Con la Ley Integral de las Personas Mayores, Chile acaba de dar un paso importante al reconocer el envejecimiento como una prioridad de Estado. Para Christian González-Billault, director del Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo (GERO) y vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, se trata de un avance decisivo frente a una transformación demográfica acelerada e irreversible. Sin embargo, advierte que el verdadero desafío comienza ahora: lograr que este marco legal se sostenga en conocimiento local, investigación interdisciplinaria y una participación activa de las universidades en el diseño de la política pública.
Por Christian González-Billault | Imagen principal: Magali Cohen/Hans Lucas vía AFP
Los datos del Censo 2024 son rotundos: el 14% de los chilenos tiene más de 65 años, cifra que prácticamente duplica el 7,2% registrado en 1992. El índice de envejecimiento poblacional ha llegado a 79 personas mayores por cada 100 menores de 15 años, el más alto de nuestra historia. Chile envejece, y lo hace aceleradamente. En ese contexto, la publicación en el Diario Oficial de la Ley N° 21.822, Ley Integral de las Personas Mayores y de Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable, es una muy buena señal de que el país comienza a tomar en serio una transformación demográfica que no tiene marcha atrás.
La ley establece por primera vez un catálogo comprehensivo de derechos para las personas mayores de 60 años a la salud sin discriminación, a la autonomía en sus decisiones, a una vida libre de violencia, al trabajo digno, a la conectividad digital y a la participación cultural y deportiva. Define con precisión jurídica conceptos que hasta ahora flotaban en la normativa, como dependencia, abandono social y discriminación etaria. Crea procedimientos judiciales específicos con representación legal garantizada para quienes no puedan procurársela. Y, por primera vez, tipifica la discriminación por edad como categoría sancionable. Son avances concretos, que están en la línea de la experiencia internacional y de las sugerencias que como investigadores en envejecimiento hemos entregado desde hace una década.
Sin embargo, la experiencia nos enseña que una ley de esta envergadura solo vale lo que vale el conocimiento que la sostiene. Hoy en día, gran parte de nuestra política pública en envejecimiento descansa en evidencia generada en el norte global, en contextos demográficos, culturales y sanitarios que no son los nuestros. Los estudios en trayectorias de vida muestran que la forma en que envejecemos depende de factores genéticos; pero también responde a variables no genéticas, es decir, a condiciones sociales, económicas, ambientales y conductuales que son profundamente locales. Diseñar políticas con datos ajenos implica intervenir sobre una realidad que no hemos medido.
La pregunta que corresponde hacernos, entonces, es directa: ¿está Chile produciendo el conocimiento que esta ley requiere para cumplirse? La respuesta honesta es que no del todo. No contamos con cohortes longitudinales nacionales que tracen las trayectorias de envejecimiento en nuestra población. La investigación en psicogeriatría sigue siendo marginal en nuestro ecosistema científico, pese a que la ley consagra explícitamente el derecho a la salud mental de las personas mayores. No tenemos instrumentos validados para medir la prevalencia del edadismo en salud, empleo o acceso financiero, a pesar de que la norma lo tipifica como discriminación sancionable. Y la investigación básica sobre los mecanismos celulares del envejecimiento, que constituye el fundamento para cualquier intervención preventiva eficaz, sigue siendo financiada de manera insuficiente e intermitente.
Esto no es solo un problema académico. La ley ordena al Estado desarrollar programas de cuidado para personas con dependencia, una Política Nacional de Envejecimiento y protocolos de salud específicos. Todas esas obligaciones descansan sobre el supuesto de que conocemos qué intervenciones funcionan en Chile, quiénes son más vulnerables, dónde están las brechas más urgentes. Si ese supuesto falla, las políticas actuarán sobre consecuencias y no sobre causas. La experiencia internacional es inequívoca al respecto: los países que invirtieron tempranamente en investigación sobre envejecimiento lograron extender los años de vida saludable de su población con impactos fiscales considerables. Estados Unidos estimó que prolongar en 2,2 años la ausencia de enfermedades en personas mayores generaría un ahorro de 7,1 trillones de dólares en gasto de salud. No hay razón para pensar que la lógica sea diferente en Chile.
¿Qué se requiere entonces? En primer lugar, que la Política Nacional de Envejecimiento que la ley ordena dictar en los próximos seis meses incluya un componente explícito de inversión en investigación. No como adorno, sino como condición de base. En segundo lugar, que la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile (ANID) abra instrumentos específicos para investigación en envejecimiento que incentiven la colaboración entre ciencia basica, clínica, epidemiológica y social. El envejecimiento es simultáneamente biológico, psicosocial, económico y cultural, y los fenómenos complejos requieren abordajes inter y transdisciplinarios para ser comprendidos en su totalidad. La compartimentación disciplinaria que caracteriza a nuestra academia es un lujo que esta nueva realidad demográfica no nos permite seguir pagando. Y en tercer lugar, que las universidades ocupemos activamente los espacios que esta ley abre. El Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) reforzado, los nuevos Consejos Asesores Regionales y el Comité Interministerial son canales formales de transferencia de conocimiento hacia la política pública. Debemos estar presentes en ellos.
Chile tiene universidades sólidas, una comunidad científica comprometida y, ahora, un marco legal que reconoce el envejecimiento como prioridad de Estado. Lo que falta es articular esos elementos con decisión y visión de largo plazo. La ley pone el marco. El desafío de traducirlo en realidad es, en buena medida, nuestro. No dudo de que como comunidad académica y científica estamos llamados a asumirlo.
