«El periodismo es una profesión que se ha reinventado muchas veces (…) Pero el reto será siempre el mismo: intentar comprender y traducir la realidad de un mundo en constante metamorfosis», escribe Eduardo Molina, estudiante de Periodismo de la U. de Chile.
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En los reportajes televisivos del periodista —uno de los fundadores de Informe Especial— se advertía una sensibilidad por la desigualdad y lo invisible a los ojos del debate público.
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Ante coberturas noticiosas de incendios y terremotos acusadas de sensacionalismo o de revictimización de las personas afectadas, […]
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La pandemia acentuó el declive que hace más de una década vive la cultura en los medios con el cierre de revistas y secciones de diarios. La realidad en Chile es preocupante: cada vez existen menos proyectos digitales o impresos que sobrevivan, lo que a la larga afecta el ecosistema de la cultura. “Hoy no se están abordando las labores de difusión, de mediación cultural ni de formación de público”, advierte Alejandra Delgado, una de las periodistas, editoras y agentes culturales que dan cuenta de un panorama cada vez más hostil.
Por Denisse Espinoza y Evelyn Erlij
“Porteños ofrecen una nueva forma de pensar la cultura”, titulaba en 2013 El Mercurio de Valparaíso para anunciar el lanzamiento de La Juguera Magazine, revista cultural que debutó en la V Región con 7 mil ejemplares repartidos de forma gratuita en Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. El proyecto buscaba tanto descentralizar el acceso a la cultura, como profundizar en ella con artículos periodísticos y reflexivos. La revista alcanzó a circular tres años en papel, hasta que en 2016, sin poder adjudicarse un nuevo Fondart, el equipo decidió seguir solo en formato online. Tras nueve años de vida, que se cumplieron este 2022, su fundadora, la periodista Alejandra Delgado, reconoce lo difícil que ha sido mantener este espacio: “No podría decir que la pandemia nos afectó, porque nuestra condición siempre ha sido la de un medio autogestionado precario. Lamentablemente, hemos tenido que ir pidiendo colaboraciones de manera ad-honorem o con un pago simbólico, lo que por supuesto no es lo óptimo, porque además de precarizarnos nosotros, precarizamos a otros”, advierte.
El caso de La Juguera es un buen ejemplo del escenario complejo que viven los medios culturales escritos y autogestionados en el país, y desde hace una década, también la prensa tradicional, que ha reducido e incluso suprimido sus secciones culturales. Esto se explica, en parte, por las crisis económicas y los recortes presupuestarios causados por la caída dramática del consumo de medios escritos: según el último informe Digital News Report, del Instituto Reuters de la Universidad de Oxford, en los últimos siete años el número de lectores de la prensa escrita en Chile se ha reducido a más de la mitad.
En un diálogo organizado por Palabra Pública en 2019 sobre periodismo cultural, la crítica literaria Patricia Espinosa advirtió esta situación: “Hay una pasividad de los lectores o destinatarios posibles del periodismo cultural. Aquí se realiza el crimen perfecto, porque por un lado los medios devastan la cultura, la sacan del espacio, y por otra parte están los destinatarios posibles guardando silencio. No hay un reclamo, no hay una manifestación del disenso ante esta ejecución del crimen”.
En 2008, La Tercera cerró el suplemento “Cultura” —que alcanzó a vivir dos años—, y una década después, en 2018, el conglomerado Copesa también suprimió la revista Qué Pasa, que mantenía una importante sección cultural. Hoy, el diario solo se imprime los fines de semana y su sección de cultura, rebautizada como “Culto” —que funciona principalmente en formato digital— reemplazó las áreas de Cultura y Entretención del diario de papel, las que fueron eliminadas en 2020. La mayoría del personal de estos espacios culturales fue despedido.
A esto se suma la reducción de las páginas de “Artes y Letras”, el suplemento cultural de El Mercurio, mientras que La Segunda —que también pertenece al consorcio El Mercurio— sacó sus páginas culturales estables e hizo lo mismo con la revista Viernes, que alcanzó a vivir siete años, desde 2014. En 2019, en tanto, se editó el último número de Grado Cero, revista cultural que circulaba con El Ciudadano, y uno de los últimos medios en cerrar fue Caras, en 2019.
Hoy, el lugar que ocupa la cultura o el debate de ideas en la prensa es escaso, advirtió Nelly Richard en 2019: “Creo que es muy difícil entender procesos políticos complejos sin atender estos espacios de pensamiento crítico”, dijo la ensayista, quien estuvo detrás de la Revista de Crítica Cultural, que existió entre 1990 y 2008. De aquí que el periodismo cultural no esté solo limitado a cubrir disciplinas artísticas —literatura, cine, música, etcétera—, sino que sea más bien una forma de entender y abordar la realidad. En palabras del ensayista Chuck Klosterman: “El trabajo principal del periodismo cultural es llamar la atención sobre la forma en que ‘todo se encuentra completamente conectado’ y cómo ‘nada es nunca por sí solo’. Es decir, la función básica del periodismo cultural es buscar esas conexiones”. O, como dice el periodista argentino Jorge Fondebrider, el periodismo cultural sería un proveedor de “referencias, guías y formas de orientarse en un mundo que está lleno de libros y que necesita que haya mediadores para poder poner orden en toda esta cuestión”.
En papel, actualmente sobrevive un grupo reducido de revistas culturales en Chile, entre ellas, Santiago (de la Universidad Diego Portales, que también edita revista Dossier, de la Facultad de Comunicación y Letras), Palabra Pública (de la Universidad de Chile), La Panera (creada y financiada por la galerista Patricia Ready), Átomo (de la Fundación para el Progreso) y Punto y Coma (del Instituto de Estudios de la Sociedad).
La sostenibilidad del financiamiento es la gran piedra de tope de la prensa cultural, sobre todo en una época en que cuesta considerar un pago por lo que se consume en internet. Es por ello que resulta esencial la existencia de medios financiados por instituciones públicas como las universidades, opina Tomás Peters, sociólogo e investigador: “No es lo mismo contar con un medio editorial riguroso, complejo y con un respaldo institucional, que una plataforma editorial digital frágil, esporádica y dependiente de lógicas algorítmicas. No es lo mismo contar con un equipo profesional en condiciones laborales adecuadas, que un equipo rotativo, precarizado y sin una línea editorial fuerte. Tampoco es comparable un medio cultural que busca situar debates públicos de interés político-cultural, que uno que necesita de likes o retuits para sobrevivir. Considero que el rol de las instituciones públicas es mantener espacios editoriales críticos, sostenibles y con equipos de trabajo sólidos, que contribuyan a agregar complejidad discursiva en las sociedades”, afirma.
Santiago y Palabra Pública, ambas revistas universitarias, son dos de los escasos medios de comunicación en Chile que no dependen de la publicidad y, por lo mismo, ni su contenido ni su existencia están supeditados a los intereses del mercado. A pesar de lo complejo que es el escenario para las publicaciones en papel, en particular luego de la pandemia, ambas revistas no han dejado de llegar al público. Pero no son las únicas: a principios de 2021, el Instituto Profesional Arcos se aventuró con la revista Agua Derramada. Para su director, el filósofo Ignacio Aguirre, uno de los principales desafíos ha sido la complejidad de llegar a nuevas audiencias: “Lo más difícil es poder gatillar el interés del lector/a actual, retener su atención. Hay una cierta comodidad, comprensible quizás por la enorme cantidad de información que circula, de quedarse en titulares o en artefactos de rápida comprensión, entonces una revista con reportajes y entrevistas a fondo corre el riesgo de quedar en la indiferencia”, dice.
En esta misma línea, la editorial de la Universidad Católica del Maule rescatará Medio Rural, revista literaria fundada en 2015, dirigida por Cristián Rau y editada por José Tomás Labarthe, que dejó de publicarse en 2020 por falta de financiamiento. Con el apoyo de un fondo estatal y bajo el alero de la UCM, la revista volverá a circular, será semestral y tendrá más páginas. En paralelo, la revista argentina Anfibia, de la Universidad Nacional de San Martín —referente latinoamericano de periodismo narrativo—, prepara su aterrizaje en Chile este segundo semestre con la apertura de Anfibia CL.
En 2020, en plena pandemia, apareció La Palabra Quebrada, proyecto independiente de la V región que nació gracias a un Fondart, y que surgió como una reinvención de la desaparecida Grado Cero. Hoy, sin embargo, su subsistencia también pende de un hilo. “Nosotros nos financiamos a través de la concursabilidad estatal. Nos fue bien durante cinco años, pero este no. Tenemos recursos hasta el número 20. El futuro es complejo”, cuenta Cristóbal Gaete, editor de la revista.
Es un hecho que parte del declive de las revistas impresas tiene que ver con las nuevas lógicas de circulación que ha planteado internet, como explica Tomás Peters: “Lo que ha hecho la pandemia es acelerar dos procesos: por una parte, forzar el desplazamiento de la prensa cultural a plataformas virtuales alojadas en medios tradicionales y, por otro, la expansión de emergentes y, muchas veces, esporádicos esfuerzos por realizar medios alternativos en redes sociales. Da la impresión de que las páginas web de revistas culturales han dado paso a formatos más rápidos, directos y ‘de nicho’ vía Instagram, TikTok u otras redes. Es una forma novedosa, pero tiene el problema de la fluidez e instantaneidad, en contraposición a un formato permanente y de consulta histórica”, explica.
Muchos ven en este nuevo escenario de mayor virtualidad una oportunidad para replantear las estrategias de producción y circulación del contenido cultural. Es lo que plantea Ignacio Szmulewicz, historiador del arte y colaborador de la revista La Panera, que se regala en distintas librerías y espacios culturales: “Hoy no existe tanto el rol que jugaban antes los editores de revistas, los directores de medios, los críticos, los articulistas”, opina. “También ha desaparecido el rol articulador que tenían los medios, ahora son más bien pequeñas células con sus comunidades que pueden ser grandes o pequeñas y que generan un diálogo bastante atomizado”, agrega Szmulewicz.
Pero esta situación plantea otros problemas, como el hecho de que la mayoría de estos espacios no tienen financiamiento y, por lo mismo, no pagan a sus colaboradores. El resultado de esto es que no solo se fomenta la precarización del trabajo periodístico, sino que además se convierte a la escritura en prensa en un pasatiempo que pueden ejercer solo quienes se lo pueden permitir. O quienes son movidos, como dice la ensayista Remedios Zafra, por el entusiasmo, gran motor de la industria cultural actual, el que, sin embargo, no asegura a los trabajadores culturales ni dinero ni un buen vivir.
Hoy existen varios medios culturales en internet, como es el caso de la revista de cine laFuga, el portal POTQ, las revistas digitales Barbarie, Artishock, Culturizarte,Guión Bajo, Oropel y Origami; los sitios cinechile.cl o musicapopular.cl, entre otros. Sin embargo, una buena parte de estos espacios funcionan sin un financiamiento estable y en gran medida gracias a las ganas y voluntad de sus creadores y colaboradores.
Revista Hiedra, por ejemplo, sitio especializado en artes escénicas fundado en 2014, publicó en abril un texto en el que se advertía que de no mediar alguna política de financiamiento, el proyecto deberá cerrar: “Un medio de comunicación no puede funcionar con un presupuesto anual de seis millones de pesos. El único modo en que eso puede ocurrir es a condición de precarizar a sus trabajadores (…). Sencillamente da vergüenza lo que podríamos pagar luego de descontar los costos basales de operación: un sueldo mensual de 90 mil pesos, es decir, un cuarto del sueldo mínimo”, se leía. Por ahora, la revista no publicará textos y solo funcionará el podcast HiedraFM.
