El poder contra los periodistas: un cortocircuito en la máquina de la democracia

Destempladas declaraciones contra periodistas desde los pináculos del poder. Telefonazos presidenciales a medios de comunicación que osan hacer su trabajo. Acoso a periodistas en las calles y las redes sociales. Las relaciones entre poder y periodismo están al rojo vivo en Chile, pero también en el mundo. Aquí, periodistas que ejercen y piensan su profesión analizan lo que consideran un revoltijo de autoridades desesperadas por la pérdida de control, un campo mediático quebrado y periodistas en busca del norte perdido.

Por Evelyn Erlij y Francisco Figueroa

Desde el inicio de la pandemia, pocas semanas han carecido de alguna fricción de connotación pública entre periodistas y autoridades políticas. Cuando partía la redacción de este artículo, el motivo era la entrevista al exfrentista Mauricio Hernández Norambuena en el programa Mentiras Verdaderas, de La Red, que el ministro vocero de gobierno Jaime Bellolio consideró, al día siguiente de su emisión, “una franja del odio, de apología a la violencia (…), una cuestión absolutamente inaceptable”. “Vergüenza”, añadió en Twitter el presidente de la UDI, Javier Macaya, tres minutos después de que la diputada María José Hoffmann se preguntara en la misma plataforma: “¿En qué país del mundo un asesino puede dar una entrevista desde la cárcel?”, afirmó, para cerrar anunciando: “Exigiremos al CNTV la máxima sanción y respeto”.

El caso adquirió ribetes de escándalo cuando Mirko Macari, periodista y columnista de Mentiras Verdaderas, exdirector de La Nación Domingo y El Mostrador, informó que Magdalena Díaz, asesora y exjefa de gabinete del presidente Sebastián Piñera, llamó a los propietarios de La Red para quejarse por la emisión de la entrevista. “Dale RT para que estos hijitos de papá sepan que Chile cambió”, tuiteó desafiante Macari. La semana siguiente, el periodista Eduardo Fuentes, responsable original del entuerto, se sintió obligado a aclarar: “Nosotros no promovemos como programa ni como canal la violencia”.

Con el paso de los días y de otros escándalos, la polémica se recogió. Pero como se recoge la marea en una playa sucia: dejando a la vista basura, algas descompuestas y trastos indeseados. ¿Qué pasa que el periodismo saca tantas ronchas cuando lo que considera de interés público difiere de lo que define como tal el poder político? ¿Se malacostumbraron las autoridades al periodismo ejercido como otro brazo de las relaciones públicas? ¿Copia pobre del bullying trumpista a la prensa? ¿O, peor, prólogo del acoso al periodismo que sofoca a las democracias más endebles del mundo?

Razones para encender las alarmas no faltan. Cuando termina la redacción de este artículo, CIPER informa que la Fiscalía indaga el monitoreo por parte de militares a cinco periodistas que investigan sobre corrupción castrense y violaciones de derechos humanos. Nuevos “telefonazos” desde La Moneda son el comentario obligado en las redes sociales, al punto de que La Red acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las presiones del gobierno de Sebastián Piñera contra sus dueños, para “poner límites sobre lo que no puede ser tolerado en una sociedad democrática”, anunciaron en el canal. El Ejército reprocha públicamente una parodia emitida por televisión: lo secundan el Gobierno, la Fuerza Aérea y la Armada. Y los acosos a periodistas, en el entorno digital y las calles, por parte de agentes del Estado y particulares, engrosan las agendas de investigación de distintas escuelas de periodismo.

No es una realidad nueva ni en Chile ni el resto del mundo, pero en los últimos años, y en particular con el ascenso de líderes de la derecha reaccionaria, como Donald Trump en Estados Unidos o Viktor Orbán en Hungría, las arremetidas “oficiales” contra la prensa aumentaron y, en algunos casos, incluso se normalizaron. Llamar a los periodistas “enemigos del pueblo” ha pasado a ser un lugar común del discurso político en varios países, siendo Trump un exponente mundial en la materia. Steve Bannon, uno de sus principales asesores, llegó a decir que el partido de oposición para el gobierno no era el Partido Demócrata, sino la prensa, a la que acusó constantemente de difundir fake news y contra la que afirmó estar “en guerra”. Cuando los medios difundieron una imagen de su ceremonia de posesión en la que aparecía muy poco público, Trump aseguró: “los periodistas están entre los seres humanos más deshonestos”.

Trump frente a reporteros en la Casa Blanca. Crédito: The White House
Odio al periodista

“La prensa, en su tradición más liberal y en un plano filosófico, es un mecanismo de control de las desviaciones del sistema. Socavar al periodismo libre es, en sí, un ataque a la democracia”, advirtió en The New York Times el periodista argentino Diego Fonseca, quien citó allí un informe del Global Media Forum en el que se indicaba que la libertad de prensa en los Estados Unidos de Trump estaba “en un nivel de riesgo similar al de naciones autocráticas y fundamentalistas”. En esa misma línea, y en una entrevista con Palabra Pública, el periodista John Lee Anderson afirmó que el precedente que sentó el magnate estadounidense fue “nefasto en Occidente y (un) ejemplo para otros líderes represivos”, algo que también han advertido varios organismos internacionales que velan por la libertad de prensa en el mundo. En su informe anual de 2018, Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunciaba un auge en distintos países de lo que suele llamarse “odio al periodista”, expresado sobre todo hacia quienes trabajan en investigación y en cobertura de manifestaciones, como ocurrió en Chile durante el estallido social de 2019.

Según Alfonso Armada, presidente de RSF España, este odio al periodista es un hecho tan generalizado como alarmante: “Lo que pretenden Putin, Trump, y cada vez más dirigentes de la vieja Europa con pulsiones autoritarias es que haya verdades alternativas, verdades útiles a una visión política. Intoxicando, manipulando y tergiversando logran que aumente el peligro para los periodistas”, dijo, lo que a su vez fomenta un clima social contrario a la prensa, como ha ocurrido en países como Malta, Eslovaquia, Hungría, Polonia, Reino Unido o Italia, donde, por ejemplo, en 2019 el ultraderechista Matteo Salvini, exministro del Interior, llegó a justificar agresiones a reporteros en la calle. En varias entrevistas, el presidente de RSF España ha sostenido la idea de que ha habido un retroceso en la libertad de prensa en el mundo, y ha denunciado, incluso, una tendencia en países como Alemania, Francia o Reino Unido de dar más poder a los servicios secretos para investigar a la prensa con la excusa de la seguridad nacional.

