Por Franco Fuica

El avance de los gobiernos fascistas en América Latina nos ha tomado por sorpresa como movimiento LGBTI porque hemos estado construyendo leyes estas últimas dos décadas para reconocer y garantizar los derechos igualitarios y pensamos que ése era el curso obvio del avance de derechos humanos en una región asolada por las dictaduras cívico-militares. Pero no, el péndulo estaba destinado a volver al otro polo y sentimos con más intensidad el cambio de dirección a la derecha con la elección de Bolsonaro en Brasil, con la que ya suman seis países con gobiernos conservadores y con agendas poco claras respecto de las personas LGBTI, Paraguay, Argentina, Chile, Estados Unidos, Colombia y Brasil. Además, están los dos gobiernos que si bien no son del todo conservadores y no son de derecha, no tienen la mejor gestión política ante las diversidades, como Bolivia y Venezuela, más los países de Centroamérica que no tienen aún desarrollada la capacidad de gestionar las diversidades debido a las profundas pobrezas y contextos de violencia de pandillas que mueven drogas a través de sus territorios, sembrando terror entre sus vecines.

No sólo no hemos tomado el peso que dicha elección tiene sobre nuestra política interna en materia de reconocimiento de nuestros derechos en leyes, normativas, circulares y sentencias, entre otros, sino que hemos pasado por alto que la situación nos afecta regionalmente dado que en las campañas surgen actores similares en cada uno de los países de la región, como los fundamentalistas religiosos que trabajan sistemáticamente por limitar derechos y que comparten estrategias comunes y contextos similares, como la pobreza, la desinformación, la mala calidad de la educación, la escasez de trabajos estables y decentes, los miedos a la inseguridad, la falta de servicios garantizados por los Estados, los altos niveles de criminalidad, delincuencia e impunidad. A esto se suma que los grupos conservadores están cerca de las esferas de poder y de los medios de comunicación, donde pueden evitar que ciertas ideas se propaguen y otras tengan tribuna, aunque carezcan total y absolutamente de sentido común, como es el caso del movimiento “Con nuestros niños no se metan”, que reclama sin cesar por menos Estado y más familia. Estos movimientos le ofrecen a la ciudadanía un espacio social, una vinculación emotiva, un sentido del deber, un libro sagrado, y establecen relaciones de vasallaje y dominación muy propias del fascismo, que rápidamente les permiten a todos descansar sin tener que decidir, sólo obedecer, con el fin de cumplir con una planificación divina fuera del entendimiento racional. Posterior a ello, todo cuanto esté en contra de las normas de los fundamentalistas será el blanco de sus ataques virulentos, llenos de ira y discriminación.

Con todo, se establece la naturalización de los discursos de odio entremezclados con la libertad de expresión, lo que no parece inmutar a la opinión pública ni a los medios de comunicación, que siguen buscando noticias para generar polémicas y confundir a una ciudadanía que no tiene argumentos para evaluar el mérito de tales dichos, una práctica que sólo robustece la desconfianza y puntualiza la polarización, pues ofrece una realidad televisiva plagada de inseguridad y que fortalece el individualismo y la homolesbobitransinterfobia, dejando a las “minorías” sin la consideración en tanto personas, sin derechos humanos, presas de los prejuicios y la vulneración que ha cobrado tantas vidas de las maneras más horrendas e injustas.

Al mismo tiempo, es innegable que en estos últimos años hemos avanzado como nunca en la historia: hoy la cárcel del género es cada vez más cuestionada y denunciada. Ahí surge la paradoja: la misma región del mundo donde hay mayor cantidad de asesinatos a personas trans es al mismo tiempo una de las que más ha avanzado en este siglo en el reconocimiento de derechos que crean un piso mínimo de garantías. Según las cifras publicadas por Transgender Europe, año a año se incrementa el número de asesinatos de personas trans y claro, a mayor visibilidad, mayor rechazo. El reporte del año pasado registró 369 personas asesinadas en el mundo, 44 más que en el año anterior. De acuerdo a la comparación de cifras por continente y a un estudio longitudinal de 10 años, se han registrado 2.982 personas trans asesinadas, de las cuales 79% corresponde a Sudamérica y Centroamérica. La cifra es desoladora porque sin tener el detalle y sólo por el conocimiento de la realidad trans que tengo de la región, diría que mucho menos del 10% se ha investigado y muy pocos casos han tenido un desenlace que sancione el asesinato. En tanto, los medios de comunicación aún mencionan sus pronombres y nombres legales sin el más mínimo respeto por sus identidades, y en la mayoría de los casos son recordades con burlas en las páginas amarillistas de los diarios locales, donde se destaca su nombre legal y se hace mofa de su nombre social. Aún es posible leer en Centroamérica titulares que llaman al desprecio de personas trans y que justifican su muerte.