“Chile es un muy mal ejemplo de una sociedad que se hace llamar pluralista. Debería haber mayor cantidad de medios y formatos, más diversidad y con información de calidad. No se están abordando las labores de difusión ni de mediación cultural ni de formación de público”, opina Alejandra Delgado. Cristóbal Gaete, en tanto, es crítico de la manera en cómo funcionan hoy los medios de comunicación en un ecosistema cultural altamente permeado por las lógicas económicas. Pero, sobre todo, cree que hace falta una mayor descentralización. “Necesitamos medios que existan en todo Chile, no puede todo estar mediado por Santiago. En nuestras páginas mantenemos una relación equilibrada entre editoriales de Santiago y del resto de Chile”, comenta.
La crisis de la prensa cultural impresa trae aparejada la oportunidad de repensar el sentido de su existencia y la manera en que conecta con los lectores, lo que ha llevado a la exploración de nuevos formatos. La revista Arte Al Límite, fundada en 2001, se imprime mensualmente y se reparte a lo largo de Chile, pero complementa esa edición con material en el sitio web, donde cuentan con una galería virtual en la que incluso es posible comprar obras. Palabra Pública, en tanto, se ha convertido en un medio multiplataforma: a la revista impresa se suma un sitio web y un programa de radio y de televisión transmitido por Radio Uchile y por UChileTV.
La periodista Sofía Aldea trabaja hace un buen tiempo en la generación de estas nuevas lógicas en el área editorial de distintas revistas. Estuvo en los comienzos de Viernes, la revista de La Segunda, y luego, junto al fotógrafo Cristóbal Palma y el diseñador Rodrigo Bravo, fundaron la revista Mármol, publicación semestral centrada en las historias de personas y sus entornos creativos. “Lo complejo de participar en un medio cultural es encontrar una forma de narrar la época que sea interesante. Para eso, hay que pensar fuera de lo establecido y proponer formas creativas de generar temas que apunten a relacionarnos y a entregarles herramientas a las personas que nos leen”, sostiene la periodista. “La cultura abre nuestras cabezas, plantea nuevas miradas. Nos permite reflexionar, cambiar de opinión, enfrentarnos a nuevas ideas y cuestionarnos las cosas. Eso es clave para el desarrollo de las sociedades”.
Tomás Peters profundiza en este punto: “La prensa cultural contribuye a los procesos deliberativos de una sociedad. Esto significa dar cabida a voces críticas de la sociedad, así como también a aquellas que buscan pensar estética y simbólicamente un país”. Y agrega: “Las revistas de difusión cultural han servido históricamente como un depósito de memoria simbólica de una sociedad. En ellas la contingencia se entrelaza con discusiones de época: la oferta cultural de ese momento sirve como insumo para reflexionar sobre procesos sociales más amplios. Por ello, cuando los historiadores culturales quieren introducirse en un periodo del pasado, generalmente estudian las revistas culturales, porque en ellas se debaten los imaginarios de época”.
El pasado 5 de marzo, la agencia internacional de noticias Efe, único organismo informativo hispanohablante aún en Moscú, anunció la suspensión temporal de sus funciones en Rusia, en medio de una guerra cruzada por la desinformación. Aunque la agencia reculó en su decisión, la noticia causó sorpresa. La situación evidenció los riesgos que corren tanto periodistas como el derecho a la información en contextos bélicos. «Las guerras no solo empujan adelantos tecnológicos, sino también ponen a prueba la forma de comunicar; por lo tanto, de hacer periodismo, con los corresponsales y las agencias informativas, literalmente, en el frente», reflexionan Cristóbal Chávez y Claudia Lagos sobre los desafíos éticos y prácticos del periodismo en tiempos de guerra.
Por Cristóbal Chávez Bravo y Claudia Lagos Lira
“Nunca, jamás, sentí que romper el silencio fuese tan importante”, afirma Mstyslav Chernov, camarógrafo y periodista de la agencia internacional estadounidense de noticias Associated Press (AP), quien junto al fotógrafo Evgeniy Maloletka fueron los últimos equipos de prensa en el bando ucraniano en evacuar Mariúpol, la ciudad sitiada por el Ejército de Rusia, y uno de los territorios más codiciados en este conflicto bélico. El lente de Maloletka capturó los macabros ataques a un hospital materno infantil en esta zona portuaria, material que los medios oficialistas rusos catalogaron como un montaje en Twitter y que le costó la censura, en esta red social, a un funcionario de Putin tras afirmar que el hospital bombardeado era la base de un supuesto batallón ucraniano neonazi. Sin embargo, una crónica de Chernov aportó más detalles de los crímenes de guerra que estaría perpetrando el país euroasiático. “La falta de información en medio de un bloqueo logra dos objetivos. El primero, generar un caos. La gente no sabe qué está pasando y cae presa del pánico. Al principio, no entendíamos por qué Mariúpol cayó tan rápido. Ahora sé que ello se debió a la falta de comunicaciones. El segundo objetivo es la impunidad. Al no haber información, no se ven fotos de edificios derrumbados ni de niños muertos y los rusos pueden hacer lo que les venga en gana. De no ser por nosotros, no se sabría nada. Es por ello que corrimos tantos riesgos, para que el mundo viese lo que vimos nosotros”, agrega.
Las guerras del siglo XX acorralaron las técnicas periodísticas decimonónicas, cuando los relatos cronológicos perjudicaban la cada vez más exigida premura periodística e iban en detrimento de la jerarquización de la información. Los conflictos bélicos demandaban a los corresponsales informar con celeridad los avances y progresos de las contiendas y, en los años de los telégrafos y los cables informativos, si la información se interrumpía, la pirámide invertida aseguraba, al medio que recibía el despacho, obtener la información más relevante. Las agencias informativas desarrollaron, perfeccionaron y consolidaron este método inductivo, es decir, de lo general a lo particular en una noticia. Y la agencia AP, la misma de Chernov y Maloletka, fue la primera en incorporar la técnica en sus primigenios manuales de estilos, lo que impulsó su expansión. Las guerras no solo empujan adelantos tecnológicos, sino también ponen a prueba la forma de comunicar; por lo tanto, de hacer periodismo, con los corresponsales y las agencias informativas, literalmente, en el frente.
En Chile, los años marciales de la dictadura de Pinochet también pusieron a prueba a los periodistas y, tal como en Ucrania, los corresponsales debieron torear los vaivenes de la censura. Los corresponsales de la agencia internacional de noticias española Efe recuperaban en basureros públicos y en estanques de agua de baños de restaurantes microfilms meticulosamente guardados por opositores al régimen que informaban sobre las protestas masivas contra la dictadura o sobre los detenidos por la policía secreta del régimen. Ser descubierto en ese acto podía costarle la vida al periodista, quien solo por informar ya era considerado un enemigo. También temieron en varias ocasiones que las pistas fueran una trampa de los mismos agentes de Pinochet y, en vez de una cinta, apareciera una bomba. Todos los cables informativos de las agencias internacionales eran revisados por los funcionarios de la Dirección Nacional de Comunicaciones (Dinacos) y desde las lúgubres salas de esta división telefoneaban a los corresponsales y delegaciones residentes que la dictadura consideraba “comunista”, en una lista que encabezaba Efe. Con botas y fusil en mano, los corresponsales en Chile (sobre)vivieron arrestos arbitrarios, expulsiones, hostigamientos, censuras, ataques físicos y amedrentamientos, así como allanamientos y cierres de oficinas. Algunas de esas historias pueden revisarse en el libro editado por Orlando Milesi, quien fue corresponsal de ANSA; en el de Carlos Dorat y Mauricio Weibel y en los informes anuales del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), que las documentó detalladamente en esos años de plomo.
La memoria periodística no debe olvidar el asesinato del camarógrafo argentino Leonardo Henrichsen, ejecutado en pleno centro de Santiago el 29 de junio de 1973 mientras filmaba el primer intento de golpe contra Allende, recordado como «tanquetazo». El corresponsal filmó su muerte, porque el lente de su cámara apuntaba directamente a su verdugo. La cinta sobrevivió a la censura y registró el asesinato a mansalva. Los corresponsales de las agencias internacionales suelen ser periodistas sagaces con reporteros gráficos o camarógrafos ubicuos que capturan el instante preciso y así, a veces, cambian el rumbo de las historias. En equipo, suelen eludir las censuras y desplegar diversos subterfugios para comunicarle al mundo lo que está ocurriendo durante un conflicto bélico o en medio de una crisis social. En ocasiones, son los únicos presentes en terreno y contribuyen a sostener el derecho a la información por sobre los discursos oficiales.
El 5 de marzo de 2022, y por primera vez en medio siglo de funcionamiento en Rusia, la agencia Efe anunció que suspendía temporalmente su actividad informativa en ese país “como consecuencia de la aprobación de una nueva ley que prevé penas de hasta 15 años de cárcel por diseminar lo que las autoridades puedan considerar información falsa en relación con la guerra en Ucrania”. Hasta entonces, Efe era la única agencia noticiosa internacional en español reporteando desde Moscú. 11 días más tarde, la agencia hispanohablante más grande del mundo reculó y reanudó su actividad informativa en Rusia después de analizar el contenido y las consecuencias para el trabajo periodístico de la nueva ley rusa. La suspensión parcial de Efe en Rusia provocó un incómodo silencio en una agencia informativa que, por definición, callar no está entre sus opciones.
El premio Nacional de Periodismo chileno Abraham Santibáñez advirtió en un lúcido texto en 1974, apenas un año después del golpe de Estado, que no importa cuál sea el medio utilizado para ponerse en contacto con él, el ser humano seguirá necesitando la ayuda del profesional que lo sitúa en un contexto, que le explica las grandes corrientes ocultas en la avalancha noticiosa. A casi medio siglo, esa avalancha noticiosa es inconmensurable y oculta la veracidad de la información en infinitas formas entre las redes sociales digitales y aplicaciones de mensajería. Nunca se necesitó con más urgencia el contexto. Sea en el campo de batalla en Ucrania o en su frontera con Polonia; sea en los centros cívicos de Moscú o prestando atención a las comparecencias de las autoridades rusas. Y, en ambos casos, la muerte acecha al corresponsal. Pero la labor del corresponsal puede, también, contribuir a torcer el rumbo de los eventos, como la fotografía de la mujer embarazada en Mariúpol; la de Thi Kim Phuc, la niña quemada con napalm en Vietnam, foto de Nick Ut (también de AP) o el trabajo de la fotorreportera Dickey Chapelle, cuyo lente fijó en la memoria colectiva varias imágenes de Vietnam para National Geographic y, otra vez, para AP. El reportero chileno, Héctor Retamal, de AFP, entraba mientras todos salían de la ciudad china de Wuhan, ad portas de la pandemia y sin esas fotos hoy, también, sabríamos menos de esos primeros días virales. No obstante, entre los bailes de los soldados en el campo de batalla en Tik Tok y escrupulosos mensajes en Twitter sobre la guerra, usuarios en diferentes redes sociales digitales insisten en que la foto de la embarazada en Ucrania es un montaje. Parece que el contexto no es suficiente, pero replegarse y contribuir a zonas de silencio informativo tiene resultados similares a la ejecución de un fotoperiodista ejecutado mientras captura en imágenes a su verdugo.
