunca se puede discutir. No discutimos los supuestos de la sociedad y sus fines, sino sólo su gestión. Es cosa de analizar qué han dicho las autoridades de gobierno desde marzo en adelante, siempre van cambiando y es caótico. La crisis sanitaria que vivimos tiene una dimensión política evidente, no es un asunto técnico de más o menos ventiladores mecánicos. El tema es la política con que se enfrenta este problema mundial, se cambian ministros y compramos tal o cual cosa porque creen que es algo que se puede resolver técnicamente, cosa que no es así. El presentismo es un mecanismo ideológico que permite escabullirse de las discusiones fundamentales de la sociedad.

Se ha acusado la falta de entrega de datos de parte del gobierno sobre contagiados por Covid-19. ¿Cree que puede ser parte de una estrategia política?

La información que se entrega, las medidas que se toman, son absolutamente coherentes a la propia estrategia del gobierno, que es muy discutible. A partir de las mismas cifras de contagiados podemos tomar posturas distintas, porque entran a operar otro tipo de criterios, ya sean económicos, políticos, sociales, etc. Eso demuestra las diferencias entre un país como Nueva Zelanda y los resultados que obtiene, y un país como Chile o Brasil. La crisis se debe ir administrando a medida que avanza y eso implica que se va a enfermar una cantidad importante, pero nunca esa cantidad puede llegar a cierto límite, y ahí es donde se aplican las cuarentenas móviles, porque me permiten mantener una serie de actividades económicas, permiten no parar el país. China cerró Wuhan y tuvo un costo económico que absorbió el Estado. El Estado chileno es subsidiario -porque siempre tiene un carácter, nunca es neutro- y no está dispuesto a asumir todo el costo de la crisis ni a trasladarlo a los principales intereses económicos del país. Está jugando a un equilibrio que es muy frágil y donde el que tiene menor poder económico va a pagar el costo mayor. Vemos cómo el gobierno enfoca sus discursos en cifras e información diaria y la prensa sólo replica esa información, no analizamos la estrategia del gobierno, qué significa y cómo afecta a distintos sectores.

¿De qué manera la forma de enfrentar y resolver los conflictos sociales históricamente se asoma en la actual crisis?

Desde hace tres décadas se oculta una enorme cantidad de conflictos sociales que se manifiesta en fórmulas tales como hablar de equidad en vez de justicia social, e igualdad no habrá nunca por muchas razones, pero sí puede haber justicia social. Pienso en una frase del padre Hurtado: «la caridad comienza cuando se acaba la justicia». En este modelo que habitamos impera la idea de la caridad. Esto robustece la idea de que si tú ayudas, eres poderoso, tanto así que eres capaz de regalarle a los que no tienen. La idea de que la caridad viene de los ricos es muy antigua, de la época cristiana, y aparece en Chile curiosamente desde los 90 en adelante, siguiendo la frase del padre Hurtado, porque no hay idea de justicia. Tapas con caridad el afán de justicia social, las diferencias horrorosas de ingresos que ha habido en este país hace cuarenta años. En el contexto de esta epidemia se vuelve a plantear que todo lo del pasado se había acabado y ahí aparece esa frase de «volver a las ollas comunes», cuando nunca se han ido. 

Fútbol y prensa: cultura popular

En su carrera como investigador, Eduardo Santa Cruz también ha prestado particular atención a la historia de la prensa chilena, así como al fútbol como fenómeno social. Sobre ambos temas ha editado los libros Análisis histórico del periodismo chileno (Nuestra América, 1988); Crónica de un encuentro: fútbol y cultura popular (Arcos, 1991); Las escuelas de la identidad: la cultura y el deporte en el Chile desarrollista (LOM Ediciones, 2005), además de diversas publicaciones. 

Santa Cruz se ha dedicado a estudiar el fenómeno del fútbol y su impacto en la cultura popular chilena.

Crítico de su privatización, Santa Cruz ha estudiado el impacto del fútbol en la cultura popular chilena desde los años 80 y ha afirmado que este deporte es político y responde al modelo neoliberal del país; las barras bravas y sociedades anónimas son sus emblemas principales. En el contexto actual, el periodista espera que la situación del fútbol local mejore a futuro, aprovechando la crisis como una oportunidad de cambio, aunque sea lejana.

Usted ha estudiado mucho el tema del fútbol como ritual importante en la sociedad chilena. ¿Cree que se puede perder algo de eso o modificar su modelo debido al aislamiento social, ya que no se puede desarrollar esta actividad?

Es complejo el tema y no es fácil ser muy categórico. El fútbol, más allá del negocio y espectáculo, es una cosa compleja y tiene algo de ritualidad social y cultural, muy metida en la cultura popular masiva, y no sólo en Chile, en Sudamérica es una cuestión central y vital de la sociabilidad de la gente. Si eso se interrumpe, hay un vacío. Para muchas personas (y diría que en otros países ocurre mucho más que en Chile, como Argentina, Brasil y Uruguay), el fútbol es parte de la vida, es patrimonio. Ahora el CDF sacó un videojuego de fútbol con los equipos chilenos y quizás la gente más joven se entusiasma con eso. Ahora quieren jugar partidos sin público y eso es como un entrenamiento, no es un partido de verdad. Se juega sin público cuando castigan a un equipo. 

El fútbol chileno expresa los problemas de la sociedad chilena: la estructura de sueldos, las malas condiciones laborales, la privatización que se hizo con las sociedades anónimas, y mientras más dure esta pandemia y estemos sin partidos, se debería provocar una reestructuración a fondo del que llaman «el modelo de negocios», de la estructura económica, social y cultural del fútbol, en perspectivas de largo plazo. Quiero pensar que esa ritualidad vaciada de significantes y significados alguna repercusión irá a tener.

¿Qué opinión le merece la cobertura de los medios tradicionales chilenos de esta pandemia? ¿De qué manera su estado actual responde a la falta de conocimiento de nuestra propia historia periodística, como usted ha mencionado?

Si hay algo que caracteriza a las comunicaciones desde fines del siglo XX en adelante es la segmentación, es cada vez más heterogéneo. El periodismo también reproduce las mismas contradicciones que tiene la sociedad. A nivel de su dimensión laboral, tienes una pirámide donde hay arriba un pequeño grupo de periodistas estrellas que ganan mucha plata, y hacia abajo una masa de periodistas en condiciones ultra precarias. Eso implica muchas cosas, que el sector más estrella, como es la televisión, es profundamente conservador, porque esos periodistas ya son parte de la élite y piensan como ellos. Tienen muy poca percepción de lo que pasa en el país. En el caso del periodista precarizado, repercute en que hay un miedo enorme a perder la pega, porque hay despidos masivos. 

Hay un tipo de periodismo que tiene un formato extraordinariamente conservador y ligado al poder, donde sólo se replican las fuentes y no se cuestionan. Ese discurso está impregnado en muchos tipos de periodismo, incluso en aquellos locales y regionales. No hay que decir que esos de allá son los malos y estos otros son buenos, porque ese discurso traspasa incluso a plataformas independientes, pensando que esas son las buenas y los medios grandes, los malos. Ese discurso también se puede encontrar en radios de regiones, lo que también es interesante, porque puedo escuchar esa radio local a través de Internet, sacarla de su espacio físico. Internet alteró todo el panorama y el escenario de las comunicaciones y el periodismo. En los 90 todos decían que esta iba a ser la democracia misma, pero su existencia no quita que no haya un discurso hegemónico. El discurso dominante de poder no está sólo en los medios masivos, ahora está en todas partes. Hay una sensación de juguete nuevo con Internet, donde no se separa lo privado y lo público y aún no somos capaces de medir sus consecuencias por pensar que Internet es neutro, como si no hubiera intereses o poderes, y eso es bien equivocado. 

China y EE.UU. en medio de la tormenta

Por Dorotea López Giral y Andrés Bórquez Basáez*

La guerra comercial entre China y Estados Unidos, que llevó a una preocupación común a muchos países, hoy parece historia del pasado. Sin embargo, hay que recordar que el acuerdo sobre la Fase I, que aspiraba a frenar esta disputa, se estaría pactando sólo hace unos meses. Hoy, con el Covid-19, esta compleja relación se ve nuevamente desafiada y nos llena de más interrogantes que respuestas ante un escenario de alta incertidumbre. Con esta crisis el mundo va a enfrentar cambios en la fuerza militar y económica relativa y cambios de percepción sobre las expectativas del papel que deben tener los grandes jugadores de la escena mundial. En este escenario, China y Estados Unidos tienen razones para preocuparse por su influencia global en el mundo posterior a la pandemia. 

Hablamos sin duda de potencias absolutamente relevantes en nuestra historia moderna, cuyos movimientos impactan en lo global y a cada país en niveles significativos, y más aún a economías como la nuestra, por sus altos niveles de dependencia. Esta disputa, que ha querido analizarse con herramientas del pasado, como un nuevo mundo bipolar y el fin de la unipolaridad, responde, por el contrario, a una China y un EE.UU. con desafíos y reestructuraciones internas. 

El presidente de EEUU, Donald Trump junto al lídea chino, Xi Jinping durante una cumbre comercial realizada en Osaka, Japón, realizada en junio de 2019.

Hay que comprender esta relación en función de sus complejas realidades domésticas y, por ende, parece prematuro o equivocado el paradigma de un dilema bipolar, el que significaría que el resto de la comunidad internacional deba tomar gradualmente parte, para resolver las dificultades internas, por alguna de estas dos naciones en disputa. Es natural que las naciones tengan dificultades y diferencias, pero esto no significa convertir la economía y el comercio internacional en un juego de suma cero. De hecho, cabe señalar que durante las últimas décadas, ambas naciones se han beneficiado del sistema multilateral. 

Un sistema cuya alicaída situación ha sido puesta en evidencia por la crisis sanitaria mundial, y que ya estaba, hace tiempo, mostrando falencias estructurales y perdiendo fuerza como eje del comercio internacional y como mecanismo para resolver disputas. Esto completa la tormenta perfecta, y quizás esto haga que sea un buen momento para arreglar el barco. 

En este contexto, sostenemos que el multilateralismo sigue siendo un mecanismo para fomentar el desarrollo económico y resolver controversias de manera pacífica, pero que necesita actualizar y reformar sus instrumentos basándose en las nuevas dinámicas y problemáticas globales. Necesita volver a encontrar los incentivos para cooperar.

En este sentido, la pandemia es una tormenta que plantea un desafío internacional donde una respuesta articulada entre las naciones aparece como una vía razonable para reducir sus impactos. Tanto estas dos potencias como el resto del sistema internacional tienen que poner en valor este escenario Covid-19 para reformar y perfeccionar los elementos que han perdido dinamismo e incorporar los nuevos desafíos globales, que nos permitan, una vez que pase la tormenta, seguir navegando en una gobernanza global inclusiva.

No es primera vez que China y EE.UU. se entrampan en una crisis bilateral, pero esta vez han evidenciado la incapacidad de cooperar entre ellas para proteger al mundo de un problema global como es el Covid-19. Mientras cada uno enfrente un contexto interno con sus propias complejidades, ninguno podrá arriesgar mayor desestabilización de sus economías, aunque en el corto plazo puedan jugar el rol de enemigo útil.

China ya no pasa desapercibida en el escenario internacional, y su papel como potencia la obliga a una mayor responsabilidad en el mundo, en especial con América Latina, una región cuya dependencia, en particular en su balanza de pagos con China, se ha incrementado significativamente en esta década. La nación asiática ha avanzado a grandes pasos en su camino al desarrollo y en parte esto se debe a su integración gradual al sistema multilateral. Por ejemplo, su ingreso a la Organización Mundial de Comercio el 2001 le permitió ser una nación más atractiva para los inversionistas extranjeros y fortalecer los intercambios comerciales gracias a un comercio abierto y estandarizado. No obstante, también es de amplio conocimiento que China aún enfrenta desafíos similares a América Latina, como la desigualdad, la trampa de los ingresos medios y las asimetrías de su mercado para el acceso de empresas internacionales, que esta crisis ha puesto de manifiesto. A eso se suma una mayor demanda por transparencia, que se ha instalado más fuerte como resultado de esta pandemia.

