El economista y académico aborda los principales desafíos que atraviesa el país, como el proceso inflacionario, la desigualdad, los efectos que tuvo la pandemia en la educación y en la participación laboral femenina.
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Los pronósticos no varían demasiado: cientos de miles –si no millones– de chilenos pasarán a ser pobres y los que ya lo son, lo serán aún más. Especialistas coinciden en ver la pandemia como una tormenta perfecta para un país marcado por la vulnerabilidad de su población y economía. Si la mayoría vivía en un ascensor que subía y bajaba de la línea de la pobreza, el Coronavirus le cortó los cables. Y no es claro cómo sacarlo del fondo.
Por Francisco Figueroa
A fines de 2019, la Plaza Italia de Santiago era el epicentro de un masivo levantamiento social que decía que la dignidad depende de mucho más que de poder llevarse algo de comer a la boca. Unos meses más tarde, el mismo espacio, rebautizado popularmente como Plaza de la Dignidad, es caja de resonancia de la menos ambiciosa pero mucho más desesperada lucha por evitar que el hambre cause más estragos que el Covid-19.
Este cambio en el contenido de los imaginarios colectivos del país refleja la abrupta caída de las expectativas económicas y sociales tras la pandemia del Coronavirus. Al pronóstico de la Cepal sobre un aumento de la pobreza absoluta en Chile de aproximadamente 4% se suman las preocupantes cifras que arroja el INE sobre el último trimestre: la tasa de ocupados bajó en 16,5% y el desempleo llegó al 11,2%.
Estas proyecciones y datos se producen en un panorama económico todavía incierto y con una relativa “ceguera estadística” sobre la evolución real del desempleo y los ingresos por las dificultades que impone la situación sanitaria al levantamiento de datos de calidad. Lo que es claro, sin embargo, es que además de aumentar la pobreza, la crisis desafía la manera en que concebíamos este concepto y las fórmulas que el país había utilizado para intentar reducirla.
Aplanamos la curva… de la pobreza
Para la socióloga Emmanuelle Barozet, académica e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales (Facso) de la Universidad de Chile, la pobreza va a crecer a costa de grupos que considerábamos “de clase media” sin que realmente lo fueran. Desde medidas sociológicas basadas en la ocupación, explica, “la clase media es un grupo consolidado, con contratos estables, profesiones calificadas y mayor capacidad de resistir shocks económicos como el que vivimos”. No supera el 30% de la población, dice.
Una situación distinta vive el resto de los “ni pobres ni ricos”. “Existe un grupo amplio de trabajadores en Chile, alrededor del 40% de la población, que no son clase media, pues no tienen ocupaciones calificadas ni contratos estables y están endeudados. Es el grupo que se mueve en la informalidad. Ese gran conjunto de sectores ‘trabajadores’, si bien no eran pobres, es el que ahora ve amenazada su situación por pérdida de empleo, enfermedad, muerte de un cercano, obligación a quedarse en casa para cuidar a los dependientes, baja de ingresos”, sostiene Barozet.
El también sociólogo de la Facso, Carlos Ruiz Encina, agrega que el hecho de que estos sectores hayan estado sobre la línea de la pobreza antes de la pandemia no significa que estuvieran mejor preparados que quienes estaban debajo. “A los dos lados de la línea de pobreza la situación social es básicamente la misma, porque lo que hay es un nivel de rotación muy fuerte alrededor de esa línea. A los sectores que están arriba, por lo menos cuatro y hasta cinco deciles, con cualquier cosa que los toques, caen debajo. No se aplanó la curva del Covid, pero sí la de la pobreza”, asegura.
La rotación y la precariedad laboral, la volatilidad de los ingresos y el endeudamiento, añade Ruiz Encina, son características sobresalientes de estos sectores. Por eso, asegura, las encuestas longitudinales (que miran las trayectorias de los individuos a través del tiempo) dicen más que las encuestas que sacan “una foto”, como la Casen. “Si al momento de la foto había más pega en la casa, saltaste dos o tres deciles arriba de la línea. Y cuando se acaba, caes de nuevo debajo”, afirma.
Una de las primeras encuestas longitudinales que se aplicaron en Chile la realizó entre 1996 y 2006 la Fundación Superación de la Pobreza (FSP). Su asesor de políticas públicas, Leonardo Moreno, cuenta que descubrieron que “si bien Chile tiene unas tasas de pobreza por ingreso bajas, la cantidad de personas que vive el fenómeno de esa pobreza es extremadamente elevada. Tenemos una entrada y salida constante de la pobreza”. La gente que se mantiene en pobreza por ingresos, explica, no supera el 3%, pero hay aproximadamente un 30% de gente que rota.
“Se pensó que habían llegado por fin a ser clase media, pero su situación era precaria. Eran los ‘vulnerables’, es decir, la clase media para ellos era un espejismo. Incluso el Banco Mundial ha argumentado en estos últimos años que las personas o familias que han salido de la pobreza no son clase media”, abunda Barozet. Y refiere al estudio A vulnerability approach to the definition of the middle class (2011) de esa entidad, que sitúa el umbral de vulnerabilidad en el percentil 60 de la distribución del ingreso en Chile y otros países de América Latina.
