Aborto en tres causales: Obstáculos y deficiencias

La subdirectora (S) de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile detalla cuáles han sido las mayores dificultades para la implementación de la ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres condiciones específicas y, de paso, advierte que la información disponible da cuenta de problemas que no desaparecerán de no mediar acciones decididas por parte del gobierno.

Por Pamela Eguiguren | Fotografía: Felipe Poga

La Ley 21.030, que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, fue promulgada en septiembre de 2017 tras una larga espera. La demanda de las organizaciones feministas excedía, por supuesto, el derecho circunscrito a solo tres condiciones, sin embargo, hubo acuerdo en que era urgente salir de la prohibición total del aborto en nuestro país. Después de una dilatada discusión, las tres causales aprobadas fueron consideradas por la mayor parte de los actores como condiciones en que la interrupción era un deber ético, donde no cabía cuestionamiento a su legitimidad. Todo indicaba que, al menos en esas tres condiciones, al fin las mujeres tendrían respuesta desde el Estado y no volverían a repetirse situaciones como las vividas, por ejemplo, por Karen Espíndola, quien fue obligada a tener un hijo en 2009 con una malformación letal que lo llevaría a la muerte dos años después. Sin embargo, en este primer año de implementación de la ley, la información disponible y las experiencias de las mujeres dan cuenta de obstáculos que no desaparecerán de no mediar acciones decididas por parte del gobierno.

La objeción de conciencia se ha convertido en un tema central en el debate legislativo. Su propósito es resguardar derechos fundamentales de los profesionales, pero, sin una adecuada gestión, parece haberse convertido en una amenaza para el cumplimiento de la ley. Cabe recordar que una vez promulgada, hubo una primera fase de perplejidad y temor por parte de los profesionales en los servicios de salud: al no contar aún con el reglamento elaborado por el Ministerio de Salud (Minsal), algunos equipos no respondieron adecuadamente frente a la solicitud de interrupción en los primeros casos. El reglamento vio la luz por fin en enero de 2018, pero su vigencia fue breve. Dos meses después, tras el cambio a la administración del presidente Sebastián Piñera, el recién elegido ministro Emilio Santelices modificó el reglamento para salvaguardar la posibilidad de objeción de conciencia institucional de prestadores privados, que bajo convenio reemplazaban el rol público del Estado y por reglamento no podían objetar institucionalmente.

La nueva normativa fue cuestionada, y a solicitud de parlamentarias/os y organizaciones feministas, intervino la Contraloría General de la República, fallando el retiro de ese reglamento para proteger el derecho de las mujeres. En octubre de ese año, se contó con la tercera y última versión del reglamento, donde el Minsal estableció el uso de pabellones como criterio para prohibir la objeción institucional de establecimientos privados con acciones en el convenio DFL36 en ginecología y obstetricia.

La maniobra intentada por el ministro Santelices fue sin duda una señal potente para los servicios de salud de dónde estaban sus voluntades respecto del cumplimiento de esta ley en representación de la máxima autoridad del gobierno, cuyo discurso en oposición a ella ya era explícito. Resulta sintomático —y es un nuevo indicio— que en la reciente cuenta pública el presidente Piñera no haya dicho nada respecto del seguimiento de la implementación de esta ley, y que frente a diversos casos de vulneración que han ocurrido en lo que va de su gobierno no se haya referido a ninguna medida para garantizar el acceso por parte de las mujeres.

Las señales y los resultados han ido sumándose. Diversos diagnósticos muestran números y porcentajes elevados de especialistas objetores en los servicios, donde no hay garantía de profesionales no objetores disponibles para la atención las 24 horas y los siete días de la semana. Asimismo, la objeción de conciencia está concentrada en la segunda causal (inviabilidad fetal de carácter letal) y especialmente en la tercera (embarazo por violación), lo que llama la atención al observar su correlación con las bajas cifras de interrupciones voluntarias del embarazo informadas en dichas causales.

Pero la lista de dificultades no acaba ahí. Se conocen antecedentes de objeción de conciencia de profesionales que no intervienen en pabellón, por lo cual no habría sustento para la objeción, ya que lo por ley cabe objetar serían acciones directas en la realización de la interrupción. A su vez, existen dispositivos de atención bajo convenio con Minsal que dependen de la Universidad Católica y que, realizando atenciones de primer nivel (sin acciones que requieren pabellón en gineco-obstetricia), se han declarado objetoras institucionales y figuran como aprobadas por el ministerio en esta condición. Por otra parte, tampoco hay que olvidar que hay una evidente falta de difusión de la ley, de los derechos que garantiza y de la forma de acceder, con la consecuente falta de información y limitaciones de acceso de las mujeres.