Por el otro lado, el conocido Estados Unidos para la región, pasa por una exacerbación de su política Make America Great Again, lo que le ha permitido replantearse su modelo productivo y responder a estancamientos internos. Esto ha ido en contra de su tradición retórica basada en principios de apoyo a la humanidad que caracterizaban su otrora discurso. Cabe señalar que al igual que China, la nación norteamericana ha sido uno de los grandes beneficiarios del multilateralismo. Sin ir más lejos, después de la Segunda Guerra Mundial, los responsables políticos de EE.UU. fueron los grandes promotores del establecimiento de un nuevo orden global basado en la cultura política norteamericana de consulta y compromiso, el Estado de derecho y apertura económica como modelo. Hay que considerar que las instituciones multilaterales fueron un gran factor para que la Guerra Fría se inclinara en favor de la nación del norte. 

«Por paradójico que parezca, el multilateralismo debe desarmar la estrategia, por ahora discursiva y de utilidad en política doméstica, de que la guerra entre potencias dividirá al mundo en los próximos años. Aunque a veces una mentira repetida mil veces se vuelve verdad, ya se ha observado este recurso retórico en otras épocas».

Un dato a considerar es que esta nación enfrenta las elecciones presidenciales en noviembre, donde estará muy presente la acusación al “virus chino”, como el presidente Trump lo ha llamado, de todos los problemas internos que se han evidenciado con esta crisis. Si el resultado es la reelección, cabe preocuparse por un endurecimiento de la vuelta a lo doméstico y el abandono de lo multilateral. No de forma tan evidente en lo militar y financiero, más allá del discurso.

Este enfrentamiento bilateral y la ausencia de cooperación entre los países, incluso en una cuestionada Unión Europea, agudizan lo que se ha llamado la crisis del multilateralismo. Ampliamente cuestionada por su actuar está siendo la Organización Mundial de la Salud, en especial por EE.UU., el principal financista de la entidad y que ya le ha quitado los fondos, aunque el segundo mayor aporte proviene del magnate y filántropo Bill Gates, quien apoyará con más recursos. En tanto, la Organización Mundial del Comercio está detenida en un momento en que sería justamente fundamental utilizar el comercio como un apoyo para superar esta pandemia. El multilateralismo que ya estaba en la preocupación de los creyentes antes de esta pandemia, sólo ha confirmado la peligrosa senda que ha tomado.

La pandemia, en el corto plazo, nos deja en un escenario de alta incertidumbre, en donde la región de América Latina es una de las más afectadas por su dependencia de lo externo en aspectos como el turismo y las remesas. El último informe de la CEPAL consignaba además que los países de la región venían ya de periodos de conflictos sociales, bajo crecimiento y debilitado espacio fiscal. 

Ante este escenario, como región, se han tomado diversas medidas fiscales, monetarias y sociales de forma doméstica, que en algunos casos llegan al 10% del PIB, pero que aún resultan insuficientes. Sin embargo, es necesario esperar que haya apoyos. Por ejemplo, la nación del norte puede revisar cómo, durante las últimas décadas, se ha beneficiado del sistema económico mundial y, por ende, fortalecerlo debería ser una prioridad. En este sentido, iniciativas como “América Crece” surgen como una luz dentro de tanta cesión unilateral. 

China puede dar moratoria o mejores condiciones de pago. A pesar de seguir siendo un país de ingresos medios, puede ablandar las condiciones con que ha prestado, en especial a nuestra región. A su vez, deberá recuperar su iniciativa de la “Franja y la ruta”, la iniciativa liderada por China bajo el mandato de Xi Jinping para establecer una ruta comercial internacional basada en el financiamiento de infraestructura y conectividad, como un camino que le permita recuperar su imagen, y sin duda trabajar en aportar mayor transparencia y responsabilidad, como se le ha demandado.

Es también el momento donde otros actores privados y subnacionales puedan tomar relevancia e iniciar espacios de cooperación. 

Incluso antes del Coronavirus, había muchas preguntas respecto a cómo se iba a desarrollar la relación entre estas dos potencias. Ambos países deben partir desde casa arreglando sus falencias y plantearse que las condiciones de una nueva Guerra Fría son limitadas. Acá no hay dos modelos en disputa y tampoco dos propuestas ideológicas que sustenten alineamientos. Por el contrario, podrían realizar un juego cooperativo en que ambas naciones sigan siendo beneficiadas por el sistema multilateral. 

En el corto plazo, las reacciones a esperar pueden ser más de conflicto y de protección interna; sobre el mediano plazo hay muchas más dudas, tanto depende de la vacuna y la nueva cura, de la que poco se puede afirmar por ahora. Sólo es claro que mientras más dure esta pandemia, más consecuencias tendremos que revertir.

Por paradójico que parezca, el multilateralismo debe desarmar la estrategia, por ahora discursiva y de utilidad en política doméstica, de que la guerra entre potencias dividirá al mundo en los próximos años. Aunque a veces una mentira repetida mil veces se vuelve verdad, ya se ha observado este recurso retórico en otras épocas.

En esta configuración, en 2019 el Instituto de Estudios Internacionales ha abierto un Programa de Estudios Chinos que promueve un entorno estimulante para el desarrollo de estudios multidisciplinarios sobre China y su presencia en América Latina y que, al mismo tiempo, puede facilitar la comprensión de ambas culturas en una sociedad global.

*Andrés Bórquez Basáez, co-autor de esta columna, es director del programa de Estudios Chinos en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Doctor es Ciencias Políticas y Política Internacional de la Universidad de Fudan, China.

Graciela Rojas: El desafío de dirigir un hospital al servicio del país

Casi dos meses después del primer diagnóstico de Covid-19 en Chile, la directora del Hospital Clínico de la Universidad de Chile aborda los principales retos que ha enfrentado la institución y se refiere a la necesidad de entender este momento como una coyuntura que permita relevar el rol de un sistema de salud público que ha probado ser exitoso y a la misión que cumple uno de los principales centros de atención compleja del país.

Por Jennifer Abate

Desde el 16 de marzo, fecha en que se declaró la fase 4 de la pandemia por Covid-19, la vida de la doctora Graciela Rojas, Profesora Titular, psiquiatra, primera mujer a cargo de la dirección del Hospital Clínico de la Universidad de Chile (HCUCH), se volcó a transformar la institución sanitaria para responder a la emergencia. Sin tiempo que perder, la dirección a su cargo tomó la decisión de ampliar el área de emergencia, crear espacios segregados para recibir a los pacientes sospechosos de portar el Coronavirus (que hoy son tratados en un área exclusivamente dedicada a ello) sin olvidar a quienes consultan por otras emergencias, y fortalecer el área de enfermos críticos. A esto se suma la puesta al día del centro de salud en materia tecnológica: se ha profundizado la labor de telemedicina y se han mantenido reuniones virtuales con equipos internacionales para compartir experiencias y enfrentar de mejor manera la pandemia. “Hasta ahora, con orgullo, puedo decir que no tenemos ningún fallecido y sólo tenemos cinco funcionarios infectados”, dice a la distancia la doctora Rojas.

La psiquiatra y directora del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, Graciela Rojas.

Sin embargo, el bienestar físico de las y los pacientes no ha sido la única preocupación de la psiquiatra. En un contexto de enorme estrés y preocupación por la situación del país, la salud mental de las y los funcionarios también ha estado entre las prioridades. “Ya en las primeras semanas, la unidad de recursos humanos del Hospital, junto con nuestra Clínica Psiquiátrica Universitaria, desarrollaron un programa de apoyo emocional para nuestros funcionarios, con una sala segura donde cualquiera puede retirarse a descansar y pedir apoyo emocional si se siente estresado o sobrepasado por las circunstancias. También ha sido muy importante el rol que ha jugado, en este sentido, nuestro equipo de comunicaciones, a cargo de la periodista Fernanda Farfán, que en forma permanente está resaltando los aportes y logros de los distintos grupos de nuestra comunidad hospitalaria”. Por cierto, la líder del hospital reconoce el aporte de iniciativas como la de la enfermera Patricia Bisbal, que creó la canción “¿Quién lo iba a decir?” para motivar a sus compañeros y compañeras y que tuvo amplia repercusión en diferentes medios de comunicación.

A dos meses de la detección del primer caso de Covid-19 en Chile, a Graciela Rojas aún le sorprende que una parte de la población no se tome en serio la pandemia. Sin embargo, dice, el resultado de la estrategia es alentador: “Si recordamos las imágenes de Italia, España y ahora Estados Unidos –países con más recursos que nosotros–, podemos afirmar que, a la fecha, nuestro país puede mostrar buenos resultados”.

Tarea nada fácil si se considera el contexto post 18 de octubre de 2019. “Teníamos en contra la falta de confianza de nuestra población en las autoridades y en sus instituciones, incluida la red de salud, y a favor, la larga trayectoria de salud pública de esta República. Si hoy la red de salud del país está respondiendo a la pandemia es gracias a la Institucionalidad que la República ha creado y que se ha puesto a prueba en muchas epidemias. En el pasado, nuestro sistema de salud derrotó la desnutrición infantil y las enfermedades infecciosas, y ha logrado tener una población longeva. También hay que reconocer que nuestras autoridades y dirigencias políticas se han alineado con la autoridad sanitaria. Creo que podrían haberse explicado mejor algunas decisiones y que podría haberse trabajado más colaborativamente con las autoridades locales, pero tengamos en cuenta que el enemigo es grande y la tarea, colosal”.

—En el caso del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, ¿cuáles han sido los principales desafíos en los últimos dos meses?

 El gran problema que hemos tenido es financiero. Ha habido momentos en que los elementos de protección personal han escaseado y/o han tenido precios muy especulativos, por lo que al interior del Hospital se montaron grandes talleres que confeccionan escudos faciales y mascarillas. No hay que olvidar que el Hospital se autofinancia con la venta de servicios, que en este caso son nuestras prestaciones clínicas, y desde el 16 de marzo estas se han limitado: no se pueden realizar cirugías postergables, está restringida la actividad ambulatoria y está regulada la actividad en general. Recién en la última semana se autorizó un aumento de esta. Además, un número importante de nuestros funcionarios ha debido permanecer en sus casas, ya sea por edad, por tener una enfermedad crónica o por tener que cuidar niños. Nosotros no tenemos posibilidad de postular a créditos, sólo tenemos a la Universidad detrás de nosotros. Por otro lado, creo que el teletrabajo y la telemedicina han sido desafíos importantes. En pocas semanas hemos avanzado lo que no habíamos logrado en años.

—El Hospital Clínico de la U. de Chile decidió poner a disposición a sus profesionales para ser trasladados a regiones como La Araucanía y Magallanes, donde se ha detectado un gran número de casos. ¿Cuál es la realidad de la disponibilidad de especialistas en regiones y, al margen de este ofrecimiento, qué está haciendo la Universidad de Chile para contribuir al mejoramiento de la salud pública a lo largo del país?

El Hospital Clínico ha jugado, históricamente, un papel muy importante en la formación de especialistas y de recursos humanos en salud, razón por la que nuestros profesionales participan de redes extensas de ex alumnos que hoy juegan roles protagónicos en regiones. Nos han contactado de varios lugares, pero en La Araucanía y Magallanes, por distintas circunstancias, la demanda fue mayor que los servicios disponibles. En La Araucanía había que aumentar la capacidad de camas intensivas en un hospital recién inaugurado, por ello partió un grupo a apoyar la instalación de dichas capacidades. En Magallanes, más bien, necesitaron profesionales que se integraran a capacidades ya instaladas. Estas situaciones nos brindan la posibilidad de desarrollar la telemedicina desde el Hospital hacia regiones para ayudar a enfrentar la distribución inequitativa de recursos humanos especializados de nuestro país. El Hospital ha desarrollado mucho la teleradiología, por lo que ya tenemos experiencias exitosas en las que apoyarnos para desarrollar otras especialidades.

—En Chile, la salud privada y la salud pública suelen ir por carriles separados, pero desde el comienzo de la pandemia en nuestro país, el ministro de Salud señaló que la autoridad tomaría el control de los recursos de ambos sistemas para asegurar la cobertura y la atención oportuna a las personas. ¿Le parece que este es un momento para reevaluar de manera permanente el rol del Estado de cara a la oferta de salud, a fin de que pueda tener una mayor intervención en lo que hacen los privados en materia sanitaria?

