Por Silvana del Valle Bustos

La etapa postdictatorial chilena se ha caracterizado por un continuo de violación a los derechos humanos de mujeres y niñas, lo que se refleja en dos situaciones constantes y sistemáticas. Por un lado, la violencia política sexual (VPS) y, por otro, la impunidad en crímenes cometidos en contra nuestra. Ambas realidades se retroalimentan en una ordenación neoliberal y patriarcal que sólo puede ser desestructurada por nuestra propia acción.

La VPS ha sido definida como aquella acción violenta de carácter sexual o sexista, dirigida contra las mujeres por el hecho de serlo, y que busca desanimarnos de participar en política, como señaló en 2016 el National Democratic Institute, menoscabando o anulando nuestros derechos. Al extender el análisis, podemos señalar que la VPS cumple un doble objetivo: castigar a las mujeres, jóvenes, niñes y disidentes sexuales por su participación pública, eliminándoles de la misma, y permitir con ello que los grupos privilegiados dominen a los pueblos, con un especial ataque a las etnias, razas y clases consideradas peligrosas, y en específico a las mujeres pertenecientes a tales identidades. Como consecuencia de esta agresión, no sólo se logran tales objetivos, sino que además se impide que mujeres y niñas podamos influir en el foro público y que aportemos con nuestras propuestas políticas a la eliminación de las estructuras de dominación y opresión.

“Si ante el temor que nos genera la violación nos protegemos restándonos de los espacios en que puede ocurrir, ¿cómo podremos participar en el debate y las acciones sobre nuestro futuro como sociedad?”

Las razones por las que el castigo político durante conflictos armados ha sido dirigido hacia el cuerpo-mujer se encuentra en la significación que se le da a nuestra sexualidad y nuestra posición como género en la sociedad (Catherine MacKinnon). Es el peligro que representamos como extensión de la vida y resistencia a la muerte lo que se intenta anular. Y es por ello también que la VPS puede abarcar a cuerpos identificados con aquello que difiere del cuerpo-varón hegemónico (blanco, heterosexual y rico), a fin de castigarles por su feminización, o bien feminizarlos para otorgarles el menor valor que el patriarcado asigna al cuerpo femenino. Así, la VPS en conflictos con alto grado de violencia, como el que estamos viviendo desde el 18 de octubre en Chile, se realiza a través de actos colectivos, públicos y no aislados, muchas veces asociados a otras humillaciones específicas dirigidas contra aquella otra identidad desvalorada que la persona agredida posee. La VPS revela, entonces, un modus operandi en su masividad y asociación a otras formas de violencia. Por eso no es de extrañar que en Chile los ya al menos 70 casos de VPS denunciados al Indh vayan aparejados de ya más de 250 mutilaciones oculares a manos de Carabineros.

No obstante, lo más complejo para mujeres y niñas no es que la VPS se trate de una estrategia dirigida en nuestra contra. Se ha documentado que en acciones de guerra, como las ocurridas en Vietnam, los soldados, tras violar y asesinar a mujeres, al ser interrogados indicaban que habían recibido órdenes de matar pero no de violar. Esto implicaría que la VPS como tipo penal internacional puede cometerse como estrategia (bajo órdenes) o como una práctica tolerada por el contexto social (Elizabeth Jean Wood). Pero más allá de los tipos penales, lo preocupante es que, siendo la VPS una práctica tolerada por la estructura social, lo sea en cualquier tiempo y no sólo en tiempos de guerra o crisis. He ahí el carácter político per se de la violación sexual, “un proceso consciente de intimidación por medio del cual todos los hombres mantienen a todas las mujeres en un estado de temor” (Susan Brownmiller). Si ante el temor que nos genera la violación nos protegemos restándonos de los espacios en que puede ocurrir, ¿cómo podremos participar en el debate y las acciones sobre nuestro futuro como sociedad? Por ello, que la VPS ocurra permanentemente en tiempos de la llamada “paz”, como demuestran las 284 denuncias de violencia sexual cometidas contra mujeres pertenecientes a las Fuerzas Armadas y de Orden chilenas entre 2010 y 2018 (El Desconcierto), y el 44,4% de parlamentarias a nivel mundial que han recibido amenazas de muerte, violación o palizas (Unión Interparlamentaria), es altamente peligroso. La impunidad, así, está asegurada.

«La persistencia en nuestra lucha, que nos ha permitido nombrar la VPS cometida por el Estado, hoy más preocupado de la destrucción del capital que de la vida, nos permitirá seguir saliendo a las calles a mujeres y niñas»

Finalmente, el ciclo de impunidad se cierra en VPS cuando hombres del mismo grupo atacado participan en las violaciones, como se documentó respecto de Sendero Luminoso y Tupac Amaru en tiempos de Fujimori en Perú. Si la basurización de nuestros cuerpos (Rocío Santiesteban) es confirmada por nuestros propios “aliados”, la expulsión de nuestras vidas del debate político se sella. Entonces, que no sepamos las cantidades exactas de agresiones sexuales en conflictos como el de Guatemala (1.400 a 9.400) o Yugoslavia (14.600 a 60.000) o que sólo se haya llegado a una miserable condena en Chile por tortura “con connotación sexual” durante la dictadura de Pinochet, es parte de la misma VPS como práctica socialmente tolerada.

En este escenario, sin embargo, la politicidad de las mujeres ha sido fundamental para denunciar la impunidad, que impide tanto castigar a todos los violadores de DD.HH. tras 1973 como conocer las razones de las muertes de muchísimas mujeres catalogadas por el Estado como “hallazgo de cadáver” o incluso suicidio, pese a ser encontradas flotando en ríos, con bolsas plásticas en su cabeza, quemadas o envenenadas (Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres). La persistencia en nuestra lucha, que nos ha permitido nombrar la VPS cometida por el Estado, hoy más preocupado de la destrucción del capital que de la vida, nos permitirá seguir saliendo a las calles a mujeres y niñas. Nos permitirá encontrar los cuerpos de Tanya Aciares de Copiapó y Paola Alvarado de Curacautín, asesinadas por violadores y femicidas antes del estallido social, y que el Estado de Chile se niega a buscar. Nos permitirá, en definitiva, seguir construyendo nuestra propia justicia.