A esto se suma que la distribución de interrupciones realizadas a lo largo del país en las distintas causales muestra importantes brechas de acceso con las estimaciones proyectadas, a lo que hay que agregar diversas discriminaciones de acceso que generan aseguradoras y prestadores, algo que está ocurriendo sin acciones de fiscalización por parte del Minsal. Se han conocido casos que muestran el “peregrinaje” de las mujeres para encontrar prestadores que respondan efectivamente el derecho establecido por ley, lo que muestra que la información y la implementación son aún muy deficientes. Por último, varios casos que han trascendido a la opinión pública muestran en los equipos profesionales y técnicos falta de sensibilidad, de claridad del significado de la ley y su traducción en los procesos de atención clínica.

Las dificultades señaladas requieren de voluntad política y recursos para ser abordadas de manera integral y consistente. Resulta evidente que el número de interrupciones realizadas a la fecha en el país requiere de un detallado análisis por causal, según distribución geográfica, y considerando la realidad de los servicios disponibles, la conformación de equipos y el diseño de la respuesta de la red asistencial. Se deben monitorear las desigualdades de acceso en contraste con las estimaciones poblacionales proyectadas.

Es necesario decir que nuestro sistema de salud se basa en un modelo de atención integral, con enfoque familiar y comunitario que tiene su eje en la atención primaria a través de los Centros de Salud Familiar (Cesfam), la que tiene un carácter intersectorial para poder abordar la complejidad de los problemas de salud y su relación con las condiciones de vida concretas de la población. El diseño de atención en red considera la derivación de pacientes a los otros niveles de atención cuando los Cesfam requieren atención de mayor complejidad clínica.

En el caso de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en tres causales, las prestaciones han sido previstas por ley para ser brindadas por especialistas gineco-obstetras que se encuentran en el nivel hospitalario, pero a diferencia de lo que ocurre frente a otros problemas de salud, las redes no han definido los respectivos protocolos de atención y derivación, para que las mujeres, accediendo en sus centros cercanos a su residencia, puedan ser debidamente informadas y derivadas a ese nivel cuando requieren de estos servicios. La responsabilidad de este diseño recae en manos de las direcciones de servicios de salud en cumplimiento del rol de gestor de red en las distintas regiones del país, en las jefaturas de servicios de gineco-obstetricia de cada hospital, y también a nivel de departamentos comunales de salud en cada una de las municipalidades. Es importante que cada uno de estos actores asuma el rol que le cabe en el diseño de la atención para garantizar calidad y equidad en el acceso de las mujeres que tienen y tendrán condiciones donde la ley garantiza su derecho a decidir continuar o no con su embarazo, en plazos que determinan la necesidad de una actuación planificada y oportuna.

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Un estudio en marcha

Desde la Escuela de Salud Pública, un equipo de investigación, en conjunto con equipos clínicos del Hospital San José, San Borja y el Hospital Clínico de la Universidad de Chile están realizando un seguimiento a la implementación de la ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres condiciones específicas. El estudio se titula “Seguimiento del proceso de implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales a nivel país y a nivel local en Servicios de Salud de la Región Metropolitana”, y es financiado por Gynuity – NAF.

Legalización del aborto en Argentina: de hijas a madres de la historia

Las conmemoraciones del centenario de la Reforma Universitaria de Córdoba coincidieron con la expectación y celebraciones ante el fallo del Congreso de la Nación Argentina que comenzaría el camino hacia la legalización del aborto en ese país. La periodista Ximena Póo, testigo de esa vigilia callejera, relata los intensos momentos y el cruce de discursos en ese momento histórico. “La conexión entre los procesos es evidente, porque las reformas estructurales obligan a cruzar conocimiento, formación social, transformaciones, clases y proyectos de futuro”, reflexiona.

Por Ximena Póo | Foto de portada: Paula Kindsvater

A cien años de la Reforma Universitaria de Córdoba, del Grito de Córdoba en las aulas, los campus, el país y América Latina, la Revolución de las Hijas se dejó ver en las aulas, los campus, las calles, la vida. De verde se tiñeron los cristales antes que la conservadora imagen de la historia se rompiera en mil pedazos esos días de junio, cuando en el Congreso de los Diputados de la Nación, en Buenos Aires, se aprobara la legalización del aborto en Argentina. No hay equipajes perdidos cuando se trata de transformaciones sociales. No hay tiempo que perder, se decía en las calles cordobesas, a una hora de viaje en avión desde Santiago de Chile. Aquí, al lado, pero tan lejos. Argumentos y afectos se cuelgan de abrazos entre mujeres que no se conocen. Las calles arden entre pañuelos verdes y fogatas a la espera de la votación allá en la capital. Las voces de las provincias, aquellas que se organizaron por meses y años en movimientos políticos, partidos, juntas de vecinas/os, viajaron a la capital. No hay ojos cansados en las calles cordobesas cuando se trata de luchar por dignidad, libertad, clase. Aquí se juega el fin de la clandestinidad, porque la clandestinidad mata.