Para la periodista y académica de la Universidad de Chile Claudia Lagos, Doctora en Comunicación y Medios por la University of Illinois at Urbana-Champaign, la retórica antimedios que se propaga desde el poder fomenta un clima de odio hacia la prensa, lo que podría considerarse otro mecanismo de amenaza a los reporteros en un mundo en que la información es cada vez más difícil de controlar. “Esos discursos contribuyen a que haya otros actores de la sociedad civil que se hacen eco de estos estados de ánimo crispados hacia la prensa tradicional. Hay casos paradigmáticos en el Estados Unidos de Trump, donde, por ejemplo, partidarios suyos entraron disparando a la redacción de un diario hace un par de años (al Capital Gazette, de Maryland, en 2018). Está este efecto colateral en que los discursos agresivos contra la prensa son acogidos y puestos en práctica por seguidores de estos líderes”, asegura.

Medios que no median

“No creo que haya un retroceso en la libertad de expresión, aunque bien los datos pueden desmentir mi percepción”, opina el periodista y escritor argentino Diego Fonseca, maestro de la Fundación Gabo y columnista de The New York Times. “Lo que tenemos es mayor presión de gobiernos por intentar controlar un proceso que se ha roto. El mundo como lo conocíamos, el statu quo que comprendía medios tradicionales, gobiernos y partidos como parte del ecosistema de la discusión pública, ha volado por los aires. A la prensa le ha costado interpretar esa desintermediación, y los gobiernos tienen todavía mayores dificultades porque ahora deben lidiar con voces atomizadas. La respuesta, como en casi todas las reacciones de una élite, es tratar de fortalecer el control de un universo que ya no tiene las fronteras definidas”.

Fonseca, autor de casi una decena de libros de periodismo narrativo, exeditor de Etiqueta Negra y colaborador en El País, Gatopardo, Letras Libres y otros medios hispanoamericanos, plantea, a grandes rasgos, que hay que repensarlo todo, porque todo cambió: “Si la prensa perdió el lugar como curador cuasimonopólico de la producción social de sentido en la agenda pública, los gobiernos y las élites se encuentran con que han perdido el control institucional sobre qué es la realidad política. Antes estábamos en un mundo centralizado, ahora los márgenes están en todas partes, y rotos”, advierte. Eso, a su vez, ha llevado a que, en distintos países, desde los gobiernos y otras instituciones de poder se creen nuevas formas “oficiales” de control hacia medios opositores o simplemente “incómodos”—tanto tradicionales como independientes—, con el propósito de silenciarlos o limitar su trabajo.

“Lo que han comentado distintas organizaciones de derechos humanos y libertad de prensa en los últimos años es que se mantienen los mecanismo tradicionales de amenazas, sanción, persecusión y silenciamiento a la prensa, donde los casos de Nicaragua y México son de los más relevantes. Pero agregaría también el caso de El Salvador, donde el presidente (Nayib Bukele) ha puesto en marcha otros tipos de mecanismos de control a través, por ejemplo, de ciertas leyes de impuestos”, explica Claudia Lagos. Es lo que pasó en Polonia a comienzos de 2021, cuando el gobierno del ultraconservador Andrej Duda impuso una tasa a la publicidad con la que se buscó “asfixiar” la subsistencia y la independencia de la prensa.

“Hay una sobresimplificación del rol y estatuto de los medios, en parte dado porque una buena porción de esos gobernantes o dirigentes provienen de fuera de la escuela política tradicional. Son outsiders y carecen de los mecanismos introyectados de la discusión política, que implica una danza de intercambios en el establishment, que incluye a prensa y academia”, explica Fonseca. Y agrega: “Trump hacía política por Twitter. Nayib Bukele ‘dirige’ El Salvador con sus tuits. Bolsonaro, y no solo él, tuvo grandes beneficios de los grupos de Whatsapp. Estos medios también los emplean los dirgentes de la izquierda, porque son herramientas ubicuas. El asunto es qué haces con ellos. Y muchos han decidido que pueden prescindir de los medios o convertirlos en una usina de ataque a la prensa: nadie edita sus cuentas de Twitter, nadie cura ni verifica lo que dicen. No hay filtro más que la mueblería ética y moral que poseas”.

Diego Fonseca
Crédito: Fundacion Gabo.
Alejandra Matus.
Juan Andrés Guzmán
Crédito: Alejandro Olivares.
Claudia Lagos.

Para Lagos, la pérdida del poder de mediación de la prensa explica también uno de los rasgos más sobresalientes del caso chileno: el profundo descrédito de los medios. Y cita el informe 2020 del Reuters Institute que sitúa a Chile, junto a Hong-Kong, como el país donde la ciudadanía menos confía en la prensa: “El reporte habla de 15 puntos menos (entre 2018 y 2020), que comparado a otros países es una caída en picada. Ese es el ambiente en el cual están moviéndose los medios en la sociedad chilena. Y una de las razones es la enorme cercanía percibida entre la prensa y las élites, los medios son vistos como parte de las élites”, explica la investigadora.

El periodista Juan Andrés Guzmán, editor de CIPER y exdirector de The Clinic, se resiste también a colocar a los medios de comunicación chilenos en una vereda distinta a la élite política. Piensa, más bien, que lo difuso de los límites que separan a ambos mundos explica la espiral de descrédito que afecta a la prensa desde el estallido social de 2019. “La forma en que el periodismo puede acorralar al poder es con competencia. Y lo que ha pasado, yo creo, es que muchos periodistas son de una élite que se queda muy atrás, muy dormida y sirviendo a sus amigos cuando no tiene ninguna competencia. Eso ha hecho que la élite contara con medios que se la ponían muy fácil y que les hacían sentir que controlaban las cosas”.

Como resultado, dice el también autor de los libros Los secretos del Imperio de Karadima (2011) y La gran estafa: cómo opera el lucro en la educación superior (2014), la élite ha visto afectada su capacidad de comprender lo que está pasando en la sociedad. Para Guzmán, los periodistas también pueden ser colaboradores de lo que el cientista político Jeffrey Winters llama “industria de la defensa de la riqueza”, esa entidad “de especialistas que buscan argumentos para convencer a la sociedad de que no hay nada mejor que al rico le vaya bien, porque eso es bueno para todos, y así favorecer las posiciones de la élite. Y si añadimos a los periodistas que transmiten esto como cierto, lo que tienes es un engaño múltiple. Se engaña a la sociedad, pero también la élite empieza a engañarse y cree que lo está haciendo la raja”, explica.

Alternativas precarias

La periodista Alejandra Matus ha vivido en carne propia el accidentado derrotero de la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en el Chile de la postdictadura. Un derrotero que enfrenta una nueva etapa tras la consolidación de diversos medios digitales; fenómeno, dice, “que ha ido progresiva y paulatinamente rompiendo el cerco informativo, abriendo nuevas voces y generando audiencias más allá de la influencia que todavía tienen los medios tradicionales”. En ese contexto, piensa Matus, “los telefonazos, los seguimientos o acciones represivas contra medios populares, obedecen más que nada a la debilidad del gobierno. Es un gobierno que se siente amenazado, que en su arrinconamiento no se le ocurre otra cosa que recurrir a estos métodos del pasado para intentar controlar el flujo informativo; pero por supuesto que eso es inútil”, advierte.

