La libertad del actuar periodístico y de los medios de comunicación es extremadamente relevante en el contexto de la pandemia de covid-19, y la necesidad de que la ciudadanía tenga acceso a información veraz y a un liderazgo político y mediático ético es evidente. Para las y los profesionales periodistas no solo se trata de un asunto de curatoría, verificación y chequeo de información, sino también de la posibilidad de ejercer libremente y de forma segura la tarea informativa.

Por Lionel Brossi y Ana María Castillo*

El año pasado, varias académicas y académicos de la Universidad de Chile publicaron el documento “Bases para una comunicación de calidad en tiempos de pandemia”, en el que se abordaron diversas temáticas relacionadas en torno a dos ejes. Por un lado, se desarrollaron orientaciones respecto a los criterios para una comunicación efectiva frente a una crisis sanitaria, económica y social, y por otro, se abordó la responsabilidad editorial en la cobertura de la pandemia. En este último apartado se menciona, entre otras advertencias, que con el aumento de la desinformación que circula en contexto de pandemia hay más propensión a tomar decisiones de riesgo o a dejar de cumplir con lo que las autoridades sanitarias recomiendan. En el documento se sostiene que lo anterior, sumado a una creciente desconfianza en las instituciones por parte de la población, al agotamiento físico y psicológico, y al agravamiento de los problemas económicos, termina por generar condiciones poco propicias o incluso contraproducentes para afrontar la pandemia.

En ese sentido, la labor ética de los medios, entendidos como líderes de opinión organizacionales, es crucial. La campaña de vacunación es un hito de esta nueva etapa de la pandemia en el país, que ha sido manejada con éxito en términos de velocidad y de adquisición y distribución de dosis en la población. Sin embargo, al estar acompañada de declaraciones que por momentos aluden a exitismos parciales por parte de un sector de la clase política y que son ampliamente difundidas por los medios, se ha creado una sensación de seguridad ficticia que tiene el potencial de promover el agravamiento de los contagios y muertes en el país, en un momento en que los índices siguen siendo mayores que en la llamada primera ola.

Es en este contexto que el acceso a información de calidad se constituye como un derecho vital. Por un lado, está la desinformación intencional propagada por los líderes de opinión, ya sea por falta de transparencia, por aprovechamiento político o intereses económicos, entre otros, y por otro, aquel tipo de desinformación que se genera a partir de sesgos cognitivos, que terminan por distorsionar los hechos con el potencial de causar enormes daños, especialmente al tratarse de temas relacionados con la salud pública.

Desde que el líder de la Organización Mundial de la Salud acuñó el término infodemia para referirse a los enormes volúmenes de desinformación que circulan más rápido que un virus, seguimos viendo muchos titulares y contenidos que desinforman, que espectacularizan la desgracia, que estigmatizan, que continúan utilizando un vocabulario de guerra y que, en definitiva, no cumplen o ignoran las bases mínimas para una comunicación de riesgo efectiva.

En una situación de crisis sanitaria y de desconfianza en los medios de comunicación, las redes sociales y los sistemas de mensajería han tomado una mayor relevancia en el contexto de confinamiento. Los medios tradicionales de comunicación se mantienen como una fuente relevante, pero se suma la influencia de las redes sociales y otros sistemas que pueblan y diversifican el ecosistema informativo. Es así como las piezas de información ya no solo provienen de fuentes periodísticas, sino también de los contactos y el entorno cotidiano de las personas. Esto genera una tensión entre la calidad de la información y la confiabilidad de la fuente. Un ejemplo es que existe una tendencia a confiar en quien envía la información —especialmente si proviene de círculos cercanos— y a no verificar la misma, aumentando el alcance del problema.

Libertad de expresión y de prensa

Satisfacer el mandato de la salud pública es un enorme desafío en momentos en los que el escepticismo o el cuestionamiento sobre las vacunas se mantiene vigente en parte de la población. 

La libertad del actuar periodístico y de los medios de comunicación es extremadamente relevante en el contexto de la pandemia de covid-19, y la necesidad de que la ciudadanía tenga acceso a información veraz y a un liderazgo político y mediático ético es evidente. Para las y los profesionales periodistas no solo se trata de un asunto de curatoría, verificación y chequeo de información, sino también de la posibilidad de ejercer libremente y de forma segura la tarea informativa.

