Los pronósticos no varían demasiado: cientos de miles –si no millones– de chilenos pasarán a ser pobres y los que ya lo son, lo serán aún más. Especialistas coinciden en ver la pandemia como una tormenta perfecta para un país marcado por la vulnerabilidad de su población y economía. Si la mayoría vivía en un ascensor que subía y bajaba de la línea de la pobreza, el Coronavirus le cortó los cables. Y no es claro cómo sacarlo del fondo.
Por Francisco Figueroa
A fines de 2019, la Plaza Italia de Santiago era el epicentro de un masivo levantamiento social que decía que la dignidad depende de mucho más que de poder llevarse algo de comer a la boca. Unos meses más tarde, el mismo espacio, rebautizado popularmente como Plaza de la Dignidad, es caja de resonancia de la menos ambiciosa pero mucho más desesperada lucha por evitar que el hambre cause más estragos que el Covid-19.
Este cambio en el contenido de los imaginarios colectivos del país refleja la abrupta caída de las expectativas económicas y sociales tras la pandemia del Coronavirus. Al pronóstico de la Cepal sobre un aumento de la pobreza absoluta en Chile de aproximadamente 4% se suman las preocupantes cifras que arroja el INE sobre el último trimestre: la tasa de ocupados bajó en 16,5% y el desempleo llegó al 11,2%.
Estas proyecciones y datos se producen en un panorama económico todavía incierto y con una relativa “ceguera estadística” sobre la evolución real del desempleo y los ingresos por las dificultades que impone la situación sanitaria al levantamiento de datos de calidad. Lo que es claro, sin embargo, es que además de aumentar la pobreza, la crisis desafía la manera en que concebíamos este concepto y las fórmulas que el país había utilizado para intentar reducirla.
Aplanamos la curva… de la pobreza
Para la socióloga Emmanuelle Barozet, académica e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales (Facso) de la Universidad de Chile, la pobreza va a crecer a costa de grupos que considerábamos “de clase media” sin que realmente lo fueran. Desde medidas sociológicas basadas en la ocupación, explica, “la clase media es un grupo consolidado, con contratos estables, profesiones calificadas y mayor capacidad de resistir shocks económicos como el que vivimos”. No supera el 30% de la población, dice.
Una situación distinta vive el resto de los “ni pobres ni ricos”. “Existe un grupo amplio de trabajadores en Chile, alrededor del 40% de la población, que no son clase media, pues no tienen ocupaciones calificadas ni contratos estables y están endeudados. Es el grupo que se mueve en la informalidad. Ese gran conjunto de sectores ‘trabajadores’, si bien no eran pobres, es el que ahora ve amenazada su situación por pérdida de empleo, enfermedad, muerte de un cercano, obligación a quedarse en casa para cuidar a los dependientes, baja de ingresos”, sostiene Barozet.
El también sociólogo de la Facso, Carlos Ruiz Encina, agrega que el hecho de que estos sectores hayan estado sobre la línea de la pobreza antes de la pandemia no significa que estuvieran mejor preparados que quienes estaban debajo. “A los dos lados de la línea de pobreza la situación social es básicamente la misma, porque lo que hay es un nivel de rotación muy fuerte alrededor de esa línea. A los sectores que están arriba, por lo menos cuatro y hasta cinco deciles, con cualquier cosa que los toques, caen debajo. No se aplanó la curva del Covid, pero sí la de la pobreza”, asegura.
La rotación y la precariedad laboral, la volatilidad de los ingresos y el endeudamiento, añade Ruiz Encina, son características sobresalientes de estos sectores. Por eso, asegura, las encuestas longitudinales (que miran las trayectorias de los individuos a través del tiempo) dicen más que las encuestas que sacan “una foto”, como la Casen. “Si al momento de la foto había más pega en la casa, saltaste dos o tres deciles arriba de la línea. Y cuando se acaba, caes de nuevo debajo”, afirma.
Una de las primeras encuestas longitudinales que se aplicaron en Chile la realizó entre 1996 y 2006 la Fundación Superación de la Pobreza (FSP). Su asesor de políticas públicas, Leonardo Moreno, cuenta que descubrieron que “si bien Chile tiene unas tasas de pobreza por ingreso bajas, la cantidad de personas que vive el fenómeno de esa pobreza es extremadamente elevada. Tenemos una entrada y salida constante de la pobreza”. La gente que se mantiene en pobreza por ingresos, explica, no supera el 3%, pero hay aproximadamente un 30% de gente que rota.