Agencias y (des)orden mundial de la información
“Cuando uno está metido en medio de una guerra, la propia situación hace que se sienta tan compenetrado, tan emocionalmente ligado a sus compañeros de fatigas, que acaba por identificarse con el bando al cual ha acompañado desde el principio. Por eso toda crónica de guerra está condenada a contener ciertas dosis de subjetividad, fruto de la implicación personal del cronista. Lo que sí se debe tratar de evitar es el peligro de caer en la ceguera y el fanatismo”, señalaba Kapuscinski. La deontología de la profesión se empantana aún más durante la cobertura de conflictos bélicos. Las audiencias acusan que los enfoques son sesgados, europeístas y exiguos. Y, como desde los albores del periodismo, no existe una fórmula taxativa y definitiva para orientar la información, y menos en una guerra, más allá de informar sobre los avances de las tropas y las ciudades tomadas.
El curtido reportero chileno Santiago Pavlovic apunta, al igual que Kapuscinski, que la mirada de un enviado especial a un conflicto está cruzada por sus ideas, creencias y lo que considera ético y moral. En la búsqueda de esa veracidad los pilares suelen ser la protección a la vida y los derechos humanos y el mismo derecho a informar, como narrar sobre un hospital bombardeado y agotar todas las instancias para conseguir que el mundo lo sepa. Incluso, la imagen por sí sola no es suficiente con la contumaz masa de internautas. El contexto es perentorio y solo lo puede entregar, con la inmediatez que necesita un medio, el corresponsal en terreno, quien permanece en el anonimato, por sobre los rostros de una cadena televisiva o el cronista estrella de una revista, pero que rompen el primer cerco informativo. Como señaló Chernov, romper el silencio nunca fue tan importante como ahora.
La imagen mítica del corresponsal extranjero ha sido romantizada y reforzada por la literatura, académica biográfica o testimonial, y por los medios en general. El ya fallecido Walter Cronkite, hombre ancla de la cadena estadounidense CBS por casi dos décadas, decía que no hay nada más glamoroso en el campo periodístico que ser corresponsal de guerra. En el caso chileno, el material promocional histórico del programa de reportajes de TVN, Informe Especial, ha retratado a sus enviados especiales al centro de su propuesta informativa y de marketing. En 2003, por ejemplo, el equipo de Pavlovic, Rafael Cavada y el camarógrafo Alejandro Leal fue protagonista del material promocional debido a su cobertura en terreno en Irak como el único equipo periodístico chileno en la zona. Los afiches y videos promocionales del programa los retratan como héroes, encarnando un periodismo de alto riesgo y 24/7.
Sin embargo, las características de la producción noticiosa internacional están mucho más alejadas de los estereotipos del corresponsal tipo Hemingway y se concentran, más bien, en el carácter colectivo y las barreras obvias de reportear en países con otras costumbres, otros idiomas, otras redes de poder distintas a las que un periodista puede acceder en su contexto nacional.
Pero, sobre todo, la cobertura informativa internacional es un esfuerzo colectivo. Colleen Murrell, por ejemplo, ha demostrado el rol fundamental que los equipos y personal locales –fixers– tienen para la producción de información noticiosa internacional en términos editoriales y no solo prácticos (traductores o productores en terreno, por ejemplo). Hoy, solo un puñado de agencias a nivel global -la estadounidense AP, la británica Reuters y la francesa AFP- tienen los recursos financieros para mantener equipos con experiencia en todas las regiones del mundo con el objetivo de asegurar instalaciones y conexiones bien organizadas para informar o, bien, para enviar a sus equipos donde sea necesario. Estas agencias son capaces, también, de transmitir sus cables casi instantáneamente.
El valor de mantener una infraestructura y equipos profesionales de esta naturaleza se hace más evidente si atendemos a la creciente disminución de equipos enviados en coberturas internacionales por medios internacionales o regionales. Desde la crisis financiera mundial de 2008-2009, el rol de los equipos periodísticos asignados permanentemente a una región o país se precarizó debido a los recortes presupuestarios de sus compañías (como fue el caso del cierre o reducción de las oficinas de medios estadounidenses en América Latina, por ejemplo). Se cerraron delegaciones completas, se concentraron en pocas oficinas repartidas a lo largo y ancho del mundo y se recortaron también las prestaciones ofrecidas a los corresponsales, como los costosos seguros de vida o de salud. Se apostó por personal freelance que debe asumir entonces los altos costos que implica ingresar o moverse en regiones o países muchas veces en conflicto. Se ha tendido, también, a descansar en la labor de corresponsales “paracaídistas”, como los enviados por los canales de televisión chilenos a Ucrania o a la frontera polaca. El ciclo noticioso 24/7, la competencia de los usuarios de redes sociales digitales que publican primero, los cambios tecnológicos que facilitan y abaratan los costos de producir contenidos y periodistas polifuncionales (content packagers o empaquetadores de contenidos) han contribuido a horadar la cobertura noticiosa internacional.
De allí la relevancia de las agencias noticiosas internacionales, oficinas y profesionales y soporte técnico en terreno, permanente, con lazos en las comunidades, con una comprensión más afinada y situada del contexto local que la de enviados especiales por pocos días y con redes con fixers y otros colaboradores más o menos permanentes. Como concluye un informe del Reuters Institute sobre el estatus de las corresponsalías, “las agencias de noticias son una de las principales fuentes de noticias en el mundo hoy” y operan como motores de la cobertura noticiosa internacional. Por lo tanto, dice Murrell, las decisiones de las agencias informativas internacionales -qué cubren, cómo, cuánto y desde dónde y con quiénes- impactan en la ecología mediática tanto de medios alternativos como tradicionales; locales y globales. Reportes recientes sobre el estado del periodismo en Siria -sí, el conflicto sigue ahí y es un hoyo negro para el trabajo informativo-, destacan el rol de los videos generados por usuarios, el reporteo en terreno muy restringido a ciertas regiones y acompañadas por voceros oficiales y el repliegue de equipos internacionales e, incluso, locales debido a los riesgos son fenómenos que han contribuido a que sea una zona de silencio informativo. Como dice Alexievich sobre su reporteo en Afganistán: «No quiero volver a escribir sobre la guerra… Y de pronto… Si es que se puede decir de pronto. Estamos en el séptimo año de guerra».
La libertad del actuar periodístico y de los medios de comunicación es extremadamente relevante en el contexto de la pandemia de covid-19, y la necesidad de que la ciudadanía tenga acceso a información veraz y a un liderazgo político y mediático ético es evidente. Para las y los profesionales periodistas no solo se trata de un asunto de curatoría, verificación y chequeo de información, sino también de la posibilidad de ejercer libremente y de forma segura la tarea informativa.
Por Lionel Brossi y Ana María Castillo*
El año pasado, varias académicas y académicos de la Universidad de Chile publicaron el documento “Bases para una comunicación de calidad en tiempos de pandemia”, en el que se abordaron diversas temáticas relacionadas en torno a dos ejes. Por un lado, se desarrollaron orientaciones respecto a los criterios para una comunicación efectiva frente a una crisis sanitaria, económica y social, y por otro, se abordó la responsabilidad editorial en la cobertura de la pandemia. En este último apartado se menciona, entre otras advertencias, que con el aumento de la desinformación que circula en contexto de pandemia hay más propensión a tomar decisiones de riesgo o a dejar de cumplir con lo que las autoridades sanitarias recomiendan. En el documento se sostiene que lo anterior, sumado a una creciente desconfianza en las instituciones por parte de la población, al agotamiento físico y psicológico, y al agravamiento de los problemas económicos, termina por generar condiciones poco propicias o incluso contraproducentes para afrontar la pandemia.
En ese sentido, la labor ética de los medios, entendidos como líderes de opinión organizacionales, es crucial. La campaña de vacunación es un hito de esta nueva etapa de la pandemia en el país, que ha sido manejada con éxito en términos de velocidad y de adquisición y distribución de dosis en la población. Sin embargo, al estar acompañada de declaraciones que por momentos aluden a exitismos parciales por parte de un sector de la clase política y que son ampliamente difundidas por los medios, se ha creado una sensación de seguridad ficticia que tiene el potencial de promover el agravamiento de los contagios y muertes en el país, en un momento en que los índices siguen siendo mayores que en la llamada primera ola.
Es en este contexto que el acceso a información de calidad se constituye como un derecho vital. Por un lado, está la desinformación intencional propagada por los líderes de opinión, ya sea por falta de transparencia, por aprovechamiento político o intereses económicos, entre otros, y por otro, aquel tipo de desinformación que se genera a partir de sesgos cognitivos, que terminan por distorsionar los hechos con el potencial de causar enormes daños, especialmente al tratarse de temas relacionados con la salud pública.
Desde que el líder de la Organización Mundial de la Salud acuñó el término infodemia para referirse a los enormes volúmenes de desinformación que circulan más rápido que un virus, seguimos viendo muchos titulares y contenidos que desinforman, que espectacularizan la desgracia, que estigmatizan, que continúan utilizando un vocabulario de guerra y que, en definitiva, no cumplen o ignoran las bases mínimas para una comunicación de riesgo efectiva.
En una situación de crisis sanitaria y de desconfianza en los medios de comunicación, las redes sociales y los sistemas de mensajería han tomado una mayor relevancia en el contexto de confinamiento. Los medios tradicionales de comunicación se mantienen como una fuente relevante, pero se suma la influencia de las redes sociales y otros sistemas que pueblan y diversifican el ecosistema informativo. Es así como las piezas de información ya no solo provienen de fuentes periodísticas, sino también de los contactos y el entorno cotidiano de las personas. Esto genera una tensión entre la calidad de la información y la confiabilidad de la fuente. Un ejemplo es que existe una tendencia a confiar en quien envía la información —especialmente si proviene de círculos cercanos— y a no verificar la misma, aumentando el alcance del problema.
Libertad de expresión y de prensa
Satisfacer el mandato de la salud pública es un enorme desafío en momentos en los que el escepticismo o el cuestionamiento sobre las vacunas se mantiene vigente en parte de la población.
La libertad del actuar periodístico y de los medios de comunicación es extremadamente relevante en el contexto de la pandemia de covid-19, y la necesidad de que la ciudadanía tenga acceso a información veraz y a un liderazgo político y mediático ético es evidente. Para las y los profesionales periodistas no solo se trata de un asunto de curatoría, verificación y chequeo de información, sino también de la posibilidad de ejercer libremente y de forma segura la tarea informativa.
Desde octubre de 2019 y actualmente en el contexto de pandemia, hemos visto en el país los inaceptables casos de ataques, amedrentamiento y espionaje a periodistas. El derecho a la libre expresión, a la libertad de prensa y el derecho a la comunicación deben ser protegidos en tanto son derechos fundamentales para la vida en sociedad, promoviendo la comunicación abierta y transparente por parte de las autoridades, los medios de comunicación independientes y la alfabetización mediática.
Redes sociales y sistemas de mensajería
Las redes sociales organizan la información de acuerdo a nuestros gustos y preferencias, ya que constantemente monitorean nuestras acciones, preferencias, deseos y monetizan nuestra atención, personalizando los contenidos a los que accedemos. En este sentido, interactuamos con algoritmos cuya tarea es mantenernos constantemente conectados a las plataformas y, por ende, a contenidos publicitarios. Estos algoritmos alimentan y refuerzan los sesgos cognitivos y también tienen el poder de amplificar las posiciones extremas, alimentando así la circulación de desinformación, de teorías conspirativas y de contenidos contrarios a la promoción de la salud pública.
Comprometerse con el propósito de diseminar información de calidad requiere equilibrar la intersección entre el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información con la necesidad de evitar la propagación indiscriminada de desinformación o información de baja calidad. Para ello, deben existir medidas y acciones, tanto por parte de las empresas de redes sociales como emanadas de mecanismos regulatorios, que contribuyan a reducir considerablemente la circulación de la desinformación y la incitación al odio. Deben promoverse la diseminación y acceso a información de calidad (verificada, transparente, independiente y plural), así como estrategias comunicacionales y educativas para que la ciudadanía adquiera las herramientas críticas, analíticas y de manejo de información adecuadas, especialmente en relación a los entornos digitales como redes sociales y sistemas de mensajería.