Lo que está en juego es voltear la estructura patriarcal con discursos que dan paso a los hechos, con actos, como el simple gesto de “ser dueña de tu propio cuerpo y los destinos de tu vida”, como dice Rosario, de 19 años, mientras mira la fogata que está junto a ella y dice que “esto es para que no sigan muriendo, sobre todo las compañeras pobres; porque este derecho debe ser resguardado por el Estado y nadie tiene que impedirlo, piense lo que se piense”. A su lado, Matilde, que cruza los 20, ofrece café, abrigo y pañuelo: “¿Sabes? Es emocionante saber que mi mamá no pudo, que mi abuela no pudo, que yo sí podré si me veo oprimida; el aborto es la última opción. Nadie quiere abortar por abortar, pero si estás en una situación así de dura es bueno saber que la sociedad está contigo y no te condena; el Estado debe educar, proveer métodos anticonceptivos, pero si todo falla, no puede tirar tu vida; el Estado somos nosotras también”.

Madrugada, 14 de junio. Mientras los hombres acompañan, ellas buscan señal para los celulares, hacen turnos para apuntar los argumentos llegados desde el Congreso; cuentan y juntan fuerza para enviar, como un ethos renovado que fuera posible enviar por chat hasta Buenos Aires, donde están amigas, parientes, compañeras. De los carteles a las redes digitales que conectan al mundo todas las frases. Cordobesas y de pueblos cercanos hacen trueque de azúcar, yerba mate, y escuchan, traslapando a 2018 el tremendo capital colectivo de pertenencia que las une en movimiento: “Ese Estado ausente es un Estado femicida. Aborto legal ya”, “El aborto clandestino es femicidio de Estado”, “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para prevenir, aborto legal para no morir”, “Aborto libre y seguro”, cuelgan de carteles improvisados y de las bocas de quienes solidarizan incluso desde la vereda de quien “no me haría un aborto; daría en adopción”, como dice Florencia –de unos treinta años- mientras se apura por llegar a la cabecera de la marcha y sostener los grandes lienzos verdes que se abren paso. La convicción de Florencia no le impide pensar más allá de ella misma y eso me recuerda un texto que le menciono, aparecido por estos días en las redes. Se trata del testimonio de la ginecóloga Cecilia Ousset, quien se rebeló ante el dolor: “Por dieciocho años en la práctica ginecológica, por mujer, por católica, por trabajar permanentemente mi interior para lograr la coherencia y abandonar en la mayor medida posible la hipocresía, digo: QUIERO ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO para todas las mujeres que se encuentren en una situación desesperante e íntima. Me repugna un país donde después de un aborto las ricas se confiesen y las pobres se mueran, donde las ricas sigan estudiando y las pobres queden con una bolsa de colostomía, donde las ricas hayan tapado la vergüenza de su embarazo en una clínica y las pobres queden expuestas en un prontuario policial. La discusión no es aborto sí o aborto no. Eso lo dejemos para las discusiones de los creyentes y para tomar nuestras decisiones personales. La discusión en el Congreso de la Nación es si esta sociedad desea que entre las mujeres que indefectiblemente se van a practicar un aborto se pueden lograr las mismas seguridades clínicas para hacerlo. Para que las pobres no sean mujeres de segunda o tercera categoría. Para que las pobres también sigan vivas para arrepentirse, confesarse, tener un hijo con una pareja continente o en una mejor situación económica o emocional. Para que la sociedad sea menos hipócrita y haya en la realidad de la muerte, un poco más de amor”. Los fragmentos dan cuenta de una América Latina colonizada por el catolicismo y el neoliberalismo, a sangre y fuego, y refugian sororidad y emancipación, restituyendo la lucha por la urgencia de alcanzar Estados garantes, no sexistas. Estado laicos, por fin, y no sólo en papel. Le leo a Florencia mientras caminamos al ritmo del grito “¡Nosotras parimos, nosotras decidimos!”. Argentina hoy dejó el celeste de lado; hoy Argentina es verde y la consigna es “que se extienda por toda América Latina”. Hoy Argentina espera.

