Dicen que siempre hay dos caras de la moneda y que siempre una crisis trae consigo una oportunidad. Autogestionadas, sin colores políticos y con mucho corazón, las ollas comunes vuelven a aparecer en Chile para combatir el hambre en medio de la pandemia, al igual que hace más de 30 años, durante la dictadura. Ellas son hoy el reflejo de un país más pobre de lo que hubiéramos querido creer y al mismo tiempo son ejemplo de la lucha de un pueblo que, unido, es capaz de organizarse por sí solo en la adversidad de su propia historia.

Por Denisse Espinoza A.

Ese 18 de mayo otra olla a presión explotó. Venía bullendo hace tiempo, vacía de alimentos, pero llena de necesidades, impotencia y desesperación. Fue en la comuna de El Bosque donde el brutal escenario quedó al descubierto, donde decenas de pobladores decidieron romper la cuarentena que el gobierno había decretado para salir con mascarillas y palos a gritar simplemente: ¡hambre! Fuerzas Especiales llegó a contener la protesta, a intentar acallar la furia de los pobladores, pero el mensaje ya había sido entregado. Tras las medidas de cuarentena obligatoria y el creciente desempleo, ya se instalaba una pandemia aún peor: la de la cesantía y falta de alimentos. 

Así, luego de casi tres meses de confinamiento, las mismas multitudes que golpearon con cucharas de palo ollas y sartenes como instrumentos sonoros de protesta, hoy las sacan para darles de comer al pueblo. A lo largo de todo Chile son los propios vecinos de las poblaciones vulnerables quienes se organizan para compartir un plato de comida caliente que les permita seguir viviendo con dignidad. Según una encuesta del Centro de Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, el desempleo marca un 15,6% en Santiago, la peor cifra en 35 años; y de acuerdo al INE, un 11,2% a nivel nacional en el último trimestre. La ecuación es simple y desoladora: el virus trajo la cuarentena, la cuarentena trajo cesantía y la cesantía trajo hambre. Así, como dos curvas paralelas en ascenso, se multiplican también los casos de contagiados (sobre los 300 mil) y fallecidos confirmados por Covid-19 (7.057, según cifras del DEIS). Frente a esto, el pueblo se organiza en una estrategia de resistencia y solidaridad que sólo se había visto con esta intensidad en los años 80, en plena dictadura y crisis económica. El flashback a esa época es inquietante y deja en el aire la pregunta: ¿qué tan cierto es que Chile ha superado la pobreza en estos 33 años de posdictadura?

“Tengo 57 años, soy diabética crónica, insulinodependiente, podría en este momento estar en mi casa, haciendo mis cosas, viviendo mi mundo, pero así me enfermaría más. Prefiero estar afuera, ayudando a mi vecino y lo hago de corazón. El Bosque va a salir adelante, vamos a salir victoriosos y el gobierno va a tener que darse cuenta de que hay mucha necesidad, nadie mira el bolsillo del pueblo”, dice María Valderas, vecina de El Bosque, de la calle Las Pataguas, quien trabaja de lunes a sábado en una olla común que entrega 360 colaciones al día. Debido a la pandemia y para evitar al máximo el contacto físico, levantaron un sistema de delivery, que permite a los vecinos que están inscritos recibir su almuerzo en casa. Además, los 30 trabajadores, entre cocineros, asistentes y repartidores, están equipados con guantes, mascarillas y mallas para el pelo. “Nos levantamos a las 8.30 de la mañana a poner agua a hervir y empezar a cocinar, hay vecinos que se llevan a su

casa unos sacos de papas o zanahorias para pelarlas y cortarlas, también hay gente para la limpieza y lavar los fondos, empezamos el día antes a adelantar las cosas. A las 12 ya estamos emplatando en los envases para que a las 12.30 se empiece a repartir”, explica María. “Estas son ollas autogestionadas, recibimos donaciones de vecinos y gente anónima que hace aportes. No hemos recibido ayuda del municipio ni la queremos, porque acá no hay colores políticos y no queremos avalar ningún proyecto de gobierno”, agrega. 

La prontitud y eficacia con la que estas organizaciones se levantaron y están actuando en los territorios ha dejado corto al gobierno, el que ha sido dura y transversalmente criticado por la insuficiente ayuda anunciada el 17 de mayo pasado por el presidente Piñera: 2,5 millones de cajas de mercadería que irían sólo al 70% del 40% de la población más vulnerable de Chile, según el Registro Social de Hogares. Muchas familias aún esperan la caja que incluye cereal, legumbres, arroz, fideos, conservas, aceite, leche, detergente, jabón líquido y no mucho más.

