El economista y académico de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile aborda los principales desafíos que atraviesa el país, como el proceso inflacionario, la desigualdad, los efectos que tuvo la pandemia en la educación y en la participación laboral femenina, el fenómeno migratorio y el narcotráfico, entre otros. También advierte que en Chile «existen pocos elementos de protección social que sean robustos y resistentes a caídas de ingreso en la clase media», lo que se traduce en una incertidumbre e inestabilidad para estos deciles.
Por Francisca Palma | Edición: José Núñez | Foto: Cami Valderrama
La baja inversión y la caída de la actividad económica, con un nivel de inflación que no se observaba desde hace tres décadas, han llevado a los expertos a pronosticar un periodo de recesión para 2023. Entre los problemas concomitantes se encuentran el alza en el costo de vida y un aumento de la pobreza. Además, Chile enfrenta desafíos estructurales como el estancamiento de la productividad y una elevada desigualdad, temas que han sido investigados por el economista Dante Contreras. El exdirector ejecutivo del Banco Mundial para el Cono Sur y actual subdirector del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) lleva años estudiando el vínculo entre las condiciones socioeconómicas y la cohesión social, con un foco en el papel que juega la educación para disminuir o agravar las brechas sociales. Su diagnóstico es claro: “Dados los niveles de desigualdad y segregación, en particular en el sistema escolar, es muy difícil que un niño que nazca en el 20% más pobre tenga una trayectoria ascendente significativa”.
La situación económica ha sido una preocupación constante en los últimos meses. El Banco Mundial estima que el nivel de pobreza en Chile llegó a 10,5% en 2022. ¿Cuánto crees que se debe a la pandemia, a factores como la inflación o a factores estructurales de la distribución del ingreso en el país?
—La cifra que proyectó el Banco Mundial puede ser explicada por los tres factores que mencionas. El fenómeno de pobreza como el de desigualdad es multidimensional. Un país como Chile, que es muy abierto al mundo, se ve afectado cuando hay un choque internacional, como la guerra entre Ucrania y Rusia, que ha generado efectos mundiales en el comercio, en el crecimiento y en la incertidumbre. Entonces, por una parte, hay un efecto directo asociado a un choque externo. Por otra parte, tenemos la pandemia, que generó una situación bastante dramática para muchas familias, no solo en términos educacionales, sino también laborales. Se perdieron muchos empleos, y a pesar de las ayudas que puede dar un gobierno, las condiciones de mediano y largo plazo para reducir la pobreza es mantener cierto nivel de empleo. Cuando el miembro de una familia pierde un trabajo, las consecuencias sobre los niveles de bienestar de esa familia son directas. Estos dos factores son claves para entender el fenómeno de la pobreza hoy en día, además de la inflación, que incrementa el costo de las canastas básicas y hace que el poder de compra de la familia disminuya, con consecuencias para la medición de pobreza. Ahora, este mayor nivel de pobreza se va a expresar en otras dimensiones; por ejemplo, en la pobreza multidimensional. Hemos visto que producto de la pandemia se observa un rezago en los niveles de escolaridad de la población. Nuestros niños y niñas están teniendo un menor aprendizaje producto de la pandemia, y eso no va a tener consecuencias en el corto plazo, sino en el mediano plazo. Los fenómenos de rezago escolar se arrastran a lo largo del ciclo educativo y, posteriormente, se manifiestan en el mercado del trabajo con menores ingresos. Esta situación es bastante compleja, dramática, y se requieren buenas políticas públicas y económicas para hacerle frente.
En octubre de 2022 participó en un encuentro en Argentina, en el que el Ministerio de Educación de dicho país planteaba la necesidad de aumentar en una hora más la jornada escolar para abordar algunas de estas consecuencias. ¿Cómo evalúa esa medida?
—Efectivamente, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en conjunto con varios gobiernos de América Latina, entre ellos Colombia y Argentina, están impulsando políticas de incremento de la jornada escolar. Chile ya hizo esto hace bastante tiempo. En esta materia, nuestro país está más adelantado respecto de los países de la región. Chile hizo un incremento en la Jornada Escolar Completa a partir de 1997. Fue un incremento paulatino en el que distintos establecimientos educacionales, públicos y particulares subvencionados se fueron sumando a la iniciativa, lo que además fue acompañado con alimentación en los establecimientos. En definitiva, fue un paquete bastante completo en términos de ayuda a los estudiantes. El objetivo de esa política era mejorar los aprendizajes de los niños y mejorar las condiciones de equidad.
