Aunque su domicilio actual es Nueva York, EE.UU., la periodista e investigadora ha dedicado estos meses a analizar y recoger datos sobre la pandemia en Chile, dejando en evidencia una serie de inconsistencias en las cifras oficiales de fallecidos y contagiados, lo que junto a otros factores influyó en la salida del ministro Jaime Mañalich. Alejandra Matus es periodista de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Máster en Administración Pública de la Escuela de Gobierno Harvard Kennedy de la Universidad de Harvard. Es autora y coautora de varios libros, entre ellos Crimen con castigo, El libro negro de la justicia chilena —que fue censurado en 1999—, Doña Lucía y Mitos y verdades de las AFP. En esta entrevista, Matus aborda detalles sobre su investigación durante la pandemia y el rol del periodismo en este tipo de contextos.

Por Jennifer Abate

—Vives en Brooklyn, EE.UU., y no trabajas hoy en un medio de comunicación, sin embargo, fuiste quien realizó una de las revelaciones claves sobre la pandemia: en nuestro país no era exacto el número de fallecidos. ¿Qué te llevó a emprender esa investigación?

Desde enero me atrajo el tema desde el punto de vista periodístico. Me parecía que había una contradicción entre los deseos y expectativas de los gobiernos, que esperaban que la pandemia se quedara solamente en China, y lo que advertían los expertos, los epidemiólogos, las revistas de difusión científica. Entonces, desde el punto de vista profesional y también por obsesiones propias, fui siguiendo las noticias, y leyendo y aprendiendo distintos aspectos de la pandemia. Como soy chilena, por supuesto me preocupaba cómo iba a desembarcar el virus en Chile, sobre todo considerando que el país venía de un periodo bastante crítico, el estallido social de octubre, y con autoridades con una muy baja credibilidad. Pensaba que el tema de la confianza iba a ser un problema para que las personas adhirieran a las cuarentenas y por eso escribí una columna en marzo, señalando ese problema. 

Una de las primeras cosas que publiqué en Twitter (@alejandramatus) fue precisamente sobre los estudios que hablan de cómo la pandemia afecta más a los pobres y son más graves sus consecuencias cuanto más desiguales son las sociedades. El exceso de mortalidad ya era un tema en marzo, es un indicador que tomaron los primeros diarios, no los inventaron ellos, son indicadores creados por los centros de control infeccioso tanto en Estados Unidos como en Europa y, básicamente, miden cuántas personas fallecen por sobre lo esperado en el periodo de la pandemia.

—¿Por qué este indicador es más preciso?

Es considerado un indicador más preciso del impacto directo e indirecto de la pandemia que las contabilidades propias de los gobiernos, las que están determinadas por factores políticos, de acceso a testeos, de masividad de los testeos, de foco de los testeos, de capacidad, por ejemplo, de contar a los fallecidos en sus casas. Esto no se puede hacer en países que no tienen un sistema centralizado de registro de fallecidos, lo que Chile afortunadamente tiene, pero hasta en los países más robustos en su tratamiento de la pandemia y con más recursos, también se producen deltas, porque es muy difícil capturar los casos en medio de una crisis que está en desarrollo. 

Normalmente, la actitud de los gobiernos democráticos que han visto este indicador ha sido reconocer que hay un reporte inintencional, muchas veces tratar de tomar medidas para corregir este subreporte y, sobre todo, hacerse cargo de ese número para tomar medidas políticas en el momento en que se conoce la información.

—¿Por qué crees que en nuestro país nadie tuvo la inquietud de hacer estos cruces? 