Las redes sociales han sido clave para que estas organizaciones se levanten y funcionen pidiendo aportes voluntarios. Una de las primeras en Twitter fue @comunolla, que partió con 32 y ahora ya suma 345 en todo Chile. También se puede consultar el hashtag #elpuebloayudaalpueblo para obtener información detallada de dónde, cuándo y cómo ayudar; o acceder al sitio web ollasolidaria.cl, que tiene un registro de varias iniciativas y donde se puede donar en línea. En su mayoría, las organizaciones cuentan con su propia cuenta de Facebook e Instagram, donde van subiendo fotos de sus labores y campañas. Además, la Universidad de Chile e integrantes de la Fundación Vértice están elaborando un mapa virtual con todas las ollas comunes y campañas solidarias a lo largo de Chile.

Donde comen cuatro, comen 100

 Celia Ramírez vivía en Conchalí, pero junto a su familia viajaba todos los veranos a Las Cruces, donde tenía un trabajo haciendo aseo en una residencial. Hasta que un día, la dueña le ofreció quedarse, le consiguió una casa y hoy Celia, junto a su marido Claudio Valenzuela y sus hijos Noemí de 24 y Lucas de 13, viven hace cinco años en el balneario. Les cambió la vida. “Jamás volveríamos a Santiago. En Conchalí estábamos en un sector con mucha delincuencia, droga, teníamos que vivir encerrados en una burbuja porque todos los fines de semana había balacera”, cuenta Celia, quien hoy va en ayuda de sus vecinos al liderar la olla del Comedor Solidario Las Cruces. “Como familia nos conmovimos porque supimos de muchos abuelitos que vivían solos y no tenían cómo alimentarse. Empezamos el 5 de abril, llevándoles almuerzo a 40 adultos mayores. Muchos creen que por no tener una situación económica buena no se puede ayudar, pero todos podemos hacer algo”, dice Celia, quien hoy está entregando, junto a su familia, 160 almuerzos los martes, jueves y sábados. Los domingos hacen desayunos para los niños u onces que también llegan a toda la comunidad y también han realizado actividades vendiendo empanadas a $1.000 para recaudar fondos. También en este último mes pasaron de cocinar en la casa de Celia a ocupar la sede del Club de Pesca y Caza Los Halcones de Las Cruces.

Detrás de cada olla común hay historias de vida unidas no sólo por la necesidad de alimentarse sino también la de encontrarse con otros que comparten contextos de vida similares. Otro rasgo que se repite en estas ollas comunes de ayer y hoy es el liderazgo de las mujeres. Un ejemplo claro es el del grupo de vecinas conformado por Elizabeth Tejeda, Angélica Ríos, Fresia Bravo, Rosa Tejos, Evelyn Pichinao y Verónica Henríquez, de la población El Progreso en Temuco, quienes hace más de 10 años vienen trabajando en su comunidad realizando ferias de trueque, haciendo celebraciones de Navidad, Día del Niño y de aniversario de la población, que partió como toma en 1990. “Nuestros maridos trabajan, son obreros de la construcción, pero ahora están cesantes”, dice Elizabeth. “Juntas, nos propusimos primero ayudar con almuerzos a los adultos mayores y partimos con 20 personas, pero hoy ya entregamos colaciones tres días de la semana a 220 personas. Se ha sumado mucha gente por el tema de la cesantía, hay muchas mujeres solas criando a sus hijos, que también necesitan pañales y ropa”, añade.

“La municipalidad no se ha acercado para nada, nosotras hacemos todo con donaciones anónimas y de vecinos, por ejemplo, El Club de Leones ha costeado almuerzos, también la comunidad mapuche Trapilhue y Maquehue se han portado muy bien y están donando también a otras ollas comunes sus productos, los pescadores de Queule también nos trajeron pescado para las familias”, enfatiza Elizabeth.

Demasiadas veces hemos visto que cuando la necesidad es inminente, cuando la catástrofe se cierne sobre los más pobres, estos no tienen ni siquiera el tiempo para lamentarse o sufrir. Al contrario, rápidamente salen a las calles y luchan con más fuerza, levantan lo que ha caído al suelo, construyen una red de afectos y ayudas concretas, y al final del día hay siempre más sonrisas que lamentos. En tiempos adversos es cuando la solidaridad pareciera salir a la luz, pero lo cierto es que hay familias que vienen haciendo un trabajo de ayuda al prójimo más prolongado.