Sin embargo, la autora de El libro negro de la justicia chilena (1999), colaboradora de distintos medios ya desaparecidos como La Época, La Nación Domingo y Plan B, y creadora del sitio informativo jaquematus.com, mira con optimismo el futuro del periodismo: “Creo que se han generado procesos periodísticos atrofiados en los medios tradicionales. Pero fuera de esos medios tradicionales existe un mundo ancho y amplio de distintos experimentos informativos, mediáticos; desde el mundo de los memes y las redes sociales, hasta periodistas haciendo trabajo por su cuenta. Creo que hay dos sistemas de medios contradictorios coexistiendo”.
Una visión más escéptica tiene Juan Andrés Guzmán: “No me preocupa tanto que unos pierdan poder y otros lo ganen, como periodista me preocupa otra cosa: ¿sé realmente lo que pasó y lo puedo contar? ¿Hasta qué punto? Ese trabajo es superpreciso, demandante. Los medios funcionan cuando cuentan con un buen director, editor y equipo que pueda discutir y retroalimentar. Pero necesitas un equipo con tiempo y recursos, no urgidos y que no se compren la primera tesis que les tire el político amigo. La precariedad impide eso”, afirma. Para el editor de CIPER, no hay salida a la situación de perpetua precariedad del periodismo sin políticas públicas que generen “un ecosistema de medios que permita competencia. Animalitos de distintas especies y tamaños, dedicados a distintas cosas”.

Guzmán lleva años planteando que la suerte del periodismo además se encuentra atada a la suerte de la democracia. Le resulta particularmente inquietante que las denuncias que hacen los periodistas no tengan efectos en las decisiones del Estado. “Si el periodista, así como el político, no tiene poder de cambiar la realidad, entonces se vuelve irrelevante”, postula. Y a continuación abrocha: “el periodismo tiene que poner unos cortafuegos muy importantes con la política, pero no nos es indiferente que haya una mala política”. Por eso desconfía de “la aparición de un sucedáneo de la justicia que es el periodista opinólogo, sin reporteo”, y no le entusiasman los colegas que se ufanan de haber descabezado ministros. Imaginariamente, les responde: “Ya, superbien, ¿y qué pasó después? ‘Ah, no sé yo pos, ese no es mi problema’”. Guzmán, en cambio, sí cree que es su problema, y el de todos los periodistas: “repensar cuál es nuestro rol en lo público”.

Alejandra Matus: «Es una salida política fácil culpar a la gente si la autoridad no ha hecho lo suficiente»

Aunque su domicilio actual es Nueva York, EE.UU., la periodista e investigadora ha dedicado estos meses a analizar y recoger datos sobre la pandemia en Chile, dejando en evidencia una serie de inconsistencias en las cifras oficiales de fallecidos y contagiados, lo que junto a otros factores influyó en la salida del ministro Jaime Mañalich. Alejandra Matus es periodista de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Máster en Administración Pública de la Escuela de Gobierno Harvard Kennedy de la Universidad de Harvard. Es autora y coautora de varios libros, entre ellos Crimen con castigo, El libro negro de la justicia chilena —que fue censurado en 1999—, Doña Lucía y Mitos y verdades de las AFP. En esta entrevista, Matus aborda detalles sobre su investigación durante la pandemia y el rol del periodismo en este tipo de contextos.

Por Jennifer Abate

Vives en Brooklyn, EE.UU., y no trabajas hoy en un medio de comunicación, sin embargo, fuiste quien realizó una de las revelaciones claves sobre la pandemia: en nuestro país no era exacto el número de fallecidos. ¿Qué te llevó a emprender esa investigación?

Desde enero me atrajo el tema desde el punto de vista periodístico. Me parecía que había una contradicción entre los deseos y expectativas de los gobiernos, que esperaban que la pandemia se quedara solamente en China, y lo que advertían los expertos, los epidemiólogos, las revistas de difusión científica. Entonces, desde el punto de vista profesional y también por obsesiones propias, fui siguiendo las noticias, y leyendo y aprendiendo distintos aspectos de la pandemia. Como soy chilena, por supuesto me preocupaba cómo iba a desembarcar el virus en Chile, sobre todo considerando que el país venía de un periodo bastante crítico, el estallido social de octubre, y con autoridades con una muy baja credibilidad. Pensaba que el tema de la confianza iba a ser un problema para que las personas adhirieran a las cuarentenas y por eso escribí una columna en marzo, señalando ese problema. 

Una de las primeras cosas que publiqué en Twitter (@alejandramatus) fue precisamente sobre los estudios que hablan de cómo la pandemia afecta más a los pobres y son más graves sus consecuencias cuanto más desiguales son las sociedades. El exceso de mortalidad ya era un tema en marzo, es un indicador que tomaron los primeros diarios, no los inventaron ellos, son indicadores creados por los centros de control infeccioso tanto en Estados Unidos como en Europa y, básicamente, miden cuántas personas fallecen por sobre lo esperado en el periodo de la pandemia.

La periodista Alejandra Matus es autora de El libro negro de la justicia chilena y Mitos y verdades de las AFP.

—¿Por qué este indicador es más preciso?

Es considerado un indicador más preciso del impacto directo e indirecto de la pandemia que las contabilidades propias de los gobiernos, las que están determinadas por factores políticos, de acceso a testeos, de masividad de los testeos, de foco de los testeos, de capacidad, por ejemplo, de contar a los fallecidos en sus casas. Esto no se puede hacer en países que no tienen un sistema centralizado de registro de fallecidos, lo que Chile afortunadamente tiene, pero hasta en los países más robustos en su tratamiento de la pandemia y con más recursos, también se producen deltas, porque es muy difícil capturar los casos en medio de una crisis que está en desarrollo. 

Normalmente, la actitud de los gobiernos democráticos que han visto este indicador ha sido reconocer que hay un reporte inintencional, muchas veces tratar de tomar medidas para corregir este subreporte y, sobre todo, hacerse cargo de ese número para tomar medidas políticas en el momento en que se conoce la información.

¿Por qué crees que en nuestro país nadie tuvo la inquietud de hacer estos cruces? 

No puedo saber por qué otra gente no lo hizo, no es un método que yo inventé, no es algo que estaba escondido y que encontré registrando en un paper escondido en una biblioteca, sino que era un tracker que se iba actualizando y mostraban otros países. Al principio, cuando el Instituto de Salud Pública (ISP) era el primer laboratorio, llamaba la atención que el crecimiento de la infección fuera lineal, o sea, todos los días había un máximo de casos reportados y daba la impresión de que más que mostrar el avance de la epidemia, lo que se estaba mostrando era la capacidad máxima de testeo y no sólo de testeo, sino la capacidad máxima de procesar ese test y sacar un resultado, que además tenía un retraso. Ya en ese minuto, el ISP tenía un retraso de cinco a siete días, por lo que la foto que se estaba mostrando el 10 de marzo podía ser la foto de dos o tres días atrás. Parecía que Chile era un país excepcional, donde, por alguna razón mágica, la epidemia avanzaba lentamente y había pocos fallecidos. La primera muerte se registra el 21 de marzo y a finales de ese mes sólo se habían registrado 16 fallecidos. Eso generaba dudas sobre los datos, dudas razonables si pensamos que se trata de un país que no tenía otras políticas especiales, extraordinarias, y que más bien no había adoptado ninguna de las políticas que en otros países habían servido para contener o aminorar la velocidad de contagio.