Efectivamente, la autoridad sanitaria ha tomado el control de la red pública y privada de salud y la ha coordinado en forma centralizada. Nosotros, diariamente, debemos informar sobre nuestra ocupación de camas y nuestra disponibilidad de recursos. Pertenecemos al área norte de Santiago y en la actualidad tenemos semanalmente reuniones con las autoridades del Servicio de Salud Norte para coordinar nuestra actividad asistencial. El Hospital Clínico de la Universidad de Chile es público, como lo es toda la Universidad, pero es considerado parte de la red privada de salud. Creo que hoy debemos volver a plantear cómo debiese ser reconocido el rol público que juega nuestro Hospital en la formación de especialistas, pero también en la solución de problemas sanitarios del área norte de Santiago y de problemas complejos de salud a nivel nacional.

La salud pública chilena es muy fuerte, pues atiende al 80% de nuestra población y las políticas de salud pública comprometen a la red pública y privada de salud, pero hace falta discutir las lógicas de funcionamiento de ambos sistemas. Es muy difícil la convivencia de dos sistemas que trabajan de manera diametralmente distinta. En el área pública, para acceder a un especialista, una persona debe ser derivada por un médico general, como ocurre en Alemania y en el Reino Unido, pero en el sistema privado uno puede acceder a un especialista rápidamente, y sólo por una decisión personal avalada por la capacidad de pago. ¿Cuál es el resultado? Todos quieren más especialistas porque los más ricos acceden a ellos, lo que no es posible ni necesario

“La salud pública chilena es fuerte, atiende al 80% de nuestra población y las políticas de salud pública comprometen a la red pública y privada, pero hace falta discutir las lógicas de funcionamiento de ambas. Es muy difícil la convivencia de dos sistemas que trabajan de manera diametralmente distinta”.

—¿Cuál es su evaluación de la estrategia de «nueva normalidad» y posterior «retorno seguro» que está implementando el gobierno?

Es complejo el tema. Cualquiera sea la nominación que utilicemos, debemos convivir con el agente patógeno por mucho tiempo, y se puede mientras tomemos dos medidas muy importantes: el lavado de manos y la distancia física entre las personas. En algunos países no se han necesitado controles para que la gente tome las precauciones necesarias. Debemos también considerar la experiencia de los hospitales, donde muchos funcionarios se han infectado en los comedores o en las pausas, donde se relajan las medidas de seguridad y no se respetan las distancias físicas. No sacamos nada con estar encerrados en nuestras casas si vamos a ir a la feria y no vamos a guardar la distancia física. Tampoco necesitamos que trabajen presencialmente funcionarios que pueden hacerlo muy bien desde sus casas, pero no podemos tener funcionarios en sus casas y, a la vez, a la población aglomerada pues no abrimos suficientes sucursales de servicios básicos. Es muy complejo y no se puede generalizar. Las cuarentenas son muy duras y mucha gente no las puede respetar porque vive hacinada o porque tiene que buscar su sustento.

—En el actual contexto hemos visto gestos de enorme solidaridad hacia personas que están pasando por situaciones críticas, y otros cuestionables, como el de quienes insisten en llegar a sus segundas viviendas a pesar de los riesgos que esto implica. Como psiquiatra, ¿cómo explica esta disparidad de acciones frente a un mismo contexto no sólo nacional, sino global?

Así es el ser humano y por eso la salud mental es tan importante, pues tiene que ver con las conductas de las personas, tanto las conductas irresponsables, como no respetar las instrucciones de la autoridad, como las solidarias. Yo creo que en esta pandemia se han revelado nuestras debilidades como una sociedad que ha fomentado el individualismo extremo y la falta de empatía con los otros. Quizás esta es la oportunidad para que los medios fomenten la solidaridad, la ayuda mutua, y resalten tantas muestras de colaboración y empatía. Esta pandemia requiere que la enfrentemos de manera colectiva y colaborativa.

—El gobierno, las instituciones y el sistema en general habían sido cuestionados en nuestro país tras el estallido social del 18 de octubre. ¿Qué cree que ocurrirá con la confianza en las instituciones una vez que haya pasado la emergencia sanitaria y puedan retomarse las discusiones políticas en la sociedad chilena?

Todas las instituciones estaban cuestionadas antes del estallido social. Yo echo de menos la reflexión más profunda sobre la sociedad que queremos post Covid-19. Esta pandemia no sólo tiene implicancias sanitarias, y extraño propuestas que involucren no sólo al sistema de salud, su funcionamiento y financiamiento, sino también nuestras formas de convivencia, nuestras libertades, nuestro sistema de protección social. Si el estallido social cuestionaba nuestro orden, la pandemia lo desordenó completamente, y no he escuchado voces que apunten a cómo reordenarlo.

—Muchas personas ya van a cumplir dos meses en zonas en cuarentena y respetando medidas estrictas de distanciamiento social. Como especialista, ¿cuáles son sus recomendaciones para mantener la salud mental frente a decisiones que restringen la libertad y que detienen la vida cotidiana de las personas?

El tema de la salud mental debiese ser muy prioritario. El país ya tenía una deuda con la salud mental de los chilenos antes del estallido social y en ese proceso se evidenció que era una demanda importante. La sintomatología ansiosa y depresiva aumenta en situaciones como esta, en que tenemos un enemigo poderoso que puede terminar con nuestras vidas y nadie puede entregar certezas. La incertidumbre respecto al desarrollo de la pandemia y al desarrollo de nuestras vidas posterior a ella es muy grande y ello genera angustia. En situación de confinamiento hay que mantener las rutinas, organizar actividades para el grupo, usar las tecnologías para comunicarse con seres queridos que estén a la distancia, evitar el consumo excesivo de alcohol y las situaciones que puedan generar violencia entre las personas. Obviamente, para quienes viven en espacios pequeños es muy difícil, más aún si deben cuidar niños de distintas edades, ayudar a estos en sus deberes escolares y realizar teletrabajo. La Universidad de Chile elaboró una propuesta que fue presentada en la Mesa Social Covid-19 por nuestro rector. En el documento se plantea que el tema de la salud mental debe ser abordado intersectorialmente y que es necesario generar estrategias específicas para las distintas poblaciones: mujeres, niños y adolescentes, adultos mayores, personas privadas de libertad, entre otras.

DDHH: la vara que mide a una democracia en tiempos de crisis

Si algo tienen los momentos de emergencia es que muestran de modo prístino las fortalezas y fragilidades de la sociedad que hemos construido y heredado. En este contexto de pandemia, el respeto y protección de los derechos humanos debe ser nuestra guía indiscutible en la toma de aquellas decisiones cruciales, en las que nada menos que la vida de nuestra gente está en juego.

Por Manuel Guerrero

Brotes de enfermedades infecciosas, como la actual pandemia por Coronavirus (Covid-19) que se ha propagado a nivel global, implican con frecuencia un clima de incertidumbre científica, disrupción social e institucional, así como temor generalizado y desconfianza en la población. Quienes se encuentran en el ámbito político, en posición de tomar decisiones, se ven presionados a hacerlo a gran velocidad, contando, la mayoría de las veces, con escasa evidencia a la mano. Y quienes en el mundo de la salud pública se ven compelidos a proveer atención médica a grandes grupos de personas, lo tienen que hacer en un contexto de emergencia en que los sistemas de salud corren riesgo de verse desbordados, por lo que deben priorizar unos casos de atención médica por sobre otros. En ambas situaciones, la toma de decisión requiere ponderar principios éticos de igual importancia que, en el contexto de emergencia, fácilmente pueden entrar en conflicto ante la imposibilidad de ser satisfechos simultáneamente.

 En una sociedad democrática, la fuente de orientación fundante son los derechos humanos. El reconocimiento, respeto y protección de los derechos enunciados en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de Derechos Humanos son, de hecho, la condición necesaria para que estemos en presencia de una sociedad que pueda llamarse democrática. ¿Qué implica asumir los derechos humanos como marco de orientación para la toma de decisiones en momentos de emergencia? Un modo de responder a esta pregunta es identificar los principios relevantes que derivan de tal marco, los que fueron identificados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Marcha por los DD.HH. en Santiago. Crédito de foto: Alejandra Fuenzalida.

Justicia. Principio que demanda la equidad en la distribución de recursos, oportunidades y resultados, tratando a casos iguales por igual, evitando la discriminación y explotación, y de particular relevancia para las personas que se encuentran vulnerables a ser dañadas o tratadas injustamente. Este principio implica un componente de justicia procedimental, en el sentido de que debe existir un proceso justo para la toma de decisiones que considere el debido proceso (el derecho a ser informado y escuchado); transparencia (provisión de información precisa y clara sobre los criterios y el mecanismo de toma de decisión); inclusión y participación de la comunidad (certeza de que actores relevantes puedan participar de la toma de decisiones); rendición de cuentas (asignación y cumplimiento de responsabilidades en la toma de decisión); y seguimiento (provisión de mecanismos apropiados de monitoreo y reporte).

Beneficencia. Es el principio que refiere a la promoción de actos benevolentes hacia otros, como el esfuerzo por reducir el dolor y sufrimiento de una persona. En el contexto de la salud pública, obliga a la sociedad a satisfacer las necesidades básicas de los individuos y comunidades, particularmente las de tipo humanitario, como alimentación, albergue o refugio, adecuadas condiciones de salud y seguridad. 

Utilidad. Concierne a las acciones que promueven el bienestar de individuos y comunidades, maximizando la utilidad de una acción tomando en consideración la proporcionalidad y la eficiencia para el logro del mayor beneficio al menor costo posible.

Respeto por las personas. Es clave en la cultura de los derechos humanos y remite a tratar a las demás personas desde el reconocimiento de nuestra humanidad compartida, su dignidad y derechos intrínsecos. Este principio, formulado explícitamente en el artículo primero del Código de Nüremberg de 1947 al término de la Segunda Guerra Mundial, considera el respeto a la autonomía de las personas, permitiendo y facilitando que ellas tomen, de modo informado, voluntario y libre de coerción y manipulación, sus propias decisiones. Para quienes no tienen la capacidad de tomar decisiones se debe considerar a otros que protejan sus intereses. Se considera, además, el respeto a la privacidad y la confidencialidad, así como el respeto a las creencias o convicciones sociales, religiosas o culturales, incluyendo los lazos significativos, como los familiares. La transparencia en la información y la comunicación veraz son requisitos para la toma de decisiones de modo libre y autónomo. 

Libertad. Esta incluye un amplio abanico de libertades sociales, religiosas y políticas, tales como la libertad de movimiento, a reunión y libre expresión. 

Reciprocidad. Este principio debe mantenerse respecto de las contribuciones que han realizado las personas y promueve el principio de justicia en tanto permite corregir desigualdades de base que impactan en la distribución de riesgos, cargas y beneficios durante la respuesta a la epidemia. 

Solidaridad. Promueve un “nosotros” que actúa colectivamente frente a una amenaza común. En tal acción concertada es vital superar desigualdades que tienen efectos de exclusión y discriminación de grupos y minorías. 

Para que tengan una posibilidad de orientación práctica, la aplicación de estos principios, que se inspiran en la cultura de los derechos humanos, debe ser aterrizada y específica a un contexto concreto, y dado que las situaciones de pandemia como la que vivimos se caracterizan por la ausencia de evidencia completa, e incluso a veces se carece de información específica, se recomienda que el razonamiento moral opere por analogía. Es decir, una toma de decisiones informada por experiencias previas en las que sí se contaba con información a mano. Sin embargo, pese a la contingencia, los países y Estados tienen que respetar las obligaciones que han suscrito en materia de derecho internacional de los derechos humanos.