Abandonados al mercado
La no consolidación de estos sectores trabajadores como una clase media mejor preparada para resistir el shock de la pandemia, piensa Barozet, está relacionada con que “la política de superación de la pobreza y de aumento del bienestar de la población estaba centrada en la integración al mercado laboral y el crecimiento económico”. Precisamente, dos de los elementos que están “en pausa o con cifras negativas” por la crisis actual.
Para Ramón López, académico e investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, la vulnerabilidad de estos sectores se ha desarrollado gradualmente a través de los últimos 30 años y “fundamentalmente por la falta de equilibrio entre los bienes de mercado, que sí crecieron bastante, y los bienes públicos y sociales, que no crecieron a la misma tasa”. La crisis generada por la pandemia se agrava, sostiene, al coincidir con los resultados acumulativos de esa vulnerabilidad.
A fines de los 90 e inicios de los 2000, afirma López, “teníamos una población más joven que usufructuaba bien de los bienes privados: no resentía tanto la falta de protección social al tener mejor salud y no tener que jubilarse todavía. Se estaba construyendo una vulnerabilidad, pero parte de la población aún no la sentía. Pero cuando la población empieza a envejecer, a enfermarse o cuando pierde el trabajo o tiene un accidente, va sintiendo lo vulnerable que es, porque el Estado no le ofrece nada en esas circunstancias”.
El egreso de “jóvenes endeudados y de universidades que eran una estafa” y la jubilación de más generaciones bajo el modelo de las AFP, “con profesores pasando de ganar 800 mil pesos a 150 el día que se jubilan”, son para el economista golpes de realidad que desnudan las débiles bases que sirvieron para reducir la pobreza desde los 90. A la pandemia, insiste, “los jubilados llegan con ninguna reserva y la clase media llega endeudada y con muy pocos ahorros, porque tenía que pagar un montón de conceptos que en otros países son gratuitos”. Un problema añadido es que estos grupos “se corresponden con familias que no reciben ayuda o poca de parte del Estado”, señala Barozet.
El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), de hecho, llega a hogares con hasta 400.000 pesos de ingreso, sólo el 34% de los hogares del país. “Es un problema derivado del hecho de que esa línea de pobreza que no discrimina entre condiciones sociales muy distintas, sí discrimina acceso a beneficios”, dice Ruiz Encina. “Por eso no podría (la línea de pobreza absoluta) ser la base de sustento para una política de beneficios y atención a las economías familiares más vulnerables”. A mayor pobreza, suma el sociólogo, “vamos a ver un aumento y un cambio en la fisonomía de la desigualdad en la sociedad chilena. Cuando la gente se imaginaba lo que había detrás del (Índice) Gini, lo que veía era concentración de la riqueza, a diferencia de pobreza, como en el resto de América Latina”. Ahora la desigualdad crecerá en ambas direcciones, afirma, e ilustra con los fondos de emergencia destinados a la micro y pequeña empresa (Fogape): “se ponen en manos de la banca privada, que utiliza un gasto estatal y lo entrega con intereses. Ese tipo de cosas estimula la concentración de ingresos”.
En el otro extremo, añade Moreno, “nos enfrentamos a una situación que no veíamos hace 35 años. Y es que aparecen en el horizonte personas con inseguridad alimentaria. Tenemos malnutrición, es un hecho de todos los países en desarrollo, pero inseguridad alimentaria no habíamos tenido. Es una vuelta atrás muy fuerte”. Soledad Ruiz Jabbaz, académica de la Universidad de Chile especializada en psicología social y comunitaria, recuerda que los sectores populares “han lidiado históricamente con la incertidumbre, es su estado cotidiano”. Al no saber si el sueldo alcanzará hasta fin de mes o si el próximo habrá trabajo, explica, “han elaborado un sistema de vida en torno a esa incertidumbre. Las familias extendidas viven cerca para poder ayudarse; se vive por generaciones en las mismas poblaciones, por ende, las redes son muy densas”. De ahí el rápido resurgir de las ollas comunes contra el hambre, subraya.
Consultada por la relación de los sectores populares con el Estado, cuyas políticas resultarán fundamentales para contener la pobreza extrema, Ruiz Jabbaz advierte que no es cotidiana y que “cuando aparece, está mediada por mucha burocracia, por la sensación de estar siendo examinados, de tener que demostrar que se es pobre. Para obtener su ayuda uno debe estar dispuesto a ser sometido a un escrutinio, a un proceso humillante, en cierto sentido”. Una presencia que sí es cotidiana “es la represión”, añade, “aunque la sensación más común es de ausencia, de abandono”.
¿Otra forma de repartir y producir?
Para Emmanuel Barozet, “el tamaño de la debacle social y económica podría empujar a un cambio de las reglas del juego, pues la crisis actual desafía todas nuestras concepciones de lo que es la política sanitaria y social. Incluso los grupos de clase media que no se sentían vulnerables pueden serlo hoy o mañana”.
