El máster y doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Duke, académico del Instituto de Asuntos Públicos e integrante del comité académico de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, lo deja claro: la reforma a Carabineros es urgente y la debe guiar el poder civil. Agüero, que ha estudiado la institucionalidad de las fuerzas policiales, aborda en esta entrevista los nudos centrales del grave momento que enfrenta la institución y expresa su preocupación por la poca valoración “general, mundial” que hoy se tiene de los derechos humanos.

Por Jennifer Abate C.

—El presidente Sebastián Piñera le pidió la renuncia al general director de Carabineros, Mario Rozas, quien estuvo al mando de la institución durante las múltiples violaciones a los derechos humanos en el contexto del estallido social y sólo un día después de que dos carabineros balearan a jóvenes en una residencia del Sename en Talcahuano. Llamó la atención la elogiosa despedida que hizo el presidente Piñera, quien dijo: “tengo el mayor aprecio, admiración y gratitud por la labor que ha cumplido el general Rozas”. ¿Qué le pareció esta salida?

Me parece largamente esperada y consecuencia de una serie de sucesos conocidos en los últimos días y en el último tiempo, partiendo por la reacción al estallido social. Iba a pasar tarde o temprano, pero es una salida que sigue a la del anterior general director, Hermes Soto, que se fue a raíz del asesinato de Camilo Catrillanca, que siguió a la salida de Bruno Villarroel, al comienzo de este gobierno, producto de otra serie de irregularidades, incluidos los episodios de fraude. Todo esto revela un problema serio en Carabineros, ese es el tema.

—No pasa por cambiar a su máxima autoridad.

No pasa por cambiar a su máxima autoridad y como tú dijiste en la presentación de esta pregunta, llama la atención la forma en que se despide el presidente, cómo despide al general en cuestión, porque es completamente inapropiado. Si él realmente le tiene mucho aprecio y mucha gratitud, que se lo exprese personalmente, pero aquí estamos hablando de una responsabilidad pública de un jefe máximo, de un organismo armado y del presidente de la república. El presidente se refiere, además, en el caso de los niños del Sename del sur, a “niños accidentados”, no “a niños baleados por efectivos de Carabineros”, se refiere a la “modernización” de Carabineros, tratando de suavizar lo que realmente corresponde, que es la reforma de Carabineros, que involucra también modernización, pero no se le puede hacer el quite a lo principal, que es la reforma de la institución.

—La periodista Pascale Bonnefoy relató en su libro Cazar al cazador el estado en el que estaban las instituciones policiales después de la dictadura. Pascale se enfocó en los cambios que enfrentó la Policía de Investigaciones, con la que en el último tiempo se compara a Carabineros ¿Qué pasó en la PDI que no pasó en Carabineros durante los primeros años de la democracia?

Investigaciones es una institución más flexible, más pequeña, que tradicionalmente ha tenido una dependencia del Gobierno mucho más clara. Hay que tener presente que al comienzo de los gobiernos de la transición se utilizó mucho a Investigaciones en tareas de investigación y de represión de posibles brotes de violencia que empezaron a emerger en ese periodo. Entonces hubo una especial preocupación sobre eso, preocupación que no existió sobre Carabineros y, claro, Carabineros es una organización armada que se define como fuerza armada, viene con ese título desde la dictadura. Aterrizan en el nuevo régimen democrático con grandes poderes, tienen presencia en el Consejo de Seguridad Nacional, tienen atribuciones frente al nombramiento de altas autoridades, como miembros del Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera. Para usar las palabras de Franco, que se aplican más en Chile que en España, “las cosas vienen atadas y bien atadas”.

Pero desde los gobiernos de la Concertación hubo poca iniciativa o poco impulso o energía para tratar a Carabineros con un ánimo de reforma. Faltó el impulso y Carabineros hizo sentir su poder muy fuertemente y estableció una suerte de chantaje: “a nosotros ustedes no nos pueden tocar por la misma razón que no pueden tocar a las otras ramas de las FF.AA. Cuando nos necesiten porque hay una manifestación en el centro, en alguna parte, bueno, vamos a dejar que las cosas corran solas, sin policías”. Eso es muy grave.

—Claro, el orden público es una necesidad.

Exactamente, eso es un chantaje de muy mala leche.