Cuando salió la respuesta del gobierno, que dijo que el Registro Civil no era la fuente, pasaron por alto otros dos datos que yo entregué en esa fecha. No sólo había un número mayor de muertes en marzo de 2020 comparado con el mes de marzo de años anteriores, sino que también estaban fuertemente cargadas hacia las edades superiores a los 50 años en una distribución significativamente inusual comparada con los cinco años anteriores. Luego estaba la distribución por regiones. En marzo, si bien a nivel nacional había un 11% de diferencia en exceso de muertes, hay algunas regiones donde esa diferencia era mucho mayor, como Valparaíso, Biobío, Magallanes. 

«Está pasando en los hospitales: la gente vive no solamente estresada por el control de la pandemia, sino también por la amenaza de sumario, de si se llega a saber que se dijo algo que el gobierno estima inconveniente. Eso destila un espíritu autoritario que no se condice con un Estado democrático».

Crees que había un interés creado detrás de este “ocultamiento” de información por parte del gobierno o más bien faltó rigurosidad para atender a la relevancia del exceso de muertes reportado por el Registro Civil?

No sé cuáles son las intenciones, porque no las puedo reportear. Cuando uno reportea los propósitos políticos de algo, tiene que buscar evidencias, un memorándum, una entrevista en que alguien diga “mira, vino alguien y nos ordenó hacer tal cosa”. No tengo acceso a esa información, por lo tanto, no voy a hablar de cuáles pudieron ser o no las intenciones. Lo que sí puedo analizar son las declaraciones públicas antes y después. Las declaraciones públicas de ese minuto hacían énfasis en que Chile era el país con más testeos, con una capacidad única y excepcional para atender la crisis; que Chile contaba más allá de lo que se recomendaba; que Chile tenía la más baja letalidad gracias a estas políticas de cuarentenas dinámicas y que las medidas de seguimiento y trazabilidad le permitían a Chile tener mayor flexibilidad en su política, y que sobre la base de esa construcción, de esos argumentos, se descartaba completamente lo que yo había publicado. El ministro incluso me atribuyó, sin mencionarme y de manera indirecta, intenciones espurias para que el gobierno fracasara. ¿Por qué lo hizo? No lo sé, pero sí sé que tuvo la oportunidad de ver esos datos. Así como vio los datos del número de fallecidos, también podría haber visto esa información a la que no se refirió nunca, en ninguna de sus declaraciones, y tampoco se refirieron, hay que decirlo, otras personas que también analizaron los datos y que dijeron que no eran significativos, que el método estaba malo, que yo no sabía sumar.

Si bien hubo muchas voces que agradecieron lo que estabas haciendo, hubo quienes te criticaron por cuestionar la verdad oficial en un momento en que debía primar la idea de la “unidad nacional”. Periodistas te trataron de alarmista e irresponsable. ¿Cómo enfrentaste en ese momento esos comentarios y a qué crees que se deben estas reacciones?

Bueno, la reacción emotiva de la gente la comprendo, porque es un shock, y cuando uno tiene que adaptarse a malas noticias, la reacción emocional es dispararle al mensajero, eso es histórico, sobre todo si es la autoridad la que estimula esa idea. Hay personas que se sienten representadas por el discurso de que es el momento de la unidad y no de la discordia, y así lo manifiestan. Lo de irresponsable y alarmista me pareció injustificado y me pareció también temerario de parte de los colegas que hicieron esos juicios sin siquiera haberme mandado un mensaje directo para preguntarme, reportear un poquito antes de tirar esas piedras. Nunca ha sido mi intención publicar esta información para criticar el reporteo de otro, no tiene por objetivo compararme con otros, solamente aportar información que me parece relevante. Puede que se hayan sentido, de alguna manera, interpelados, que cuestionaran, por ejemplo, que yo tuviera estos datos y ellos no, y una manera rápida de salir de eso fue decir “ella fue irresponsable, ella publicó información que no estaba lo suficientemente verificada, no como nosotros, que somos responsables y lo estamos haciendo bien en resguardo de la salud pública”.

Las cifras de contagio y fallecidos en Chile son desastrosas. Esta semana se dio a conocer el tercer informe del Monitoreo Nacional de Síntomas y Prácticas Covid-19 en Chile, realizado por la U. de Chile y el Colegio Médico, que señala que el plan de “retorno seguro” propuesto por el gobierno redujo el efecto de la cuarentena en un 78%. Sin embargo, la autoridad ha tendido a culpar a una población que no respeta las medidas de cuarentena. ¿De quién es la responsabilidad que hoy nos tiene entre los países con el peor manejo de la pandemia?

Desde el 11 de junio, Chile es el país con el mayor número de contagios por millón de habitantes y eso se refiere sólo a las cifras oficiales, y con el mayor número de fallecidos por millón de habitantes. Por supuesto que hay una responsabilidad de cada persona de cuidarse y tomar las medidas posibles. Eso parte del supuesto de que la gente puede hacerlo, que los jefes no te van a obligar a ir a trabajar y que tienes condiciones habitacionales adecuadas y una educación suficiente que te permite entender que cuando el gobierno está hablando de “retorno seguro” tienes que tomarlo con distancia y tienes que buscar tu propia información y medidas de resguardo, más allá de lo que la autoridad sugiere. 

Uno le podría reprochar a esos ciudadanos que tienen un mayor nivel de ingresos y un mayor nivel educacional (que además son una minoría en el país), que a pesar de saber lo que saben, a pesar de tener las condiciones que tienen y tener los ingresos que tienen, deciden salir, deciden tomar actitudes riesgosas. Para el resto de la población, la responsabilidad es fundamentalmente del Estado y del gobierno, que en el fondo es el administrador del gobierno con el mandato de la gente que lo elige. Uno también pierde de vista que el gobierno es un servidor público, que el gobierno está al servicio de los intereses comunes de todos y, en ese sentido, la primera responsabilidad y la única responsabilidad exigible es la responsabilidad política. No es gente malvada que se quiere enfermar, algo pasa, hay un desajuste entre lo que estoy diciendo y el comportamiento que espero. Es la autoridad la responsable de ajustar su discurso. Si aún después de un discurso que pone los riesgos sobre la mesa y que toma todas las medidas para que la gente se quede en su casa, no se logra rebajar el 60% de la movilidad, entonces el gobierno puede acudir a la labor coercitiva del Estado, controles policiales, vigilancia, etc. Pero, en general, me parece que es una salida política fácil culpar a la gente de los comportamientos si es que yo, como autoridad, no he hecho lo suficiente para lograr ese comportamiento deseado.