Responsabilidad comunicativa
Decíamos en los párrafos iniciales que desde el comienzo de la pandemia por covid-19 la desinformación ha impactado áreas enormemente relevantes para la toma de decisiones relacionadas a la salud de las personas. El mal tratamiento de las fuentes de información y la propagación de información falsa o no verificada, provoca la implementación de medidas y toma de decisiones erradas o inefectivas para enfrentar a la pandemia y promover la salud pública. En ocasiones, este tipo de información de mala calidad se puede considerar como válida por gran parte de la población cuando es discutida y recomendada públicamente por autoridades y líderes de opinión pública que niegan el alcance de la pandemia y que, en definitiva, ponen en riesgo a la población. Lo mismo ocurre en el caso de la desinformación sobre la vacunación. Cuando a través de los medios de comunicación y plataformas digitales no se promueve información clara y de calidad sobre la vacunación, se da espacio para versiones alternativas que pueden confundir y obstaculizar la salud pública, pese a lograr cifras alentadoras de alcance y despliegue de recursos.
Asimismo, deben establecerse los mecanismos de protección en relación al uso de información sensible de las personas, que de hacerse pública pueda afectar sus derechos u oportunidades. El incremento de sistemas de rastreo y vigilancia pueden constituirse en una amenaza a la privacidad de las personas y al derecho de protección de datos personales.
En el contexto de los grandes desafíos económicos que viven los medios de comunicación en el país, se han adoptado nuevos modelos de negocio, por ejemplo, de acceso a contenidos mediante pago por suscripción. En ese sentido, es importante velar por que aquella información que sea relevante para la salud pública, como en el caso de la pandemia de covid-19, sea de acceso gratuito y abierto.
Por el momento, y dadas las experiencias que se han vivido en el país desde que comenzó la pandemia, una de las principales prioridades para enfrentarla debe ser determinar qué implica una respuesta eficaz a la misma y en qué ámbitos. Atención sanitaria universal, mayores esfuerzos para enfrentar las persistentes desigualdades estructurales, transparencia en las políticas públicas y toma de decisiones, colaboración multisectorial, una comunicación de riesgo efectiva y con foco en la ciudadanía, son algunos de los desafíos que deben abordarse en el contexto actual y con miras a futuro. Asimismo, urge fomentar una distribución de recursos equitativa, incentivar las inversiones para reforzar la resiliencia de los servicios de salud y atender a los diversos contextos situados, con perspectiva de género y de derechos humanos.
La comunicación de calidad, entendida como un bien público, cumple un rol central y de suma relevancia para enfrentar nuestra situación actual de pandemia, para abordar de forma efectiva la campaña de vacunación y lograr promover un compromiso de responsabilidad colectiva con los desafíos por venir.
* Directores del Núcleo Inteligencia Artificial y Sociedad, Instituto de la Comunicación e Imagen (ICEI), Universidad de Chile.
Por Faride Zerán
¿Cómo salgo de aquí?, pensé, mientras observaba las puertas del gran salón ubicado en el segundo piso de un palacio de gobierno recién remodelado tal vez para que los nuevos aires democráticos pudieran circular libremente luego de la larga noche dictatorial.
Eran los inicios de los años 90, y el ministro a cargo de las comunicaciones, enfurecido ante la pregunta de si estaba comprando medios que habían sobrevivido a la dictadura para luego cerrarlos porque ese periodismo molestaba a la incipiente democracia, se paró abruptamente dando por concluida una entrevista que aún no llegaba a su fin.
Recuerdo la figura baja, más bien obesa del ministro, escabulléndose por una de las tantas puertas de ese salón del Palacio de La Moneda, y me veo buscando la salida, así como el título que tendría la acontecida entrevista en la que el vocero repetía como mantra que la libertad de expresión era la madre de todas las libertades. Una madre esquiva y ausente con el periodismo que había resistido a la dictadura, pero protectora y complaciente con los grandes medios que configuraban el poderoso duopolio de la prensa de nuestro país.
Al igual que hoy con la presión de La Moneda hacia La Red, el telefonazo que siguió al episodio —contrariando los resultados habituales— no surtió el efecto que pretendía, y el título de la entrevista que daba cuenta de la pataleta del personero público fue elocuente: “El ministro y la madre de todas las libertades”.
Eran los años en que paulatinamente fueron cerrando los medios que escribieron las páginas más valientes del periodismo chileno, en contrapunto con el florecimiento de aquellos que, en alianza con los aparatos de seguridad, habían sido cómplices de los montajes más brutales de la dictadura militar.
Vivíamos los tiempos en que el eufemismo, las verdades a medias, la censura y las autocensuras desterraban palabras como dictadura o golpe de estado para denominarlas “régimen militar” o “pronunciamiento militar”.
Porque los 90 en Chile se iniciaban con un periodista exiliado, Francisco Martorell, autor del libro Impunidad diplomática (1993), y culminaban con una periodista asilada en Estados Unidos, Alejandra Matus, autora de El libro negro de la justicia chilena (1999).
Entre medio, la censura cinematográfica, las leyes de desacato —como el artículo 6b de la Ley de Seguridad del Estado, que sancionaba con cárcel la necesaria fiscalización que debía tener el periodismo sobre todos los poderes y sus autoridades— y la ausencia de voluntad política de quienes encabezaban la transición bajo la premisa de que el mercado lo regulaba todo, incluido el derecho a la información.
Cuando analizamos el escenario actual en materia de libertad de expresión y derecho a la información, la pregunta que surge es por qué Chile a lo largo de estas décadas siguió siendo uno de los países que aparecían en los informes internacionales con escandalosos índices de concentración de los medios y un consiguiente déficit de pluralismo y diversidad.
Quizás una respuesta apuntaba a las características de la transición, que si bien abría importantes compuertas democráticas luego de 17 años de dictadura, en materia de medios requería de aliados afines a la lógica de mantener ciertos enclaves autoritarios y un modelo económico que, por su agresividad y naturaleza, trasuntaba el campo de la economía para instalarse como un depredador de la propia democracia.
Porque la privatización a ultranza, que no solo afectó a empresas públicas, recursos naturales y servicios básicos (hasta el agua), sino también a derechos como salud, educación o pensiones —por citar las demandas de un estallido social que a estas alturas amenaza con repetirse—, sin duda requería de una narrativa homogénea y acrítica que un periodismo independiente y fiscalizador no les garantizaba.
Pero Chile cambió, y ese cambio no es ajeno al periodismo.
Hoy se han documentado más de 300 ataques a la prensa entre agresiones y detenciones a reporteros y medios independientes efectuados desde octubre de 2019; han sido ampliamente denunciados los seguimientos y espionajes por parte de Carabineros y Ejército a periodistas de investigación; las declaraciones públicas de las tres ramas de las FFAA pronunciándose sobre una rutina humorística emitida en La Red en un acto deliberativo y respaldado por el Ministro de Defensa, siguen causando escándalo; las presiones y telefonazos desde la Presidencia de la República a los dueños de dicho canal han sido condenadas por un sector amplio de la opinión pública; etcétera.
Claramente, para una parte importante del periodismo, las prácticas y rutinas profesionales propias de los años 90 quedaron atrás, y al igual que octubre de 2019, el ejercicio del periodismo en distintas escalas ha protagonizado su propio estallido, enfrentándose a las élites, fiscalizándolas sin condescendencia y ejerciendo el derecho a la información, incluso a través de Twitter y otras redes sociales.
Sin embargo, no estamos ante un proceso fácil. Si atendemos a las palabras de la filósofa estadounidense Wendy Brown, expresadas en estas mismas páginas, “el neoliberalismo ha separado la libertad de la democracia para convertirla en antidemocrática, para hacerla compatible con el autoritarismo, y eso es lo que vemos hoy en la derecha”. De allí que no sea casual que estemos transitando un momento político marcado por una regresión autoritaria como respuesta gubernamental a la peor crisis institucional desde el retorno a la democracia, con un claro retroceso en los ámbitos de la libertad de expresión y el derecho a la información.
Retroceso que hoy ese periodismo que protagonizó su propio estallido resiste con la convicción de quienes también recuperaron el sentido del concepto dignidad para el mejor oficio del mundo, como alguna vez lo describió García Márquez.
Destempladas declaraciones contra periodistas desde los pináculos del poder. Telefonazos presidenciales a medios de comunicación que osan hacer su trabajo. Acoso a periodistas en las calles y las redes sociales. Las relaciones entre poder y periodismo están al rojo vivo en Chile, pero también en el mundo. Aquí, periodistas que ejercen y piensan su profesión analizan lo que consideran un revoltijo de autoridades desesperadas por la pérdida de control, un campo mediático quebrado y periodistas en busca del norte perdido.
Por Evelyn Erlij y Francisco Figueroa
Desde el inicio de la pandemia, pocas semanas han carecido de alguna fricción de connotación pública entre periodistas y autoridades políticas. Cuando partía la redacción de este artículo, el motivo era la entrevista al exfrentista Mauricio Hernández Norambuena en el programa Mentiras Verdaderas, de La Red, que el ministro vocero de gobierno Jaime Bellolio consideró, al día siguiente de su emisión, “una franja del odio, de apología a la violencia (…), una cuestión absolutamente inaceptable”. “Vergüenza”, añadió en Twitter el presidente de la UDI, Javier Macaya, tres minutos después de que la diputada María José Hoffmann se preguntara en la misma plataforma: “¿En qué país del mundo un asesino puede dar una entrevista desde la cárcel?”, afirmó, para cerrar anunciando: “Exigiremos al CNTV la máxima sanción y respeto”.
El caso adquirió ribetes de escándalo cuando Mirko Macari, periodista y columnista de Mentiras Verdaderas, exdirector de La Nación Domingo y El Mostrador, informó que Magdalena Díaz, asesora y exjefa de gabinete del presidente Sebastián Piñera, llamó a los propietarios de La Red para quejarse por la emisión de la entrevista. “Dale RT para que estos hijitos de papá sepan que Chile cambió”, tuiteó desafiante Macari. La semana siguiente, el periodista Eduardo Fuentes, responsable original del entuerto, se sintió obligado a aclarar: “Nosotros no promovemos como programa ni como canal la violencia”.
Con el paso de los días y de otros escándalos, la polémica se recogió. Pero como se recoge la marea en una playa sucia: dejando a la vista basura, algas descompuestas y trastos indeseados. ¿Qué pasa que el periodismo saca tantas ronchas cuando lo que considera de interés público difiere de lo que define como tal el poder político? ¿Se malacostumbraron las autoridades al periodismo ejercido como otro brazo de las relaciones públicas? ¿Copia pobre del bullying trumpista a la prensa? ¿O, peor, prólogo del acoso al periodismo que sofoca a las democracias más endebles del mundo?
Razones para encender las alarmas no faltan. Cuando termina la redacción de este artículo, CIPER informa que la Fiscalía indaga el monitoreo por parte de militares a cinco periodistas que investigan sobre corrupción castrense y violaciones de derechos humanos. Nuevos “telefonazos” desde La Moneda son el comentario obligado en las redes sociales, al punto de que La Red acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las presiones del gobierno de Sebastián Piñera contra sus dueños, para “poner límites sobre lo que no puede ser tolerado en una sociedad democrática”, anunciaron en el canal. El Ejército reprocha públicamente una parodia emitida por televisión: lo secundan el Gobierno, la Fuerza Aérea y la Armada. Y los acosos a periodistas, en el entorno digital y las calles, por parte de agentes del Estado y particulares, engrosan las agendas de investigación de distintas escuelas de periodismo.