—¿Es usual que una fuerza de orden y seguridad tenga el rango de fuerza armada?

No, no es usual, sobre todo en países que se jactan de tener un sistema sólidamente democrático. Carabineros está acostumbrado a ser una fuerza armada, una fuerza militar, y entonces tiene una idea distorsionada, no tiene idea de lo que debe ser una policía que funcione como un servicio. Cuando Carabineros va a una manifestación, lo que corresponde es que Carabineros proteja el derecho de los manifestantes a expresarse, a ejercer su libertad de expresión. Carabineros se entiende a sí mismo como una fuerza que tiene que reprimir, eso lo vimos expresado en su más clara versión con los sucesos de octubre y todos los que siguieron después, pero que venían de antes.

—La institución de Carabineros ha estado involucrada en hechos gravísimos que van desde malversación de fondos públicos a violaciones a los derechos humanos. Hemos escuchado hablar de intervenir, reformar, refundar, disolver a Carabineros. ¿Con cuál de esas alternativas se queda usted?

Reformar. También puede ser refundar, sin que refundar tenga la connotación de terminar definitivamente con algo completamente y empezar otra cosa. No es sólo cambiar normas, también hay que cambiar procedimientos, cambiar la formación. La verdad es que se trata de cambiar toda una cultura y es muy difícil en organizaciones que son tan grandes, complejas, tan burocratizadas, con tanto pasado, un pasado en el que hay generaciones de generaciones socializadas en una forma de hacer las cosas, una forma de protegerse unos a otros antes de dar paso a la verdad. La reforma tiene que ser muy drástica, debe tener medidas de corto plazo, pero es una reforma de largo plazo, un proceso de cambio de largo plazo.

—¿Cuáles deberían ser los hitos de esas reformas? ¿Cuáles son los nudos más problemáticos de la institución de Carabineros?

Para hacer una reforma, lo primero que hay que preguntarse es: ¿con qué se va a comenzar? ¿Con qué va a seguir la reforma? ¿Cuáles son los pasos inmediatos, intermedios y de largo plazo? Es decir, que haya transparencia, de tal manera que seis meses más adelante uno pueda evaluar qué se hizo y qué no. Bueno, ninguna de esas cosas está.

¿En qué tiene que consistir esta reforma? Son varias cosas que van en distintos niveles, más o menos al mismo tiempo, pero yo diría que un nudo muy importante son los mecanismos de control de todas las actividades de Carabineros, de las actividades financieras, donde hay gran autonomía y donde hay grandes recursos. Tiene que ser un control interno, pero sobre todo externo, no hay controles internos buenos en Carabineros. Eso es de perogrullo: las propias instituciones deben tener sus propios mecanismos de control claros y bien establecidos. Estos procesos tienen que hacerse desde el comienzo con una muy fuerte presencia del órgano político civil, aquí tiene que haber una persona muy cercana al poder neurálgico político civil y rodeada de una comisión civil que esté muy encima de estos mecanismos de control.

—¿Cree que hay una correlación entre la impunidad que en muchos casos ha existido a la hora de enfrentar la violación de los derechos humanos durante la dictadura y la formación que reciben hoy los jóvenes carabineros? Los protocolos de la institución se ajustan a los estándares en materia de protección de los derechos humanos, pero en la práctica sucede otra cosa.

Este no es un tema de dar cursos de derechos humanos, de decir “a partir de mañana, en la academia de formación se van a multiplicar por dos las horas que se dan en derechos humanos”. Eso no sirve, el proceso tiene que ir acompañado de procedimientos y protocolos que están recién en revisión, todavía no existe claridad respecto de cuándo y a qué distancia y cómo se utilizan ciertos armamentos, en fin, todo lo que vimos. Tiene que entrenarse el uso práctico de esos protocolos. Esto es una combinación de normas con prácticas, con entrenamiento y con formación.

Hemos visto cómo Carabineros asume que los que están ahí manifestándose son sus enemigos y tienen que tratarlos con la máxima violencia y herirlos lo más posible, vemos cómo a las personas detenidas se les golpea, cómo se les pasa la motocicleta encima. Carabineros comparte cuestiones con el resto de las FF.AA., como el hecho de que la formación en DD.HH. es muy pobre, muy pobre, en algunos casos casi inexistente, a veces se hace un curso en derecho internacional humanitario como si fuera un curso en derechos humanos. Hay mucho que reflexionar, socializar y transparentar en esta cuestión de la formación.