No puedo saber por qué otra gente no lo hizo, no es un método que yo inventé, no es algo que estaba escondido y que encontré registrando en un paper escondido en una biblioteca, sino que era un tracker que se iba actualizando y mostraban otros países. Al principio, cuando el Instituto de Salud Pública (ISP) era el primer laboratorio, llamaba la atención que el crecimiento de la infección fuera lineal, o sea, todos los días había un máximo de casos reportados y daba la impresión de que más que mostrar el avance de la epidemia, lo que se estaba mostrando era la capacidad máxima de testeo y no sólo de testeo, sino la capacidad máxima de procesar ese test y sacar un resultado, que además tenía un retraso. Ya en ese minuto, el ISP tenía un retraso de cinco a siete días, por lo que la foto que se estaba mostrando el 10 de marzo podía ser la foto de dos o tres días atrás. Parecía que Chile era un país excepcional, donde, por alguna razón mágica, la epidemia avanzaba lentamente y había pocos fallecidos. La primera muerte se registra el 21 de marzo y a finales de ese mes sólo se habían registrado 16 fallecidos. Eso generaba dudas sobre los datos, dudas razonables si pensamos que se trata de un país que no tenía otras políticas especiales, extraordinarias, y que más bien no había adoptado ninguna de las políticas que en otros países habían servido para contener o aminorar la velocidad de contagio.

Cuando salió la respuesta del gobierno, que dijo que el Registro Civil no era la fuente, pasaron por alto otros dos datos que yo entregué en esa fecha. No sólo había un número mayor de muertes en marzo de 2020 comparado con el mes de marzo de años anteriores, sino que también estaban fuertemente cargadas hacia las edades superiores a los 50 años en una distribución significativamente inusual comparada con los cinco años anteriores. Luego estaba la distribución por regiones. En marzo, si bien a nivel nacional había un 11% de diferencia en exceso de muertes, hay algunas regiones donde esa diferencia era mucho mayor, como Valparaíso, Biobío, Magallanes. 

«Está pasando en los hospitales: la gente vive no solamente estresada por el control de la pandemia, sino también por la amenaza de sumario, de si se llega a saber que se dijo algo que el gobierno estima inconveniente. Eso destila un espíritu autoritario que no se condice con un Estado democrático».

—Crees que había un interés creado detrás de este “ocultamiento” de información por parte del gobierno o más bien faltó rigurosidad para atender a la relevancia del exceso de muertes reportado por el Registro Civil?

No sé cuáles son las intenciones, porque no las puedo reportear. Cuando uno reportea los propósitos políticos de algo, tiene que buscar evidencias, un memorándum, una entrevista en que alguien diga “mira, vino alguien y nos ordenó hacer tal cosa”. No tengo acceso a esa información, por lo tanto, no voy a hablar de cuáles pudieron ser o no las intenciones. Lo que sí puedo analizar son las declaraciones públicas antes y después. Las declaraciones públicas de ese minuto hacían énfasis en que Chile era el país con más testeos, con una capacidad única y excepcional para atender la crisis; que Chile contaba más allá de lo que se recomendaba; que Chile tenía la más baja letalidad gracias a estas políticas de cuarentenas dinámicas y que las medidas de seguimiento y trazabilidad le permitían a Chile tener mayor flexibilidad en su política, y que sobre la base de esa construcción, de esos argumentos, se descartaba completamente lo que yo había publicado. El ministro incluso me atribuyó, sin mencionarme y de manera indirecta, intenciones espurias para que el gobierno fracasara. ¿Por qué lo hizo? No lo sé, pero sí sé que tuvo la oportunidad de ver esos datos. Así como vio los datos del número de fallecidos, también podría haber visto esa información a la que no se refirió nunca, en ninguna de sus declaraciones, y tampoco se refirieron, hay que decirlo, otras personas que también analizaron los datos y que dijeron que no eran significativos, que el método estaba malo, que yo no sabía sumar.

—Si bien hubo muchas voces que agradecieron lo que estabas haciendo, hubo quienes te criticaron por cuestionar la verdad oficial en un momento en que debía primar la idea de la “unidad nacional”. Periodistas te trataron de alarmista e irresponsable. ¿Cómo enfrentaste en ese momento esos comentarios y a qué crees que se deben estas reacciones?

