Chile ha dado pasos importantes para enfrentar la contaminación por plásticos de un solo uso en locales de expendio de alimentos y comida rápida. Sin embargo, los avances legislativos corren el riesgo de quedarse en el papel. La presión de intereses económicos, las modificaciones regresivas en discusión en el Congreso y la falta de educación ambiental están debilitando una ley que nació con un objetivo claro: reducir el uso de productos desechables y detener su producción desmedida, que alimenta un modelo de consumo insostenible.
Por Josefa Araya-Campano | Foto principal: Julia M. Cameron/Pexels
Desde Científicos de la Basura —un programa de ciencia participativa que desde 2007 investiga la basura marina junto a escuelas, universidades, ONG y comunidades— hemos documentado durante más de una década la presencia de basura en las playas y ríos. Hasta la fecha el programa ha realizado varios estudios a nivel nacional e internacional, donde el tipo de basura más abundante en Chile y Latinoamérica son precisamente plásticos de un solo uso, como cubiertos, envoltorios, bombillas, bolsas y envases de comida. Yo soy parte de este equipo desde el 2021 y he visto de primera mano cómo estos objetos cotidianos, pensados para usarse unos minutos, siguen presentes en todas partes y en los ecosistemas.
La Ley 21.368 de Plásticos de un Solo Uso, promulgada en agosto de 2021, fue un avance importante para limitar el uso de plásticos desechables en locales de expendio de alimentos, regulando utensilios, envases y otros productos de consumo inmediato en restaurantes, cafeterías y locales de comida rápida. Sin embargo, su implementación es débil porque la fiscalización es escasa, las sanciones son poco disuasivas y aún no existen incentivos sólidos para que el comercio adopte productos verdaderamente reutilizables. El resultado es que, a pesar de la ley, estos plásticos siguen apareciendo en playas y ríos chilenos.
A esta fragilidad se suma un nuevo intento de modificación impulsado en julio de 2025 desde la Comisión del Medio Ambiente de la Cámara de Diputadas y Diputados. La propuesta busca permitir el uso de productos reciclables dentro de los locales de consumo como alternativa a los plásticos de un solo uso. A primera vista podría parecer una mejora. Sin embargo, en la práctica se trata de un retroceso disfrazado de innovación. Muchos de estos productos, aunque técnicamente reciclables, se contaminan con restos de comida y no son aceptados en los sistemas de reciclaje, terminando en la basura. En lugar de reducir la generación de basura, esta modificación ampliaría su volumen bajo una apariencia “verde”.
Este tipo de iniciativas no surgen de la nada. Son el resultado del lobby empresarial y de la presión ejercida por grupos de interés sobre autoridades para favorecer sus modelos de negocio. Un ejemplo reciente se evidencia con McDonald´s, que en 2022 replicó en Chile la estrategia usada en la Unión Europea para frenar leyes de reducción de plásticos de un solo uso. La transnacional, junto con gremios industriales como la Asociación Chilena de Gastronomía (ACHIGA), financió estudios diseñados para sus objetivos y difundió información engañosa afirmando que los productos desechables eran mejores para el medio ambiente que los reutilizables, a pesar de que estudios independientes demostraron lo contrario. Organizaciones como Oceana denunciaron estas maniobras y advirtieron que podrían retrasar la plena implementación de la ley chilena, que busca reducir estos plásticos y privilegiar la reutilización. Este caso demuestra que el lobby puede ser legítimo cuando se ejerce de manera transparente —por ejemplo, entregando información técnica o proponiendo alternativas viables—, pero la estrategia de McDonald´s no fue un aporte técnico sino un ejemplo de lobby problemático, destinado a detener normas ambientales diseñadas para proteger el bien común. En lugar de avanzar hacia una economía basada en la reducción y la reutilización, estos cambios impulsados por presiones externas mantienen viva la lógica de lo desechable.
Otro gran flanco de este problema es el delivery, un sector que ha crecido explosivamente desde la pandemia. Las aplicaciones de reparto han multiplicado el uso de productos de un solo uso y muchas veces ni siquiera ofrecen al usuario la posibilidad de rechazar utensilios u otros envases innecesarios. Sin una regulación clara y firme sobre este tipo de consumo, la ley pierde fuerza frente a uno de los canales de distribución más masivos y contaminantes en la actualidad.
Algunos argumentan que estas restricciones podrían afectar a pequeñas empresas o generar costos adicionales para los consumidores. Es un punto válido, especialmente en contextos de crisis económica, pero flexibilizar la ley para perpetuar el problema no es una solución. Aquí es donde la Ley REP (Responsabilidad Extendida del Productor) puede y debe jugar un rol clave: obligar a las empresas a hacerse responsables de la recolección y valorización de los desechos que generan. Aplicarla de forma efectiva a los productores de envases desechables aliviaría la carga sobre los pequeños comercios y trasladaría la responsabilidad a quienes diseñan y ponen en circulación estos productos.
Si consideramos el ciclo de vida completo de un producto—desde la extracción de recursos, producción, transporte, uso y disposición final—, queda en evidencia que el reciclaje ayuda, pero no es suficiente. Tiene límites, requiere grandes cantidades de energía, genera emisiones y no todos los materiales pueden reciclarse indefinidamente. Lo verdaderamente sostenible es reducir lo que consumimos, reutilizar lo que ya tenemos y frenar la producción excesiva de plásticos que alimenta la crisis. Cambiar de lo reciclable a lo reutilizable implica modificar el modelo de consumo de raíz, y no solo maquillar el problema con soluciones aparentes. La transición hacia este modelo debe ir acompañada de políticas de apoyo técnico, financiamiento para emprendedores sostenibles y, sobre todo, más educación ambiental. Necesitamos entender por qué es indispensable transformar la forma en que producimos, consumimos y desechamos.
No podemos retroceder en este ámbito justo cuando habíamos empezado a avanzar. Por eso urge detener cualquier modificación que debilite la Ley 21.368, especialmente aquellas que promueven productos reciclables que en realidad no se reciclan. Es fundamental incluir al sector delivery en la regulación ambiental, garantizando alternativas reutilizables y opciones claras para rechazar plásticos innecesarios. También es esencial fortalecer la educación ambiental en todos los niveles, para que las personas no solo cumplan la ley, sino que comprendan por qué existe.
Chile no necesita una ley que se vea bien en el papel, sino una que se cumpla en el territorio, proteja los ecosistemas y promueva un cambio real en nuestra forma de consumir. Ese cambio pasa por reducir, reutilizar y, sobre todo, poner freno a la producción desmedida de plásticos en general. El momento de actuar con decisión es ahora, antes de que los intereses de unos pocos debiliten los derechos y la salud ambiental de todas y todos.
Este texto fue escrito en el marco del Diplomado en Comunicación de la Ciencia, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, en alianza con Palabra Pública.