—Las y los especialistas plantean que es necesaria la separación del resguardo del orden público de la función que cumplen las Fuerzas Especiales. ¿Coincide usted con ese análisis?

No lo sé, no es un área específica de mi experticia, pero sí puedo decir que la policía tiene que especializarse mucho más en sus distintas unidades, deben ser fuerzas al mismo tiempo expertas y cercanas a la comunidad a la que sirven. Además, hay otras cuestiones importantes de la reforma. Por ejemplo, los expertos que discuten esto en términos comparados están proponiendo que se avance hacia un escalafón único, no esta distinción tan chilena…

—Tan clasista.

Tan clasista, de oficialidad y suboficialidad. Una oficialidad más blanca y una suboficialidad menos blanca. Un escalafón único permite que haya modelos de carrera funcionaria, policial, que estén basados en el mérito, en el entrenamiento, en la formación, que todos tengan la posibilidad de acceder a esos tramos superiores. En Carabineros se ve esta diferencia de escalafones que también se ve en el cumplimiento de penas: cuando se ejerce acción disciplinaria interna, los que reciben penas más grandes son los de los escalafones inferiores y no los de los escalafones superiores, que tienen mayor responsabilidad.

—En América Latina y en países que han vivido dictaduras militares como el nuestro, ¿se han realizado procesos de democratización de las fuerzas de orden y seguridad? ¿Que nos dice la experiencia internacional al respecto?

Sin duda que se han realizado en los países que han transitado de dictadura a democracia, que son más cercanos a nosotros en el tiempo, pero son de distinto calibre, de distinto nivel. Por ejemplo, la primera ola de democratización en el sur de Europa, me refiero a España, Grecia, Portugal, hizo su transición en los años setenta, cuando empezábamos a entrar en la dictadura. Ellos hicieron reformas tanto militares como de las fuerzas de orden público de distinto calibre, de distinta duración, con distintas resistencias, todos encontraron resistencias, pero pudieron desarrollar reformas que se llevaron a cabo con persistencia en el tiempo, que tuvieron el apoyo de las principales fuerzas políticas y han tenido éxito. Distinto es el caso de las dictaduras en América Latina, donde los gobiernos autoritarios fueron dictaduras militares y todas las fuerzas militares salieron con grandes prerrogativas al empezar la democracia.

En el caso de América Latina, eso ha sido más difícil y ha habido reformas de avance y retroceso. En el caso de Perú, Argentina, creo que han tenido más avances, pero con grandes problemas en las fuerzas de seguridad, incluidos los grandes problemas de corrupción. Todos estos han sido casos en los cuales la tortura ha sido un elemento de continuidad, puede que no sea la gran tortura política tipo Estadio Nacional, pero sí la tortura de los calabozos, es decir, la falta de respeto al derecho a la integridad física que se vive en distintos ámbitos.

—Para terminar, ¿cuál es su evaluación general de la situación de protección de derechos humanos en nuestro país?

Es una pregunta grande. Creo que estamos en una época complicada para los derechos humanos. En el caso específico de Chile, tenemos una situación muy crítica a propósito de episodios que han ocurrido en todo el proceso que hemos vivido en el último año. Pensemos que todavía hay mucha gente detenida producto de las manifestaciones y que no han tenido atención, aparte de los institutos más especializados, ni la atención mediática necesaria, y que continúan allí detenidos sin resoluciones.

Son situaciones, por supuesto, en las que ha habido avances, uno ve los informes que se han ido haciendo periódicamente y hay avances, está más formalizado, hay más control, hay más coincidencia, pero al mismo tiempo se vive todo esto en una circunstancia de crisis de los derechos humanos a nivel, yo diría, general, mundial, hay también retrocesos porque se valoran menos por parte de fuerzas políticas importantes, con mucho peso. Hay una crisis cultural en ese sentido, hay que ponerle mucha atención. Uno ve a Estados Unidos y también a Europa, los riesgos están siendo muy fuertes para la expresión de la diversidad, de la pluralidad.

Esta entrevista fue emitida el 20 de noviembre de 2020 en el programa Palabra Pública, letras para el debate, que transmite todos los viernes la Radio Universidad de Chile.