Bueno, la reacción emotiva de la gente la comprendo, porque es un shock, y cuando uno tiene que adaptarse a malas noticias, la reacción emocional es dispararle al mensajero, eso es histórico, sobre todo si es la autoridad la que estimula esa idea. Hay personas que se sienten representadas por el discurso de que es el momento de la unidad y no de la discordia, y así lo manifiestan. Lo de irresponsable y alarmista me pareció injustificado y me pareció también temerario de parte de los colegas que hicieron esos juicios sin siquiera haberme mandado un mensaje directo para preguntarme, reportear un poquito antes de tirar esas piedras. Nunca ha sido mi intención publicar esta información para criticar el reporteo de otro, no tiene por objetivo compararme con otros, solamente aportar información que me parece relevante. Puede que se hayan sentido, de alguna manera, interpelados, que cuestionaran, por ejemplo, que yo tuviera estos datos y ellos no, y una manera rápida de salir de eso fue decir “ella fue irresponsable, ella publicó información que no estaba lo suficientemente verificada, no como nosotros, que somos responsables y lo estamos haciendo bien en resguardo de la salud pública”.

—Las cifras de contagio y fallecidos en Chile son desastrosas. Esta semana se dio a conocer el tercer informe del Monitoreo Nacional de Síntomas y Prácticas Covid-19 en Chile, realizado por la U. de Chile y el Colegio Médico, que señala que el plan de “retorno seguro” propuesto por el gobierno redujo el efecto de la cuarentena en un 78%. Sin embargo, la autoridad ha tendido a culpar a una población que no respeta las medidas de cuarentena. ¿De quién es la responsabilidad que hoy nos tiene entre los países con el peor manejo de la pandemia?

Desde el 11 de junio, Chile es el país con el mayor número de contagios por millón de habitantes y eso se refiere sólo a las cifras oficiales, y con el mayor número de fallecidos por millón de habitantes. Por supuesto que hay una responsabilidad de cada persona de cuidarse y tomar las medidas posibles. Eso parte del supuesto de que la gente puede hacerlo, que los jefes no te van a obligar a ir a trabajar y que tienes condiciones habitacionales adecuadas y una educación suficiente que te permite entender que cuando el gobierno está hablando de “retorno seguro” tienes que tomarlo con distancia y tienes que buscar tu propia información y medidas de resguardo, más allá de lo que la autoridad sugiere. 

Uno le podría reprochar a esos ciudadanos que tienen un mayor nivel de ingresos y un mayor nivel educacional (que además son una minoría en el país), que a pesar de saber lo que saben, a pesar de tener las condiciones que tienen y tener los ingresos que tienen, deciden salir, deciden tomar actitudes riesgosas. Para el resto de la población, la responsabilidad es fundamentalmente del Estado y del gobierno, que en el fondo es el administrador del gobierno con el mandato de la gente que lo elige. Uno también pierde de vista que el gobierno es un servidor público, que el gobierno está al servicio de los intereses comunes de todos y, en ese sentido, la primera responsabilidad y la única responsabilidad exigible es la responsabilidad política. No es gente malvada que se quiere enfermar, algo pasa, hay un desajuste entre lo que estoy diciendo y el comportamiento que espero. Es la autoridad la responsable de ajustar su discurso. Si aún después de un discurso que pone los riesgos sobre la mesa y que toma todas las medidas para que la gente se quede en su casa, no se logra rebajar el 60% de la movilidad, entonces el gobierno puede acudir a la labor coercitiva del Estado, controles policiales, vigilancia, etc. Pero, en general, me parece que es una salida política fácil culpar a la gente de los comportamientos si es que yo, como autoridad, no he hecho lo suficiente para lograr ese comportamiento deseado.

—En Chile podemos llegar a tener tres cadenas nacionales al día. Esto implica que gran parte de la información que recibimos proviene más de discursos oficiales y estrategias comunicacionales del gobierno que de investigación o reporteo independiente. ¿Qué opinas de esta forma de construir la información y la estrategia del gobierno de copar los espacios mediáticos?