Estos son fundantes de la brújula moral que orienta la toma de decisión, al tiempo que también establecen los límites que la situación de emergencia no puede sobrepasar. Esto es lo que queda expuesto en los Principios de Siracusa sobre las Disposiciones de Limitación y Derogación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La limitación, por ejemplo, de algunas de las libertades consagradas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Carta de las Naciones Unidas, como ocurre con las medidas de cuarentena y confinamiento obligatorio que restringen la libertad de movimiento y reunión, sólo puede darse cuando se considere “necesaria” por un requerimiento público o social apremiante, para responder a un objetivo legítimo y disponiendo medidas que sean proporcionales a tal objetivo. 

La salud pública es uno de los motivos que puede invocarse a la hora de ver necesaria, razonablemente y de modo no arbitrario, la limitación de ciertos derechos sólo en tanto permita al Estado la adopción de medidas que logren hacer frente a la grave amenaza a la salud de la población, para impedir la propagación de enfermedades o lesiones, y para proporcionar los cuidados necesarios. Con todo, ni siquiera en contextos de excepción, los Estados pueden suspender ciertos derechos humanos. Tal es el caso de los derechos a la vida; a no ser sometido a torturas ni a penas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes; a no ser sometido a la esclavitud ni a ser servidumbre no voluntaria; a no ser encarcelado por no cumplir una obligación contractual; a no ser condenado a una pena más grave en virtud de una legislación penal retroactiva; a ser reconocido como una persona ante la ley; y a la libertad de pensamiento, consciencia y religión. Estos derechos no admiten derogación bajo ninguna condición, por lo que establecen un límite claro e infranqueable para los Estados, sus órganos y agentes. 

En este marco y ante la crisis de salud pública ocasionada por la pandemia del Coronavirus (Covid-19), la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile ha formulado un conjunto de recomendaciones a las autoridades del país para que en la gestión de la emergencia: 

a. Se priorice la salud y la vida de toda la población por

sobre las consideraciones económicas de corto plazo y se garantice que las medidas de salud pública y económicas se tomarán en pos del bien de la población y no para obtener réditos personales o partidarios.

b. Se dé fiel cumplimiento a los compromisos del Estado en materia del derecho a la salud, garantizando el acceso a condiciones adecuadas y sin discriminación a las personas afectadas por el Covid-19. c. Se garantice que se tomarán medidas eficaces de prevención y de tratamiento en todo el país.

d. Se tomen medidas eficaces para garantizar el derecho a la educación que sean compatibles con el cuidado de niños, niñas y adolescentes.  

e. Se entregue apoyo, protección y recursos adecuados a todos los equipos del área de la salud y trabajo social que hoy desarrollan una labor heroica atendiendo a la población que lo requiere, en condiciones de alto riesgo para su propia salud y bienestar físico y psíquico.

f. Se garantice que el uso de los recursos públicos se hará en forma transparente y bajo un estricto apego a la normativa vigente. 

g. Se garanticen condiciones de vida dignas a la población; apoyo en materia económica a las personas mientras se mantiene la crisis, a fin de que no se vean obligadas a romper las medidas de autocuidado. h. Se garantice el apoyo psicosocial a las personas y comunidades dadas las consecuencias para la salud mental generadas por la pandemia, las que deben ser diagnosticadas, atendidas y monitoreadas. 

i. Se permita a los órganos de control realizar sus labores de supervisión de las decisiones y el gasto público. j. Se abran canales de participación de organismos técnicos en la toma de decisiones de prevención y combate de la pandemia. 

k. Se abran canales de participación a las organizaciones ciudadanas para proponer medidas orientadas a combatir la crisis económica asociada a esta pandemia. 

l. Se evite adoptar medidas destinadas a generar situaciones de impunidad respecto de graves violaciones de derechos humanos. 

m. Se adopten todas las medidas necesarias para que las facultades extraordinarias del estado de excepción constitucional de catástrofe no sean usadas como forma de represión a la ciudadanía.

Quizás no haya momentos más definitivos para que una sociedad ponga en evidencia su potencial ético que aquellos de crisis. Tales situaciones comportan un momento veritativo en el sentido en que muestran de modo prístino las fortalezas y fragilidades de la sociedad que hemos construido y heredado. Los derechos humanos son un buen punto de partida, de referencia y de evaluación para saber si estamos a la altura de llamarnos democráticos. No en declaraciones y frases de corrección política que, como dice la sabiduría popular, son “para el bronce”, sino en cada una de las decisiones que tomamos exigidos por el contexto crítico que enfrentamos. Ahí, en ese día a día, nos jugamos no sólo la vida, sino la posibilidad de una vida buena. Decente, digna y respetuosa para con los derechos de lo más valioso que tiene un país y sociedad: su gente.

Palabra de Estudiante. Crisis de los cuidados, falta de derechos y Covid-19: urge una lectura feminista

Por Emilia Scheneider

En mayo de 2020 se cumplen dos años del histórico mayo feminista en Chile, que comenzó con masivas protestas feministas un 8 de marzo y cuya consigna fue “mujeres a la calle contra la precarización de la vida”. El movimiento alcanzó su clímax en mayo de 2018, cuando diversas instituciones educacionales –entre ellas, la Universidad de Chile– fueron ocupadas por las estudiantes que buscaban visibilizar y combatir la violencia de género, la discriminación y la violencia sexual que vivimos mujeres y disidencias sexuales. Para ello se valieron de la educación como herramienta de transformación social y levantaron con fuerza la demanda por una educación no sexista, que desde sus contenidos, prácticas y estructuras institucionales propicie la desnaturalización de las relaciones sociales basadas en la violencia y la jerarquía de lo masculino por sobre lo femenino, de lo heterosexual y de lo cisgénero por sobre el resto de las identidades. Sin embargo, los efectos sociales, políticos y culturales de esta revolución feminista escapan por mucho al campo de lo educacional, pues años antes ya observábamos un despertar del movimiento feminista desde distintos sectores que fuimos colaborando para que los feminismos fueran discusión cotidiana e ineludible en lo público y en lo privado, y que, en nuestra lucha contra la violencia, politizamos la vida misma y sus condiciones de reproducción para develar la violencia económica y la explotación de muchas mujeres, fenómeno que sostiene una sociedad sin derechos donde el mercado no tiene límites. Desde entonces, la centralidad de buena parte de los feminismos pasó a ser la defensa de la vida y la lucha por condiciones dignas para vivirla. Hoy, cuando todo lo que la humanidad ha construido parece más frágil que nunca y la pandemia impone desafíos tremendos en materia sanitaria y humanitaria, parece acertado decir que la contradicción principal del periodo histórico que nos toca enfrentar es esa: la lucha por la vida versus la mantención y profundización del modelo.

Crédito de foto: Felipe Poga.

A dos años del 2018, uno de los momentos más álgidos de la lucha feminista contemporánea en Chile y el puntapié inicial de un ciclo intenso de movilizaciones, diversas voces feministas desde el campo social, político y académico advierten que la lucha contra la precarización de la vida está más vigente que nunca. Años de abandono estatal, desmantelamiento de lo público y subsidio estatal al mundo privado han sido la receta del neoliberalismo para el desarrollo y el crecimiento; tristemente, nuestro país es uno de los máximos exponentes de ese modelo. ¿Qué saldo nos dejan años de políticas neoliberales? ¿Con qué enfrentamos la crisis más grave de la historia contemporánea? Con un sistema de salud deteriorado y que difícilmente puede ser llamado sistema por la profunda desigualdad, competencia por recursos, proliferación de clínicas privadas subsidiadas por el Estado con altos costos, falta de insumos para profesionales de la salud, problemas de cobertura y, lo más importante, el abandono de la salud pública. Lo mismo vemos en educación, donde las comunidades deben preocuparse por sobrevivir y sostenerse tras años de financiamiento vía voucher, precarización y reducción de la participación del sistema público, estudiantes en instituciones privadas desamparados en el mercado educativo, altas tasas de endeudamiento y ninguna política de alivio económico, cuestión que impide que aprovechemos al máximo el potencial de ellas y el aporte que pueden significar para la superación de la crisis actual. Ejemplos sobran y dejan una incómoda verdad frente a nuestros ojos.

La falta de derechos sociales ha agudizado fuertemente la desigualdad durante la crisis, pues si bien, como dice Judith Butler, el virus no discrimina, el modelo se encargará de que sí lo haga, lo que nos hará ver el rostro más salvaje e inhumano del neoliberalismo y enfrentaremos una verdadera “política de la muerte”, la administración de la cruda realidad de que hay vidas que se entienden como más valiosas que otras. En ese contexto, sujetas particularmente sacrificadas y precarizadas son, nuevamente, las mujeres y disidencias sexuales; ciudadanas de segunda clase, vidas prescindibles. Esto se devela en la crisis de los cuidados, que tiene hoy a buena parte de las mujeres con altísimos grados de explotación por la sobrecarga de trabajo reproductivo y el auge de los cuidados –remunerados y no remunerados– en un contexto de crisis sanitaria, lo que se suma a la precariedad laboral e informalidad a la que ya están acostumbradas y a las iniciativas que ha impulsado nuestro gobierno para retroceder aún más en materia de derecho laboral. También podemos verlo en el auge de la violencia de género y discriminación en el hogar producto del distanciamiento social y medidas como la cuarentena, absolutamente necesarias, pero que sin políticas públicas que aborden el tema suponen un problema de sobrevivencia para mujeres y disidentes sexuales que se exponen a convivir con sus agresores, con quienes niegan sus identidades y con quienes abusan de ellas. Es como si estuviéramos viviendo nuevamente un confinamiento al mundo privado, de la familia, perdiendo espacio en el mundo público.

Todo lo anterior será un problema del futuro a la hora de repensar la vida en sociedad posterior a la pandemia. Por nombrar un ejemplo, la reincorporación de las mujeres a la vida laboral sin duda será un dilema si persiste el abandono total por parte del Estado de las tareas de cuidado de la sociedad, sobre todo en un contexto donde hay que hacerse cargo de la población de riesgo, de reproducir condiciones de vida para el personal médico que es primera línea contra la pandemia, y cuidar niños y niñas en las casas por la suspensión de clases. Por todo lo mencionado y mucho más se hace necesario contar con una lectura feminista para la crisis, una que ponga en el centro de nuestras preocupaciones como sociedad la vida y su reproducción, rompiendo con la lógica neoliberal del “sálvese quien pueda”; aumentar el gasto social directo a los servicios públicos (sin mediar la banca o las empresas, como estamos acostumbrados a que opere el Estado en Chile) y fortalecerlos; garantizar una renta básica de emergencia; recuperar un rol participativo del Estado en la economía y, sobre todo, garantizar acceso a la salud, educación y otros derechos sociales, así como también a los servicios básicos. Citando nuevamente a Butler, en caso de que la revuelta social del 2019 y el proceso constituyente no lo hayan dejado del todo claro, el capitalismo tiene un límite, y urge –sobre todo en Chile– repensar el rol del Estado y el modelo de desarrollo. La crisis debe ser una oportunidad, no una excusa para clausurar los importantes procesos de transformación que hemos abierto a punta de movilización social.

La catástrofe y la normalidad

Por Ennio Vivaldi

Hemos escuchado que sería deseable que todos nos quedáramos en nuestras casas por muchos días, pero que esa medida resulta difícil de implementar pues mucha gente necesita, para comer en la noche, obtener algo de dinero durante el día. Esa aseveración debería provocarnos una doble extrañeza. Lo primero que esa declaración nos enrostra es que muchos no teníamos conciencia de la extensión de la fragilidad de subsistencia y de la precariedad laboral en nuestro país. Lo segundo es que esa afirmación, que nos da a conocer un nuevo factor a tener presente en la toma de decisiones acerca de medidas de contención de la pandemia, suele exponerse en tono neutro. Al menos la noticia podría conmovernos; esperaríamos que pudiera ser comunicada con incómodo pudor.

Cuando ocurre una catástrofe, ella, a la vez, nos habla de sí misma y de nosotros. La pandemia en curso nos confronta con asumir que en Chile hay precariedad laboral, desigualdad insolente, discriminación odiosa. Debemos lamentarlo, empezando por las consecuencias que tiene sobre cada uno de nosotros mismos, pues si la pandemia nos cayera en una sociedad mejor, quizás tendría menor impacto y podríamos enfrentarla mejor. Cuando dentro de una ciudad segregada la pandemia se traslada de los lugares con mejor nivel socioeconómico a aquellos con mayor hacinamiento, es posible, ojalá no, que cobre tal fuerza que redoble sus bríos, se intensifique y se devuelva a golpearnos a todos. Y estamos obligados entonces a pensar que los “otros” no eran tan ajenos a nosotros como por tanto tiempo habían tratado de convencernos. Estamos obligados a pensar que, contrario a lo que se nos ha hecho creer por décadas, uno no se mantiene solo, no se educa solo, no se sana solo, no se pensiona solo ni se salva solo. 