Frente a la pregunta de cómo enfrentar dicha debacle, Leonardo Moreno asegura que Chile tiene mayor capacidad que a principios de los 90 para aumentar el gasto público, para “echarle una mano a la gente que está en una situación compleja y reactivar la economía”. El gran problema, a su juicio, “es cómo, a través de la política pública, vamos a determinar quiénes son los beneficiarios, si son titulares de derechos o si vamos a focalizar y cómo”. “Con una rotación tan grande alrededor de la pobreza y un 60% tan homogéneo de la población, tener políticas tan focalizadas es complicado”, indica.
Además, “la cantidad de problemas psicológicos, sociales, de rompimiento de los vínculos que trae aparejada la focalización que en Chile ha tenido durante 40 años el sistema, es brutal. Aquí los pobres no sólo tienen que ser pobres, tienen que demostrar que son pobres, pero no sólo eso, tienen que competir”.
Desde la FSP, cuenta Moreno, vienen planteando la necesidad de cambiar el modo de focalizar ciertas políticas y asegura que redoblarán los esfuerzos en ese sentido. Se refiere a la necesidad de focalizar “no por individuos, sino por grupos y territorios, trabajando más con la comunidad”. La “fijación con lo individual y a lo más lo familiar”, asegura, impide pensar políticas que favorezcan la cohesión social y “se hagan cargo de un concepto fundante de la pobreza multidimensional: la soledad y el aislamiento social”.
Carlos Ruiz Encina coincide en la necesidad de repensar las políticas sociales: “se van a tener que basar en otro modo de apreciar, medir y abordar la pobreza y la forma en que la contempla el gasto social. Discriminar debajo de la línea de la pobreza es un absurdo”. Pero advierte que “esta es como la dimensión hospitalaria del problema de la pobreza, que es contenerla”. El problema más grande, alerta, es que “el modelo de crecimiento que sirvió para reducirla ya no tiene las ventajas que tuvo”.
“Las ventajas de una economía basada en la inserción primario-exportadora tenían límites, y esos límites ya los tocamos. Apostar a eso no era sostenible en el tiempo. No se va a repetir un ciclo de disminución de la pobreza como el que vimos en ese momento”. Según Ruiz Encina, “habrá que replantearse el patrón de crecimiento, buscar otras formas de inserción en la economía internacional que no impliquen tener que levantarse cada mañana a ver cómo está el precio de los commodities. Ojalá eso cruce el proceso constituyente”.
También para Ramón López la reducción de la pobreza es indisociable de cómo se produce y reparte la riqueza. “Los grandes monopolios, los súper ricos, los 260 individuos que tienen en promedio una riqueza por encima de los 700 millones de dólares, han creado sólo una proporción de la riqueza que tienen, lo que más han hecho es apropiarse de riqueza existente. Del consumidor, cobrándole precios exageradamente altos; de los trabajadores, pagándole salarios menores a su productividad marginal; explotando a las Pymes, usando información privilegiada –que es extraer riquezas de otros inversionistas–”.
Por eso propone gravar las rentas económicas, “los retornos al capital que están muy por encima de la tasa que reinvierten”. Es el caso de las empresas del cobre, asegura, que de acuerdo al estudio del que es coautor, Nuevas estimaciones de la riqueza regalada a las grandes empresas de la minería privada del cobre: Chile 2005-2015, generaron “120 mil millones de dólares durante los 10 años del boom que no fueron gravados por el Estado y se dejaron ir a manos de empresas privadas. Chile podría gravar allí sin afectar ni un ápice la inversión e invertir ese dinero en los bienes públicos y sociales en los que estamos tan rezagados”.
Si no se realizan cambios estructurales al actuar de Carabineros en las calles frente a las manifestaciones sociales, es muy probable que ocurra un nuevo estallido. Tal vez no de forma masiva o en un solo territorio, pero los hechos de protesta por las condiciones políticas, sociales y económicas se harán sentir en las calles de una u otra forma. Las condiciones políticas que permitieron la apertura de un nuevo espacio de diálogo se ven reflejadas en el acuerdo político que nos llevó a un itinerario de cambio constitucional. Esta agenda no puede quedar empantanada por la pandemia; muy por el contrario, las transformaciones urgentes de la carta constitucional que permitirían construir un nuevo contrato social deben estar en la agenda de debate.
Por Lucía Dammert
La pandemia tendrá consecuencias económicas y sociales profundas para América Latina. Si bien aún los pronósticos cambian de forma diaria, las visiones de la CEPAL o el Banco Mundial reconocen un retroceso de entre una a dos décadas en los logros de la lucha contra la pobreza y la desigualdad.
Chile no es una excepción. A mediados de mayo de 2020 más de 459 mil trabajadores enfrentan suspensión de sus contratos, más de 17 mil reducción de sus jornadas, lo que impacta directamente sobre aquellos que tienen trabajos más precarios. Según datos del INE, el desempleo al mes de abril de 2020 alcanzó a 8,3% de hombres y 9,9% de mujeres, lo que se suma a una tasa de ocupación informal que se situó en 26,3%. La información aparece de forma constante con un mensaje claro: los que menos tienen sufrirán más por la consecuencias de la pandemia.