“Se pensó que habían llegado por fin a ser clase media, pero su situación era precaria. Eran los ‘vulnerables’, es decir, la clase media para ellos era un espejismo. Incluso el Banco Mundial ha argumentado en estos últimos años que las personas o familias que han salido de la pobreza no son clase media”, abunda Barozet. Y refiere al estudio A vulnerability approach to the definition of the middle class (2011) de esa entidad, que sitúa el umbral de vulnerabilidad en el percentil 60 de la distribución del ingreso en Chile y otros países de América Latina.
Abandonados al mercado
La no consolidación de estos sectores trabajadores como una clase media mejor preparada para resistir el shock de la pandemia, piensa Barozet, está relacionada con que “la política de superación de la pobreza y de aumento del bienestar de la población estaba centrada en la integración al mercado laboral y el crecimiento económico”. Precisamente, dos de los elementos que están “en pausa o con cifras negativas” por la crisis actual.
Para Ramón López, académico e investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, la vulnerabilidad de estos sectores se ha desarrollado gradualmente a través de los últimos 30 años y “fundamentalmente por la falta de equilibrio entre los bienes de mercado, que sí crecieron bastante, y los bienes públicos y sociales, que no crecieron a la misma tasa”. La crisis generada por la pandemia se agrava, sostiene, al coincidir con los resultados acumulativos de esa vulnerabilidad.
A fines de los 90 e inicios de los 2000, afirma López, “teníamos una población más joven que usufructuaba bien de los bienes privados: no resentía tanto la falta de protección social al tener mejor salud y no tener que jubilarse todavía. Se estaba construyendo una vulnerabilidad, pero parte de la población aún no la sentía. Pero cuando la población empieza a envejecer, a enfermarse o cuando pierde el trabajo o tiene un accidente, va sintiendo lo vulnerable que es, porque el Estado no le ofrece nada en esas circunstancias”.
El egreso de “jóvenes endeudados y de universidades que eran una estafa” y la jubilación de más generaciones bajo el modelo de las AFP, “con profesores pasando de ganar 800 mil pesos a 150 el día que se jubilan”, son para el economista golpes de realidad que desnudan las débiles bases que sirvieron para reducir la pobreza desde los 90. A la pandemia, insiste, “los jubilados llegan con ninguna reserva y la clase media llega endeudada y con muy pocos ahorros, porque tenía que pagar un montón de conceptos que en otros países son gratuitos”. Un problema añadido es que estos grupos “se corresponden con familias que no reciben ayuda o poca de parte del Estado”, señala Barozet.
El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), de hecho, llega a hogares con hasta 400.000 pesos de ingreso, sólo el 34% de los hogares del país. “Es un problema derivado del hecho de que esa línea de pobreza que no discrimina entre condiciones sociales muy distintas, sí discrimina acceso a beneficios”, dice Ruiz Encina. “Por eso no podría (la línea de pobreza absoluta) ser la base de sustento para una política de beneficios y atención a las economías familiares más vulnerables”. A mayor pobreza, suma el sociólogo, “vamos a ver un aumento y un cambio en la fisonomía de la desigualdad en la sociedad chilena. Cuando la gente se imaginaba lo que había detrás del (Índice) Gini, lo que veía era concentración de la riqueza, a diferencia de pobreza, como en el resto de América Latina”. Ahora la desigualdad crecerá en ambas direcciones, afirma, e ilustra con los fondos de emergencia destinados a la micro y pequeña empresa (Fogape): “se ponen en manos de la banca privada, que utiliza un gasto estatal y lo entrega con intereses. Ese tipo de cosas estimula la concentración de ingresos”.
En el otro extremo, añade Moreno, “nos enfrentamos a una situación que no veíamos hace 35 años. Y es que aparecen en el horizonte personas con inseguridad alimentaria. Tenemos malnutrición, es un hecho de todos los países en desarrollo, pero inseguridad alimentaria no habíamos tenido. Es una vuelta atrás muy fuerte”. Soledad Ruiz Jabbaz, académica de la Universidad de Chile especializada en psicología social y comunitaria, recuerda que los sectores populares “han lidiado históricamente con la incertidumbre, es su estado cotidiano”. Al no saber si el sueldo alcanzará hasta fin de mes o si el próximo habrá trabajo, explica, “han elaborado un sistema de vida en torno a esa incertidumbre. Las familias extendidas viven cerca para poder ayudarse; se vive por generaciones en las mismas poblaciones, por ende, las redes son muy densas”. De ahí el rápido resurgir de las ollas comunes contra el hambre, subraya.