Es el caso de Estephanie Ortiz y Manuel Ruiz, matrimonio que desde hace tres años realiza un servicio a la comunidad entregando alimentos a personas en situación de calle. La actual pandemia, simplemente, amplificó sus labores. Partieron hace dos meses con tres ollas comunes y ahora ya suman siete desplegadas en las comunes de La Pintana, El Bosque y San Bernardo. “Cada vez hay más hambre”, dice Fanny, quien junto a un equipo de 30 personas entrega más de 2 mil colaciones a la semana. “También hacemos entregas directas de cajas con mercadería y ropa, además de otras ayudas. Hemos recibido muchas donaciones del barrio alto, pero lo cierto es que cada vez es más difícil parar la olla, porque es difícil que alguien done más de una vez”, cuenta Fanny, quien tiene cinco hijos junto a su marido Manuel Ruiz, dueño de una pyme, una pequeña pizzería en La Pintana. “Las cosas están pesadas para nosotros también porque las ventas han bajado, pero no vamos a bajar los brazos. A mis ojos, el gobierno no está haciendo ni la mitad de lo que el propio pueblo está haciendo”, dice Fanny.

Lo cierto es que, frente a la actual situación de hambruna, el gobierno ha pecado de ignorante. El pasado 28 de mayo, el ex ministro Mañalich reconoció que “no tenía conciencia” de la magnitud de la pobreza y hacinamiento en Chile. Sin embargo, los datos estaban a la vista. Según la Cepal, el nivel de pobreza pasará del 9,8% al 13,7% en Chile debido a la pandemia. Y, sin embargo, el gasto social público de Chile es el segundo más bajo de todos los países OCDE. En este ámbito, el gasto del Estado llegó al 10,9%, cifra que se ubica muy por debajo del 20,1% de la media que destinan los 36 Estados miembros.

“Si algo tiene el gobierno es disponibilidad de información, datos riquísimos. Si el gobierno no previó la situación actual es porque simplemente no quiso verlo, no puede declararse sorprendido”, afirma la psicóloga Clarisa Hardy, quien fuera ministra de Planificación en 2006 en el gobierno de Michelle Bachelet y hoy ejerce como presidenta del Instituto Igualdad. “En el primer gobierno de Bachelet, cuando empezamos a idear el sistema de protección social, advertimos que en la medición de la pobreza no se estaba consignando el índice de vulnerabilidad. Es decir, que frente a circunstancias que no se controlan, como enfermedades, accidentes, crisis económica, catástrofes naturales, inmediatamente un gran segmento de la población iba a caer en pobreza porque su nivel de ingresos es muy ajustado, les permite salir de la línea de pobreza, pero en el momento en que tienes un shock, lo pierden todo”, afirma la psicóloga.

Hace 33 años, Hardy iniciaba, bajo el alero de la Academia de Humanismo Cristiano, una experiencia de apoyo externo profesional a las ollas comunes que estaban emergiendo con fuerza en dictadura. “Hacíamos de mediadores para conseguir ayuda internacional, recursos para víveres, les dábamos asistencia técnica, por ejemplo, contratamos a una nutricionista para ayudarles a mejorar sus ollas, los asesorábamos sobre cómo ir al consultorio para exigir que a los niños los pesaran y midieran y así poder acceder a los programas de alimentación complementaria. Lo que hacíamos era una investigación en terreno, estudiamos la realidad, pero además actuamos y todo se hizo participativamente, los mismos pobladores llenaban nuestros formularios, nunca tuvimos encuestadores”, recuerda hoy la presidenta del Instituto Igualdad, quien en 1986 publicó el primer libro al respecto: Hambre + dignidad = ollas comunes, y en 1987, el segundo, Organizarse para vivir, pobreza urbana y organización popular. Ambos cobran hoy una vigencia inusitada, por lo que Hardy ya está en conversaciones para reeditarlos.

“La gran diferencia entre las ollas comunes de ese entonces y las de hoy es que antes era un país que no tenía el espacio fiscal que tenemos hoy ni tenía un gobierno democrático ni tenía partidos políticos ni debate ni organizaciones sociales legítimamente haciendo demandas. Entonces, hoy tienes un cuadro político absolutamente distinto y lo brutal es que estamos acercándonos a vivir una situación de crisis económica comparable a aquella”, afirma.