Referirnos a las bases del estallido del 2019 parece algo lejano en el tiempo. Mucho ha cambiado en menos de un año, pero también mucho ha quedado igual o se ha magnificado. La pandemia presenta tasas más altas de infectados en las comunas más pobres, la pobreza extrema, que llegaba a 1,4% de la población, podría moverse, según estimaciones, entre 2,3% y 2,6%. CEPAL pronostica también que la pobreza que afectaba a 9,8% de la población el 2019, afectará a entre 12,7% y 13,7% en el mediano plazo.
El hambre, la sobrevivencia y el frío, así como el trabajo infantil, el abandono escolar y la cobertura médica se instalarán en una agenda social que hace sólo un año reconocía la necesidad de un cambio de modelo en Chile. Ahí donde se puso en duda el lucro con la educación, el negocio de la salud privada y los pésimos resultados del sistema privado de pensiones, ahora se reconocerá la necesidad de mecanismos estatales sólidos y permanentes para brindar estos bienes públicos con un Estado robusto, que sirva a las mayorías y que deje su rol subsidiario.
La pandemia además ha enfatizado en un tema central del estallido del 2019, la segregación de nuestras ciudades, el abandono de múltiples territorios, la inequidad con rostro de discriminación, maltrato y fragmentación. Vivir en la ciudad no es igual para todas y todos, la presencia de guetos verticales, así como de guetos de pobreza y explotación para la población migrante, son dos caras que por décadas nos negamos a ver. Tal vez estar entre las ciudades más prometedoras o con la mejor calidad de vida para los negocios según rankings internacionales nos impidieron ver el rostro completo de la ciudad que construimos. Esa donde le tememos al distinto y desconfiamos del vecino; donde contaminamos con parque vehicular “del año” y concentramos las áreas verdes en pocas comunas.
El estallido social del 2019 nos llamó a reflexionar sobre un país que se produce a pesar de estas profundas grietas e inequidades. La pandemia no callará este llamado, por el contrario, es muy probable que lo amplifique, con la evidencia que dejará no sólo en términos de enfermedades y fallecidos, sino también de cuidados y privilegios. Los sectores populares donde se concentró la pandemia y algunos hechos de violencia que ocurrieron en 2019 han sido los primeros en implementar ollas comunes, redes de asistencia ciudadana y mecanismos colaborativos incipientes entre vecinos. Generalmente apoyados por los gobiernos municipales, han enfrentado la precariedad con dignidad, pero también con un claro sentido de abandono que se hizo evidente con los limitados apoyos entregados inicialmente, los llamados al encierro sin reconocer las dificultades del mismo y la situación de la mayoría de los centros de salud ubicados en sus comunas.
El estallido 2019 tuvo como respuesta inicial un violento accionar policial que no escatimó en usar balines, bombas lacrimógenas y agua con químicos entre otras herramientas de lo que llamamos orden público. La protesta social tiene que ser entendida como un mecanismo legítimo de expresión de necesidades por parte de la población que no se siente representada por los partidos políticos o los gobernantes de turno. Criminalizar su accionar o policializar la respuesta sólo trae más violencia y convierte muchas veces el reclamo en ira. Los informes del Instituto Nacional de Derechos Humanos y de Human Rights Watch muestran señales irrefutables de violación de derechos humanos, así como de un entendimiento institucional del uso de la violencia como una solución rápida.
La crisis de legitimidad de Carabineros de Chile marcó la necesidad de una profunda reforma policial, que pusiera énfasis en el verdadero gobierno civil del sector. Por primera vez desde el retorno de la democracia en Chile, el tema policial se analizó desde la integralidad y se pusieron en duda los altos niveles de autonomía, opacidad e impunidad. La pandemia le quitó momentum a este debate, los acuerdos por reformas se han ido transformando en acuerdos legislativos específicos. La certera y proactiva respuesta que han tenido las policías en el marco de la pandemia ha incrementado la confianza y validación de los ciudadanos en las principales encuestas de opinión. Proceso esperable que muestra que el trabajo policial es multifacético y que la ciudadanía, a pesar de las complejidades del pasado, reconoce el rol de una policía que ayuda a la protección. La confianza en momentos de angustia, ansiedad y pandemia no debería entenderse como una carta en blanco para desarrollar estrategias comunicacionales y cambios menores.
Sin cambios estructurales en la forma en que se enfrenta la protesta social, es muy probable que ocurra un nuevo estallido. Tal vez no de forma masiva o en un solo territorio, pero los hechos de protesta por las condiciones políticas, sociales y económicas se harán sentir en las calles de una u otra forma. Las condiciones políticas que permitieron la apertura de un nuevo espacio de diálogo se ven reflejadas en el acuerdo político que nos llevó a un itinerario de cambio constitucional. Esta agenda no puede quedar empantanada por la pandemia; muy por el contrario, las transformaciones urgentes de la carta constitucional que permitirían construir un nuevo contrato social deben estar en la agenda de debate.