A minutos de la votación. Despunta el frío de la mañana en Córdoba y los pañuelos verdes se acomodan sobre la nariz, se regalan o se venden a cuarenta pesos. Todas queremos uno para no olvidar este día y los que vendrán, para no tener que pintar más pancartas con letras de horror: “Sobrevivir a un aborto es privilegio de clase”. Algunas hablan de Islandia, de que en la marcha hay pocas mujeres de las villas, que no importa, que ellas saben que sus voces son las de todas aquellas que echan mano a lo que tienen para decir lo que ahora se dice y antes se negaba. Cuerpo y discurso se ven en las calles y en la tele, en los diarios y en los idearios de movimientos y partidos. Hay canas y rostros teñidos de glitter verde. Cuerpos portadores de cifras escritas en negro sobre amarillo: “En Argentina se producen 450.000 abortos por año”. Como dice otro cartel, “Ni muertas ni presas ¡Vivas y libres nos queremos!”. En el espejo de la calle todas caben y nadie puede hacerles daño.

“Yo creo que mi madre, que tiene 63 años, alguna vez en su vida, mucho antes de que yo naciera, se hizo un aborto y lo pasó mal. Recién, hace unos días, me di cuenta de eso, cuando leíamos el diario y me queda mirando como queriendo contarme algo; ella no sale a manifestarse, lo hacía en dictadura, pero poco, por el miedo. Ese día me pidió mi pañuelo y me preguntó si podía ir conmigo y mi grupo. Ella se llama como yo, Juana, y creo que está orgullosa de lo que hemos hecho. Llevamos meses luchando, años otras, décadas las más. Salí a la calle con mi madre y lloramos, y se abrazó con muchas más. Ella vive sola, nunca tuvo muchas parejas y sé que antes de mí lo pasó mal, pero no habla de eso. Ese día algo entre nosotras creció. Quedamos de encontrarnos aquí, afuera de Patio Olmos; ella no se perderá la votación porque ganaremos”. Juana, de 21 años, estudia Arquitectura en la Universidad Nacional de Córdoba y ha sido parte de las estudiantes que han apoyado, como voluntaria, la organización de la III Conferencia Regional de Educación Superior para América Latina y el Caribe (CRES), a la que se inscribieron unos doce mil académicos/as y funcionarios/as de las universidades de la región, incluidos rectores como el de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi. Esa mañana muchos de los asistentes al CRES no querían perderse la calle y este nuevo “grito”. La conexión entre los procesos es evidente, porque las reformas estructurales obligan a cruzar conocimiento, formación social, transformaciones, clases y proyectos de futuro. Obligan a hacerse cargo.

Sobre las 10:00 horas, Avenida Vélez Sarsfield, Córdoba. En las pantallas compartidas se alcanzan a ver y escuchar a los/as congresistas hasta llegar a Silvia Lospennato (PRO), impulsora del proyecto por el aborto legal, seguro y gratuito. Lo que sucedía en el Congreso a esa hora ya estaba en las calles de todo el país, que la escuchaba atentamente. No se movía ni el viento. Lospennato cerró más de veinte horas de argumentos, aplaudida por partidarios y opositores: “Tenemos la posibilidad de modificar una ley de cien años, reflejar los avances de los derechos de las mujeres que se han producido. Ninguno de nosotros es el mismo que era antes de empezar este debate. Todos atravesamos un proceso de profundo aprendizaje, de eso no hay vuelta atrás, porque pudimos nombrar el dolor que significa el aborto en nuestro país, un dolor que se confunde con la culpa, la criminalización y la desigualdad. Cientos de mujeres se animaron a contar la soledad que vivieron de manera clandestina, hoy la sociedad argentina no es la misma. Se buscó en el debate hacernos creer que estamos discutiendo aborto sí, o aborto no. Lo único que venimos a hablar es de aborto legal o clandestino. Dijeron que quieren salvar las dos vidas. Es una falacia. Lo que quieren es forzar a una mujer a ser madre”. Calle y Congreso parecieran saber que ahora, justo ahora, se construye la historia. “En la memoria –continuó- de Carmen Argibay, de Dora Coledesky y Lohana Berkins, de Veronica Barzano. A las sororas, esta multipartidaria de mujeres que llegó para quedarse en la política argentina, unidas en las diferencias pero siempre a favor de las mujeres. A las mujeres en sus casas, a nuestras madres y nuestras hijas. Que el aborto sea legal, seguro y gratuito. Que sea ley”. Votan en Buenos Aires. Y “la media sanción de la ley” es aprobada. Será ley. Al minuto, lágrimas, gente que se suma, la cabecera se vuelve verde, los pañuelos se alzan en triángulo y sigue caminando. Argentina decide abrazar la Revolución de las Hijas. Y no sólo Argentina: el verde de las hijas comienza a teñir el continente