Ollas inmigrantes 

Sin duda, una de los segmentos más vulnerables de nuestra sociedad es la población migrante, de la cual una buena parte se concentra en el norte de Chile. Elizabeth Andrade es peruana y vive desde 2009 en la población Los Arenales en Antofagasta, compuesta por 1.700 familias, 85% de ellas migrantes. Ella, eso sí, llegó a Chile en 1995. “Tengo ya la residencia, pero nunca he dejado de sentirme inmigrante. Claro que en estos 25 años las cosas han cambiado. Primero vine trabajando de irregular, inventando cualquier excusa para poder cruzar la frontera Tacna-Arica, hasta que me pude quedar. Luego me fui a Antofagasta y trabajé como asesora del hogar puertas adentro e incluso me pude pagar mis estudios de educadora de párvulos, pero hace tres años dejé de ejercer para dedicarme a la dirigencia al mil por ciento”, cuenta Elizabeth, quien ahora, por la pandemia, ayuda a gestionar ollas comunes que reparten 400 raciones de lunes a viernes. “No es suficiente, pero es lo que podemos hacer por ahora. Nos dividimos en cinco comités y algunos de ellos incluso han decidido vender el plato a $1.000 para poder seguir financiándonos, pero en algunos lugares simplemente no hay dinero”, cuenta.

La organización ha sido vital y ya hace tres años existe la Red Nacional de Migrantes y Promigrantes en Chile que reúne a 50 grupos de chilenos y otras nacionalidades, la mayoría peruanos, bolivianos, ecuatorianos y en menos cantidad venezolanos, colombianos y brasileños. “He ido descubriendo cómo opera la discriminación y el racismo, pero también he visto el empoderamiento de vecinos y vecinas, nuestro reconocimiento como sujetos dignos de derechos y la sororidad, porque la mayoría somos mujeres”, dice Elizabeth.

  La Coordinadora Feminista Migrante, que es parte de la red, le entregó a la población Los Arenales $600 mil, con lo que pudieron armar cajas solidarias para 30 familias, mientras que otra brigada migrante de Temuco donó a la red $1 millón para que las distintas organizaciones pudieron comprar equipamiento de sanitización como mascarillas, alcohol gel, trajes especiales y una bomba de fumigación. “Hemos decidido migrar, hemos decidido ser parte de este Chile que ya despertó. Más allá de que las autoridades hayan hecho hasta lo imposible por mostrar una migración nefasta, nosotros mostramos una migración que es una oportunidad de conocer, de integrar las riquezas de nuestras culturas”, afirma la dirigenta.

A 417 km de ahí, en Iquique, está el campamento La Pampa, que abarca siete hectáreas en Alto Hospicio donde viven 90 familias, 95% de ellas migrantes. La mayoría no tiene trabajos formales ni están en los registros del gobierno municipal o nacional. Muchos llevan más de siete años en el país, pero siguen sin poder regularizar sus papeles. La precariedad del campamento es máxima. No tienen agua potable, la luz es un cableado que ellos mismos levantaron y sus viviendas están hechas de cartón y cholguán. Durante la pandemia, la cesantía y el abandono por parte de las autoridades se ha hecho sentir más que nunca. Así, desde abril comenzó a funcionar el comedor popular Mink’a (trabajo en comunidad en lengua quechua), donde se reparten entre 270 y 300 almuerzos diarios y que también es la casa del dirigente Enrique Solís, integrante del Movimiento Independiente por la Dignidad. “Ahora mismo no podemos estar peor, y por lo mismo tenemos que ser optimistas, vemos este momento como una oportunidad para mejorar nuestra situación”, dice el dirigente que ha contado con apoyo externo en la logística y acopio de alimentos y ayuda económicas de un grupo de académicos de la Universidad Arturo Prat.