La debilidad estatal no sólo se ha visto reflejada en la carencia de un sistema de atención de salud primaria que permita una cobertura adecuada para toda la población, sino también en la ausencia de espacios de protección. Se trata de una situación que ha consolidado espacios grises, donde grupos informales o criminales cumplen roles de protección y asistencia dirigidos a personas de alta vulnerabilidad. La ausencia del Estado es un escenario extremo que se observa en algunos contextos, en la mayoría de los barrios populares de Chile, donde el Estado está presente sólo en términos policiales, muchas veces reactivamente o con programas sociales que entregan bonos pero no construyen redes sociales. El estallido en los lugares donde el Estado juega este rol ambivalente (represión/abandono) sin duda tendrá expresiones y narrativas muy distintas para las que debería estar preparado el aparato estatal. Preparado no sólo con nuevos carros blindados o cámaras policiales de cuerpo, sino con la presencia efectiva de los sistemas de protección social. Post pandemia preocupa el abandono escolar, el consumo problemático de drogas y alcohol, los problemas de salud mental no tratados, entre otros múltiples factores que son reconocidos por su vinculación con el aumento de la violencia. No es clara cuál será la agenda de inversión en ninguna de estas áreas.
En el futuro cercano tendremos que acostumbrarnos a una “nueva normalidad”, nos han dicho los encargados de la agenda sanitaria. Una normalidad que traerá cuidados especiales, distanciamiento social e incluso restricción de algunas prácticas que nos eran cotidianas. En nuestro contexto, avanzar con una efectiva reforma policial que evidencie que no habrá impunidad por la violencia utilizada el 2019, así como mostrar preocupación por la construcción de una legitimidad policial basada en la confianza y la percepción de trato justo es un elemento fundamental para evitar el posible escalamiento de violencia en el futuro. Mantener un cronograma de debate nacional, con verdadera y diversa participación en el marco constitucional, es muy relevante. El cronograma electoral tendrá que ser discutido en el marco de lo acordado; pensar en una alternativa política que elimine el plebiscito de ingreso, la definición del mecanismo o el plebiscito de salida podría ser entendida como un retroceso en los logros de la movilización ciudadana.
En la nueva normalidad, el derecho a la protesta deberá ser asumido por la sociedad en su conjunto. La protesta sin respuesta política puede terminar en violencia debido a la frustración o a los intereses de algunos grupos. Está en las manos de los principales líderes sociales y políticos la tarea de involucrar a la sociedad, reconocer los problemas estructurales, avanzar en la agenda de transformación y de inclusión. Así, el estallido 2.0 no debe ser visto como una amenaza, sino como un recordatorio de que la búsqueda de dignidad en la forma en que se desarrolla el país no es un evento episódico, sino un reclamo estructural que llegó para quedarse.
Las primeras manifestaciones de pobladores de El Bosque y de otras comunas, quienes denunciaron estar pasando hambre debido a que la cuarentena no les permite conseguir el sustento diario, develaron la vulnerabilidad en que sigue viviendo gran parte de la población chilena, un porcentaje para el que el regreso a condiciones de pobreza está a la vuelta de la esquina. La periodista y Magíster en Gobierno, Políticas Públicas y Territorio, Catalina Littin, es actualmente la directora ejecutiva de la Fundación Superación de la Pobreza y en esta entrevista se refiere al trabajo que viene realizando la institución hace 25 años, y aborda por qué es tan urgente modificar las políticas públicas hacia una ayuda más descentralizada, directa y respetuosa de los saberes específicos y tradicionales de las comunidades.
Por Jennifer Abate
—Tengo la impresión de que hace mucho tiempo que públicamente no escuchábamos hablar de hambre en nuestro país. ¿Te sorprendió escuchar nuevamente hablar de esta dramática realidad?
No sé si me sorprende porque es algo que veníamos advirtiendo desde hace semanas en las distintas instancias políticas y con sociedad civil en las que participamos. Era evidente que con la alta tasa de trabajo informal que tiene Chile, y que es agravada fuertemente por esta pandemia, todas las familias que se ganan el sustento diario iban a empezar a tener complicaciones importantes en ese sentido. Ahora, por supuesto que nos sorprende en términos históricos, porque era algo que habíamos dejado atrás, ya no era una manifestación principal de pobreza en el país. Eso nos da cuenta de lo vulnerables que somos y cuán vulnerables han sido los avances en estos 30 años en términos de pobreza monetaria. La gente ha conseguido un bienestar a costa del endeudamiento, ha tenido acceso a bienes, servicios que antes no tenía, y hoy eso tiene un retroceso bien dramático y que llega de un día para otro. Creo que eso es lo más impresionante, que se instala de un día para otro. Hay que actuar rápido, con mayor celeridad y con inclusión de todos los sectores en las decisiones que se van tomando.
—El 22 de mayo comenzó la entrega de los dos millones y medio de cajas con alimento anunciadas por el gobierno, destinadas a paliar la grave situación que en este contexto enfrentan las personas más vulnerables. La medida se ha criticado, ya que otra alternativa posible era transferir el dinero directamente a las personas. También se ha cuestionado la falta de claridad inicial sobre el modo y fechas en que sería entregada la ayuda. Recién hoy sabemos que se le va a entregar sólo al 70% del 40% más vulnerable según el Registro Social de Hogares. ¿Qué opinas de esta estrategia?