Hemos aprendido que las cosas relevantes para cada individuo se juegan a un nivel de integración distinto, superior al de sus propios y simples intereses circunscritos; que, por el contrario, se juega al nivel de la sociedad, nivel de integración que posee lógicas y códigos irreducibles a los de las personas aisladas. Pareciera entonces que ideas como que el Estado deba garantizar el derecho a la salud y la educación de todos los ciudadanos no debieran entenderse como atingente solo a “otros” ciudadanos.

También la catástrofe ha sido una oportunidad para evidenciar nuestra gran vocación de servicio, consustancial a nuestra historia y a nuestra condición de universidad pública. La Universidad está realizando máximos esfuerzos por contribuir en diversos ámbitos a combatir esta pandemia. Hemos puesto al servicio del país nuestra infraestructura, equipamiento, y las competencias científicas, profesionales y técnicas de académicos y funcionarios, para que Chile pueda enfrentar la amenaza a la salud más grave que ha vivido el mundo contemporáneo.

Ha habido gran presencia de nuestro Hospital y nuestros campus clínicos en el combate a la pandemia, así como de las facultades del área de la salud en los testeos, los análisis epidemiológicos y la secuenciación del genoma del Covid-19. El Hospital envió un equipo de intensivistas para instalar una unidad de pacientes críticos en un hospital de La Araucanía. Hemos tenido un especial rol en explicar y promover la relevancia de la salud mental en el contexto de la Mesa Social Covid-19 del Ministerio del Interior. Se entregó un prototipo de ventilador mecánico diseñado y construido en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Están nuestros aportes en diseño y producción de equipos de protección, así como propuestas de distribución arquitectónica segura para consultorios. También destacamos nuestra presencia como organizadores y participantes en foros internacionales. 

Un área que merece mención aparte es la de análisis de datos para anticipar la evolución de la información más relevante, como son los requerimientos de ventiladores mecánicos. Quizás aún más importante, para evaluar los efectos diferenciales de tomar o no tomar una u otra medida mitigatoria. Estos modelos permiten analizar el comportamiento de la pandemia bajo diferentes estrategias de contención, tales como medidas de confinamiento, testeo masivo, cuarentenas intermitentes o suspensión de actividades docentes.

Y lo destacamos porque pensamos que esta línea de trabajo representa una convergencia de, por una parte, ciencia y técnica, y por otra, política y democracia. Con la información que les proveen los investigadores, las autoridades nacionales y locales pueden tomar decisiones con fundamentos racionales explícitos y pueden explicar a la ciudadanía el porqué de sus decisiones e instructivos.

Confiamos en que esta tragedia que vivimos permitirá, también, reforzar la comprensión del rol que corresponde a todo el quehacer científico y humanístico en la vida democrática del país y la importancia que para todos los ciudadanos tiene contar con una esfera pública inclusiva basada en los valores de equidad y solidaridad.

“Los adultos mayores son personas resilientes, de ellos también podemos aprender”

¿Cómo están enfrentando la pandemia las personas adultas mayores? Las autoridades políticas y sanitarias han puesto el ojo en este segmento que a todas luces es el más vulnerable a desarrollar problemas asociados al Covid-19. Marco Espíldora, periodista, colaborador de la Red Transdisciplinaria sobre Envejecimiento de la U. de Chile y director de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, se refiere a la realidad de los adultos mayores, los riesgos médicos que corren y los estigmas con los que cargan en una sociedad que no parece consciente de que tarde o temprano, todos vamos a envejecer.

Por Jennifer Abate

-En medio de la pandemia de Coronavirus en Chile, las autoridades han llamado a resguardar con particular cuidado a las y los adultos mayores, quienes tienen mayores riesgos de desarrollar complicaciones a causa de la enfermedad y que lamentablemente han engrosado la lista de fallecidos. ¿Cuáles han sido las principales preocupaciones de la Sociedad de Geriatría y Gerontología en este contexto?

Son muchas las preocupaciones. Somos uno de los países más envejecidos de Latinoamérica y la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile es una sociedad médica científica que tiene un rol consultor en este contexto. Ha estado colaborando intensamente con los órganos de gobierno, el Ministerio de Salud y el Servicio Nacional del Adulto Mayor, para ir generando documentos, protocolos, para los diferentes ámbitos asistenciales y también en apoyo a los profesionales que están trabajando en todos los niveles asistenciales en relación con esta pandemia. Efectivamente, antes de que llegara a Chile, sabíamos que las personas mayores eran un grupo de riesgo por diferentes razones, una de ellas tiene que ver con las enfermedades crónicas que presenta la gran mayoría de las personas adultas en Chile, como hipertensión, diabetes y otro tipo de patologías que, si no hay un cuidado adecuado, pueden agravar el cuadro de Covid-19. Se han ido desarrollando acciones desde el punto de vista educativo, de la capacitación y entrega de herramientas. El trabajo colaborativo también ha sido intersectorial, es decir, hoy la Sociedad ha trabajado con otras sociedades científicas, como la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, la Sociedad Chilena de Urgencia, también la de Cuidados Paliativos, en la generación de un documento con el apoyo del MINSAL y del SENAMA.

-Se ha dicho en reiteradas ocasiones que esta pandemia no distingue a la hora de contagiar, pero sí sabemos que afecta de manera distinta a las personas adultas mayores. ¿Estábamos preparados para una enfermedad que puede resultar tan devastadora para ese grupo? Sabemos, por ejemplo, que en Chile hay pocos geriatras.

Efectivamente, hay poco más de 100 geriatras acreditados en Chile. También hay un problema de distribución, porque la mayoría se concentra en la región Metropolitana, pero en las zonas extremas de norte y sur hay un déficit enorme. A eso hay que sumar que sólo seis Escuelas de Medicina, de las 25 universidades, entre tradicionales y privadas, forman geriatras. Además, hay ciertos estigmas y son importantes los términos y conceptos, como cuando se habla de adultos mayores en los medios de comunicación y se les llama “abuelos”. 

No todos los abuelos y abuelas son personas mayores, hay abuelos de 50 y hasta de 40 años. Entonces, si bien es cierto que es un grupo de riesgo, eso no exime a adultos y personas jóvenes de contraer esta pandemia. Nosotros promovemos la antidiscriminación, que se utilice un mensaje inclusivo. Hace pocas semanas, la Sociedad de Geriatría y Gerontología inició una campaña en los medios de comunicación fomentando el buen trato hacia las personas mayores en el uso del lenguaje, uso de imágenes, en el nivel audiovisual, porque se cae en el estigma y es un fenómeno que no sólo se da en Chile, sino también en otros países. He estado conversando con una abogada trasandina que está participando en una campaña que se llama “Hagamos un trato” y la idea es intercambiar con ella experiencias e inquietudes, porque es necesario el trabajo colaborativo, interdisciplinario, todos tenemos que unirnos frente a este fenómeno que a todos, de alguna forma, nos sorprendió. Uno podría decir que siempre se puede estar mejor preparado y yo creo que esta pandemia quizás va a ayudarnos a generar más y mejores políticas públicas para la atención del envejecimiento, de las personas mayores, con un enfoque participativo, inclusivo y de derecho.

Hay que recordar que hay una Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores a la que Chile adhirió el año 2015 y ratificó el año 2017. Son muchos los retos a los cuales nos vemos enfrentados, pero tenemos que cuidar, como sociedad, a las personas mayores que tenemos cerca, a nivel familiar, comunitario, pero siempre con un enfoque de derecho, porque son personas adultas y son ellas las que tienen la capacidad de decisión. 

-Además, por temor a contagiarlas, los hijos/hijas, nietos/nietas, hemos adoptado una posición más bien paternalista y de restricción de cualquier actividad de las personas adultas mayores, lo que sin duda puede tener consecuencias graves.

Claro, por eso es importante manejar el tema de la contención emocional de manera constructiva y con un mensaje positivo, porque hoy abunda la desinformación, y muchas veces el pánico. Efectivamente, existe el miedo, la incertidumbre, y eso es difícil de controlar, pero es importante considerar que son las personas mayores las que tienen alta capacidad de resiliencia, son nuestros padres, abuelos, quienes han vivido situaciones iguales o peores desde el punto de vista de la naturaleza: terremotos, guerras, situaciones muy complejas, y han salido adelante. De ellos podemos aprender, nos pueden ayudar mucho compartiendo sus experiencias, y es en este contexto donde se juega lo intergeneracional. Ese también es un reto importante, el de la integración o convivencia intergeneracional, no solamente a nivel familiar, sino que pensemos en los vecinos si vivimos en un edificio, por ejemplo. Cuántas personas mayores viven solas, no tienen a la familia cerca. Esta es una oportunidad para acercarnos a esa realidad, que antes estaba tan distante. Yo miro también con optimismo las lecciones que vamos a sacar de esto, no sólo desde lo sanitario, sino que a nivel de las políticas públicas, a nivel sociológico. Son muchas las cosas que vamos a tener que revisar y que ya se están revisando a nivel de todas las disciplinas.

-Como periodista, ¿qué te ha parecido el tratamiento que han hecho los medios de comunicación del tema del riesgo en que se encuentran las personas adultas mayores? Si bien el objetivo es lograr que se tomen medidas de protección, quizás en muchos casos esto ha ocasionado un exceso de alarma y angustia.

Ha sido difícil, yo creo, para los medios, porque este es un fenómeno inédito y es ineludible hablar de cifras de fallecidos. Ahora, distinto es cómo se enfoca eso. Puede ser un enfoque positivo, de aprendizaje, y no fatalista. Siempre va a llamar la atención el encuadre dramático, pero he visto que hay una creciente responsabilidad de parte de los colegas, sobre todo de los que están trabajando en la primera línea en este tema, para no sólo informar e informar bien, sino que también para educar y servir. Se requiere información que sea útil frente a una cantidad de necesidades que se están presentando todos los días. Ayer, por ejemplo, conversaba con una persona cuya madre, muy mayor, de 80 años, necesitaba tener un certificado médico de un especialista para un trámite ante notario, y lamentablemente, no podía salir con su madre de la casa. 

Cada caso es un mundo, cada testimonio es una historia. Es importante considerar que la población mayor es muy diversa, no se puede poner a todos en un mismo saco, o sea, un 80 o 90% de las personas mayores en Chile son autovalentes, pero hay otro grupo de personas que tienen un grado de dependencia, puede ser leve, moderada o severa, tanto en lo físico como en lo cognitivo, y a veces existen las dos dependencias. Es importante considerar que, en Chile, el grupo que más crece es el de 80 años y más, y es justamente el de mayor riesgo. Si uno ve el caso de las personas contagiadas o de personas hospitalizadas o que están con ventilación mecánica, algunos casos de fallecidos, son personas muy mayores. Sin duda, hay personas de 80 o 90 años que están en buenas condiciones, que tienen un envejecimiento que nosotros llamamos saludable o exitoso, pero, como digo, la realidad es muy amplia. Que los medios consideren esto también es importante, que usen un lenguaje apropiado, ya que crea realidad. Es importante que nosotros, como periodistas, seamos agentes multiplicadores, que podamos llevar un mensaje no discriminador, positivo, en estas circunstancias, donde también se requiere cautela, ponerse en el lugar del otro, ser empáticos y llevar un mensaje positivo, constructivo, de esperanza frente a estas circunstancias.

«Se asocia la vejez a la enfermedad, y lo cierto es que no hay una sola vejez, hay personas de 80 años en perfectas condiciones y otras que están con algún grado de emergencia. El lenguaje también discrimina, por ejemplo, cuando se habla de demencia senil: hay diferentes tipos de demencia, e incluso gente más joven que puede presentarla».

