«Las universidades públicas valoramos que el país comience a protagonizar una gran conversación para la reconstrucción del bien común, la que nos hará reflexionar sobre nuestro marco de convivencia y la necesidad de enmendar las concepciones erradas que se nos han impuesto», escribe en su editorial el rector de la Universidad de Chile.
Por Ennio Vivaldi
Hoy el país escribe una nueva Constitución. Tras días convulsionados y de intensa y comprensible emocionalidad, se inicia un proceso de intercambio de ideas que habrá de ser reflexivo y constructivo. Habrá que conversar de tantas cosas, todas fundamentales para nuestra convivencia, pero de las cuales no habíamos hablado en mucho tiempo. Primero, porque estaba prohibido, y después, porque parecía inconducente. Algunas de estas cuestiones son respuestas directas a los excesos, al extremismo ideológico de la actual Constitución, hecha para justificar o, mejor dicho, para hacer parecer inevitable un camino que nos ha traído un país desagregado, individualista y plagado de injusticias. Otros temas nos obligarán a asumir por fin responsabilidades de larga data postergadas, algunas de ellas presentes en todo el mundo, como la equidad de derechos de la mujer; otras más propias de nuestro país, como el respeto a los pueblos originarios o la descentralización administrativa y económica. También corresponderá tratar nuevos grandes problemas que, si bien llevan un tiempo incubándose, hoy explotan. Enumeremos algunos medioambientales como la sustentabilidad, el cambio climático, la necesidad de energía verde, el agua, la transformación tecnológica; enumeremos también, en el campo de la salud, las nuevas patologías prevalentes, ya sean virales, vinculadas a la tercera edad o a la malnutrición.
La Universidad de Chile ha jugado un rol responsable y previsor al proponer a la ciudadanía incorporar a la discusión nacional estos asuntos. Ese es nuestro deber. Sobre todo, hemos enfatizado que una tarea medular habrá de ser la reconstrucción del espacio público. Pensamos que el esfuerzo por destruirlo, con esa premeditación explícita y desembozada que caracteriza a los fanatismos extremos, está en la base de la crisis que en 2019 se hizo inocultable. Lo público, sobre todo la educación pública, es el gran elemento cohesionador de una sociedad.
Queremos resaltar el tremendo potencial que representa el hecho de que las universidades públicas hayamos logrado configurar una red entre nosotras, convocando además a los otros centros de educación terciaria. Habrá que fortalecer también el apoyo recíproco virtuoso entre nuestras universidades públicas y el resto del Estado, el que volverá a expresarse en la tareas sectoriales, como las de salud, las silvioagropecuarias o las relacionadas a las tecnologías, así como, muy importantemente, las del mundo de la educación, donde deben articularse y vertebrarse sus niveles básico, medio y superior.
Las universidades públicas, en este nuevo escenario, deben ser consideradas en cuanto instituciones proveedoras de bienes públicos y garantes del derecho a la educación superior. Ellas han de cumplir con sus diversos roles: docencia, investigación, creación y vinculación con el medio, mediante una estructura de financiamiento que tiene que contar con aportes directos, asignados y controlados por criterios de desempeño, pertinencia, logros y metas comunes. Quizás lo más importante de la modalidad de financiamiento es permitir que el joven profesional perciba íntimamente que ha contraído una deuda virtuosa con la sociedad en un contexto solidario y no una fatigosa obligación individual con un banco.
El actual Plan de Fortalecimiento de las Universidades Estatales busca instalar la formación ciudadana como rasgo identitario de nuestro sistema, a través del trabajo interinstitucional para el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo integral y sustentable del país. También se debe valorar la ética en su comportamiento cotidiano, lo que abarca desde la honorabilidad que un estudiante muestra en los procesos de evaluación hasta el compromiso con una mayor equidad social.
Las universidades públicas son universidades domiciliadas, centradas y focalizadas en cada región, lo que les permite ser actores significativos en la necesaria descentralización del país. También debe entenderse la relevancia que para la calidad de vida de nuestra población tienen las artes, humanidades y ciencias sociales, en las cuales las universidades participan activamente, fomentando un vínculo siempre bidireccional con la sociedad.
En este momento histórico, donde debimos enfrentar una pandemia con el compromiso cabal de una sólida comunidad científica vinculada a nuestras universidades, y donde estamos comenzando este proceso constituyente, algunas de las grandes tareas que el país deberá asumir son las de replantear nuestra matriz productiva e ingresar a la sociedad del conocimiento.
Necesitamos entender a la sociedad desde una mirada sistémica, enfatizando su cohesión y búsqueda de bien común, y no como una coexistencia de intereses individuales y grupales. Las universidades hemos dado un ejemplo avanzando en constituirnos en instituciones que colaboran y se complementan entre sí.
Las universidades públicas pueden y deben criticar constructivamente desde el ámbito del Estado, pero siempre buscando el bien común y con lealtad para con el sistema gubernamental, nacional y regional, y para con el Parlamento. No pueden ser instrumentos en la política contingente ni representar intereses económicos o ideológicos de grupo alguno. Deben seguir sirviendo a la creación y codificación de conocimiento, y destacar en el ámbito de la comunicación global por su libertad respecto de afanes de lucro que contradicen las posibilidades de concordar en políticas globales, hoy necesarias para la sustentabilidad planetaria.
Las universidades públicas valoramos que el país comience a protagonizar una gran conversación para la reconstrucción del bien común, la que nos hará reflexionar sobre nuestro marco de convivencia y la necesidad de enmendar las concepciones erradas que se nos han impuesto. Lo hacemos desde un absoluto respeto por la potestad y legitimidad del organismo elegido para redactar la nueva Constitución, a la vez que expresamos nuestra disposición a contribuir y servir a este proceso y al país en todo lo que se nos requiera.