Con la comunidad de organizaciones solidarias, que es donde estamos más de 240 instituciones de la sociedad civil que trabajan con temas de pobreza, vulnerabilidad y exclusión, presentamos hace semanas una carta a las autoridades políticas donde sostenemos que una transferencia monetaria es probablemente la manera más ágil y más digna para una familia que ha perdido su salario, ese ingreso diario que iba consiguiendo para poder hacerle frente en cierta medida a estos problemas. Pensamos que si hay dos mil millones disponibles, uno podría hacer una jugada distinta, pero no hubo acuerdo, la discusión política se enredó y enfrascó de tal manera, que no hubo forma de modificar el proyecto. Es evidente que la caja de alimentos es una ayuda humanitaria, de eso es de lo que estamos hablando y jamás diría que no es necesario; nosotros mismos hemos repartido cajas de alimentos en distintas partes del país en estas semanas. El punto es si acaso no es mejor hacer transferencias monetarias que permitan dinamizar los comercios locales, los pequeños negocios de barrio que están dentro de estas mismas comunas en cuarentena y que también se ven afectados. Las personas han perdido sus salarios, entonces ¿por qué no restituir aquello que se perdió? Creo que ahí hay un punto que uno pudiera analizar.
—¿Por qué crees entonces que se optó por la alternativa de hacer entrega de cajas de alimentos, que además implica una logística gigantesca?
Es gigantesca. Bueno, porque estamos frente a un proceso muy dinámico, el ministro Briones dice que “es una película en desarrollo” y tiene toda la razón. Hace dos semanas hablábamos del futuro, y en el futuro, que ya llegó, hay hambre y desempleo, que se manifiesta de manera importante. Hay que tener una capacidad adaptativa y, en ese sentido, las cajas de comida forman parte de esa capacidad adaptativa. El punto es que, como tú bien dices, requiere de una logística tan inédita que ojalá tengamos la capacidad para llevarla a cabo y que lo antes posible las familias tengan esa ayuda, pero es indudable que el gobierno ya tiene que estar evaluando nuevas medidas que va a tener que empezar a ejecutar en las semanas que vienen. Lo que hemos tratado de instalar desde el 18 de octubre, básicamente, es la necesidad de entender que estamos enfrentando un país en el que está en jaque todo un modelo de desarrollo que se ha llevado a cabo en estos años y que no es un gobierno el que puede tomar las decisiones en solitario, porque es una responsabilidad en mayúsculas. Es la responsabilidad de muchos más sectores que sólo el gobierno y ahí nos gustaría mucho que hubiera un plan maestro que mirara el mediano y el largo plazo con responsabilidad, y que los sectores políticos, la sociedad civil, el sector privado pudieran hacerse responsables de ese plan. Esto, más allá del gobierno que esté a la cabeza, porque es evidente que no vamos a resolver todo lo que se manifestó en el estallido social, más todo lo que nos va a dejar esta pandemia, en seis meses ni en un año ni en dos, va a trascender a este gobierno, probablemente. Sentarse responsablemente a tomar decisiones y hacer un pacto fiscal, definir cuánto va a gastar Chile, cuánto está dispuesto a endeudarse, a qué le vamos a hacer frente, porque a esto le vamos a hacer frente todos, no sólo el gobierno.
El Estado no llega a todas partes, Servicio País es una muestra de eso, nosotros estamos en territorios donde el Estado llega poquito y chiquitito, de alguna manera. Entonces, sabemos muy bien que se requieren alianzas estratégicas para poder hacerle frente a lo que estamos viviendo, no a lo que viene, a lo que estamos viviendo, porque cada vez va a sobreponerse más este futuro del que hablamos.
—¿Crees que las formas de afrontar esta pandemia han considerado las diferentes condiciones de vida de las personas? Algunas no cuentan con una vivienda digna, con recursos como agua corriente, condiciones adecuadas de calefacción, acceso a salud, un trabajo estable que permita mantener la cuarentena.
Claramente, no, pero hay que decir que ni nuestro país ni el resto del mundo estaba preparado para enfrentar lo que se vino. Esta pandemia pilló al mundo entero en profunda desventaja y es evidente que en un campamento (lo ha dicho Sebastián Bowen, de Techo-Chile, de manera muy clara) el “quédate en casa” es imposible porque, primero, de ¿cuántos metros cuadrados estamos hablando? ¿De qué distanciamiento físico estamos hablando? ¿De qué medidas preventivas básicas estamos hablando cuando hablamos de un campamento? No hay agua, no hay servicios básicos elementales que permitan que esas personas se “queden en casa”, y si a esto sumamos que esas personas no pueden ir a trabajar, significa que no tienen alimentación, y ahí es donde tenemos que avanzar más rápidamente en soluciones en estos sectores que tenemos en cuarenta total. En El Bosque llevamos seis semanas de cuarentena obligatoria, una comuna con altos índices de pobreza, de hacinamiento. No es lo mismo poner en cuarentena total a Vitacura que a El Bosque y tal vez tendríamos que haber provisto de comida, implementos de seguridad, mascarillas, a esa población para que pudiera hacer esa cuarentena con propiedad, con un cierto grado de subsistencia, pero si no estamos preparados para eso, se hace bien difícil. Sabemos que hasta ahora la manera de salvaguardar la vida es el distanciamiento, la cuarentena es lo más efectivo, pero esa dicotomía es muy difícil de abordar en poblaciones vulnerables de manera tan masiva. Podríamos habernos preparado mucho mejor, seguramente.