No es una realidad nueva ni en Chile ni el resto del mundo, pero en los últimos años, y en particular con el ascenso de líderes de la derecha reaccionaria, como Donald Trump en Estados Unidos o Viktor Orbán en Hungría, las arremetidas “oficiales” contra la prensa aumentaron y, en algunos casos, incluso se normalizaron. Llamar a los periodistas “enemigos del pueblo” ha pasado a ser un lugar común del discurso político en varios países, siendo Trump un exponente mundial en la materia. Steve Bannon, uno de sus principales asesores, llegó a decir que el partido de oposición para el gobierno no era el Partido Demócrata, sino la prensa, a la que acusó constantemente de difundir fake news y contra la que afirmó estar “en guerra”. Cuando los medios difundieron una imagen de su ceremonia de posesión en la que aparecía muy poco público, Trump aseguró: “los periodistas están entre los seres humanos más deshonestos”.
“La prensa, en su tradición más liberal y en un plano filosófico, es un mecanismo de control de las desviaciones del sistema. Socavar al periodismo libre es, en sí, un ataque a la democracia”, advirtió en The New York Times el periodista argentino Diego Fonseca, quien citó allí un informe del Global Media Forum en el que se indicaba que la libertad de prensa en los Estados Unidos de Trump estaba “en un nivel de riesgo similar al de naciones autocráticas y fundamentalistas”. En esa misma línea, y en una entrevista con Palabra Pública, el periodista John Lee Anderson afirmó que el precedente que sentó el magnate estadounidense fue “nefasto en Occidente y (un) ejemplo para otros líderes represivos”, algo que también han advertido varios organismos internacionales que velan por la libertad de prensa en el mundo. En su informe anual de 2018, Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunciaba un auge en distintos países de lo que suele llamarse “odio al periodista”, expresado sobre todo hacia quienes trabajan en investigación y en cobertura de manifestaciones, como ocurrió en Chile durante el estallido social de 2019.
Según Alfonso Armada, presidente de RSF España, este odio al periodista es un hecho tan generalizado como alarmante: “Lo que pretenden Putin, Trump, y cada vez más dirigentes de la vieja Europa con pulsiones autoritarias es que haya verdades alternativas, verdades útiles a una visión política. Intoxicando, manipulando y tergiversando logran que aumente el peligro para los periodistas”, dijo, lo que a su vez fomenta un clima social contrario a la prensa, como ha ocurrido en países como Malta, Eslovaquia, Hungría, Polonia, Reino Unido o Italia, donde, por ejemplo, en 2019 el ultraderechista Matteo Salvini, exministro del Interior, llegó a justificar agresiones a reporteros en la calle. En varias entrevistas, el presidente de RSF España ha sostenido la idea de que ha habido un retroceso en la libertad de prensa en el mundo, y ha denunciado, incluso, una tendencia en países como Alemania, Francia o Reino Unido de dar más poder a los servicios secretos para investigar a la prensa con la excusa de la seguridad nacional.
Para la periodista y académica de la Universidad de Chile Claudia Lagos, Doctora en Comunicación y Medios por la University of Illinois at Urbana-Champaign, la retórica antimedios que se propaga desde el poder fomenta un clima de odio hacia la prensa, lo que podría considerarse otro mecanismo de amenaza a los reporteros en un mundo en que la información es cada vez más difícil de controlar. “Esos discursos contribuyen a que haya otros actores de la sociedad civil que se hacen eco de estos estados de ánimo crispados hacia la prensa tradicional. Hay casos paradigmáticos en el Estados Unidos de Trump, donde, por ejemplo, partidarios suyos entraron disparando a la redacción de un diario hace un par de años (al Capital Gazette, de Maryland, en 2018). Está este efecto colateral en que los discursos agresivos contra la prensa son acogidos y puestos en práctica por seguidores de estos líderes”, asegura.
“No creo que haya un retroceso en la libertad de expresión, aunque bien los datos pueden desmentir mi percepción”, opina el periodista y escritor argentino Diego Fonseca, maestro de la Fundación Gabo y columnista de The New York Times. “Lo que tenemos es mayor presión de gobiernos por intentar controlar un proceso que se ha roto. El mundo como lo conocíamos, el statu quo que comprendía medios tradicionales, gobiernos y partidos como parte del ecosistema de la discusión pública, ha volado por los aires. A la prensa le ha costado interpretar esa desintermediación, y los gobiernos tienen todavía mayores dificultades porque ahora deben lidiar con voces atomizadas. La respuesta, como en casi todas las reacciones de una élite, es tratar de fortalecer el control de un universo que ya no tiene las fronteras definidas”.
Fonseca, autor de casi una decena de libros de periodismo narrativo, exeditor de Etiqueta Negra y colaborador en El País, Gatopardo, Letras Libres y otros medios hispanoamericanos, plantea, a grandes rasgos, que hay que repensarlo todo, porque todo cambió: “Si la prensa perdió el lugar como curador cuasimonopólico de la producción social de sentido en la agenda pública, los gobiernos y las élites se encuentran con que han perdido el control institucional sobre qué es la realidad política. Antes estábamos en un mundo centralizado, ahora los márgenes están en todas partes, y rotos”, advierte. Eso, a su vez, ha llevado a que, en distintos países, desde los gobiernos y otras instituciones de poder se creen nuevas formas “oficiales” de control hacia medios opositores o simplemente “incómodos”—tanto tradicionales como independientes—, con el propósito de silenciarlos o limitar su trabajo.
“Lo que han comentado distintas organizaciones de derechos humanos y libertad de prensa en los últimos años es que se mantienen los mecanismo tradicionales de amenazas, sanción, persecusión y silenciamiento a la prensa, donde los casos de Nicaragua y México son de los más relevantes. Pero agregaría también el caso de El Salvador, donde el presidente (Nayib Bukele) ha puesto en marcha otros tipos de mecanismos de control a través, por ejemplo, de ciertas leyes de impuestos”, explica Claudia Lagos. Es lo que pasó en Polonia a comienzos de 2021, cuando el gobierno del ultraconservador Andrej Duda impuso una tasa a la publicidad con la que se buscó “asfixiar” la subsistencia y la independencia de la prensa.
“Hay una sobresimplificación del rol y estatuto de los medios, en parte dado porque una buena porción de esos gobernantes o dirigentes provienen de fuera de la escuela política tradicional. Son outsiders y carecen de los mecanismos introyectados de la discusión política, que implica una danza de intercambios en el establishment, que incluye a prensa y academia”, explica Fonseca. Y agrega: “Trump hacía política por Twitter. Nayib Bukele ‘dirige’ El Salvador con sus tuits. Bolsonaro, y no solo él, tuvo grandes beneficios de los grupos de Whatsapp. Estos medios también los emplean los dirgentes de la izquierda, porque son herramientas ubicuas. El asunto es qué haces con ellos. Y muchos han decidido que pueden prescindir de los medios o convertirlos en una usina de ataque a la prensa: nadie edita sus cuentas de Twitter, nadie cura ni verifica lo que dicen. No hay filtro más que la mueblería ética y moral que poseas”.
Para Lagos, la pérdida del poder de mediación de la prensa explica también uno de los rasgos más sobresalientes del caso chileno: el profundo descrédito de los medios. Y cita el informe 2020 del Reuters Institute que sitúa a Chile, junto a Hong-Kong, como el país donde la ciudadanía menos confía en la prensa: “El reporte habla de 15 puntos menos (entre 2018 y 2020), que comparado a otros países es una caída en picada. Ese es el ambiente en el cual están moviéndose los medios en la sociedad chilena. Y una de las razones es la enorme cercanía percibida entre la prensa y las élites, los medios son vistos como parte de las élites”, explica la investigadora.
El periodista Juan Andrés Guzmán, editor de CIPER y exdirector de The Clinic, se resiste también a colocar a los medios de comunicación chilenos en una vereda distinta a la élite política. Piensa, más bien, que lo difuso de los límites que separan a ambos mundos explica la espiral de descrédito que afecta a la prensa desde el estallido social de 2019. “La forma en que el periodismo puede acorralar al poder es con competencia. Y lo que ha pasado, yo creo, es que muchos periodistas son de una élite que se queda muy atrás, muy dormida y sirviendo a sus amigos cuando no tiene ninguna competencia. Eso ha hecho que la élite contara con medios que se la ponían muy fácil y que les hacían sentir que controlaban las cosas”.
Como resultado, dice el también autor de los libros Los secretos del Imperio de Karadima (2011) y La gran estafa: cómo opera el lucro en la educación superior (2014), la élite ha visto afectada su capacidad de comprender lo que está pasando en la sociedad. Para Guzmán, los periodistas también pueden ser colaboradores de lo que el cientista político Jeffrey Winters llama “industria de la defensa de la riqueza”, esa entidad “de especialistas que buscan argumentos para convencer a la sociedad de que no hay nada mejor que al rico le vaya bien, porque eso es bueno para todos, y así favorecer las posiciones de la élite. Y si añadimos a los periodistas que transmiten esto como cierto, lo que tienes es un engaño múltiple. Se engaña a la sociedad, pero también la élite empieza a engañarse y cree que lo está haciendo la raja”, explica.
La periodista Alejandra Matus ha vivido en carne propia el accidentado derrotero de la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en el Chile de la postdictadura. Un derrotero que enfrenta una nueva etapa tras la consolidación de diversos medios digitales; fenómeno, dice, “que ha ido progresiva y paulatinamente rompiendo el cerco informativo, abriendo nuevas voces y generando audiencias más allá de la influencia que todavía tienen los medios tradicionales”. En ese contexto, piensa Matus, “los telefonazos, los seguimientos o acciones represivas contra medios populares, obedecen más que nada a la debilidad del gobierno. Es un gobierno que se siente amenazado, que en su arrinconamiento no se le ocurre otra cosa que recurrir a estos métodos del pasado para intentar controlar el flujo informativo; pero por supuesto que eso es inútil”, advierte.
Sin embargo, la autora de El libro negro de la justicia chilena (1999), colaboradora de distintos medios ya desaparecidos como La Época, La Nación Domingo y Plan B, y creadora del sitio informativo jaquematus.com, mira con optimismo el futuro del periodismo: “Creo que se han generado procesos periodísticos atrofiados en los medios tradicionales. Pero fuera de esos medios tradicionales existe un mundo ancho y amplio de distintos experimentos informativos, mediáticos; desde el mundo de los memes y las redes sociales, hasta periodistas haciendo trabajo por su cuenta. Creo que hay dos sistemas de medios contradictorios coexistiendo”.
Una visión más escéptica tiene Juan Andrés Guzmán: “No me preocupa tanto que unos pierdan poder y otros lo ganen, como periodista me preocupa otra cosa: ¿sé realmente lo que pasó y lo puedo contar? ¿Hasta qué punto? Ese trabajo es superpreciso, demandante. Los medios funcionan cuando cuentan con un buen director, editor y equipo que pueda discutir y retroalimentar. Pero necesitas un equipo con tiempo y recursos, no urgidos y que no se compren la primera tesis que les tire el político amigo. La precariedad impide eso”, afirma. Para el editor de CIPER, no hay salida a la situación de perpetua precariedad del periodismo sin políticas públicas que generen “un ecosistema de medios que permita competencia. Animalitos de distintas especies y tamaños, dedicados a distintas cosas”.
