Ad portas de un mes importante para las disidencias sexuales y de género, y ante la gran ausencia de personas trans en la Convención Constitucional, resulta fundamental reflexionar en torno a la deuda histórica para con las disidencias, sobre todo cuando en estos momentos de alta tensión y “oferta” electoral hay sectores o personas que nos utilizan como sujetos de aprovechamiento político.

Por Tomás Barrera Méndez

A semanas de una de las elecciones más importantes de los últimos 30 años, y encontrándonos en un momento histórico, inmersos en una pandemia, una crisis social y una revuelta que no ha culminado —y que dejó decenas de jóvenes presos políticos que, hasta hoy, no tienen respuesta sobre su libertad—, tuvimos la oportunidad de escoger quiénes serán las personas que redactarán la nueva Constitución, una demanda central emanada desde la ciudadanía movilizada a partir del 18 de octubre de 2019.  

Celebramos con éxito la inscripción de candidaturas provenientes de las diversidades sexuales y de género, quienes se atrevieron a asumir nuevos desafíos no solo para el cambio constitucional, sino también para disputar alcaldías y concejalías, espacios claves para la organización de los gobiernos comunales. Tras realizar un mapeo general de las candidaturas abiertamente pertenecientes a la diversidad sexual, Les Constituyentes —como se denomina el Observatorio Nacional LGBTIQ+— confirmó que el número total de ellas fue 52, lo cual habla de un avance claro en materias de participación activa en la disputa del poder. Esto evidencia, sin lugar a dudas, un progreso, pero pensamos que se debe perseguir más.

Luego de las elecciones efectuadas el 15 y 16 de mayo, y tras una derrota aplastante de la exConcertación y la derecha, que obtuvieron las cifras más bajas en estas elecciones, nos percatamos de que de las 52 candidaturas vinculadas a los movimientos disidentes, solo ocho lograron llegar a la Convención Constitucional, representando un escaso 5,2% de los escaños totales. Otro antecedente importante es que las personas trans no tendrán representación en la escritura de la nueva Constitución, lo que es un factor esencial y preocupante a la hora de plantearnos las futuras reglas que van a regir el Estado y nuestras formas de convivencia, pues una vez más, y como se ha hecho de forma histórica, las personas trans quedaremos fuera de las decisiones relevantes que nos atañen. Como si fuera poco, no solo estaremos excluídes, sino además personas cisgénero decidirán por nosotres, lo cual sigue generando un grado de marginación a la hora de enfrentar uno de los momentos más importantes que tenemos como sociedad.

Ad portas de un mes importante para las disidencias sexuales y de género, y ante la gran ausencia de personas trans en la Convención Constitucional, resulta fundamental reflexionar en torno a la deuda histórica para con las disidencias, sobre todo cuando en estos momentos de alta tensión y “oferta” electoral hay sectores o personas que nos utilizan como sujetos de aprovechamiento político. En estas circunstancias de doble marginación (ausencia y ser hablad-s por otr-s), es primordial hacer un llamado a la reflexión crítica y al ejercicio de la presión desde la población trans, para así lograr que las discusiones que hemos instalado desde las organizaciones puedan quedar plasmadas dentro de la nueva Constitución.

En junio, mes en que se conmemora en Estados Unidos el gran hito de Stonewall, no podemos dejar de recordar a Marsha P. Johnson y a Silvia Rivera, entre otras, quienes sufrieron la violencia de la policía y de grupos conservadores solo por manifestarse, exigir sus derechos y reclamar su visibilidad. Las mismas luchas que motivaron la revuelta de Stonewall siguen siendo aquellas por las que nos encontramos peleando hoy. No cabe duda de que en Chile hemos avanzado y que, a pesar de los fallos tras los que se esconden los poderes del patriarcado, contamos con la Ley Antidiscriminación y la Ley de Identidad de Género, que vienen a dignificar la vida de las personas que diariamente tenemos que vivir la exclusión.

En este mismo mes en el que nos preparamos para conmemorar fechas importantes para la comunidad LGBTIQ+, vemos con preocupación el avance de los discursos de odio que se ven materializados, por ejemplo, en el proyecto de ley ingresado por los diputados RN Cristóbal Urruticoechea y Harry Jürgensen, quienes, en plena pandemia y crisis económico-social, como si no pudieran siquiera sospechar los horrores a los que nuestra comunidad se ha visto expuesta en este escenario, propusieron prohibir el lenguaje neutro dentro de las escuelas, lo que no solo es un sinsentido dado el contexto actual, sino también constituye un acto de discriminación y transodio contra las identidades no binarias, replicando ideas conservadoras que buscan mantener la homogeneización masculina de la población.

A lo anterior, debemos sumar los problemas que han tenido personas trans al presentarse en los centros de vacunación contra el covid-19, dado que no se les ha respetado su nombre y sexo registral, a pesar de estar amparados por la Ley de Identidad de Género, fenómeno infame que hemos visto replicado incluso en las elecciones pasadas, lo que es una falta grave a su integridad.  Agregamos la denuncia que realiza el colectivo Organizando Trans Diversidades, en la que mencionan que incluso en el pase de movilidad implementado por el Gobierno esto no se ha respetado. Nuevamente, nos tenemos que enfrentar con situaciones de discriminación frente a las que el Gobierno no solo guarda un silencio cómplice, sino también elude su responsabilidad y  preocupación por el derecho a la identidad de las personas trans.

Sin duda, este es un mes en el que, a la luz de las luchas del pasado y su vigencia, continuamos reivindicando nuestra existencia como comunidad disidente sexual y de género, y afirmando que el contexto actual de profunda vulneración contra la población trans es impresentable. Esperemos que las personas electas constituyentes no nos excluyan otra vez de los espacios y no hagan oídos sordos a las demandas que desde hace años hemos impulsado, entre las que están el reconocimiento de las diversas formas de constituir familias, el derecho a la identidad de todas las personas sin exclusión, el reconocimiento del derecho a la no discriminación y a una vida libre de violencia, y el establecimiento del acceso a la educación sexual integral como un derecho clave para todas las edades.