Por Claudio Gutiérrez y Mercedes López

Aunque desde los orígenes de la República se consideró a la ciencia, fue a partir de la formación de la Corfo, en 1939, que se instaló la idea de que la ciencia y tecnología es central para el desarrollo del país. A partir de ese momento se generaron grandes debates sobre política científica y tecnológica, sobre industrialización y desarrollo, que se desplegaron en dos perspectivas divergentes. Por un lado, en torno a la ciencia (básica), la educación universitaria y la cultura, impulsada fundamentalmente por quienes «investigaban» en las universidades y por los jóvenes doctorados que venían llegando al país, que conformarán la elite científica. Bajo esta mirada se crearon instituciones como la Academia de Ciencias, las facultades de ciencias y Conicyt. Por otro lado, se desarrollaron las aplicaciones de la tecnología y la ciencia a la industria y el desarrollo económico. En esta línea, se multiplicaron los institutos de investigación del Estado y comenzaron debates impulsados por investigadores aplicados, ingenieros y economistas al alero de instituciones como Corfo, Odeplan y agencias internacionales como Cepal.

Instauración, desarrollo y consolidación del modelo actual

El golpe de 1973 truncó ese debate y la CyT perdió prioridad con el régimen dictatorial. A poco andar, la noción de eficiencia económica comenzó a invadir todos los campos. La elite científica se centró en resaltar la relevancia de la ciencia para la cultura y la educación universitaria. La dictadura desmontó la ciencia como asunto institucional y social, quitándole el financiamiento a las universidades, y la transformó en un asunto competitivo individual (proyectos Fondecyt, 1982), un modelo orientado a conformar a los científicos ya instalados y que introducía la idea de que el desarrollo de la ciencia se mide por el número de científicos y de papers que estos producen.

La tecnología, por su parte, se desentendió de la estrategia de país y se concibió como un bien de capital para las empresas privadas, como un commodity importable y, a lo más, «adaptable» a las necesidades. En paralelo, se truncaron los esfuerzos por desarrollar una base tecnológica nacional con el desmantelamiento de los institutos de investigación del Estado.

Los gobiernos posteriores a la dictadura continuaron con el modelo y crearon diversos programas e instrumentos que impulsan proyectos más prolongados y con mayores recursos, como los Fondap (1997, dependientes de Conicyt), la Iniciativa Científica Milenio (2000, dependiente de Mideplan), los Centros Basales y Consorcios Tecnológicos (2004, dependientes de Conicyt) y los «Centros de Excelencia» (2006, dependientes de Conicyt). Aunque algunos de estos programas apuntaban a temas país, las métricas de evaluación y la lógica individual prevalecieron. Así, importantes recursos públicos se concentraron en la elite científica y en pocas unidades, apuntando progresivamente a crear grandes empresas científicas con lógicas esencialmente privadas, produciendo un natural conflicto con las universidades proveedoras de infraestructura, formación y estudiantes.

En el ámbito de la tecnología también continuó el espíritu de las políticas de la dictadura. Una prueba de esto es el hecho de que la matriz productiva chilena mantuviera (¿o profundizara?) su sesgo extractivista y la baja complejidad productiva del país. El modelo ahondó la dependencia tecnológica al extremo de diseñar programas para financiar la «atracción» de centros de excelencia internacional (2009) y emprendedores extranjeros (Startup Chile, 2010).

Consecuencias del modelo y sus políticas científicas

En las políticas, el quehacer científico se redujo a cuatro variables: prestigio internacional, número de científicos, número de papers y eficiencia empresarial. Ellas aseguraban esencialmente que (la elite de) el país pudiera frecuentar clubes internacionales. No importó el evidente empobrecimiento reflexivo y disciplinar de la academia ni menos el abandono de la búsqueda de respuestas a los problemas del país.

El sujeto “científico” se modeló como un emprendedor eficiente, guiado por rankings de prestigio y «excelencia» internacional. Esto benefició individuos y unos pocos grupos, que concentraron los recursos y el poder. Más abajo, invisibilizado, quedó el grueso de «colaboradores», en el cual está la mayoría de los jóvenes científicos y científicas, con una carrera insegura, un trabajo y vida precarios y un futuro profesional incierto.

Disciplinariamente, se privilegiaron ciertas áreas, no en función de un plan país, sino por mecanismos de mercado y de influencias. En particular, las ciencias sociales fueron sometidas a métricas que desincentivan el estudio de la sociedad local y sus problemas. Es paradigmática la irrelevancia de la ciencia social «oficial» (de los grandes centros) para prever el estallido social del 18 de octubre.

Propuestas mínimas para una futura política de CyT

De lo anterior se deduce que los problemas de CyT en Chile no son sólo ni principalmente presupuestarios, como se ha hecho tan común afirmar. Es indispensable:

1. Democratizar la toma de decisiones en CyT para incorporarla participativamente en todos los insterticios del Estado y la vida del país. Es crucial buscar mecanismos para que la comunidad científica y la sociedad toda participe y decida sobre las políticas cientifícas.

2. Reestructurar las relaciones entre ciencia y tecnología. Se debe romper el muro histórico existente en Chile entre la formación técnica y la educación universitaria, y repensar la relación entre los centros de investigación (excelencia), los institutos de investigación del Estado y de las FF.AA.

3. Redireccionar el modo de producción del conocimiento. Esto significa desmontar la concepción tecnocrática y cortoplacista de la ciencia, guiada por incentivos e indicadores basados en factores externos, e incentivar la diversidad del pensamiento y líneas de investigación, el desarrollo estratégico y la ligazón con la academia.

4. Terminar con la inaceptable división entre científicos de elite que concentran prestigio, dinero y poder, y que definen la agenda y los modos de producción de conocimiento, y «colaboradores» o científicos precarizados (usualmente jóvenes) con contratos a honorarios y temporales, sin posibilidades de desarrollar sus propias ideas ni una carrera científica.

Planteamos estas ideas como una contribución al necesario debate que debemos tener como país respecto de la CyT en el marco del proceso constituyente que vivimos.

*Esta es una versión resumida de un trabajo de lxs autorxs que contiene todo el aparato académico (datos, referencias, citas, etc.) que por razones de espacio no incluimos aquí.