Guzmán lleva años planteando que la suerte del periodismo además se encuentra atada a la suerte de la democracia. Le resulta particularmente inquietante que las denuncias que hacen los periodistas no tengan efectos en las decisiones del Estado. “Si el periodista, así como el político, no tiene poder de cambiar la realidad, entonces se vuelve irrelevante”, postula. Y a continuación abrocha: “el periodismo tiene que poner unos cortafuegos muy importantes con la política, pero no nos es indiferente que haya una mala política”. Por eso desconfía de “la aparición de un sucedáneo de la justicia que es el periodista opinólogo, sin reporteo”, y no le entusiasman los colegas que se ufanan de haber descabezado ministros. Imaginariamente, les responde: “Ya, superbien, ¿y qué pasó después? ‘Ah, no sé yo pos, ese no es mi problema’”. Guzmán, en cambio, sí cree que es su problema, y el de todos los periodistas: “repensar cuál es nuestro rol en lo público”.
La revuelta social y la pandemia se confabularon para introducir nuevas contradicciones en el sistema mediático y el campo periodístico. La ciudadanía está ávida de informarse e incluso de producir contenido, pero la credibilidad de los medios ha caído en picada. Los medios digitales experimentan una explosión de tráfico, mientras los empleos perdidos por el cierre y la jibarización de medios se cuentan por miles. En este análisis, Claudia Lagos disecciona el cuerpo vivo de un campo mediático golpeado, fragmentado y embarcado en un proceso de radical reorganización.
Por Claudia Lagos Lira
“Periodistas culiaos, ¿qué diría Raquel Correa?”.
Rayado en calle Fray Camilo Henríquez, 4 noviembre de 2019.
“El gobierno roba, la policía mata, la prensa miente”.
Cartel que sostiene una joven en manifestación registrada por Foro Ciudadano en su página de Facebook, 24 de octubre de 2019.
Frames: Ver/no ver y cómo ver
Nicole Kramm es fotógrafa y documentalista. El 31 de diciembre de 2019 se dirigía con otros colegas a pie al epicentro de las movilizaciones masivas en el centro de Santiago. Esa noche distintas organizaciones ofrecieron cenas solidarias de Año Nuevo en el lugar y se proponía entrevistar a la gente, grabar la celebración popular. En el camino, recuerda Kramm, se encontraron con un piquete de policías que dispararon. Recuerda sentir un dolor inenarrable y rogó: “Que no sea un ojo”. Sufrió daño macular en la retina de su ojo izquierdo, le dijeron los médicos. “La vista es mi herramienta de trabajo, lo que más cuidé durante las manifestaciones, tenía todas las medidas de protección para que no me pasara nada en la cara. Que vayas caminando con tu cámara, te disparen directo al rostro…”. Las primeras reacciones que Kramm describe son frustración y negación: “Esto no me está pasando. Recién me estoy formando y perdí la visión de un ojo. ¡Qué hago como directora de fotografía!”, denuncia en entrevistas en Canal 13, Al Jazeera en español y Vergara240.
Kramm es una de las 460 personas que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) registra con algún tipo de trauma ocular mientras participaban de alguna movilización social o por haber estado muy cerca de éstas desde octubre de 2019: ceguera, trauma ocular, pérdida de visión en uno de los ojos. Solo se han presentado 163 querellas. A la fecha, la Unidad de Trauma Ocular (UTO) del Hospital del Salvador, especializada en este tipo de lesiones en el país, ha atendido 343 pacientes así, la mayoría dañados por kinetic impact projectiles (KIPs). Es el número más alto descrito en la literatura especializada, mayor incluso a los traumas oculares documentados durante la primera Intifada entre 1987 y 1993 (157 casos).
Ha pasado cerca de un año y medio desde la revuelta de octubre de 2019 cuando miles de chilenos ocuparon las calles a lo largo del país para protestar por las continuas alzas en los costos de vida, la desigualdad estructural, la incapacidad de las instituciones de responder a las demandas sociales y contra una élite ensimismada e insensible al malestar de la ciudadanía, distanciada de la política. El alza en el pasaje del Metro prendió la mecha de las manifestaciones callejeras en Santiago, primero, y en otras ciudades del país, después. Se registraron saqueos a locales comerciales, incendios intencionales a propiedad pública y privada, incluyendo estaciones del Metro que resultaron total o parcialmente destruidas. El gobierno decretó Estado de Emergencia, recurrió a la Ley de Seguridad Interior del Estado, dictó toque de queda y control militar en distintas ciudades por varios días y la brutalidad de las fuerzas de seguridad para enfrentar los desórdenes ha sido cuestionada por organismos de derechos humanos, como Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Human Rights Watch.
Atacar y/o cegar a quienes miran, a quienes son testigos, parece un patrón. En la cobertura del primer aniversario de las protestas masivas en octubre de 2020, Javier Castro fue detenido por la policía y conducido a la 25ª. Comisaría de Maipú mientras filmaba las manifestaciones en la zona poniente de la capital, debidamente identificado como miembro del medio digital La Voz de Maipú; y un extenso reporte de LaBot.cl documentó numerosas agresiones motivadas por registros fotográficos y audiovisuales: 85 casos (de un total de 1.288 querellas criminales analizadas) asociados a represalias por el acto de grabar con cámaras o celulares contra profesionales, aficionados y ciudadanos. Represalias como “método de castigo por lo que pudo ser interpretado por la policía como una provocación” y, también, como “un procedimiento para borrar evidencia que pudiera inculpar a funcionarios policiales involucrados en abusos”. Y esos son solo los que se transformaron en querellas. Ya en noviembre de 2019, tras su visita al país, la CIDH llamó la atención sobre los ataques selectivos a camarógrafos y periodistas por parte de las fuerzas de seguridad durante la cobertura de las protestas callejeras.
Al momento de editar este artículo, Chile lleva más de un año bajo estado de catástrofe y toque de queda debido al covid-19. Ambos estados de excepción constitucional restringen derechos, como los de reunión y circulación, y le asigna al gobierno obligaciones y prerrogativas sobre la entrega y difusión de información acerca de la pandemia. El ejercicio del periodismo se ha visto afectado por estas condiciones de excepción constitucional. Los trabajadores de empresas de distribución de diarios y periódicos y empleados de televisión, prensa, radio o medios digitales requieren un salvoconducto tramitado por los empleadores ante Carabineros de Chile. Quienes trabajan como freelancers han enfrentado mayores dificultades debido a ciertas restricciones para la circulación de reporteros no adscritos a medios domiciliados en Chile, y las asociaciones gremiales han debido respaldar la tramitación de sus credenciales de prensa. Varios han resultado detenidos u hostigados al cubrir las movilizaciones callejeras. El Gobierno, también, ha controlado la agenda informativa tanto por la vía del copamiento de ésta (vía cadenas nacionales de radio y televisión, conferencias de prensa y vocerías transmitidas a diario), así como por negociaciones con los controladores de los medios.
Junto a estas restricciones adoptadas con el argumento de controlar la circulación y contagio del virus, con el consiguiente impacto en el ejercicio de derechos fundamentales asociados al ejercicio de la libertad de expresión, opinión y del periodismo, ciudadanos, fotógrafos, documentalistas y reporteros que resultaron con su vista dañada, algunos mutilados, otros varios con lesiones en el resto de su cuerpo, de diversa gravedad, encarnan una metáfora polisémica. Un cuerpo social que abrió los ojos y que observó las llagas que había sufrido durante años de maltrato; una estructura política y económica que, a través del ejercicio de su monopolio de la fuerza, parchó esas visiones; una élite cultural, de la cual forman parte los medios de comunicación, que abrió/cerró ciertos focos y activaron ciertos tiempos de exposición para que algunas imágenes quedaran fijadas en la retina de ese cuerpo social. Un campo periodístico fragmentado, masivo y de nicho, de entretenimiento y fiscalizador, que va a pie pero también en autos lujosos, que vive entre la comunidad sobre la que reportea así como también se empina en la cordillera y que mira hacia el valle como la cámara que registra, desde la distancia, las concentraciones populares en la Plaza Italia renombrada Dignidad.
Periodismo (s)
En Chile, la confianza en los medios cayó 15 puntos en apenas un año, la caída más aguda en los 40 sistemas de medios donde el Reuters Institute encuestó a más de 80 mil consumidores de noticias. Menos de un tercio de los chilenos dijo confiar en los medios. Los periodistas, dice el reporte, son percibidos como parte de la élite nacional. Las marcas informativas más creíbles son Bío-Bío, CNN Chile y Cooperativa, pero todos apenas se empinan por sobre el 50% de confianza entre los encuestados. Las redes sociales más mencionadas para consumir noticias son Facebook, WhatsApp e Instagram. Solo poco más del 20% dice utilizar Twitter para noticias. Además, apenas un 9% de los chilenos dice pagar por noticias. Las fuentes políticas son las más recurrentes en las narraciones sobre la pandemia publicadas por los medios chilenos en sus plataformas digitales y cuentas oficiales de redes sociales y son más prominentes en comparación a otros países de la región, según concluyó un estudio encabezado por investigadores de las universidades Católica de Valparaíso y Austral de Chile.
Los segmentos juveniles, en general, manifiestan mayor desconfianza en los medios, la que cayó de un 60% en 2009 a un 7% en 2019, según la Encuesta Jóvenes y Participación de la UDP, en la que se consultó a mil personas de entre 18 y 29 años. Más de la mitad de los jóvenes encuestados dijeron informarse sobre las movilizaciones sociales registradas desde octubre de 2019 a través de WhatsApp, y más del 40% en interacciones cara a cara con personas cercanas. Los medios tradicionales, como la televisión, la radio o los diarios, concitaban muy poca confianza entre los jóvenes para informarse sobre las movilizaciones sociales.
A pesar de la mala evaluación de los medios, en particular de la televisión, se mantiene el interés por consumir, compartir e, incluso, producir contenido. Hay una avidez por comunicarse y, también, por buscar información que ilumine allí donde nos hemos sentido perdidos. El tráfico y consumo mediático durante la pandemia así lo demuestran: a fines de mayo de 2020, 24,8 puntos fue el máximo del total de encendido de televisores. Entre enero y marzo del mismo año, las cifras oscilaron entre los 16 y los 18 puntos de encendido. YouTube y WhatsApp aumentaron su consumo sobre el 70% de la población y son las plataformas más usadas en redes sociales, según Kantar. TikTok incrementó un 404% su uso durante la cuarentena en Chile y las llamadas a través de internet en el sistema VoIP se cuadruplicaron, según datos de Entel. Mientras, según datos de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), el consumo de terabytes de video y el de gaming online se disparó en marzo-abril de 2020 en comparación al mismo período del año anterior. Las ventas de consolas, el tráfico de datos y las transacciones bancarias online aumentaron exponencialmente. Apps de videoconferencias, como Zoom, Teams, Skype, Hangouts y Google Meet explotaron.
A pesar de esta demanda por más contenido e información, ello no se ha traducido en que medios tradicionales capturen el interés de dichas audiencias; lo que, en un sistema exclusivamente comercial, se traduce en que la inversión publicitaria se ha volcado a lo digital (históricamente, la televisión capturó la mitad o más de la torta publicitaria). En 2020, en un contexto de inversión publicitaria plana en comparación a 2019, el soporte digital se convirtió en el principal, superando a la televisión y consolidando un crecimiento sostenido en captar publicidad. La desaparición de las revistas masivas también contribuyó a esta redistribución de la participación en la torta publicitaria según soportes. En 2018, el PIB nacional creció pero el de medios disminuyó: Facebook y Google estaban concentrando la publicidad digital.
Esta caída y redistribución de la inversión publicitaria en el sistema mediático chileno en general también ha golpeado duramente al empleo en el sector: una de las tres medidas más mencionadas por los medios afiliados a la ANP para afrontar la pandemia fue el despido de su planta de periodistas. Es más: en un período de tres años, algunos reportes indican que unos 2.500 profesionales entre periodistas, editores y camarógrafos, entre otros, fueron despedidos de medios de cobertura nacional y regional, en empresas de distintos tamaños y estabilidad y en todo tipo de soportes.