A mí me trae malos recuerdos de Dinacos (División Comunicación Social en dictadura) y los reportes oficiales, también me parece mal que se personifiquen los reportes. Está bien que haya un vocero que entregue la información todos los días, pero ocupar esa tribuna para justificarse o para desacreditar información o para criticar a alguna persona o institución que está pidiendo que se liberen los datos, por ejemplo, me parece un uso abusivo del espacio público y antidemocrático, porque obviamente la jerarquía y la atención que logra una cadena nacional no puede compararse con lo que logra un centro de estudios que saca un reporte. El gobierno, en vez de decir “vamos a recoger esto, vamos a estudiarlo, analizarlo, a invitarlos a conversar con nosotros”, le tira ollas con agua hirviendo a quienes disienten, eso provoca un efecto inhibidor a la libertad de expresión. Si le tiro agua hirviendo a Eduardo Engel (de Espacio Público), qué le queda a Juan Pérez, qué le queda a una persona que siente que tiene algo que decir pero que va a ser acusada de estar contra el espíritu nacional. Eso es lo que está pasando en los hospitales, la gente vive no solamente estresada por el control de la pandemia, sino también por la amenaza de sumario, de si se llega a saber que se dijo algo que el gobierno estime inconveniente. Eso destila un espíritu autoritario que no se condice con un Estado democrático.

—¿Cómo evalúas la situación de Chile en materias de libertad de expresión?

Me parece alarmante, no solamente respecto de la manera en que desde posiciones de autoridad se desacreditan los discursos indeseados, sino porque también hay un retroceso en el acceso a datos públicos. La Ley de Transparencia ha funcionado muy mal en el periodo de la pandemia y me parece que la justificación que dan distintas instituciones, que señalan que la pandemia hace más difícil el trabajo de los funcionarios que tienen que recopilar y entregar esa información, no es suficiente, no calza, y te voy a poner un ejemplo. El ISP me pidió 100 días hábiles para la entrega de datos, o sea, en octubre tendría que darme información que está desde abril, información que está en computadores, información que el gobierno controla y conoce. No es información que tienen que ir a buscar a un sótano, una bodega, un archivo judicial escrito a mano; no, es información que está en archivos computacionales y que los funcionarios, dependiendo de la complejidad que se pida, podrían resolver en una o dos horas. Y si no está computada, si no está en línea o si la respuesta es que la información no está organizada, deberían decir que los datos no están organizados computacionalmente, lo que quiere decir que el gobierno, al referirse a esa información, está hablando de datos que no son confiables.

Creo que la fortaleza y la precisión de datos en Chile es un tema. Roberto Méndez (académico y analista de datos) lo había puesto en el debate antes de que pasara todo esto. En Chile, todos los chilenos tienen RUT, por lo que —es escalofriante si uno lo piensa desde el derecho a la privacidad— todo está en línea, casi que con tu celular pueden saber si estás vivo o estás muerto. Ayer me respondieron una petición que hice en Fiscalía, pedí las autopsias abreviadas para saber cuántos casos de Covid-19 habían detectado en el ejercicio de las funciones de la Fiscalía y la respuesta fue que no me van a entregar la información por un tema de resguardo de la privacidad. Eso es tan absurdo, porque en Chile la muerte es un hecho público, casi en todos los países la muerte es un hecho público, tú puedes sacar el certificado de defunción de cualquier persona por esa misma razón, no tienes que ser ni siquiera familiar directo. De hecho, hoy, con tu dirección, tu RUT, o basta con que yo sepa tu nombre y dos apellidos, puedo encontrar lo que está publicado en el Servicio de Registro Civil, entonces, ¿vamos a respetar la privacidad o no la vamos a respetar? Se usa la privacidad para negar datos, pero la privacidad deja de existir para otras cosas. Me parece que todo eso es un tema largo y complejo y que probablemente va a requerir investigaciones académicas de todo tipo.