La evidencia que tenemos hasta el momento es que no tuvo el efecto esperado en esas dimensiones. Se aumentó el número de horas de clase, pero el aprendizaje de los niños en Chile no se vio significativamente modificado. Sí hubo otros efectos positivos, como por ejemplo un aumento de la participación de la mujer en el mercado del trabajo, dado que los niños estaban más tiempo en las escuelas. Se observó también una caída en el embarazo adolescente y en los delitos cometidos por jóvenes. Entonces, si bien el mayor tiempo en la escuela no repercutió en mejores puntajes, sí lo hizo en otros resultados sociales. El BID, junto con los gobiernos que mencioné, están recién impulsando esta política en sus países. Nosotros fuimos invitados a discutir cuál era la evidencia en Chile, habiendo hecho una innovación de estas características hace mucho tiempo atrás.
Recién mencionaba que una de las consecuencias de esa política fue el incremento del trabajo femenino, pero con la pandemia hubo un retroceso en esta materia. ¿Cómo se explica lo anterior y cuán importante es la dimensión del género en la economía?
—Hay una condición bastante particular del mercado laboral chileno, que muchos economistas han investigado en profundidad. Llama la atención la baja participación de las mujeres a pesar de su elevado nivel de educación. Es una situación un poco controversial. Hasta antes de la pandemia, notábamos un incremento paulatino en la tasa de participación femenina en el mercado laboral. Sin embargo, con la pérdida de puestos de trabajo y el cambio de funciones a trabajo remoto generados por la pandemia, las personas que más sufrieron en términos de participación laboral fueron las mujeres. Este grupo demográfico fue el que tuvo mayores efectos nocivos en términos de empleo. Y la mejor explicación que tenemos hasta el momento tiene que ver con los roles de género, es decir, en nuestra sociedad la carga laboral todavía está mayormente concentrada en las mujeres, tanto en el mercado del trabajo como en las tareas del hogar. Cuando los niños dejaron de ir a las escuelas, las personas que asumieron su cuidado fueron mayoritariamente mujeres, y eso generó una pérdida en su empleabilidad. Por eso el retorno a clases no solo es importante en la dimensión educacional, con la recuperación de aprendizajes perdidos, sino que tiene consecuencias adicionales en la participación de la mujer en el mercado del trabajo. Esas son dos buenas razones por las cuales a uno le gustaría reestimular el ingreso de los niños al sistema escolar.
Según un estudio de CLAPES UC, Chile es el país que más ha aumentado el Índice de Miseria en América Latina desde 2020. Este índice es la suma de las tasas de inflación y desempleo de un país. ¿Qué significa que hayamos aumentado más que los otros países de la región?
—A mi juicio, no nos dice tanto. Creo que son más informativos los indicadores de pobreza, y así lo reportan organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) o el Banco Mundial. Es decir, una medida más correcta para evaluar los efectos en el bienestar de la población, producto de las crisis internacionales o de la pandemia, es un indicador de pobreza. Por otro lado, este índice de miseria suma dos tasas, una de desempleo y otra de inflación. Y es complejo examinarlo porque en términos de desempleo, por ejemplo, mucha gente durante la pandemia no salió a buscar trabajo simplemente porque no había; hubo trabajadores desalentados. Entonces, una tasa de desempleo medida en estas circunstancias puede esconder alguna variación relevante. Por lo mismo, para medir el bienestar de la población es más adecuado utilizar otros indicadores, y eso es lo que hace la literatura internacional con la tasa de pobreza y los niveles de desigualdad. Esas dos variables están mucho más correlacionadas con el bienestar de mediano y largo plazo en la sociedad.
Entre noviembre de 2022 y enero de 2023 se realizó una nueva Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN). ¿Qué elementos críticos se deberían incluir en este tipo de instrumentos? ¿Qué variable falta considerar?
—En primer lugar, hay que resaltar la importancia de hacer mediciones. Afortunadamente, Chile en esto tiene una tradición bastante fuerte, importante y consistente en el tiempo. Un ejemplo es la encuesta CASEN, que se hace desde los años noventa en adelante. Tenemos mediciones sostenidas en el tiempo; por tanto, podemos ir monitoreando los cambios en los niveles de bienestar de la población, en empleabilidad, distribución del ingreso, pobreza, lo que constituye una buena métrica. Respecto a lo que ha pasado últimamente, pondría una lupa en aspectos como el abandono escolar. Me preocuparía que producto de la pandemia el rezago escolar se manifieste en abandono, es decir, que los alumnos terminen desertando del ciclo escolar, lo cual sería grave por las consecuencias que tiene a futuro. También, un aspecto que creo que sería útil medir es la salud mental de las personas. La pandemia golpeó duramente a las familias, y por lo tanto deberíamos ser bien cautelosos respecto a qué está pasando con la salud mental de los jóvenes, los adultos, la gente que está en el mercado del trabajo o la que piensa participar en el mercado próximamente. Me parece que es una dimensión que puede ser compleja para el mediano plazo, y por lo mismo empezaría a monitorearla desde ya.