Sin embargo, el cierre de medios, la suspensión de ediciones impresas, la fusión de las salas de redacción, las reestructuraciones en las empresas de medios, los recortes presupuestarios y los despidos no son nuevos: se trata de estrategias corporativas que se han asentado durante más de diez años y que tanto la revuelta social de 2019 como la pandemia durante 2020 han acentuado. En consecuencia, vemos una reorganización radical del sistema mediático y del campo periodístico chilenos. En el marco de dicha reorganización, diversos proyectos han atraído e incrementado sus audiencias al calor de la revuelta social y la crisis nacional. Pareciera que hay ciudadanos dispuestos a pagar por noticias, apoyar sus medios locales y demandar más mejor periodismo.
Medios digitales
Entre junio y septiembre de 2020, La Voz de Maipú duplicó sus visitas. LVDM es un medio hiperlocal, nativo digital, creado en 2004 (con otro nombre) y desde 2019 se sostiene por el aporte de los socios de la comuna, una de las más populosas de la capital chilena. Desde la revuelta hasta ahora ha sido una montaña rusa y la explosión en seguidores, tráfico y reconocimiento ha colapsado sus servidores en numerosas ocasiones, según explica Nicole Sepúlveda, encargada de Vinculación con el Medio de La Voz de Maipú. Entre mayo y septiembre habían incrementado sus visitas mensuales de 30.000 a 100.000. “Pero en octubre de 2019 llegamos a 361.000 visitas”. Para fines de 2020, “superamos las 600.000 visitas al mes”. En octubre de 2019, La Voz… tenía 22.000 seguidores, los que se transformaron en 70.000 al cierre de este ensayo. Reportan un aumento de suscriptores y del monto de los aportes. “La revuelta fue la mecha que encendió las visitas, pero también nos permitió definirnos o consolidar la línea editorial”, dice Sepúlveda.
La Voz de Maipú no fue el único medio nativo digital que experimentara caídas de sus servidores debido a la explosión de visitas. El Mostrador, por ejemplo, es el diario electrónico que más tiempo lleva operando ininterrumpidamente en Chile y cumplió recientemente dos décadas. Según indica su editor, Héctor Cossio, al podcast Mediápolis, antes de la revuelta de octubre de 2019 el diario tenía tres mil visitas en línea por segundo. De eso, saltaron a “entre 7 mil y 8 mil visitas por segundo. Cada vez que llegábamos a ese número, se nos caía el diario” y comenzaron a funcionar por las redes sociales del diario.
Así como LVDM y El Mostrador, medios digitales consolidados y recientes, proyectos de fact-checking y medios comunitarios o locales experimentaron un relativo crecimiento de sus audiencias, conocimiento de sus marcas y, en algunos casos, aumentaron relativamente sus bases de apoyo financiero a consecuencia de su cobertura informativa de la revuelta social y la pandemia en Chile. El Centro de Investigaciones Periodísticas, CIPER, es un medio nativo digital creado en 2007 y su trabajo ha generado impacto en la agenda pública y ha sido premiado nacional e internacionalmente. Al igual que otros proyectos similares en el continente y en Chile, han navegado los desafíos de un modelo de negocios que no acaba de cuajar y que incluye donaciones de fundaciones internacionales y capitales semillas.
En sus intentos de diversificar sus fuentes de financiamiento, a mediados de 2019 reforzó su estrategia de captar socios que donen al Centro. De poco más de 100 socios cuando comenzaron la campaña, en febrero de 2020 ya tenían más de mil y, en octubre de 2020, 3.200 y sus aportes constituyen más de la mitad del financiamiento del Centro. Según Claudia Urquieta, editora de Comunidad +CIPER, el enfoque editorial del Centro en su cobertura a la revuelta social y luego a la pandemia ha tenido un impacto. Lo que reportean es más eficiente para atraer nuevos socios que cualquier campaña: “Cada vez que publicamos algo que remece, que nadie está cubriendo, llegan muchos socios”, dice Urquieta.
Por ejemplo, en medio de la revuelta, publicaron reportajes sobre manifestantes lesionados producto de la represión, el incremento de las atenciones de heridos graves en los hospitales y el incremento de las compras de armamento disuasivo. “Ahí —asegura Urquieta— hubo una explosión de nuevos socios”. Un enfoque editorial crítico y fiscalizador a las autoridades en el manejo de la pandemia durante 2020 también ha rendido frutos. Urquieta asegura que luego de publicar un reportaje denunciando que el gobierno chileno informaba a la Organización Mundial de la Salud un número de fallecidos por covid-19 distinto al que informaba públicamente, “en una semana recibimos 600 socios nuevos”.
Interferencia es otro medio nativo digital pero que lleva menos tiempo circulando en comparación con Ciper y El Mostrador. Ha desarrollado un modelo de negocios basado en paywall. Según Andrés Almeida, editor general y director de desarrollo, el medio ha crecido en circulación, seguidores y, en menor medida, en suscriptores debido a su cobertura de la revuelta social y la pandemia. Algunos golpes noticiosos contribuyeron a captar la atención de nuevas audiencias y posibles suscriptores, como la historia sobre la negativa de las Fuerzas Armadas al Gobierno de volver a las calles (“creo que es la más visitada en la historia de Interferencia”, asegura Almeida) y los seguimientos de la policía a dirigentes sociales, periodistas y fotógrafos. Entre octubre de 2019 y marzo de 2020, Almeida afirma que Interferencia duplicó sus suscriptores y, luego, han experimentado un nuevo boom a propósito de la pandemia, aunque no al ritmo post-revuelta.
El medio nativo digital La Pública es mucho más joven en comparación a los mencionados anteriormente (publicó su primer reportaje en agosto de 2020). Su estrategia de reporteo basada en un uso intensivo de la ley de acceso a la información pública ha rendido frutos en su cobertura a la revuelta social y a la pandemia en cuanto a aumentar su tráfico digital. En octubre de 2020, a un año del inicio de las movilizaciones, publicaron un reportaje que por primera vez mostraba las imágenes captadas por las cámaras GoPro de los policías. A los pocos días, una nota emitida por uno de los noticiarios centrales de la televisión abierta amplificó el impacto del material y contribuyó a que La Pública fuera más conocida. Según una de sus fundadoras, Catalina Gaete, “crecimos mucho en todas las redes”. En Instagram, dice, “el reportaje visual sobre las cámaras corporales y el trailer, sin promoción mediante, tuvo 20.000 reproducciones. Twitter creció explosivamente con la emisión del reportaje en Chilevisión. Partimos con 140 seguidores y llegamos hoy a más de 3 mil. Nos retuitearon twitteros influyentes y figuras públicas, y con eso también subimos”.
Marcela Yianatos Gómez, productora ejecutiva de la Asociación de Canales Regionales de Televisión (ARCATEL), que agrupa a 21 canales repartidos en todo Chile, reconoce que el impacto de la revuelta y la pandemia en sus asociados fue devastador, obligando a recortar costos y planilla. Sin embargo, advierten cierto crecimiento que se traduce en que once canales regionales están disponibles a través de la app de Movistar y algunos canales han incrementado sus audiencias, como ITV Patagonia de Punta Arenas, crecimiento que ocurrió a la par de la segunda ola de contagios en esa región. Y en redes sociales también registran más seguidores y más feedback de las audiencias locales.
Radio Juan Gómez Millas, en tanto, un medio multiplataforma de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, vio incrementado su tráfico y número de usuarios únicos que acceden a su página web. A septiembre de 2020, Radio JGM registraba casi tantos visitantes únicos como los que captó durante todo el 2019. Durante el mes que siguió al inicio de las movilizaciones sociales, registró un alza en el número de visitas con respecto a los meses anteriores. Desde el 18 de octubre, no sin dificultades dado el tamaño del medio y su función docente, dieron cobertura a la revuelta desde el corazón de ésta, trasladando su locutorio al centro de Santiago y dando micrófono a voces de distintos lugares del país.
Con varios altibajos y demostrando un campo en desarrollo, las iniciativas de fact-checking parecen haber experimentado una relativa explosión durante y después de la revuelta y durante la cobertura de la pandemia por el covid-19. Para diciembre de 2019, un reporte sobre el fenómeno en Chile registraba 17 centros o unidades de fact-checking con dependencia diversa (independientes, universitarias o de medios tradicionales). Sin embargo, para abril de 2020, solo siete continuaban activos pero para octubre de 2020, el académico de la Universidad Católica, Enrique Núñez-Mussa, registraba 19 centros o unidades fact-checking de sustentabilidad y regularidad variable. Algunos proyectos, incluso, cuentan con voluntarios y no con profesionales. En el caso de las iniciativas independientes, la escasez de financiamiento es aún un obstáculo crítico. Otras surgen en cursos de periodismo y se extinguen cuando finalizan. Aun así, la comunidad de verificadores mantiene sus esfuerzos por fortalecerse y a principios de 2021 fundaron la Asociación de Verificadores y Verificadoras de Chile.
Según Leon Willner, periodista alemán que dedicó su tesis de maestría a las experiencias de chequeos de datosen Chile, la revuelta de octubre de 2019 catalizó explosivamente la tendencia en nuestro país, un proceso que tomó varios años a nivel mundial, pero que su proyección y sustentabilidad es aún incierta. A eso, se suma el carácter de las iniciativas que, en general, se orientan a verificar contenidos que circulan y se viralizan en redes sociales en vez de confirmar si las afirmaciones de los personajes públicos son ciertas o no, que está en el corazón de esta práctica globalmente.
La revisión de las experiencias acá discutidas no es exhaustiva y representa apenas una fotografía del campo periodístico y mediático chileno que se encuentra en una reorganización radical. Sin embargo, ilustran la demanda de información de calidad o diversa o con la que las audiencias se sienten representadas. El aumento de tráfico en redes sociales y visitas a los sitios web de esta esfera digital alternativa no se traduce aún, macizamente, en incrementos sostenidos y sustantivos de socios, donaciones o inversiones a los medios acá presentados y habrá que ver si las tendencias registradas durante la revuelta y la pandemia se sostienen en el tiempo. “Las métricas aumentaron con lo del estallido y la pandemia, por la necesidad de información de la gente, pero eso no necesariamente significa que hayan crecido los medios. Ha sido bien complicado el financiamiento: el estallido y la pandemia produjeron una notoria baja en la publicidad comercial, la que no necesariamente pudo ser compensada por otras vías de financiamiento”, explica el director y fundador de El Mostrador, Federico Joannon. Para Felipe Heusser, de Súbela, entrevistado en Mediápolis, las estrategias colaborativas, los modelos de financiamiento y de relaciones con las audiencias están en exploración, incluyendo el rol del periodismo en estas interconexiones.
Mientras, las plataformas digitales de los medios tradicionales siguen siendo los más relevantes en el consumo de las audiencias locales: Biobiochile.cl, Emol.com, Lun.com y Latercera.com se encuentran entre los 50 top sites en Chile, según el reporte de Alexa. Sebastián Rivas, editor general de audiencias de Copesa, señala que “en marzo de 2020 se decidió liberar del muro de pago todos los temas vinculados a la cobertura del covid-19”. Era un riesgo, precisa, pues los temas relacionados al virus llegaron a copar entre el 80% y el 90% de lo publicado. Por el contrario, asegura Rivas, las suscripciones aumentaron y la invitación a suscribirse incluida en cada artículo sobre el virus se cuenta “entre los tres mayores derivadores de suscripción”. Andrés Benítez, gerente general de Copesa, en tanto, aseguró en una presentación en ICARE, que más del 70% de su tráfico es vía móvil. Por lo tanto, apuestan a repensar los géneros, las plataformas y la relación, en general, con las audiencias: “Cerca del 50% de nuestro tráfico —dice Benítez— llega de redes sociales, un 20% llega vía emails; newsletters. Uno usa distintos instrumentos para llegar a las distintas audiencias que buscan y se acomodan a distintas formas”. Radio Bío-Bío, en tanto, en el mismo panel de ICARE, reconoce un incremento en su tráfico post-revuelta, una caída por fatiga informativa en diciembre de 2019 y un repunte debido a la cobertura de la pandemia.