—¿Cuál es tu visión en general del periodismo que se hace hoy en Chile?

Creo que la gente identifica el periodismo con la tele, porque además es el medio preferido para informarse y puede haber muchos periodistas haciendo un excelente trabajo en medios alternativos, escritos, pero la gente no los ve, no los identifica. Sí le reprocha el trabajo periodístico a la televisión y yo creo que ahí hay un lamento justo, en el sentido de que la televisión, como representante de los grandes medios de comunicación, tiene los recursos suficientes para hacer un buen trabajo de periodismo informativo, que me parece que es la demanda del momento. No necesitas ser periodista de investigación para contrastar los datos del gobierno; no necesitas ser periodista de investigación para hacer una petición por transparencia; no necesitas ser un periodista de investigación para ir a los hospitales y preguntar a los deudos; para ir a los cementerios; para buscar información colateral y con métodos periodísticos que te permitan demostrar o averiguar si lo que dice el gobierno en sus cadenas nacionales se condice con la realidad. 

Más que de los periodistas, la responsabilidad es de los jefes de prensa, que autorizan o no autorizan las pautas. Estoy segura de que estas pautas han estado, estoy segura de que hay periodistas que han levantado estos temas y al final es la decisión del editor ordenar una pauta y, últimamente, difundirla; bien puede que las pautas se hayan hecho, que el editor las haya ordenado y que no salieran al aire. En esa cadena de responsabilidades, me parece que mientras más alto el cargo, más alta es la responsabilidad, uno no le puede cargar la mata a los periodistas porque no sabemos si lo han intentado, y yo me atrevería a asegurar que sí lo han intentado.

También hay que recordar que los canales de televisión abierta en Chile están explotando una señal que es pública, es el Estado el que les permite usar esa señal y, por lo tanto, lo mínimo es tener un departamento de prensa autónomo, independiente, que se rija por las reglas del periodismo y que no esté dependiendo del vaivén de los intereses del dueño de turno, porque las personas que hoy explotan esas señales no son dueños, son solamente concesionarios. Espero que en algún momento alguien ponga esto de relieve. 

—Para ti, ¿cuáles son las principales diferencias entre hacer periodismo hoy en Chile y a finales de los noventa y comienzos de los 2000?

Bueno, hay muchos, muchos cambios. La década de los noventa también fue difícil para el periodismo porque estábamos en la llamada transición a la democracia, que nunca terminaba, y había pactos de los cuales formaban parte los medios. Si bien tenían líneas editoriales y posturas editoriales distintas, los pactos de la transición eran compartidos por casi todos, salvo algunas revistas alternativas que existían en ese tiempo, pero que no tenían alcance masivo. Se podía hablar de derechos humanos, pero no de la responsabilidad penal de Pinochet. Otro acuerdo tácito era no cuestionar el modelo económico, otro no tan tácito, sino más bien declarado, era no investigar las privatizaciones de las empresas públicas, no investigar posibles casos de corrupción del noventa hacia atrás. Había un cerco bastante amplio y delimitado y tú sabías cuándo te acercabas a ese cerco porque te llegaba el shock de electricidad. Eso se fue estrechando porque además empezaron a desaparecer los otros medios, los medios que trataban de acercarse al cerco; cerró La Época el 98, pero antes cerró Apsi, Análisis, un montón de revistas. Creo que el momento de mayor restricción editorial duró desde 1998 a 2004, antes de que empezaran a surgir otros medios como The Clinic y que aparecieran medios digitales. Pero si bien hoy tenemos mayor diversidad editorial, seguimos teniendo déficit de periodismo. El periodismo es caro, es más barato tener gente que opine que armar un departamento de prensa, pero es más útil un departamento de prensa que mucha gente opinando. Está bien la opinión, cumple un rol, pero ya tenemos opinantes suficientes. 

Extracto de la entrevista realizada el 12 de junio de 2020 en el programa radial Palabra Pública de Radio Universidad de Chile, 102.5.