En Chile podemos llegar a tener tres cadenas nacionales al día. Esto implica que gran parte de la información que recibimos proviene más de discursos oficiales y estrategias comunicacionales del gobierno que de investigación o reporteo independiente. ¿Qué opinas de esta forma de construir la información y la estrategia del gobierno de copar los espacios mediáticos?

A mí me trae malos recuerdos de Dinacos (División Comunicación Social en dictadura) y los reportes oficiales, también me parece mal que se personifiquen los reportes. Está bien que haya un vocero que entregue la información todos los días, pero ocupar esa tribuna para justificarse o para desacreditar información o para criticar a alguna persona o institución que está pidiendo que se liberen los datos, por ejemplo, me parece un uso abusivo del espacio público y antidemocrático, porque obviamente la jerarquía y la atención que logra una cadena nacional no puede compararse con lo que logra un centro de estudios que saca un reporte. El gobierno, en vez de decir “vamos a recoger esto, vamos a estudiarlo, analizarlo, a invitarlos a conversar con nosotros”, le tira ollas con agua hirviendo a quienes disienten, eso provoca un efecto inhibidor a la libertad de expresión. Si le tiro agua hirviendo a Eduardo Engel (de Espacio Público), qué le queda a Juan Pérez, qué le queda a una persona que siente que tiene algo que decir pero que va a ser acusada de estar contra el espíritu nacional. Eso es lo que está pasando en los hospitales, la gente vive no solamente estresada por el control de la pandemia, sino también por la amenaza de sumario, de si se llega a saber que se dijo algo que el gobierno estime inconveniente. Eso destila un espíritu autoritario que no se condice con un Estado democrático.

¿Cómo evalúas la situación de Chile en materias de libertad de expresión?

Me parece alarmante, no solamente respecto de la manera en que desde posiciones de autoridad se desacreditan los discursos indeseados, sino porque también hay un retroceso en el acceso a datos públicos. La Ley de Transparencia ha funcionado muy mal en el periodo de la pandemia y me parece que la justificación que dan distintas instituciones, que señalan que la pandemia hace más difícil el trabajo de los funcionarios que tienen que recopilar y entregar esa información, no es suficiente, no calza, y te voy a poner un ejemplo. El ISP me pidió 100 días hábiles para la entrega de datos, o sea, en octubre tendría que darme información que está desde abril, información que está en computadores, información que el gobierno controla y conoce. No es información que tienen que ir a buscar a un sótano, una bodega, un archivo judicial escrito a mano; no, es información que está en archivos computacionales y que los funcionarios, dependiendo de la complejidad que se pida, podrían resolver en una o dos horas. Y si no está computada, si no está en línea o si la respuesta es que la información no está organizada, deberían decir que los datos no están organizados computacionalmente, lo que quiere decir que el gobierno, al referirse a esa información, está hablando de datos que no son confiables.

Creo que la fortaleza y la precisión de datos en Chile es un tema. Roberto Méndez (académico y analista de datos) lo había puesto en el debate antes de que pasara todo esto. En Chile, todos los chilenos tienen RUT, por lo que —es escalofriante si uno lo piensa desde el derecho a la privacidad— todo está en línea, casi que con tu celular pueden saber si estás vivo o estás muerto. Ayer me respondieron una petición que hice en Fiscalía, pedí las autopsias abreviadas para saber cuántos casos de Covid-19 habían detectado en el ejercicio de las funciones de la Fiscalía y la respuesta fue que no me van a entregar la información por un tema de resguardo de la privacidad. Eso es tan absurdo, porque en Chile la muerte es un hecho público, casi en todos los países la muerte es un hecho público, tú puedes sacar el certificado de defunción de cualquier persona por esa misma razón, no tienes que ser ni siquiera familiar directo. De hecho, hoy, con tu dirección, tu RUT, o basta con que yo sepa tu nombre y dos apellidos, puedo encontrar lo que está publicado en el Servicio de Registro Civil, entonces, ¿vamos a respetar la privacidad o no la vamos a respetar? Se usa la privacidad para negar datos, pero la privacidad deja de existir para otras cosas. Me parece que todo eso es un tema largo y complejo y que probablemente va a requerir investigaciones académicas de todo tipo.

¿Cuál es tu visión en general del periodismo que se hace hoy en Chile?

Creo que la gente identifica el periodismo con la tele, porque además es el medio preferido para informarse y puede haber muchos periodistas haciendo un excelente trabajo en medios alternativos, escritos, pero la gente no los ve, no los identifica. Sí le reprocha el trabajo periodístico a la televisión y yo creo que ahí hay un lamento justo, en el sentido de que la televisión, como representante de los grandes medios de comunicación, tiene los recursos suficientes para hacer un buen trabajo de periodismo informativo, que me parece que es la demanda del momento. No necesitas ser periodista de investigación para contrastar los datos del gobierno; no necesitas ser periodista de investigación para hacer una petición por transparencia; no necesitas ser un periodista de investigación para ir a los hospitales y preguntar a los deudos; para ir a los cementerios; para buscar información colateral y con métodos periodísticos que te permitan demostrar o averiguar si lo que dice el gobierno en sus cadenas nacionales se condice con la realidad. 

Más que de los periodistas, la responsabilidad es de los jefes de prensa, que autorizan o no autorizan las pautas. Estoy segura de que estas pautas han estado, estoy segura de que hay periodistas que han levantado estos temas y al final es la decisión del editor ordenar una pauta y, últimamente, difundirla; bien puede que las pautas se hayan hecho, que el editor las haya ordenado y que no salieran al aire. En esa cadena de responsabilidades, me parece que mientras más alto el cargo, más alta es la responsabilidad, uno no le puede cargar la mata a los periodistas porque no sabemos si lo han intentado, y yo me atrevería a asegurar que sí lo han intentado.

También hay que recordar que los canales de televisión abierta en Chile están explotando una señal que es pública, es el Estado el que les permite usar esa señal y, por lo tanto, lo mínimo es tener un departamento de prensa autónomo, independiente, que se rija por las reglas del periodismo y que no esté dependiendo del vaivén de los intereses del dueño de turno, porque las personas que hoy explotan esas señales no son dueños, son solamente concesionarios. Espero que en algún momento alguien ponga esto de relieve. 

Para ti, ¿cuáles son las principales diferencias entre hacer periodismo hoy en Chile y a finales de los noventa y comienzos de los 2000?