Otra variable a considerar es la migración, en torno a la que existen varios mitos en el campo laboral. Las organizaciones migrantes defienden su incorporación por la carga impositiva que ellos aportan. ¿Cómo mirar económicamente el fenómeno migratorio?
—Chile ha tenido un shock migratorio relevante en los últimos años. A partir de 2015, hubo un incremento de población venezolana y haitiana. Producto de ello, se ha generado una serie de mitos respecto a los efectos de la migración. A mí me parece que la forma correcta de examinar esto es empíricamente. Para superar el tema de los mitos y prejuicios, lo que corresponde es medir los efectos que ha tenido la migración en empleo, educación, criminalidad y salud, por el uso de los servicio públicos. Una ventaja que tiene el país y que debe aprovechar de forma consistente es que tenemos buenos datos. Por lo mismo, yo esperaría que la comunidad académica contribuya con evidencia respecto a estas distintas dimensiones. ¿Es cierto que la población migrante está desplazando a la población nativa o local, en empleos, en las escuelas, o que tiene efectos nocivos en criminalidad y en el uso del sistema público de salud? Afortunadamente, hay algunos estudios que ya van dando luces al respecto. Por ejemplo, en el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social hay una agenda sobre migraciones a cargo de Carolina Stefoni, una académica que se dedica a documentar estos procesos. Hay muchas dimensiones que considerar, como por ejemplo cómo el país se hace cargo de estas personas migrantes y qué consecuencias económicas u otras tiene. Hay colegas estudiando los efectos en el mercado del trabajo o en la sala de clases, pero hay preguntas pendientes, relacionadas con otros mitos sobre los efectos en criminalidad o el uso de los servicios de salud.
Volviendo al estudio de CLAPES UC, el autor del documento advirtió que el gobierno debería reforzar las ayudas focalizadas y transitorias que no aumenten la liquidez, como ocurrió con los retiros de las AFP. ¿Cómo enfrentar este problema?
—La forma tradicional, y donde tenemos más experiencia para enfrentar el tema de la pobreza, es usar indicadores sociales aproximados por vulnerabilidad y desigualdad. En esa materia, lo que hacen los gobiernos, entre ellos el de Chile, y lo que recomiendan organismos internacionales, es ordenar a la población en términos de necesidades, para luego focalizar los recursos en aquellos hogares o personas que exhiben mayor precariedad. La asignación de ayudas públicas debería estar ordenada en esa dirección. Es una tradición antigua en Chile, que ha seguido funcionando. Vimos que al inicio de la pandemia costó un poco ponerla en marcha, pero finalmente se asignaron las ayudas en esa dimensión. El tema de la liquidez y de la focalización es clave en este minuto dado que, producto del proceso inflacionario en el que nos encontramos, hay que tratar de cooperar con el esfuerzo que hace el Banco Central en términos de frenar la economía. No es pensable llegar al percentil 80 o 70 de cuando estábamos en pandemia o cuando se activaron los retiros de las AFP. Lo que corresponde en este caso, y dadas las restricciones presupuestarias que enfrenta el gobierno, es tener una política focalizada en aquellos más vulnerables y quienes más lo necesitan.
Respecto a la vulnerabilidad y las construcciones políticas en torno a la estratificación social, con la profesora Emmanuelle Barozet han estudiado el concepto de clase media. ¿Cómo coexisten la vulnerabilidad y la clasificación con este concepto?