-¿Qué podemos hacer en nuestros hogares o en los espacios que compartimos con personas adultas mayores para ayudarles a enfrentar ese temor o ansiedad que están enfrentando?

Hay muchas actividades y acciones que está desarrollado la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, llevando, por ejemplo, mucha información a través de cápsulas educativas que tienen varios focos. Está el tema de la contención emocional, los problemas de ansiedad, y para eso hay una serie de herramientas técnicas, consejos, recomendaciones, que se pueden tomar en la casa de parte del cuidador o familiar. Tenemos el tema emocional, el tema del aislamiento físico, donde es importante que la persona mayor realice actividades dentro de la casa, que haga ejercicios físicos, que tenga movilidad, que no esté en la cama todo el dia. Sabemos que cuando hablo de diversidad de la población mayor, eso incluye a quienes viven hacinados o en condiciones de pobreza, y otros que no, pero es importante que las personas puedan contar con herramientas que les den la posibilidad de moverse. En ese sentido, nosotros hemos entregado todas estas herramientas de manera gratuita, a través de plataformas de Internet, redes sociales, para llegar con sencillos ejemplos y de una manera simple, concreta y directa. 

Otro tipo de medidas que se pueden adoptar tienen que ver con la alimentación saludable, hidratación. Hay, por ejemplo, un sector de la población mayor que está inscrita en los consultorios y que puede adquirir el PACAM (Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor) que entrega el Ministerio de Salud a las personas mayores, y que incluye bebidas, cereales, sopas y preparaciones que se pueden realizar de manera sencilla, con recetas que se pueden preparar en casa. A mí me toca colaborar y trabajar desde el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural del Ministerio de las Culturas, y ahí también hay una serie de iniciativas que promueven la cultura en casa, desde donde se puede conectar una persona a través del sitio web para ver una obra de teatro, ballet, descargar libros. Hay una cantidad de posibilidades y oportunidades, que nos ha abierto este contexto, de volver a encontrarnos, volver a encontrarnos con las personas mayores, vecinos, conversar a nivel familiar, volver a leer un libro, revisar la biblioteca, nuestros recuerdos. Siempre digo que nuestro principal patrimonio es el interno; permitirnos escribir nuestra biografía puede ser muy catalizador desde el punto de vista emocional, también las artesanías, las manualidades, se pueden desarrollar de  manera solidaria. 

-Sobre los estigmas y la discriminación que pesan sobre las personas adultas mayores, tengo la impresión de que en nuestro imaginario no se respeta mucho la diversidad que existe.  Tendemos a pensar en personas mayores y las identificamos sólo como aquellas que están postradas, con movilidad reducida o con otro tipo de problemas, pero muchas personas adultas mayores que están rondando los 70 años, por ejemplo, están plenamente vigentes, activas. Para ellas debe ser difícil enfrentar a la sociedad, al mundo laboral, cargando con este el estigma de la inmovilidad.

Claro, se asocia la vejez a la enfermedad, y lo cierto es que no hay una sola vejez, hay personas de 80 años en perfectas condiciones y otras que están con algún grado de emergencia. El lenguaje también es discriminador, por ejemplo, cuando se habla de demencia senil: hay diferentes tipos de demencia, e incluso hay gente más joven que puede presentarla, por lo tanto, es un estigma hablar de demencia senil, porque no es una condición que presenten solamente las personas mayores. También se habla de asilos, casas de reposo, y son residencias de personas mayores de larga estadía, por lo tanto, a veces hay un trato despectivo. Vemos este trato en la urbe, en ciudades que no son amigables con las personas mayores. Hoy los especialistas están preocupados porque este confinamiento, que ya lleva más de un mes, hace que el tratamiento de diferentes enfermedades sea postergado porque las personas no pueden ir a la consulta, validar una receta, y eso juega en contra a la hora de salir a la calle nuevamente. Por eso es importante el acondicionamiento físico, ya que el trastorno por caídas está relacionado con la edad. Si tenemos una ciudad que no es amigable, con veredas rotas, y tenemos un tiempo de confinamiento con un mal acondicionamiento físico, ese es un accidente seguro. 

Hay que pensar que nosotros somos adultos jóvenes y también vamos a ser adultos mayores, y tenemos que ponernos en el lugar de ellos. El desafío es también para las personas mayores: si queremos que haya un encuentro y una convivencia intergeneracional, depende de ambas partes, de lo que nosotros pongamos y también de lo que pongan las personas mayores. Por ejemplo, en materia de alfabetización digital, por cifras del SENAMA sabemos que un 30% maneja teléfonos smartphone pero sólo un 8% maneja computadores, y entonces los jóvenes, hijos, nietos, vecinos, pueden colaborativamente ayudar no sólo a ir de compras o llevar la colación a la persona mayor y dejársela sanitizada en la puerta del departamento o casa, sino que también a través de una llamada telefónica para brindarle apoyo. 

Otro desafío de un país con más adultos mayores es hacerse cargo de ellos, por lo que también es atingente analizar la situación de las cuidadoras (sabemos que son principalmente mujeres), quienes sufren estrés y en muchos casos viven en condiciones precarias. ¿Crees que en algún momento logremos hacernos cargo, desde las políticas públicas, de la situación que enfrentan las cuidadoras de adultos mayores?

Sí, ocurre que el cuidado se asocia a lo femenino y no debería ser asi, deberia ser un enfoque inclusivo porque también hay cuidadores hombres y debería ser una tarea compartida por hombres y mujeres. También ocurre que la mujer vive más en Chile, hay más mujeres que hombres, y la mujer, por diferentes características, tiene herramientas que no tiene el hombre. De manera natural, antropológica, tiene capacidad de resiliencia, pero también hay una falta de profesionalización del cuidado en relación a las personas mayores. Todavía estamos al debe como sociedad para que haya un sistema que permita que esta carga que tienen las cuidadoras (se habla del estrés del cuidador) sea no solamente compartida, sino que también sea recompensada. Hay personas mayores que son cuidadoras también, la hermana se hace cargo de otra hermana, la hija, de su madre que tiene demencia, y tiene que dejar sus estudios, paralizar el trabajo, y eso es un costo humano y económico altísimo. Siempre los recursos van a ser escasos y se requiere una sensibilización, conciencia y cultura del cuidado a nivel nacional, pero nosotros todavía estamos en camino.

¿Qué tenemos que hacer para avanzar en políticas públicas que enfrenten el envejecimiento de manera integral?

Es importante el trabajo que realizan las universidades, como la U. de Chile con la Red Transdisciplinaria sobre Envejecimiento, y otras iniciativas, porque son las universidades las que ponen los insumos. Es muy importante la investigación, los datos, porque los gobiernos no van a invertir si no hay una demostración empírica frente a una realidad. Es importante que se consulte la opinión de los expertos y sociedades como la nuestra, que seamos parte de los equipos de trabajo, que podamos tener información oportuna con la que podamos entregar recomendaciones a la hora de diseñar e implementar políticas públicas. Hay que hacer que el tema del envejecimiento se transforme en acciones sólidas para hacer un cambio fundamental que nos lleve a políticas estructurales, para que cuando nosotros seamos mayores podamos disfrutar de esas políticas públicas a nivel social y cultural.

Entrevista realizada el 1° de mayo de 2020 en el programa radial Palabra Pública de Radio Universidad de Chile, 102.5.

Matar a los viejos

“Porque el hombre viejo está más bien fuera que dentro de nosotros;
el hombre viejo lo alimenta y sostiene la sociedad que nos rodea y nos lo impone”.
(Miguel de Unamuno, citado en la novela Matar a los viejos de Carlos Droguett)

Por Faride Zerán

1.

 No fuimos la excepción. El virus llegó con el fin de las vacaciones y el inicio de un año que se anunciaba altamente politizado/polarizado, que enfrentaría con el plebiscito de abril la primera prueba de fuego de muchas otras que demandaba el momento constituyente en el que Chile había entrado luego del estallido social de octubre último.

El clima político y social de inicios de marzo era de expectación. Las rutinas de los principales artistas que a fines de febrero subieron al escenario del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar apoyando, aplaudiendo, coreando las demandas y consignas de las masivas protestas que desde el 18 de octubre dieron origen a un proceso social y político inédito en la historia de nuestro país, aún resonaban en los oídos de cientos de miles que apostaban/ apostábamos a que el 2020 sería un año distinto.

Porque, se decía/veía, Chile despertó, y se instalaban en el centro del debate las pensiones miserables, la salud y educación transformadas en negocios, las desigualdades sociales, la concentración de la riqueza, la debilidad del Estado y la necesidad de una nueva Constitución para un nuevo pacto social, a la altura del nuevo país que emergía/ asomaba/irrumpía.

2.

La pantalla está dividida en dos. En una, el actor Héctor Noguera mira a la cámara y le habla a una audiencia que, a esa hora, cerca de la medianoche de fines de abril, está en su casa en medio del toque de queda patrullado por militares; ahora, en el Chile pandémico, se ha decretado estado de  catástrofe por 90 días y desde La Moneda se suceden a diario los reportes que indican las cifras de muertos y contagiados por el maldito virus. 

Noguera es el octogenario don Aníbal en la serie Historias de cuarentena que transmite la señal abierta de Mega, y le pregunta a su psicólogo, interpretado por el actor Francisco Melo, si no se ha percatado de que cada vez que el ministro o una autoridad de salud aparecen para “dar los cómputos de los muertos”, lo primero que hacen es apurarse en decir que son viejos, en decir “mire, lamento el fallecimiento de doce personas, pero… ¡diez de ellos eran viejos! ¡Como si eso no importara, como si los viejos no contaran, como si los muertos fueran dos! ¿Ha visto usted algo más grosero?”, reclama Aníbal.

Mientras escucho ese alegato pienso en el ejercicio epistolar emprendido por algunos connotados colegas a través de las páginas de El Mercurio, donde luego de declararse satisfechos de sus existencias, nietos incluidos, cedían desde la sección Cartas al Director sus eventuales respiradores mecánicos en un gesto que si bien podía estar motivado por el altruismo, despojaba del derecho a la vida y a la salud a un sector importante de la población, reduciéndolo a lo que don Aníbal reclamaba: en medio de la pandemia, los viejos no importan.

3.

Era inicios de abril y la escena sorprendió a todos. En medio de una cuarentena total decretada por el Minsal en la comuna de Santiago y gran parte de las del sector oriente, y mientras el Presidente de la República se desplazaba desde La Moneda hasta su residencia, la comitiva que lo escoltaba se detuvo en el sector de Plaza Italia/Plaza de la Dignidad. Allí, descendió de su vehículo, caminó hacia el monumento del general Baquedano, se sentó a sus pies y se hizo fotografiar por los escoltas. La selfie, tomada en medio de la plaza símbolo del estallido social, en ese instante desierta, no pasó inadvertida. Días después, el mismo presidente deslizaba la posibilidad de no realizar el plebiscito en la nueva fecha prevista, 25 de octubre, aduciendo como causa la profundidad de la crisis económica que golpearía al país.

Los partidos de la oposición, hasta ese momento más bien afásicos, junto a líderes sociales y sectores afines al propio gobierno, alzaron la voz advirtiendo la gravedad de dicho acto. Las alarmas se encendieron. Aun cuando la pandemia dejaba al descubierto las profundas desigualdades sociales y la inexistencia de un Estado capaz de garantizar los mínimos estándares de derechos y seguridad social a amplios sectores de la población, el evidente protagonismo del Ejecutivo en el control de la crisis sanitaria y sus efectos en la economía podía tener como correlato no sólo la mayor precarización del mundo laboral, con tasas de desempleo que ya anunciaban la gravedad de la crisis económica. Podía servir también para saciar la tentación de algunos de aprovechar la pandemia y sus efectos para neutralizar/frenar/relativizar las consecuencias y acuerdos políticos y sociales derivados del estallido social.

4.

Don Aníbal mira a la pantalla y se le humedecen los ojos cuando su terapeuta le pregunta cuánto extraña a su mujer, muerta de un infarto poco antes del inicio de la pandemia. Por ello, y venciendo su habitual laconismo, le confiesa que recuerda ese instante en que los dos, rodeados de cientos de miles de manifestantes, estuvieron en la marcha del 25 de octubre. ¡La marcha más grande de Chile! insiste, porque este hombre que vive su duelo en cuarentena es parte de ese país para el que la crisis sanitaria no eclipsa la crisis política y social que originó el estallido.