Bueno, hay muchos, muchos cambios. La década de los noventa también fue difícil para el periodismo porque estábamos en la llamada transición a la democracia, que nunca terminaba, y había pactos de los cuales formaban parte los medios. Si bien tenían líneas editoriales y posturas editoriales distintas, los pactos de la transición eran compartidos por casi todos, salvo algunas revistas alternativas que existían en ese tiempo, pero que no tenían alcance masivo. Se podía hablar de derechos humanos, pero no de la responsabilidad penal de Pinochet. Otro acuerdo tácito era no cuestionar el modelo económico, otro no tan tácito, sino más bien declarado, era no investigar las privatizaciones de las empresas públicas, no investigar posibles casos de corrupción del noventa hacia atrás. Había un cerco bastante amplio y delimitado y tú sabías cuándo te acercabas a ese cerco porque te llegaba el shock de electricidad. Eso se fue estrechando porque además empezaron a desaparecer los otros medios, los medios que trataban de acercarse al cerco; cerró La Época el 98, pero antes cerró Apsi, Análisis, un montón de revistas. Creo que el momento de mayor restricción editorial duró desde 1998 a 2004, antes de que empezaran a surgir otros medios como The Clinic y que aparecieran medios digitales. Pero si bien hoy tenemos mayor diversidad editorial, seguimos teniendo déficit de periodismo. El periodismo es caro, es más barato tener gente que opine que armar un departamento de prensa, pero es más útil un departamento de prensa que mucha gente opinando. Está bien la opinión, cumple un rol, pero ya tenemos opinantes suficientes. 

Extracto de la entrevista realizada el 12 de junio de 2020 en el programa radial Palabra Pública de Radio Universidad de Chile, 102.5.

Alejandra Matus: «Es una salida política fácil culpar a la gente si la autoridad no ha hecho lo suficiente»

Aunque su domicilio actual es Nueva York, EE.UU., la periodista e investigadora ha dedicado estos meses a analizar y recoger datos sobre la pandemia en Chile, dejando en evidencia una serie de inconsistencias en las cifras oficiales de fallecidos y contagiados, lo que junto a otros factores influyó en la salida del ministro Jaime Mañalich. Alejandra Matus es periodista de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Máster en Administración Pública de la Escuela de Gobierno Harvard Kennedy de la Universidad de Harvard. Es autora y coautora de varios libros, entre ellos Crimen con castigo, El libro negro de la justicia chilena —que fue censurado en 1999—, Doña Lucía y Mitos y verdades de las AFP. En esta entrevista, Matus aborda detalles sobre su investigación durante la pandemia y el rol del periodismo en este tipo de contextos.

Por Jennifer Abate

Vives en Brooklyn, EE.UU., y no trabajas hoy en un medio de comunicación, sin embargo, fuiste quien realizó una de las revelaciones claves sobre la pandemia: en nuestro país no era exacto el número de fallecidos. ¿Qué te llevó a emprender esa investigación?

Desde enero me atrajo el tema desde el punto de vista periodístico. Me parecía que había una contradicción entre los deseos y expectativas de los gobiernos, que esperaban que la pandemia se quedara solamente en China, y lo que advertían los expertos, los epidemiólogos, las revistas de difusión científica. Entonces, desde el punto de vista profesional y también por obsesiones propias, fui siguiendo las noticias, y leyendo y aprendiendo distintos aspectos de la pandemia. Como soy chilena, por supuesto me preocupaba cómo iba a desembarcar el virus en Chile, sobre todo considerando que el país venía de un periodo bastante crítico, el estallido social de octubre, y con autoridades con una muy baja credibilidad. Pensaba que el tema de la confianza iba a ser un problema para que las personas adhirieran a las cuarentenas y por eso escribí una columna en marzo, señalando ese problema. 

Una de las primeras cosas que publiqué en Twitter (@alejandramatus) fue precisamente sobre los estudios que hablan de cómo la pandemia afecta más a los pobres y son más graves sus consecuencias cuanto más desiguales son las sociedades. El exceso de mortalidad ya era un tema en marzo, es un indicador que tomaron los primeros diarios, no los inventaron ellos, son indicadores creados por los centros de control infeccioso tanto en Estados Unidos como en Europa y, básicamente, miden cuántas personas fallecen por sobre lo esperado en el periodo de la pandemia.

—¿Por qué este indicador es más preciso?

Es considerado un indicador más preciso del impacto directo e indirecto de la pandemia que las contabilidades propias de los gobiernos, las que están determinadas por factores políticos, de acceso a testeos, de masividad de los testeos, de foco de los testeos, de capacidad, por ejemplo, de contar a los fallecidos en sus casas. Esto no se puede hacer en países que no tienen un sistema centralizado de registro de fallecidos, lo que Chile afortunadamente tiene, pero hasta en los países más robustos en su tratamiento de la pandemia y con más recursos, también se producen deltas, porque es muy difícil capturar los casos en medio de una crisis que está en desarrollo. 

Normalmente, la actitud de los gobiernos democráticos que han visto este indicador ha sido reconocer que hay un reporte inintencional, muchas veces tratar de tomar medidas para corregir este subreporte y, sobre todo, hacerse cargo de ese número para tomar medidas políticas en el momento en que se conoce la información.

¿Por qué crees que en nuestro país nadie tuvo la inquietud de hacer estos cruces? 

No puedo saber por qué otra gente no lo hizo, no es un método que yo inventé, no es algo que estaba escondido y que encontré registrando en un paper escondido en una biblioteca, sino que era un tracker que se iba actualizando y mostraban otros países. Al principio, cuando el Instituto de Salud Pública (ISP) era el primer laboratorio, llamaba la atención que el crecimiento de la infección fuera lineal, o sea, todos los días había un máximo de casos reportados y daba la impresión de que más que mostrar el avance de la epidemia, lo que se estaba mostrando era la capacidad máxima de testeo y no sólo de testeo, sino la capacidad máxima de procesar ese test y sacar un resultado, que además tenía un retraso. Ya en ese minuto, el ISP tenía un retraso de cinco a siete días, por lo que la foto que se estaba mostrando el 10 de marzo podía ser la foto de dos o tres días atrás. Parecía que Chile era un país excepcional, donde, por alguna razón mágica, la epidemia avanzaba lentamente y había pocos fallecidos. La primera muerte se registra el 21 de marzo y a finales de ese mes sólo se habían registrado 16 fallecidos. Eso generaba dudas sobre los datos, dudas razonables si pensamos que se trata de un país que no tenía otras políticas especiales, extraordinarias, y que más bien no había adoptado ninguna de las políticas que en otros países habían servido para contener o aminorar la velocidad de contagio.

Cuando salió la respuesta del gobierno, que dijo que el Registro Civil no era la fuente, pasaron por alto otros dos datos que yo entregué en esa fecha. No sólo había un número mayor de muertes en marzo de 2020 comparado con el mes de marzo de años anteriores, sino que también estaban fuertemente cargadas hacia las edades superiores a los 50 años en una distribución significativamente inusual comparada con los cinco años anteriores. Luego estaba la distribución por regiones. En marzo, si bien a nivel nacional había un 11% de diferencia en exceso de muertes, hay algunas regiones donde esa diferencia era mucho mayor, como Valparaíso, Biobío, Magallanes. 