Consultada por la relación de los sectores populares con el Estado, cuyas políticas resultarán fundamentales para contener la pobreza extrema, Ruiz Jabbaz advierte que no es cotidiana y que “cuando aparece, está mediada por mucha burocracia, por la sensación de estar siendo examinados, de tener que demostrar que se es pobre. Para obtener su ayuda uno debe estar dispuesto a ser sometido a un escrutinio, a un proceso humillante, en cierto sentido”. Una presencia que sí es cotidiana “es la represión”, añade, “aunque la sensación más común es de ausencia, de abandono”.
¿Otra forma de repartir y producir?
Para Emmanuel Barozet, “el tamaño de la debacle social y económica podría empujar a un cambio de las reglas del juego, pues la crisis actual desafía todas nuestras concepciones de lo que es la política sanitaria y social. Incluso los grupos de clase media que no se sentían vulnerables pueden serlo hoy o mañana”.
Frente a la pregunta de cómo enfrentar dicha debacle, Leonardo Moreno asegura que Chile tiene mayor capacidad que a principios de los 90 para aumentar el gasto público, para “echarle una mano a la gente que está en una situación compleja y reactivar la economía”. El gran problema, a su juicio, “es cómo, a través de la política pública, vamos a determinar quiénes son los beneficiarios, si son titulares de derechos o si vamos a focalizar y cómo”. “Con una rotación tan grande alrededor de la pobreza y un 60% tan homogéneo de la población, tener políticas tan focalizadas es complicado”, indica.
Además, “la cantidad de problemas psicológicos, sociales, de rompimiento de los vínculos que trae aparejada la focalización que en Chile ha tenido durante 40 años el sistema, es brutal. Aquí los pobres no sólo tienen que ser pobres, tienen que demostrar que son pobres, pero no sólo eso, tienen que competir”.
Desde la FSP, cuenta Moreno, vienen planteando la necesidad de cambiar el modo de focalizar ciertas políticas y asegura que redoblarán los esfuerzos en ese sentido. Se refiere a la necesidad de focalizar “no por individuos, sino por grupos y territorios, trabajando más con la comunidad”. La “fijación con lo individual y a lo más lo familiar”, asegura, impide pensar políticas que favorezcan la cohesión social y “se hagan cargo de un concepto fundante de la pobreza multidimensional: la soledad y el aislamiento social”.
Carlos Ruiz Encina coincide en la necesidad de repensar las políticas sociales: “se van a tener que basar en otro modo de apreciar, medir y abordar la pobreza y la forma en que la contempla el gasto social. Discriminar debajo de la línea de la pobreza es un absurdo”. Pero advierte que “esta es como la dimensión hospitalaria del problema de la pobreza, que es contenerla”. El problema más grande, alerta, es que “el modelo de crecimiento que sirvió para reducirla ya no tiene las ventajas que tuvo”.
“Las ventajas de una economía basada en la inserción primario-exportadora tenían límites, y esos límites ya los tocamos. Apostar a eso no era sostenible en el tiempo. No se va a repetir un ciclo de disminución de la pobreza como el que vimos en ese momento”. Según Ruiz Encina, “habrá que replantearse el patrón de crecimiento, buscar otras formas de inserción en la economía internacional que no impliquen tener que levantarse cada mañana a ver cómo está el precio de los commodities. Ojalá eso cruce el proceso constituyente”.
También para Ramón López la reducción de la pobreza es indisociable de cómo se produce y reparte la riqueza. “Los grandes monopolios, los súper ricos, los 260 individuos que tienen en promedio una riqueza por encima de los 700 millones de dólares, han creado sólo una proporción de la riqueza que tienen, lo que más han hecho es apropiarse de riqueza existente. Del consumidor, cobrándole precios exageradamente altos; de los trabajadores, pagándole salarios menores a su productividad marginal; explotando a las Pymes, usando información privilegiada –que es extraer riquezas de otros inversionistas–”.
Por eso propone gravar las rentas económicas, “los retornos al capital que están muy por encima de la tasa que reinvierten”. Es el caso de las empresas del cobre, asegura, que de acuerdo al estudio del que es coautor, Nuevas estimaciones de la riqueza regalada a las grandes empresas de la minería privada del cobre: Chile 2005-2015, generaron “120 mil millones de dólares durante los 10 años del boom que no fueron gravados por el Estado y se dejaron ir a manos de empresas privadas. Chile podría gravar allí sin afectar ni un ápice la inversión e invertir ese dinero en los bienes públicos y sociales en los que estamos tan rezagados”.