En ninguna parte los cambios legales han sido gratuitos, han costado sangre, sudor y lágrimas. Les niñes trans de ayer, que hoy somos adultes y activistas de la causa, estamos luchando porque las nuevas generaciones tengan lo que nosotres no tuvimos. Se trata de leyes de reconocimiento de la identidad de género y anti discriminación, las que han sido logros de las organizaciones y de activistas que hemos conquistado el derecho a ser nombrades, a ser reconocides a través de un trabajo colectivo pero agotador de educación constante de nuestros representantes, de nuestros gobiernos y de nuestras instituciones. Más veces de las que desearíamos hemos aportado horas de nuestra existencia para capacitar en cuestiones tan simples como establecer que el uso del nombre social es la primera acción de respeto hacia las personas trans. Es necesario destacar que ni en Chile ni en Argentina, Uruguay, México, Ecuador o Bolivia se han discutido ni votado con absoluta convicción las normas relativas a las identidades de género; los votos han salido a regañadientes con requisitos abusivos, ridículos y patologizantes, estableciendo límites a las garantías constitucionales, como es el caso de Bolivia, derivadas de las presiones de los grupos fanáticos religiosos que en todos los niveles surten efecto y han logrado pausar pero no detener el avance.

En Chile, este año será recordado como el año de la revolución transfeminista, con miles de personas en las calles gritando “que todo el territorio se vuelva feminista”, llevando a las tomas universitarias las temáticas de género que alguna vez, hace más de diez años, propuse en un CONFECH del año 2006, pero no era su tiempo. Hoy sí es el tiempo.

Este año, después de más de cinco de discusión legislativa, se logró promulgar el 28 de noviembre la Ley de Identidad de Género; este año, de la mano de la actriz trans Daniela Vega celebramos el primer Oscar a una persona trans en la historia de la Academia de Hollywood y este año ha explotado el uso del lenguaje inclusivo que conocí en 2008 y que trajimos a Chile desde Brasil junto a Michel y Ana Lucía, y que hoy está presente hasta en noticiarios y es parte incipiente de la lengua coloquial. Ya nadie está ajeno al todes. Todes tienen una opinión respecto a ello, buena o mala. Este año escuchamos y leímos la palabra trans más veces que en toda la historia de la humanidad gracias a muches valientes que nos abrieron paso resistiendo en las esquinas, en el anonimato, en las poblaciones, en la vega, para que hoy podamos ser visibles con más orgullo que miedo y reivindicando las voces y discursos trans tantas veces usurpados por voces cisgénero que poca conciencia tienen e intentan una y otra vez protagonizar la demanda de reconocimiento trans, invisibilizando el inmenso avance de vocerías trans que han surgido estos últimos años.

Este año también marcó un antes y un después en el derecho comparado de las identidades trans debido a la discusión de la Ley Integral Trans en Uruguay, que incluye la reparación histórica en trabajo, educación, salud y seguridad social, la cual parte reconociendo la desventaja histórica que hemos vivido producto de la negligencia e ignorancia del Estado uruguayo. Este año se dio a conocer con fuerza la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que insta a los 34 Estados del sistema a legislar a favor de las identidades trans y del matrimonio igualitario. Este año Chile y Canadá han presidido la primera coalición para velar por la igualdad de derechos LGBTI en el mundo.

El 2018 ha marcado un periodo de cambios y fuertes contrastes. Avances importantes en materia de derechos humanos y duros retrocesos políticos en las diversas latitudes de nuestra América. Sin embargo, el tiempo avanza incesante y nuestras vidas brillan y se visibilizan cada día más, haciendo frente al camino dificultoso de la resistencia cultural que ha despertado a criaturas que creíamos extintas, poseedoras de increíbles discursos odiosos, escasos de sentido común y complejos de desarmar, pues se aprovechan de la ignorancia y miedo de la población. Consignas gritadas sin contexto como “No a la ideología de género” han logrado instalarse en la opinión pública y nosotres y nuestres aliades estamos intentando desarmarlas. La derecha y los grupos conservadores siempre han recurrido a discursos insostenibles que generan confusión, pero que son muy efectivos en su objetivo: desviar la atención hacia consignas breves y vacías mientras retrasan urgentes avances sociales con el fin de detenerlos e incluso hacernos retroceder. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Libertad de culto, libertad de expresión, conservadurismo, miedo, ignorancia, mal vivir, fascismo, incitación al odio, vinculaciones con poderes fácticos? Las especulaciones son variadas, pero lo que reciben de vuelta es, parafraseando a Daniela Vega, rebeldía, resistencia y amor, con toda la valentía de les sobrevivientes de un mundo binario.