—Una característica de la sociedad chilena es que gran parte de la clase media exhibe una alta vulnerabilidad. Es una clase media poco asentada en un nivel de ingreso o estabilidad socioeconómica que le genere certidumbre a mediano plazo. En términos más simples, en Chile existen pocos elementos de protección social que sean robustos y resistentes a caídas de ingreso en la clase media. Casi todo el aparato público y la ayuda —tradicionalmente ha sido así— se focaliza en las personas de mayor pobreza. Entonces hemos tenido por mucho tiempo una clase media que ha recibido poca ayuda de parte del Estado. Programas como el Plan de Acceso Universal a Garantías Explícitas (AUGE), la Jornada Escolar Completa o la gratuidad en la educación han sido beneficios directos para la clase media. Eso ya le genera cierto piso de sostenibilidad, sin embargo, somos una sociedad donde basta que uno de los miembros del hogar pierda el empleo para que el shock de ingresos y estabilidad socioeconómica sea muy fuerte. En otros países donde el sistema de salud es mayoritariamente público, de una calidad mayor, bien establecido, o donde el sistema de educación sigue el mismo patrón y hay protección social más allá de las clases vulnerables, la clase media está más protegida. En Chile esa situación es menos frecuente, por lo tanto, el nivel de vulnerabilidad que tienen las personas que están en clase media es bastante alto. Cuando uno observa los datos ve que en el rango de personas situadas en los deciles del cuatro al siete, que podríamos llamar clase media, hay bastantes fluctuaciones de ingresos. Una familia o individuos pueden ser clasificados en el decil siete, luego en el cinco, más tarde en el cuatro o en el seis. Hay mucha rotación en ese margen, lo cual indica una clase media que experimenta un nivel importante de precariedad.
Hay ejemplos que evidencian lo difícil que es la movilidad social. Hablaste en una entrevista de que en Chile un niño de los deciles más altos es probable en un 65% que se mantenga en dicho tramo, mientras que en países como Dinamarca, solo es solo un 20%. ¿Cómo leer críticamente la idea de la meritocracia, considerando además la construcción del concepto de clase media?
—La meritocracia es una construcción mediática, un relato que se ha instalado bastante en Chile. Pero es un espejismo al mismo tiempo, en el sentido de que cuando tú tienes elevados niveles de desigualdad de ingreso como los que exhibe el país, el relato de meritocracia pierde valor y fuerza. Dados los niveles de desigualdad y segregación, en particular en el sistema escolar, es muy difícil que un niño que nazca en el 20% más pobre tenga una trayectoria ascendente significativa de tal forma de llegar a convertirse en una persona que está en el 10% más rico. Esa transición resulta muy difícil. Los datos y la investigaciones que hemos realizado dan cuenta de que si tú naciste en el 10% más rico, con un 60 o 65% de probabilidad vas a permanecer ahí. Eso no ocurre en otras sociedades porque son más parejas, por lo tanto hay mayor movilidad y hay más espacio para el mérito. En el caso chileno, las condiciones de origen determinan tu situación final y el mérito queda en un segundo plano. Entonces, sí, es un bonito relato, pero un poco ingenuo dada la situación de desigualdad en el país.
Con la propuesta de nueva Constitución se intentaron instalar derechos sociales que garantizarían una vida quizás “más vivible”, más digna. Has dicho que una sociedad que tiene mayores derechos sociales debería tener también mayor capital humano. Sin embargo, la propuesta fue rechazada. ¿Cómo interpretar que se haya rechazado, en parte, un aumento de los derechos sociales?
—Las condiciones estructurales y subyacentes de los niveles de desigualdad en Chile no han sido resueltas. Cuando ocurrió el estallido social, uno veía un significativo nivel de demandas sociales en distintos ámbitos: en pensiones, género, educación, salud, etc. Eso demuestra que Chile es vulnerable en distintas dimensiones. El avance hacia una sociedad desarrollada requiere resolver estos problemas. Mi interpretación del Rechazo es un rechazo a distintos aspectos que componían ese proyecto constitucional. Sin embargo, transformar a Chile en un país desarrollado, en una economía desarrollada, sí requiere resolver los problemas subyacentes o estructurales de desigualdad. Es una tarea pendiente. Se podrá haber rechazado la constitución, pero vamos a requerir una reforma de salud, una reforma de pensiones; necesitamos también una educación de mayor calidad y con mayor equidad. Es una situación que sigue estando ahí presente. No hacerse cargo hoy día significa que lo vamos a tener que hacer mañana, pero es una tarea pendiente, no es posible evitarla.
Hay especialistas que plantean que el capitalismo ha transformado a la socialdemocracia más de lo que ésta ha transformado al capitalismo. En algunos países de Europa, por ejemplo, es cada vez más difícil distinguir las políticas económicas de la derecha y la izquierda. ¿Crees que hay una salida en este escenario? ¿Es posible imaginar el mundo fuera de las lógicas neoliberales?