—¿Crees que al menos en el discurso público descuidamos la pobreza por preocuparnos de debates conceptualmente más sofisticados, como el de la desigualdad?
Sí, en parte, sí, pero lo que también es verdad es que las manifestaciones de la pobreza de los 90 a la fecha fueron variando de manera notable y estas expresiones más graves de la pobreza, como el hambre y la desnutrición, habían quedado atrás. Piensa que la pobreza por ingreso sólo ha disminuido de los 90 en adelante. Ahora, de manera tan inédita como esta pandemia, la pobreza va a subir, la pobreza por ingreso, más allá de cómo la midamos, es evidente que va a subir de manera importante, estamos hablando de un retroceso de décadas y para eso tenemos que trabajar muy duro, para que sea lo más transitoria posible. Hoy leía que no saben si la recuperación de Chile tendrá forma de V o de U, y que algunos expertos se estaban inclinando por la forma de U, es decir, que nos vamos a demorar más en la recuperación de lo que estaba pronosticado.
Las fuentes laborales son quizás de las cosas más difíciles de recuperar, hay cuestiones a las que a lo mejor les puedes ir haciendo frente con distintas políticas públicas que permitan una recuperación de la economía, el crecimiento, pero cuando tú pierdes tu fuente laboral, cuando la fuente laboral es además suprimida, porque la empresa no existe, porque quebró, etc., el que vuelvas a recuperar ese puesto con ese nivel de ingresos que tenías inicialmente, demora muchos, muchos años.
—La Fundación para la Superación de la Pobreza es una institución con más de 25 años de trayectoria en Chile, que realiza un trabajo de análisis específico a lo largo de todo el país y que ha sido capaz de dar cuenta de los factores que más impactan sobre la vida de grandes y pequeñas comunidades, tanto urbanas como rurales. ¿Cuáles dirías que son los principales fenómenos responsables de la situación de pobreza de las personas en Chile?
Sin duda, tiene que ver con el agua, el acceso y la distribución de este recurso tan fundamental para las pequeñas agriculturas, para el desarrollo del mundo rural donde nos desarrollamos. Ahí hay distintas estrategias, pero por sobre todo hay una necesidad imperiosa de restablecer los derechos de agua y los usos de agua a nivel comunitario, algo que hoy no existe. Ahí hay un tremendo problema; en general, todo lo que tiene que ver con el uso del recurso natural es crítico para sectores rurales como aquellos en los que nosotros estamos.
La falta de conectividad, en el sentido más amplio, no sólo estar o no conectado con una antena de Internet, sino también la conectividad a servicios básicos como la salud, educación, etc., es uno de los factores que determina este país desigual en el que vivimos. Creemos que hay que avanzar profundamente en generar posibilidades de vivir experiencias equivalentes en el mundo de la educación, en el ámbito de la salud, del bienestar en general, quizás ahí es donde radican las manifestaciones más importantes de pobreza e inequidad en nuestro país. Hay un montón de factores que se dan en el mundo rural que sugieren cómo, a través de ellos, se pueden implementar procesos de desarrollo inclusivo, desarrollo local, que sean pertinentes a los territorios, a los recursos naturales con que cuentan, saberes ancestrales o históricos que tienen las comunidades para salir adelante.
—Hablabas del agua y pensaba en el cambio climático y la manera en que probablemente afecta a las comunidades de maneras más fuertes en la última década por los procesos de desertificación. El año pasado, por ejemplo, veíamos a pequeños agricultores, crianceros en el norte de Chile, que perdieron su fuente laboral por ese tema.
Claro, pero son más que fuentes laborales, son formas de vida, porque en torno a los crianceros no sólo hay una retribución económica de esa actividad, hay un saber, una tradición, un traspaso de conocimiento de generaciones. Entonces, trasciende lo monetario, y ahí uno ve que todo el efecto climático va destruyendo estos medios de vida que por años han estado presentes en su territorio y eso genera una crisis en lo económico, social y cultural. Vemos también cómo dramáticamente hay sectores que se van despoblando porque la educación está fuera del territorio; antes había allí una escuela donde se educaban, ahora esa escuela está en las grandes ciudades y los niños, a determinada edad, tienen que salir de los pueblos natales para acceder a la educación y por lo tanto, al futuro. Se empiezan a deteriorar fuertemente espacios de construcción comunitaria y de identidad tan importantes para los sectores rurales distribuidos en Chile. Es absurdo pensar que todos podemos vivir en las grandes ciudades, no es sustentable ni sostenible en el tiempo. Hay que atreverse a mirar distinto el país, mirar su diversidad y la fortaleza que existe en esa diversidad para generar políticas públicas distintas que incluyan, que hagan que la gente permanezca en esos lugares donde están todos los recursos.