El viejo es porfiado, tal vez el guionista de la serie también decida matarlo. Pero qué duda cabe de que ese personaje algo deprimido pero vital y rebelde encarna el sueño de un Chile republicano que reacciona asumiendo el gesto ético de la indignación como la única respuesta posible ante abusos que con el virus se tornan más elocuentes.

5.

La pandemia trajo no sólo miedo, muerte y miseria, también invocó nuevos términos acuñados a lo largo de estos meses. Cuarentena, confinamiento, teletrabajo, Ley de Protección al Empleo, nueva normalidad, entre otros. Pero en Chile cada término posee dos acepciones dependiendo de quién sea el destinatario. Y es que una cosa es la cuarentena o el confinamiento en sectores acomodados, y otra es la cuarentena en pocos metros cuadrados, en hacinamiento, en cités con migrantes desprotegidos/discriminados/racializados. Lo mismo que pasa con la Ley de Protección al Empleo, que por un lado permite al empleador dejar de pagar los sueldos a sus trabajadores, pero por otro lo autoriza a repartir las utilidades entre sus accionistas.

El ejemplo de Cencosud, la empresa que incorporó recientemente a su directorio a Felipe Larraín, quien hace sólo seis meses era ministro de Hacienda de Sebastián Piñera, es la metáfora brutal de las dos acepciones de cada concepto. Porque si bien los empleados de Cencosud pueden no recibir su sueldo en el mes de abril, los accionistas de esa empresa, dueña de París, pueden repartirse el 80% de las utilidades al 30 de abril (220 millones de dólares) amparados en la misma Ley de Protección al Empleo, porque, como lo denunció el periodista Daniel Matamala en su columna “Perfectamente legal”, publicada el 3 de mayo en La Tercera, exigirles que no se repartan las utilidades “viola la Constitución”.

6.

Con el aumento alarmante de contagiados por Covid-19 a inicios de mayo, y con el virus emigrando de las comunas del sector oriente de Santiago al sector poniente de la capital, donde están las comunas más pobres y con mayores índices de hacinamiento, el llamado a “la nueva normalidad” efectuado por el gobierno resulta preocupante. No sólo porque puede leerse como el resultado de la presión de sectores empresariales, sino porque sumado a ello persisten las dudas sobre la transparencia de los datos y cifras que conducen a la toma de decisiones en materia sanitaria. Así lo han reiterado la presidenta del Colegio Médico y otras autoridades, así como los científicos del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos que congelaron su participación en la mesa de datos aduciendo las mismas razones.

La crisis sanitaria ha desnudado no sólo las graves carencias del sistema de salud pública, insuficiente para garantizar de manera igualitaria –ya en épocas normales– el derecho a la salud. Antes fueron las pensiones, la educación o los derechos laborales. Es el rol del Estado el que una vez más exhibe su precaria desnudez en la plaza pública. Y es el rol de la política –para la que no existe cuarentena– seguir haciéndose cargo de aquello.

Eso lo tiene claro hasta don Aníbal, un viejo rebelde y republicano que ningún virus ha podido matar.

Hacinamiento, motines e indultos: la realidad de las cárceles en el contexto de la pandemia

Dedicada por más de 15 años al estudio de los sistemas penitenciarios, la psicóloga Carolina Villagra, académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la U. de Chile y doctora en criminología por la U. de Leicester del Reino Unido, explica cómo la pandemia está afectando la vida en las cárceles y evalúa las medidas que han estado adoptando el gobierno y las autoridades sanitarias. Apoyada por informes internacionales, la psicóloga, quien además preside la Asociación Chilena de Justicia Terapéutica para el ciclo 2018 – 2021, considera crucial reducir el número de población carcelaria y, en ese sentido, celebra la conmutación de penas de privación de libertad por arresto domiciliario total y enfatiza el rol que debe tener el Estado en la protección de los derechos humanos de reclusos y reclusas.

Por Jennifer Abate

Las cifras de la realidad carcelaria en Chile son alarmantes y en el contexto de la pandemia se vuelven peligrosas. El sistema penitenciario asciende a más de 100 mil personas e involucra no sólo a aquellas están privadas de libertad sino a todas quienes de alguna forma son custodiadas por el Estado, incluidas las que cumplen penas en libertad, pero que continúan con un sistema de control en la comunidad o en el post penitenciario, que son cerca de 60 mil. 

Se estima que las personas privadas de libertad en este sistema ascendían a más de 42 mil, algunas de ellas cumpliendo condena, pero también un alto porcentaje en condición de prisión preventiva. Es decir, personas que siguen siendo inocentes ante la ley, que han sido imputadas por un delito que aún se investiga y sigue abierto, pero para quienes los tribunales, en ciertas condiciones, han establecido que lo ideal es que se mantengan en prisión.

La psicóloga y académica de la U. de Chile, Carolina Villagra.

Según cifras de marzo, esa población específica representa en promedio el 30%, más de 15 mil personas, y muchas de ellas son mujeres: cerca del 40% de las mujeres privadas de libertad corresponden a casos de prisión preventiva. Las recomendaciones internacionales resaltan lo abismante de nuestras cifras, ya que según esos estándares el porcentaje recomendado de personas imputadas que son privadas de libertad no debería superar el 10 o 15%.

Más allá de este dato preocupante, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) entregó el año pasado un informe sobre las condiciones que se viven en la cárcel, con cifras recabadas en 40 recintos penales. De ellos, 26 no contaban con suficientes camas y en 24 existía algún nivel de privación o insuficiencia en el acceso al agua y a servicios higiénicos las 24 horas.

-Teniendo estos datos a la vista, ¿cómo enfrenta la pandemia uno de los grupos más excluidos y desfavorecidos de la sociedad, las y los presos?

Los indicadores sobre hacinamiento en nuestro sistema carcelario son bien preocupantes y han ido aumentando. Pese a que con las modificaciones de la Reforma Procesal Penal, a partir del año 2005, disminuyeron, lo cierto es que las cifras han aumentado en los últimos años y es particularmente preocupante la situación de las mujeres. Tenemos a 42 mil personas privadas de libertad en cerca de 100 unidades penales a lo largo del país. El último informe del INDH, así como numerosos informes de condiciones carcelarias, han señalado que las condiciones distan de ser óptimas: el nivel promedio de ocupación del sistema carcelario chileno es del 104%, es decir, estamos con un grado de hacinamiento. Podría parecer que no es muy grave, porque 104 quiere decir que en una unidad penal que tiene cien cupos, hay 104 personas. Pero este promedio nos esconde algunos extremos y, de hecho, en el informe del 2017 de condiciones carcelarias del INDH se reportaron 11 unidades penales que estaban con un nivel de ocupación por sobre el 140%. Entonces, cuando hablamos de condiciones carcelarias, también hablamos de una situación que es bastante heterogénea. Sin embargo, si hay un elemento transversal a todas las situaciones en las cárceles es que muchas de las infraestructuras carcelarias están obsoletas. En el caso de las mujeres, los centros penales y los centros de detención de mujeres usualmente han sido pensados para hombres, y luego han sido adecuados.

Tenemos, además, dentro del grupo de personas privadas de libertad, una heterogeneidad importante que refleja la conformación de la sociedad chilena: personas mayores de edad, con enfermedades crónicas de distinto tipo, también enfermedades de salud mental, etc. Esta situación, ante la luz de la pandemia del Covid-19, hace que las cárceles sean un lugar particularmente vulnerable al contagio y propagación de este virus, básicamente por la imposibilidad de tomar las medidas sanitarias necesarias para combatirlo, como se hace fuera de las cárceles. En la sociedad, afuera, podemos adoptar algunas restricciones básicas como el teletrabajo o el contacto virtual, pero en la cárcel la distancia física, el acceso a agua potable, el acceso a condiciones sanitarias óptimas, simplemente no es posible.

-Los efectos de ese hacinamiento ya se han hecho sentir, como en la Cárcel de Puente Alto, donde se detectaron 150 casos de Covid-19 y en el mismo lugar los reclusos tomaron como rehenes a cinco gendarmes en alegato por la falta de medidas sanitarias. ¿Cuáles son los principales riesgos en términos de seguridad al interior de las cárceles?

El caso de Puente Alto es paradigmático y podría replicarse en cualquier unidad penal del país por las condiciones que te mencionaba. Pero hay un dato que quisiera aportar, que es bien relevante, y es que cuando pensamos en comunidad carcelaria no sólo estamos pensamos en las 42 mil personas privadas de libertad, en prisión preventiva o en cumplimiento de condena, también estamos pensando en los 20 mil funcionarios que trabajan en gendarmería en unidades carcelarias. Esos 20 mil funcionarios están desglosados entre oficiales, suboficiales -lo que conocemos como personal uniformado- y el personal civil que trabaja en los servicios de reinserción, salud, educación, etc., es decir, estamos hablando de una comunidad de más de 60 mil personas al mes de marzo. A veces, uno ve en las redes sociales las reacciones respecto a este tema y se cuestiona: si el confinamiento protege del contagio, entonces mejor dejarlos encerrados, porque es la mejor forma de prevenir. Sin embargo, pasa que los flujos son muy dinámicos en la población encarcelada. Entonces tenemos a estos 20 mil funcionarios que cumplen turnos y que entran y salen de las cárceles, pudiendo contagiarse dentro de la cárcel y llevando el virus a la comunidad, casa, vecindario; o al revés, contagiarse fuera y después llevar el virus dentro.

Es decir, estamos hablando de los movimientos naturales de la población penal, como son algunos traslados o salidas. Hay personas que gozan de los beneficios interpenitenciarios o salidas controladas, es decir, personas que salen a trabajar y vuelven, etc. Entonces, a estos factores más estáticos de los que hablábamos al principio, falta de alguna potable, condiciones sanitarias mínimas, se suma la característica de que es una población muy dinámica. Los riesgos son bien evidentes, o sea, en tanto se produce un contagio, la posibilidad del sistema penitenciario de detener la propagación es muy compleja. Se han hecho recomendaciones de parte de organismos internacionales. Lo hizo el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DD.HH., la OMS sacó un manual para el manejo de la pandemia en cárceles, también se ha manifestado el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura. Al menos diez organizaciones internacionales han hecho un llamado urgente a descongestionar el sistema carcelario justamente por estas condiciones, porque, además, las personas que están en cárcel, usualmente vienen con cierto deterioro físico, no han accedido a los mejores servicios de salud, por ejemplo, y no se les puede garantizar que sigan o accedan a un mejor sistema de salud. Cuando hay hacinamiento se hace más compleja también la provisión de servicios, es decir, hay una serie de factores tanto estructurales como funcionales de la comunidad penitenciaria que hacen que el contagio sea de un riesgo altísimo, en tanto que la propagación es casi inmediata. Por eso hemos visto motines y otras expresiones de internos, que lo que están buscando, básicamente, son medidas de protección. Hay motines que se han dado en los últimos días que también reclaman por las medidas de seguridad de gendarmes y otros funcionarios que están igualmente expuestos.

Según cifras de marzo, la población penitenciaria en Chile asciende a más de 100 mil personas.

-En este sentido, ¿cuáles han sido las medidas específicas de protección de la población carcelaria adoptadas por el gobierno o las autoridades sanitarias?

Para responder a esa pregunta me gustaría partir por otra: ¿por qué las autoridades debieran tomar ciertas medidas de especial resguardo para la población privada de libertad? Hay que decir que la relación de una persona privada de libertad con el Estado se encuentra regulada por la normativa nacional y también por la normativa internacional. Distinto, tal vez, a lo que se piensa desde el sentido común sobre que esas personas debieran cumplir sus condenas y ojalá en las peores condiciones posibles. O sea, a la condena penal, añadirle condiciones de sufrimiento.