Gracias a eso, el campamento tiene ahora los recursos para construir un comedor desde cero, una sala albergue para mujeres que sufren violencia intrafamiliar e instalarán cuatro postes de luces fotovoltaicas, que iluminarán las cuatro calles que componen el campamento. Pero uno de los problemas más grandes es la falta de agua potable y es lo que los mantiene en una tensa disputa con el municipio y el gobierno regional. “Hay 23 camiones aljibe privados que nos venden agua a través de unos bonos que nos entrega el municipio. Para una semana nos entregan 1.000 litros de agua, por los que pagamos 3.500 pesos, pero resulta que con eso no alcanza. Una familia necesita al menos el doble por semana, entonces, cuando se nos acaban esos bonos, tenemos que pagar 6.000 pesos, lo que es una barbaridad, es mucho más de lo que cualquiera paga en una casa residencial. Acá hay un lucro terrible y las autoridades no escuchan. Ahora, con la pandemia, el agua es indispensable para cuidar la higiene y evitar contagios”, reclama Enrique Solís.

Política de la calle

Aunque la mayoría de estas ollas comunes no tienen un origen partidista, sino que atienden más bien a las necesidades básicas humanas, lo cierto es que inevitablemente van apareciendo demandas políticas. Lo mismo sucedió hace 30 años, advierte Clarisa Hardy: “Esas ollas no nacieron como contestatarias a la dictadura, lo fueron en la medida en que se organizaron mínimamente para sobrevivir y a partir de ese encuentro comenzaron a analizar y a compartir experiencias y a politizarse. Hoy, tras el estallido del 18 de octubre, ha quedado claro que hay un tejido social reconstruible y que, ante la necesidad, este resurge espontáneamente”. 

Fue justamente así cómo nació el Comité de Cesantes de Quilicura, un grupo liderado por personas que hasta marzo estaban en la primera línea de la protesta y que cambiaron capuchas por mascarillas para seguir ayudando, esta vez en la organización de ollas comunes y un ropero solidario que se mueven por toda la comuna. “Estamos entregando 350 colaciones, dos días a la semana, en distintos sectores. Nos llegan aportes de vecinos de otras comunas, pero también tenemos harta ayuda de chilenos de fuera de Chile, compatriotas de Suiza, EE.UU. y Canadá que están viendo desde allá lo que ocurre y se han motivado en apoyar, porque la verdad es que las cajas del gobierno son totalmente insuficientes”, dice Alberto Vilches Mautz, coordinador general del comité. 

A fines de junio y ante la proliferación de ollas comunes, la Subsecretaría de Prevención del Delito emitió un protocolo que obliga a obtener un salvoconducto a cada persona que participa en una olla común para reducir la movilidad de la gente en la calle. Este documento será enviado al mayor de Carabineros o al oficial de más alto rango de la comuna, quien lo validará y otorgará el permiso de circulación. La mayoría de las organizaciones rechaza la medida y desconfían de las buenas intenciones del gobierno. “Ninguna olla común tiene la capacidad de entregar la totalidad de las colaciones al domicilio de cada persona. Yo creo que es un protocolo para tener identificada a la gente, tiene otro fin. Son el tipo de medidas que usan para evitar que la gente se movilice y se agrupe, lo mismo que sucedía en Plaza de la Dignidad”, lanza Alberto Vilches. “Al gobierno le molestan estas organizaciones porque quedan mal afuera, porque se ve el hambre que hay en Chile”. 

Cabe preguntarse, además, por qué es la Subsecretaría de Prevención del Delito la que se hace cargo de emitir este protocolo y no otra entidad más afín a la naturaleza del problema, como el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. En palabras de Hardy, “con estupor hemos conocido un protocolo para ollas comunes emanado de la Subsecretaría de Prevención del Delito, como si esta fuera una cuestión de orden público. Junto con tamaña insensibilidad aparece la ignorancia de la realidad y se aplica un protocolo único para toda la variedad de situaciones. Cuando no se confía en la participación ni en la descentralización y menos en la capacidad de organización ciudadana, se producen estas aberrantes decisiones”, afirma. 

Con el paso de las semanas y el persistente avance del Coronavirus, la subsistencia de las ollas se hace cada vez más compleja. Mientras crecen en número, la ayuda en donaciones se hace más difícil de sostener. A pesar de ser una red de solidaridad loable, organizada y eficaz, sin duda lo mejor sería que el Estado fuera capaz de resolver el problema del hambre. “Este es el momento para que Chile se endeude y haga el gasto social que corresponda, es el país con la tasa más baja de endeudamiento en América Latina y por esta crisis nunca antes habían estado más bajos los créditos, con tasas muy bajas, en rigor, vas a poder devolver la plata casi sin interés. No sé para qué más podría servir el Fisco y el gobierno si no es para acudir a salvar las necesidades mayoritarias de la población. No es este el momento para guardar la plata en un chanchito”, remata Hardy.