—Por supuesto que es posible. El capitalismo es mucho más complejo y hay un gradiente bien amplio entre distintas opciones. Por ejemplo, hay muchas economías que son capitalistas, abiertas al comercio, estimulan la inversión, el sector privado, pero al mismo tiempo cobran altos impuestos, proveen un servicio de salud adecuado, tienen sistemas educativos que son más igualitarios, tienen sistemas de pensiones que permiten un buen pasar en la vejez, proveen bienes públicos y áreas verdes de mejor calidad que las que tenemos acá. En los países más exitosos del mundo, que generalmente miramos como ejemplo, conviven estas dos cosas: un buen sistema de protección social con una sociedad capitalista. Eso es viable. Uno observa ejemplos como Nueva Zelanda o los países nórdicos: Suecia, Noruega, etcétera, donde estas cosas se logran. Eso básicamente se llama socialdemocracia y significa una mezcla entre protección social y una economía de mercado. Por lo tanto, no se trata de negar el capitalismo, sino ubicarse en una situación en que se promueva el capitalismo con responsabilidad social y ambiental.
Sobre pensiones, te has manifestado a favor de un cambio de modelo. No necesariamente a uno solidario. ¿Cuál sería un modelo adecuado a la realidad local y el momento que vivimos?
—Es una buena pregunta porque me hace recordar la demora de nuestras reformas. Cuando pensamos en la reforma de pensiones, la primera comisión que se hizo cargo de esta pregunta y que se dio cuenta de que teníamos un problema fue la Comisión Marcel en el año 2003. En la actualidad, seguimos discutiendo la reforma de pensiones, lo que es una señal más de un problema político, de alcanzar acuerdos y diálogos para lograr reformas que sean sustantivas y relevantes para el país. Si nos enfrascamos en disputas donde todo es blanco o negro, todo es capitalización individual o reparto, no llegamos a ningún acuerdo y nos quedamos inmovilizados. Lo que nos dejó el estallido social y el plebiscito de salida con la mayoría de la población votando Rechazo sugiere que vamos a tener que buscar un camino intermedio, con alguna participación del sector privado y otra del sector público; una parte individual, otra parte reparto. Un sistema que se enfoque en una situación intermedia podría ser viable en Chile. Lo que no es viable es mantener el sistema como está, con un problema presente y a la vista de todos desde el año 2003. Ese mismo equilibrio se observa luego en educación; todos vimos la oposición que se levantó a los proyectos de mejora en educación de la presidenta Bachelet en su segundo periodo, lo mismo ocurre en salud. En general, nos estamos demorando mucho en hacer las reformas, estamos defendiendo modelos muy extremos. En esa defensa al final no hacemos nada y nos quedamos donde estamos, mientras que es la población del país la que se ve perjudicada.
Un tema que ha tomado mayor relevancia mediática es el narcotráfico. ¿Cuáles serían las implicancias económicas que tendría la instalación del narcotráfico en el país, con la cantidad de dineros y movimientos bancarios que genera?
—Me parece que el tema del narcotráfico ha estado bastante presente en los medios últimamente y la gente está advirtiendo sobre el rol que podría estar teniendo hoy en día. Es un problema que debe ser abordado con mucha decisión y fuerza. Mencionaste algunos temas que tienen que ver con el lado financiero, a mí me preocupan mucho más los aspectos sociales, es decir, cómo el narcotráfico desarticula la cohesión social, los barrios, cómo genera un problema importante de convivencia social. Cómo este espacio del narcotráfico se transforma en una posibilidad de empleo, reemplazando el empleo formal y legal por una situación delictiva. También puede comprometer los procesos educacionales de los niños, que estos decidan seguir estudiando o no. A ello se le agrega la violencia, los asesinatos y la tensión que todo esto podría generar. Es un problema muy serio, que debe ser abordado con la máxima premura. Lamentablemente, los ejemplos que mencionamos demuestran que estamos siendo demasiado lentos en la toma de decisiones. Mi recomendación sería ir a mirar las experiencias internacionales: qué hicieron los países para prevenir esto, dónde están las buenas prácticas, cómo enfrentaron el problema, qué cosas funcionaron bien y qué cosas mal. Creo que la experiencia en la región —México y Colombia, por una parte— o la experiencia en Europa —Reino Unido, Holanda y Alemania—, nos pueden servir mucho para copiar las cosas que han funcionado y desechar las que no funcionan. Me parece que hay que tomar el problema con la seriedad que merece y darle la máxima atención.
Esta entrevista fue editada para el formato escrito. Fue realizada el 1 de noviembre de 2022 en el programa Palabra Pública, transmitido por Radio Universidad de Chile y UChileTV.