Lo cierto es que las poblaciones carcelarias son consideradas dentro de las poblaciones vulnerables, tanto por la trayectoria de desarraigo educacional, laboral, exclusión social, marginalidad que antecede al encarcelamiento, como por las condiciones de este. El Estado tiene una serie de obligaciones en relación al resguardo de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. Sólo por citar algunos, en términos de normativa interna, la Constitución indica que el Estado debe garantizar la vida e integridad física y psíquica de estas personas, además de proveerles una serie de servicios y resguardar sus derechos. Pero también es interesante que a nivel internacional hay una serie de instrumentos, más de 20 genéricos y universales de DD.HH., como la Declaración Universal de DD.HH., y otros específicos, como el Sistema Internacional de Derechos Humanos, las Reglas Bangkok sobre tratamiento de reclusos, que tienen el mismo espíritu que las Reglas Mandela, pero orientadas a mujeres. Tenemos el principio de protección para las personas privadas de libertad y en relación a los tratos, tenemos la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, que es muy categórica en indicar que no existe ninguna circunstancia en la cual la tortura u otros tratos inhumanos o degradantes puedan darse por parte del Estado.

Esa relación de resguardo es la que hace imperativo que las autoridades tomen medidas. A nivel internacional, no bien se declaró la pandemia a inicios de marzo, una de las medidas que se tomó fue ocuparse de las cárceles y averiguar cuál era la situación. En términos generales, se han tomado medidas de reducción de población encarcelada, lo que se puede hacer de varias maneras, por ejemplo, limitando los ingresos de nuevas condenas o privaciones de libertad, facilitando la salida a través de mecanismos que ya existen, las libertad condicionales, otorgando permisos anticipados de salida, que lo hemos visto en otros países: importante ha sido el caso de Estados Unidos, que es el país que tiene mayor número de encarcelados en el mundo, donde desde las primeras semanas y a nivel federal se tomaron ciertas medidas para reducir la población encarcelada. ¿Qué medidas se han tomado en Chile y que son relevantes? Primero, fue uno de los primeros países en Latinoamérica en presentar la propuesta de un proyecto de ley de indulto conmutativo.

-Sin embargo, fue sumamente polémico.

Así es, y desde varias perspectivas, pero es un indulto que desde el mundo especializado y académico se vio con buenos ojos, porque es un indulto muy bien fundado que se orienta a la protección de los grupos más vulnerados y en resguardo de los DD.HH., y también en resguardo de la seguridad pública, que es algo muy importante. Estamos hablando de personas mayores de 60 o 65 años, con enfermedades crónicas, mujeres, en particular, conociendo la situación frágil de las mujeres, algunas mujeres embarazadas, con hijos en cuidado, etc. Ese indulto fue bastante polémico y tardó la tramitación y discusión sobre a quiénes liberar.

«Somos un país punitivo y hay algunos focos que han recibido con mayor fuerza esta carta punitiva del derecho penal. Entre 2007 y 2010 tuvimos la tasa de encarcelamiento más alta de la región. Aunque hemos tenido tendencias más favorables en los últimos años, seguimos encarcelando, y con mucha fuerza las reincidencias por delitos contra la propiedad que no generan un impacto de seguridad pública tan relevante».

-Claro, porque el indulto no incluía a las personas que estaban imputadas por delitos de lesa humanidad y hubo una petición para que fueran incluidas.

No las incluían porque hay todo un sistema de DD.HH. que limita las posibilidades de salida a personas que han cometido delitos en contextos graves, delitos que son considerados graves y gravísimos a nivel nacional e internacional. Creo que el indulto conmutativo tardó, pero está siendo efectivo, ha sido una medida que hay que aplaudir realmente, en términos de gestión penitenciaria, ha sido bien pensado, estructurado, y se ha dado en conjunto con otras acciones que creo que es necesario destacar. En marzo teníamos 42 mil personas privadas de libertad y hoy se ha reducido la población, ha habido una salida casi del 10%, diez mil casos, 8% que ha salido de distintas maneras, cerca de 1.400 a través del indulto conmutativo. Por otro lado, la Defensoría Penal Pública ha solicitado a los tribunales de garantía la revisión de la medida cautelar preventiva para la sustitución por arresto domiciliario total. Eso ha significado que a la fecha han salido 900 jóvenes, adultos y otras mil personas, pero que van a seguir cumpliendo su medida cautelar. No es un perdonazo, ya que la gente sale y sigue en una medida cautelar, arresto domiciliario total, o termina de cumplir su condena bajo la modalidad de reclusión domiciliaria absoluta o con ciertas medidas de resguardo. Tenemos la libertad condicional, que es una manera de terminar de cumplir su condena que está muy regulada en la ley y que en los últimos cinco, diez años, había tenido una baja muy importante: tenemos años en los que prácticamente no se dieron medidas de libertad condicional en Chile. Este año, 1.550 personas a nivel nacional salieron de cárceles, es decir, van a terminar de cumplir su condena en libertad bajo una serie de condiciones.

Junto con todo ello ha habido otras iniciativas que se deben mantener en el tiempo, que son el mejoramiento de las condiciones sanitarias de las unidades penales y restricción a las nuevas prisiones preventivas cuando la ley y las condiciones así lo permiten. Diría que se han tomado medidas, algunas muy interesantes.

-Es interesante lo que planteas, porque muchas veces tiende a haber una crítica generalizada a las acciones que toman los gobiernos y las autoridades sanitarias. También es interesante la responsabilidad que planteas del Estado en la protección y resguardo de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. 

Absolutamente, son buenas medidas de inicio, pero falta un largo trecho para seguir. Hay unidades penales que tal vez no han recibido la aplicación de esta salidas, o sea, si bien las autoridades han actuado en la línea correcta en términos de las directrices de derecho y de las directrices sanitarias y realidad carcelaria, esto sigue, y con las libertades, indultos, no se resuelve el tema. Finalmente, lo que está pasando en los sistemas carcelarios deriva en la pregunta sobre por qué tenemos tanta gente en la cárcel. 

En las cárceles hay población dinámica: a 20 mil ascienden los funcionarios, entre gendarmes y personal civil que también están expuestos al contagio.

Sobre ese punto, todo indica que este es un país bastante punitivo, en el que las personas entran a la cárcel ante cualquier delito y eso redunda en consecuencias como hacinamiento y  sobrepoblación de los recintos carcelarios. En ese sentido, estas medidas de libertad condicional o indulto han sido clave, pero ¿por qué no se han aplicado antes?

Chile, desafortunadamente, ha seguido una tendencia internacional de encarcelamiento y uso de la cárcel como principal medida punitiva. Hasta el año 2013 teníamos la mayor parte, cerca del 70% de personas, condenadas en cárceles, y eso trajo una serie de problemas muy graves. No hay que confundirse con que los países que más encarcelan son los países que tienen los sistemas de justicia más efectivos, no es así, necesariamente. Entre 2007 y 2010 tuvimos la tasa de encarcelamiento más alta de la región y, de hecho, el año 2010 marcó un hito relevante en la historia carcelaria en nuestro país, ya que tuvimos la tasa de encarcelamiento más alta de la región. Y ese año se produjo el incendio en la cárcel de San Miguel, donde fallecieron 81 personas y donde se vieron casos muy dramáticos y muy mediáticos, y en el que se cuestionó si las personas más peligrosas están realmente en la cárcel.

A nivel de derecho, sabemos que los sistemas de justicia deben siempre priorizar que la persona no pierda el contacto con su familia, comunidad, que no se desarraigue a menos que sea estrictamente necesario, por lo tanto, la cárcel debiera estar reservada sólo para los delitos más graves y que representan más riesgos para la seguridad pública. Desafortunadamente, la cárcel nace como una institución en crisis, nunca ha habido, a nivel internacional, un momento en que las cárceles estén más o menos equilibradas, siempre han sido instituciones muy críticas y las reformas se toman después de tragedias como la de 2010. Tres años después se promulgó y comenzó a funcionar la ley de medidas sustitutivas, que pretende cambiar esta proporción. No es que estas personas se estén cambiando a otro sistema, sino que es un sistema que progresivamente permite que las personas sean enviadas a un cumplimiento de condena en libertad. 

Entonces, sí, somos un país punitivo y hay algunos focos que han recibido con mayor fuerza esta carta punitiva del derecho penal. Te voy a dar un dato de las poblaciones femeninas y del crecimiento de las poblaciones carcelarias en el mundo. Aunque hemos tenido tendencias más favorables en los últimos años, seguimos encarcelando, y con mucha fuerza, por ejemplo, las reincidencias por delitos contra la propiedad que no generan un impacto de seguridad pública tan relevante. No olvidemos que la cárcel es sumamente costosa, no sólo en términos económicos sino que también en términos de capital humano y capital social; genera costos, impactos sociales a las personas, familias, a la sociedad en su conjunto, que exceden ampliamente, en muchos de los casos, tener a una persona privada de libertad.

-Junto a Ángela Guerrero, del Centro de Estudios y Acción de la Justicia de México, escribiste el artículo Mujeres encarceladas en Latinoamérica y el Covid-19, recomendaciones para los sistemas penitenciarios de la región, donde plantean que las mujeres encarceladas deben ser un grupo prioritario en caso de crisis. ¿Por qué? 

Bueno, primero hay que decir que las mujeres están sobrerrepresentadas en el sistema carcelario. Según estadísticas internacionales de crecimiento carcelario, entre 2000 y 2017 la población femenina aumentó un 53%, pero en Latinoamérica ese aumento fue del 147% y eso está muy relacionado con las políticas  antidrogas en la región, que han sancionado con mayor fuerza delitos que dentro de la jerarquía y estructura del narcotráfico son menores, como el microtráfico. En Chile teníamos, hace diez años, una proporción importante de mujeres privadas de libertad por delitos de familia, pero hoy la mayoría de las mujeres están también asociadas a delitos de drogas y eso ha cambiado la configuración de las cárceles.

En general, las cárceles no están pensadas para las necesidades específicas de las mujeres, nosotras tenemos necesidades distintas de los hombres en términos de las condiciones sanitarias, de las condiciones de visitas, pero ninguno de esos elementos se recoge en nuestras unidades penales, que no están muy diseñadas para que la mujer pueda acceder a la mayor cantidad de servicios de reinserción, los que también son escasos y que apuntan a una proporción muy menor de las personas. 

En esto se han hecho avances también bien positivos en términos de reinserción social en Chile en los últimos años, pero siguen siendo reservados a una población pronta a cumplir condenas, y yo diría que tenemos condenas muy largas y que las experimentan personas muy jóvenes, y también tenemos condenas muy cortas experimentadas por mujeres. Tenemos condenas, por ejemplo, de menos de un año. 

Las estadísticas informan que hay un porcentaje importantísimo de mujeres que entran a la cárcel para cumplir condenas de seis meses, un año, y que a veces no son condenas sino que faltas administrativas o multas que se deben cumplir con privación de libertad. ¿Qué significa que tú estés en la cárcel seis meses? Que si tenías un trabajo, lo pierdes, si tenías una fuente de ingreso, la pierdes. El 95% de las mujeres tienen al menos un hijo y el 80% son el sostén económico de su familia, no sólo de los hijos, sino que de la mamá, la abuelita, etc. La evidencia internacional y nacional nos muestra que las condenas cortas también socavan el capital humano, social y económico de las personas de manera mucho más importante que las condenas más largas. O sea, las condenas más largas son de un impacto profundo a nivel individual, familiar, y muchas mujeres en Chile están viviendo condenas cortas. ¿Qué pasa con los hijos cuando es la segunda condena o hay una reincidencia? Los hijos son institucionalizados o quedan al cuidado de otros, en esos niños hay desencanto escolar, problemas educacionales, hay una especie de efecto dominó importante y por eso, además, las mujeres son prioritarias, porque son consideradas población particularmente vulnerable dentro de la ya vulnerada población encarcelada, por las condiciones de salud que muchas veces arrastran, enfermedades crónicas, el cuidado de los hijos, embarazos, etc. Además, es un hecho criminológico bien sostenido que la mayoría de las mujeres no representan riesgos y no reinciden en delitos menores, empiezan más tarde en el delito y cometen delitos mucho menos violentos.

Entrevista realizada el 24 de abril de 2020 en el programa radial Palabra Pública de Radio Universidad de Chile, 102.5.