«Está pasando en los hospitales: la gente vive no solamente estresada por el control de la pandemia, sino también por la amenaza de sumario, de si se llega a saber que se dijo algo que el gobierno estima inconveniente. Eso destila un espíritu autoritario que no se condice con un Estado democrático»

Crees que había un interés creado detrás de este “ocultamiento” de información por parte del gobierno o más bien faltó rigurosidad para atender a la relevancia del exceso de muertes reportado por el Registro Civil?

No sé cuáles son las intenciones, porque no las puedo reportear. Cuando uno reportea los propósitos políticos de algo, tiene que buscar evidencias, un memorándum, una entrevista en que alguien diga “mira, vino alguien y nos ordenó hacer tal cosa”. No tengo acceso a esa información, por lo tanto, no voy a hablar de cuáles pudieron ser o no las intenciones. Lo que sí puedo analizar son las declaraciones públicas antes y después. Las declaraciones públicas de ese minuto hacían énfasis en que Chile era el país con más testeos, con una capacidad única y excepcional para atender la crisis; que Chile contaba más allá de lo que se recomendaba; que Chile tenía la más baja letalidad gracias a estas políticas de cuarentenas dinámicas y que las medidas de seguimiento y trazabilidad le permitían a Chile tener mayor flexibilidad en su política, y que sobre la base de esa construcción, de esos argumentos, se descartaba completamente lo que yo había publicado. El ministro incluso me atribuyó, sin mencionarme y de manera indirecta, intenciones espurias para que el gobierno fracasara. ¿Por qué lo hizo? No lo sé, pero sí sé que tuvo la oportunidad de ver esos datos. Así como vio los datos del número de fallecidos, también podría haber visto esa información a la que no se refirió nunca, en ninguna de sus declaraciones, y tampoco se refirieron, hay que decirlo, otras personas que también analizaron los datos y que dijeron que no eran significativos, que el método estaba malo, que yo no sabía sumar.

Si bien hubo muchas voces que agradecieron lo que estabas haciendo, hubo quienes te criticaron por cuestionar la verdad oficial en un momento en que debía primar la idea de la “unidad nacional”. Periodistas te trataron de alarmista e irresponsable. ¿Cómo enfrentaste en ese momento esos comentarios y a qué crees que se deben estas reacciones?

Bueno, la reacción emotiva de la gente la comprendo, porque es un shock, y cuando uno tiene que adaptarse a malas noticias, la reacción emocional es dispararle al mensajero, eso es histórico, sobre todo si es la autoridad la que estimula esa idea. Hay personas que se sienten representadas por el discurso de que es el momento de la unidad y no de la discordia, y así lo manifiestan. Lo de irresponsable y alarmista me pareció injustificado y me pareció también temerario de parte de los colegas que hicieron esos juicios sin siquiera haberme mandado un mensaje directo para preguntarme, reportear un poquito antes de tirar esas piedras. Nunca ha sido mi intención publicar esta información para criticar el reporteo de otro, no tiene por objetivo compararme con otros, solamente aportar información que me parece relevante. Puede que se hayan sentido, de alguna manera, interpelados, que cuestionaran, por ejemplo, que yo tuviera estos datos y ellos no, y una manera rápida de salir de eso fue decir “ella fue irresponsable, ella publicó información que no estaba lo suficientemente verificada, no como nosotros, que somos responsables y lo estamos haciendo bien en resguardo de la salud pública”.

Las cifras de contagio y fallecidos en Chile son desastrosas. Esta semana se dio a conocer el tercer informe del Monitoreo Nacional de Síntomas y Prácticas Covid-19 en Chile, realizado por la U. de Chile y el Colegio Médico, que señala que el plan de “retorno seguro” propuesto por el gobierno redujo el efecto de la cuarentena en un 78%. Sin embargo, la autoridad ha tendido a culpar a una población que no respeta las medidas de cuarentena. ¿De quién es la responsabilidad que hoy nos tiene entre los países con el peor manejo de la pandemia?

Desde el 11 de junio, Chile es el país con el mayor número de contagios por millón de habitantes y eso se refiere sólo a las cifras oficiales, y con el mayor número de fallecidos por millón de habitantes. Por supuesto que hay una responsabilidad de cada persona de cuidarse y tomar las medidas posibles. Eso parte del supuesto de que la gente puede hacerlo, que los jefes no te van a obligar a ir a trabajar y que tienes condiciones habitacionales adecuadas y una educación suficiente que te permite entender que cuando el gobierno está hablando de “retorno seguro” tienes que tomarlo con distancia y tienes que buscar tu propia información y medidas de resguardo, más allá de lo que la autoridad sugiere. 

Uno le podría reprochar a esos ciudadanos que tienen un mayor nivel de ingresos y un mayor nivel educacional (que además son una minoría en el país), que a pesar de saber lo que saben, a pesar de tener las condiciones que tienen y tener los ingresos que tienen, deciden salir, deciden tomar actitudes riesgosas. Para el resto de la población, la responsabilidad es fundamentalmente del Estado y del gobierno, que en el fondo es el administrador del gobierno con el mandato de la gente que lo elige. Uno también pierde de vista que el gobierno es un servidor público, que el gobierno está al servicio de los intereses comunes de todos y, en ese sentido, la primera responsabilidad y la única responsabilidad exigible es la responsabilidad política. No es gente malvada que se quiere enfermar, algo pasa, hay un desajuste entre lo que estoy diciendo y el comportamiento que espero. Es la autoridad la responsable de ajustar su discurso. Si aún después de un discurso que pone los riesgos sobre la mesa y que toma todas las medidas para que la gente se quede en su casa, no se logra rebajar el 60% de la movilidad, entonces el gobierno puede acudir a la labor coercitiva del Estado, controles policiales, vigilancia, etc. Pero, en general, me parece que es una salida política fácil culpar a la gente de los comportamientos si es que yo, como autoridad, no he hecho lo suficiente para lograr ese comportamiento deseado.

El ex ministro Jaime Mañalich en uno de sus reportes habituales sobre la pandemia.

En Chile podemos llegar a tener tres cadenas nacionales al día. Esto implica que gran parte de la información que recibimos proviene más de discursos oficiales y estrategias comunicacionales del gobierno que de investigación o reporteo independiente. ¿Qué opinas de esta forma de construir la información y la estrategia del gobierno de copar los espacios mediáticos?

A mí me trae malos recuerdos de Dinacos (División Comunicación Social en dictadura) y los reportes oficiales, también me parece mal que se personifiquen los reportes. Está bien que haya un vocero que entregue la información todos los días, pero ocupar esa tribuna para justificarse o para desacreditar información o para criticar a alguna persona o institución que está pidiendo que se liberen los datos, por ejemplo, me parece un uso abusivo del espacio público y antidemocrático, porque obviamente la jerarquía y la atención que logra una cadena nacional no puede compararse con lo que logra un centro de estudios que saca un reporte. El gobierno, en vez de decir “vamos a recoger esto, vamos a estudiarlo, analizarlo, a invitarlos a conversar con nosotros”, le tira ollas con agua hirviendo a quienes disienten, eso provoca un efecto inhibidor a la libertad de expresión. Si le tiro agua hirviendo a Eduardo Engel (de Espacio Público), qué le queda a Juan Pérez, qué le queda a una persona que siente que tiene algo que decir pero que va a ser acusada de estar contra el espíritu nacional. Eso es lo que está pasando en los hospitales, la gente vive no solamente estresada por el control de la pandemia, sino también por la amenaza de sumario, de si se llega a saber que se dijo algo que el gobierno estime inconveniente. Eso destila un espíritu autoritario que no se condice con un Estado democrático.