El carácter de esta esfera mediática es diverso y está en disputa. Juan Enrique Ortega, coordinador de la Radio JGM, tiene una trayectoria en las prácticas comunicacionales comunitarias, populares o alternativas. Advierte más tráfico, más visibilización y un incremento del número de medios alternativos en todo Chile pero, notablemente, asociados a estrategias comunicacionales de los movimientos sociales. “Se crean plataformas, aunque después no sobreviven”, dice. Algo similar ocurrió en 2011 a consecuencia de las masivas movilizaciones estudiantiles de ese año, afirma Ortega. Y agrega: “se mezclan discursividades políticas con lo comunicacional, hay redes, contrainformación”, aunque no necesariamente medios o periodismo. Habrá que ver cómo estos síntomas evolucionan, qué se consolida y qué resulta ser, más bien, efímero.
Fue la primera mujer presidenta del Colegio de Periodistas, pero la titulada de la Universidad Católica y magíster en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos por la Universidad Alberto Hurtado no se arruga para criticar el trabajo mediático cuando lo considera necesario. Académica del Instituto de la Comunicación e Imagen de la U. de Chile y coordinadora de su Programa de Libertad de Expresión y Ciudadanía, Javiera Olivares saca al pizarrón al periodismo nacional en un año clave para la información y la conversación pública.
Por Jennifer Abate C.
El último año y medio ha significado enormes desafíos para la cobertura mediática y para el periodismo nacional. Primero, la revuelta social de octubre de 2019 y la forma de retratar las protestas y las violaciones a los derechos humanos llevaron al país a criticar sin anestesia las rutinas de los medios de comunicación; luego, en medio de la titánica labor de investigar y mostrar la realidad en medio de una pandemia, el periodismo tuvo que tomar una decisión crucial: criticar o incluso desmentir a las autoridades por el manejo de una crisis sanitaria que hasta la fecha reporta más de veinte mil víctimas en Chile. Algunos lo hicieron y otros decidieron guardar silencio, pero hoy pocos dudarían del enorme valor que en tiempos de crisis adquiere el periodismo riguroso y con vocación pública. Tanto, que muchas voces afirman que el derecho a la comunicación debería ser asegurado en la nueva Constitución.
En este contexto, en diciembre pasado, el Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile conmemoró cuatro décadas del Informe Mac Bride, elaborado por UNESCO y publicado en 1980, que marcó un punto de inflexión en la discusión sobre la relevancia de la comunicación y demandó un nuevo rol de los medios a nivel global. El documento, cuyo nombre oficial fue Voces múltiples, un solo mundo, llamaba a las empresas mediáticas y a las democracias a centrarse en el fomento del desarrollo de los países más desfavorecidos y denunciaba la enorme asimetría en términos de acceso a la comunicación entre estos y los más poderosos.
—¿Por qué consideraron relevante conmemorar la fecha de entrega del Informe Mac Bride?
La particularidad que tiene este informe es que marca un punto de inflexión, porque por primera vez, junto a Mac Bride, decenas de intelectuales del mundo, entre ellos Gabriel García Márquez, connotados escritores, periodistas, especialistas en estas materias, recorren el mundo y lo analizan desde la perspectiva del centro y la periferia, es decir, los países desarrollados, ricos, y los que en ese momento se denominaban subdesarrollados. ¿Qué estaba pasando en el ámbito del derecho a la comunicación, la libre expresión, el acceso a la información de interés público, la transparencia, los flujos informativos? Descubren que el mundo era muy asimétrico en términos de acceso a comunicaciones relevantes, de flujos de ida y vuelta, de poder comunicar y ser escuchados. Mientras los países poderosos tenían acceso a grandes tecnologías, información de primera fuente, primera mano, los continentes periféricos como África, América Latina, algunos sitios de Asia, accedían a antenas repetidoras o a oficinas de prensa y comunicación que tenían sede en estos países poderosos, y no tenían muchas veces capacidad de captar, masificar y comunicar sus propias realidades locales. Existía una especie de hegemonía comunicacional que el Informe Mac Bride no sólo evidencia, sino que además propone políticas estatales a las democracias del mundo para que combatan esta asimetría. ¿Qué pasó? Fue un punto de inflexión tan profundo e importante, y afectó tanto a los poderes más relevantes del mundo, que fue silenciado y se transformó en una especie de tabú no sólo para la UNESCO, sino que para los países más poderosos del mundo, que amenazaron con salirse de UNESCO y quitarle sus recursos.
—Hoy también existen múltiples iniciativas que piden más democracia y pluralismo de los medios de comunicación. ¿Crees que en este contexto político global hay posibilidad de desarrollar una iniciativa de las características que tuvo el informe Mac Bride?
Yo esperaría que sí. Es necesaria la conciencia de los pueblos de que tienen un derecho que exigir, el derecho a la comunicación. Hay otros que hablan de libertad de expresión, libertad de prensa, acceso a la información; para mí, el paraguas más amplio es el derecho a la comunicación y, de alguna manera, el Informe Mac Bride lo planteaba desde ese lugar, desde una perspectiva garantista, como un derecho más que como una libertad. La libertad también es parte de ese gran derecho que es un imperativo de los Estados garantizar.
—El Bloque por el Derecho a la Comunicación —del que son parte la Radio Universidad de Chile y el ICEI, entre otros muchos medios que desde siempre han defendido estos valores— ha exigido que este derecho sea asegurado en la nueva Constitución. ¿Por qué, a tu juicio, es relevante esta incorporación?
Lo que se entiende por libertad de prensa es la libertad que tienes tú o yo para decir lo que pensamos y no arriesgar ser perseguidas, amenazadas o asesinadas por eso. Ahora, esa libertad de expresarnos, ¿es suficiente? ¿Se garantizan todos nuestros derechos asociados al ejercicio de la comunicación en tanto personas sociales que se comunican día a día? Desde mi punto de vista, no es suficiente; es importante, un piso mínimo, es necesario, pero no basta para plantear que tenemos todos nuestros derechos asociados a la comunicación garantizados. No basta con que yo pueda decir lo que pienso, sino que, colectivamente, los pueblos también deben tener esa libertad. Hay un desplazamiento interesante que pasa de un liberalismo puro a una cuestión más amplia, más garantista, una perspectiva más colectiva. Las personas, en tanto pueblo de un país, tenemos derecho a comunicar, tener información de ida y vuelta, no sólo a recibir información pública importante, sino que también a entregarla, porque nuestras informaciones como pueblo también son relevantes, porque tenemos derecho a hacerlas masivas, a tener vocación de masividad. Ese derecho podría ser interesante en los medios comunicación, tener derecho a comunicar ampliamente; que nuestras opiniones no sean silenciadas también es parte e integra este gran derecho a la comunicación.
—Durante la última campaña presidencial se habló mucho de la necesidad de una Ley de Medios para Chile. ¿Por qué es relevante una legislación de ese tipo?
Es primordial establecer, con rango constitucional, el derecho a la comunicación como derecho humano que debe ser garantizado para todos y todas, pero para garantizarlo, fiscalizarlo y concretarlo, requerimos de leyes, que van a ser las grandes bajadas de los principios constitucionales que se aprueben, esperemos, en una Constitución de verdad democrática en los próximos dos años. En el ámbito de la comunicación, es necesario hacer muchos cambios a legislaciones y normas para garantizar el derecho a la comunicación, el ejercicio del periodismo sano, la pluralidad y diversidad de voces representadas a través de medios de comunicación. Eso se puede llamar Ley de Medios, Ley de Servicios de Comunicación, Nueva Norma de Comunicación y Ejercicio del Periodismo, la verdad es que a mí el nombre me importa poco. Hasta el día de hoy tenemos medios de comunicación que hablan [en el caso del ataque de Carabineros a niños del Sename] de “niños accidentados”, de “una persona que cayó al Mapocho”. Son cosas tan burdas y tan evidentes que requieren de nuevas normativas que permitan garantizar que haya más diversidad de voces por un lado y que se sostenga una cultura de la ética en el ejercicio periodístico por el otro, y que, de verdad, las incitaciones al odio, discriminaciones gratuitas, contenidos sexistas sean erradicados o comiencen a ser erradicados.
Periodismo en tiempos de crisis
—Desde el 18 de octubre de 2019 hemos presenciado la demanda ciudadana por mejor periodismo, más pluralismo, una crítica descarnada a las y los periodistas. Tú fuiste presidenta del Colegio de Periodistas. ¿Cuál es el análisis que haces del ejercicio de la profesión hoy en Chile, tanto desde las y los colegas como desde los medios de comunicación?
Si bien fui presidenta del Colegio de Periodistas, que fue una labor hermosa y donde aprendí mucho y conocí experiencias periodísticas preciosas, que son las menos visibles a ojos masivos, debo reconocer que no me surge ningún sentimiento gremial cuando veo las críticas, porque también las tengo, porque también soy muy crítica y autocrítica. Hace varios años que no hago periodismo de trinchera, más bien escribo, estoy desde la academia, desde mi trabajo como profesora e investigadora, pero tengo muchas críticas, aunque esas críticas no son única y exclusiva responsabilidad de las y los periodistas y trabajadores de las comunicaciones, eso lo tengo claro. Yo creo que hay más bien una cuestión sistemática que tiene distintas aristas, una es, sin duda, el ejercicio ético de la profesión, que muchas veces no tienen las y los periodistas y las y los trabajadores de las comunicaciones. Creo hay una cultura de la ética que tiene que emanar del propio gremio, pero también del sistema completo, y por eso creo que es una cuestión sistemática. Estamos en un país donde tenemos fundamentalmente medios privados, muy concentrados en pocas manos, es decir, tenemos una alta concentración de la propiedad mediática en manos que tienden a tener una opinión, una versión, una interpretación de la realidad, una posición política, y además están emparentados con los otros poderes fácticos.
—Como periodista, pero también habiendo asumido cargos como dirigenta social, ¿cuáles son tus expectativas frente al proceso constitucional que se abre?
Tengo, como todos y todas, ciertas preocupaciones por cosas que se han discutido, a mi juicio, muy, muy equivocadamente en los últimos meses. La dificultad para tener escaños reservados para los pueblos originarios me parece gravísima, me parece que es una bomba de tiempo, de alguna manera; tengo temor respecto de los dos tercios para definir ciertas diferencias que se puedan dar al interior del debate constituyente; mi temor es que haya una minoría que, como conocemos históricamente en este largo proceso de transición chileno que a mi juicio todavía no termina cien por ciento, permita amplificar los deseos de las minorías por sobre el de las mayorías a la hora de determinar leyes. Pero mi mayor expectativa es que esta lucha del debate constituyente, la presión en la calle, el debate propio interno dentro de la convención constitucional, nos lleven a horadar, a quitarle un poco de tajadas de poder a este modelo social, cultural, político, económico que se llama neoliberalismo y que yo no comparto porque me parece que es verdaderamente brutal, dañino, grave y monstruoso contra las personas.