Por eso el proceso de descentralización es tan clave y tan urgente, sólo un proceso de descentralización va a permitir que a través del fortalecimiento, de las atribuciones de los gobiernos locales, se puedan generar políticas de nuevo cuño, políticas pertinentes a los nuevos territorios y regiones que forman parte del país y, eso es algo, insisto, urgente, a lo que debiéramos ponerle celeridad, porque además vemos que en momentos de crisis como el estallido social, la pandemia, contar con gobiernos locales fortalecidos hace que todo fluya de manera distinta y que las ayudas lleguen de manera oportuna a los territorios, genera diálogos y una inclusión distinta de la ciudadanía.
«Llevamos una década sosteniendo que hay que avanzar en políticas que miren el conjunto mayor de personas, el proceso de descentralización. Tenemos que avanzar en fortalecer los gobiernos locales y regionales e insertar prácticas propias de las economías locales en los circuitos de comercialización».
Catalina littin, directora ejecutiva de fundacion superacion de la pobreza
—Servicio País vincula a jóvenes profesionales con las transformaciones socioculturales necesarias para solucionar la situación de pobreza en diferentes rincones del país. ¿Con qué se quedan estos y estas profesionales después de la experiencia?
Los y las profesionales son un verdadero puente con la estructura de oportunidades donde el Estado no llega, porque es centralista. Estos 260 profesionales que tenemos este año, por ejemplo, repartidos en cien comunas del país con altos niveles de pobreza monetaria, multidimensional, con altos índices de aislamiento, son una verdadera oportunidad para conectar con la estructura de oportunidades pública y privada disponible, se genera un círculo virtuoso que permite levantar cientos de proyectos cada año con pertinencia territorial, que son fundamentales para el desarrollo de esos lugares.
Estos profesionales son muy jóvenes, hombres y mujeres, y para ellos este puede ser su primer o segundo trabajo, son sus primeras experiencias laborales, reciben un plan de formación muy fuerte durante todo el año, un diplomado más toda la asistencia técnica que brinda el programa, y evidentemente el crecimiento profesional es enorme. De hecho, un porcentaje muy importante nutre el sistema público a lo largo del país, porque terminan trabajando en los distintos servicios públicos, muchos en las municipalidades en las que fueron destinados. Son un tremendo aporte porque no sólo llevan su profesión y experticia técnica, sino que además aprenden a trabajar con la comunidad; el respeto, la valoración, la dinámica y los tiempos que eso conlleva es lo que te forma como un profesional completamente distinto.
—¿Hacia dónde deberían apuntar las políticas públicas y cuáles son las recomendaciones internacionales en las que deberíamos avanzar para la superación de la pobreza?
¿Cómo vamos a avanzar? Primero, vamos avanzar juntos, no es posible sin una articulación lo más sólida posible entre la sociedad civil, el Estado, el sector privado, eso como primera idea. Segundo, creemos que tenemos que insistir en una implementación de oferta pública que pueda promover la movilización de recursos comunitarios, es decir, que podemos avanzar en la modificación de mecanismos de focalización que trasciendan lo individual y que apunten más a lo comunitario. Hoy, la focalización de los recursos, las ayudas públicas, apuntan al individuo, a las familias, a veces, pero a lo comunitario no llegan, y lo que nosotros vemos desde los territorios en los que estamos es que justamente cuando una comunidad está asociada y tiene cohesión social y acuerdos conjuntos, enfrenta las crisis de mejor manera y sale de ellas bastante más rápido. En ese sentido, llevamos una década sosteniendo que hay que avanzar en políticas que miren el conjunto mayor de personas, el proceso de descentralización. Nos parece clave, creemos que eso construye el futuro de Chile de manera distinta. Tenemos que avanzar en fortalecer los gobiernos locales y regionales. En términos de política rural, creemos que hay que insertar prácticas propias de las economías locales en los circuitos de comercialización, ahí hay un componente cultural que es necesario relevar porque también es generador de ingresos.
Una comunidad como Socoroma, en el altiplano, con un riego de cada 38 o 40 días, genera uno de los oréganos más increíbles y que hoy está en el circuito del comercio justo, con denominación de origen. Bueno, ahí hay una comunidad que sabe hacer lo suyo. ¿Por qué no vamos a ir en apoyo de esas comunidades para que eso pueda seguir sucediendo muchos años más? La idea es mirar de manera integral, no sólo desde la macroeconomía y el crecimiento como única estrategia de desarrollo, sino pensar en cómo logramos sentar en una mesa a todas las partes que tienen que aportar en este diseño, que, insisto, tendremos que asumir con mucha responsabilidad todos los sectores. Chile no va a salir de esto si no es con todos y todas, poniendo a disposición lo que saben y que tienen sobre la mesa.
Extracto de la entrevista realizada el 22 de mayo de 2020 en el programa radial Palabra Pública de Radio Universidad de Chile, 102.5.