¿Cómo evalúas la situación de Chile en materias de libertad de expresión?

Me parece alarmante, no solamente respecto de la manera en que desde posiciones de autoridad se desacreditan los discursos indeseados, sino porque también hay un retroceso en el acceso a datos públicos. La Ley de Transparencia ha funcionado muy mal en el periodo de la pandemia y me parece que la justificación que dan distintas instituciones, que señalan que la pandemia hace más difícil el trabajo de los funcionarios que tienen que recopilar y entregar esa información, no es suficiente, no calza, y te voy a poner un ejemplo. El ISP me pidió 100 días hábiles para la entrega de datos, o sea, en octubre tendría que darme información que está desde abril, información que está en computadores, información que el gobierno controla y conoce. No es información que tienen que ir a buscar a un sótano, una bodega, un archivo judicial escrito a mano; no, es información que está en archivos computacionales y que los funcionarios, dependiendo de la complejidad que se pida, podrían resolver en una o dos horas. Y si no está computada, si no está en línea o si la respuesta es que la información no está organizada, deberían decir que los datos no están organizados computacionalmente, lo que quiere decir que el gobierno, al referirse a esa información, está hablando de datos que no son confiables.

Creo que la fortaleza y la precisión de datos en Chile es un tema. Roberto Méndez (académico y analista de datos) lo había puesto en el debate antes de que pasara todo esto. En Chile, todos los chilenos tienen RUT, por lo que —es escalofriante si uno lo piensa desde el derecho a la privacidad— todo está en línea, casi que con tu celular pueden saber si estás vivo o estás muerto. Ayer me respondieron una petición que hice en Fiscalía, pedí las autopsias abreviadas para saber cuántos casos de Covid-19 habían detectado en el ejercicio de las funciones de la Fiscalía y la respuesta fue que no me van a entregar la información por un tema de resguardo de la privacidad. Eso es tan absurdo, porque en Chile la muerte es un hecho público, casi en todos los países la muerte es un hecho público, tú puedes sacar el certificado de defunción de cualquier persona por esa misma razón, no tienes que ser ni siquiera familiar directo. De hecho, hoy, con tu dirección, tu RUT, o basta con que yo sepa tu nombre y dos apellidos, puedo encontrar lo que está publicado en el Servicio de Registro Civil, entonces, ¿vamos a respetar la privacidad o no la vamos a respetar? Se usa la privacidad para negar datos, pero la privacidad deja de existir para otras cosas. Me parece que todo eso es un tema largo y complejo y que probablemente va a requerir investigaciones académicas de todo tipo.

¿Cuál es tu visión en general del periodismo que se hace hoy en Chile?

Creo que la gente identifica el periodismo con la tele, porque además es el medio preferido para informarse y puede haber muchos periodistas haciendo un excelente trabajo en medios alternativos, escritos, pero la gente no los ve, no los identifica. Sí le reprocha el trabajo periodístico a la televisión y yo creo que ahí hay un lamento justo, en el sentido de que la televisión, como representante de los grandes medios de comunicación, tiene los recursos suficientes para hacer un buen trabajo de periodismo informativo, que me parece que es la demanda del momento. No necesitas ser periodista de investigación para contrastar los datos del gobierno; no necesitas ser periodista de investigación para hacer una petición por transparencia; no necesitas ser un periodista de investigación para ir a los hospitales y preguntar a los deudos; para ir a los cementerios; para buscar información colateral y con métodos periodísticos que te permitan demostrar o averiguar si lo que dice el gobierno en sus cadenas nacionales se condice con la realidad. 

Más que de los periodistas, la responsabilidad es de los jefes de prensa, que autorizan o no autorizan las pautas. Estoy segura de que estas pautas han estado, estoy segura de que hay periodistas que han levantado estos temas y al final es la decisión del editor ordenar una pauta y, últimamente, difundirla; bien puede que las pautas se hayan hecho, que el editor las haya ordenado y que no salieran al aire. En esa cadena de responsabilidades, me parece que mientras más alto el cargo, más alta es la responsabilidad, uno no le puede cargar la mata a los periodistas porque no sabemos si lo han intentado, y yo me atrevería a asegurar que sí lo han intentado.

También hay que recordar que los canales de televisión abierta en Chile están explotando una señal que es pública, es el Estado el que les permite usar esa señal y, por lo tanto, lo mínimo es tener un departamento de prensa autónomo, independiente, que se rija por las reglas del periodismo y que no esté dependiendo del vaivén de los intereses del dueño de turno, porque las personas que hoy explotan esas señales no son dueños, son solamente concesionarios. Espero que en algún momento alguien ponga esto de relieve. 

Para ti, ¿cuáles son las principales diferencias entre hacer periodismo hoy en Chile y a finales de los noventa y comienzos de los 2000?

Bueno, hay muchos, muchos cambios. La década de los noventa también fue difícil para el periodismo porque estábamos en la llamada transición a la democracia, que nunca terminaba, y había pactos de los cuales formaban parte los medios. Si bien tenían líneas editoriales y posturas editoriales distintas, los pactos de la transición eran compartidos por casi todos, salvo algunas revistas alternativas que existían en ese tiempo, pero que no tenían alcance masivo. Se podía hablar de derechos humanos, pero no de la responsabilidad penal de Pinochet. Otro acuerdo tácito era no cuestionar el modelo económico, otro no tan tácito, sino más bien declarado, era no investigar las privatizaciones de las empresas públicas, no investigar posibles casos de corrupción del noventa hacia atrás. Había un cerco bastante amplio y delimitado y tú sabías cuándo te acercabas a ese cerco porque te llegaba el shock de electricidad. Eso se fue estrechando porque además empezaron a desaparecer los otros medios, los medios que trataban de acercarse al cerco; cerró La Época el 98, pero antes cerró Apsi, Análisis, un montón de revistas. Creo que el momento de mayor restricción editorial duró desde 1998 a 2004, antes de que empezaran a surgir otros medios como The Clinic y que aparecieran medios digitales. Pero si bien hoy tenemos mayor diversidad editorial, seguimos teniendo déficit de periodismo. El periodismo es caro, es más barato tener gente que opine que armar un departamento de prensa, pero es más útil un departamento de prensa que mucha gente opinando. Está bien la opinión, cumple un rol, pero ya tenemos opinantes suficientes. 

Extracto de la entrevista realizada el 12 de junio de 2020 en el programa radial Palabra Pública de Radio Universidad de Chile, 102.5.