Desde octubre de 2019 y actualmente en el contexto de pandemia, hemos visto en el país los inaceptables casos de ataques, amedrentamiento y espionaje a periodistas. El derecho a la libre expresión, a la libertad de prensa y el derecho a la comunicación deben ser protegidos en tanto son derechos fundamentales para la vida en sociedad, promoviendo la comunicación abierta y transparente por parte de las autoridades, los medios de comunicación independientes y la alfabetización mediática.

Redes sociales y sistemas de mensajería

Las redes sociales organizan la información de acuerdo a nuestros gustos y preferencias, ya que constantemente monitorean nuestras acciones, preferencias, deseos y monetizan nuestra atención, personalizando los contenidos a los que accedemos. En este sentido, interactuamos con algoritmos cuya tarea es mantenernos constantemente conectados a las plataformas y, por ende, a contenidos publicitarios. Estos algoritmos alimentan y refuerzan los sesgos cognitivos y también tienen el poder de amplificar las posiciones extremas, alimentando así la circulación de desinformación, de teorías conspirativas y de contenidos contrarios a la promoción de la salud pública. 

Comprometerse con el propósito de diseminar información de calidad requiere equilibrar la intersección entre el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información con la necesidad de evitar la propagación indiscriminada de desinformación o información de baja calidad. Para ello, deben existir medidas y acciones, tanto por parte de las empresas de redes sociales como emanadas de mecanismos regulatorios, que contribuyan a reducir considerablemente la circulación de la desinformación y la incitación al odio. Deben promoverse la diseminación y acceso a información de calidad (verificada, transparente, independiente y plural), así como estrategias comunicacionales y educativas para que la ciudadanía adquiera las herramientas críticas, analíticas y de manejo de información adecuadas, especialmente en relación a los entornos digitales como redes sociales y sistemas de mensajería.

Responsabilidad comunicativa

Decíamos en los párrafos iniciales que desde el comienzo de la pandemia por covid-19 la desinformación ha impactado áreas enormemente relevantes para la toma de decisiones relacionadas a la salud de las personas. El mal tratamiento de las fuentes de información y la propagación de información falsa o no verificada, provoca la implementación de medidas y toma de decisiones erradas o inefectivas para enfrentar a la pandemia y promover la salud pública. En ocasiones, este tipo de información de mala calidad se puede considerar como válida por gran parte de la población cuando es discutida y recomendada públicamente por autoridades y líderes de opinión pública que niegan el alcance de la pandemia y que, en definitiva, ponen en riesgo a la población. Lo mismo ocurre en el caso de la desinformación sobre la vacunación. Cuando a través de los medios de comunicación y plataformas digitales no se promueve información clara y de calidad sobre la vacunación, se da espacio para versiones alternativas que pueden confundir y obstaculizar la salud pública, pese a lograr cifras alentadoras de alcance y despliegue de recursos.

Asimismo, deben establecerse los mecanismos de protección en relación al uso de información sensible de las personas, que de hacerse pública pueda afectar sus derechos u oportunidades. El incremento de sistemas de rastreo y vigilancia pueden constituirse en una amenaza a la privacidad de las personas y al derecho de protección de datos personales.

En el contexto de los grandes desafíos económicos que viven los medios de comunicación en el país, se han adoptado nuevos modelos de negocio, por ejemplo, de acceso a contenidos mediante pago por suscripción. En ese sentido, es importante velar por que aquella información que sea relevante para la salud pública, como en el caso de la pandemia de covid-19, sea de acceso gratuito y abierto.

Por el momento, y dadas las experiencias que se han vivido en el país desde que comenzó la pandemia, una de las principales prioridades para enfrentarla debe ser determinar qué implica una respuesta eficaz a la misma y en qué ámbitos. Atención sanitaria universal, mayores esfuerzos para enfrentar las persistentes desigualdades estructurales, transparencia en las políticas públicas y toma de decisiones, colaboración multisectorial, una comunicación de riesgo efectiva y con foco en la ciudadanía, son algunos de los desafíos que deben abordarse en el contexto actual y con miras a futuro. Asimismo, urge fomentar una distribución de recursos equitativa, incentivar las inversiones para reforzar la resiliencia de los servicios de salud y atender a los diversos contextos situados, con perspectiva de género y de derechos humanos.

La comunicación de calidad, entendida como un bien público, cumple un rol central y de suma relevancia para enfrentar nuestra situación actual de pandemia, para abordar de forma efectiva la campaña de vacunación y lograr promover un compromiso de responsabilidad colectiva con los desafíos por venir.

* Directores del Núcleo Inteligencia Artificial y Sociedad, Instituto de la Comunicación e Imagen (ICEI), Universidad de Chile.