Un nuevo contrato social para niñas, niños y adolescentes

Ante un Estado históricamente tutelar y proteccionista, la propuesta de nueva Constitución reconoce a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y establece la obligación estatal de garantizar sus derechos fundamentales. “El texto constitucional propone que no solo sean vistos como sujetos que deben ser protegidos, sino también como personas que pueden participar progresivamente en la toma de decisiones sobre asuntos que les afectan”, escribe Camilo Morales, académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. […]

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Vicente Ruiz: “Cuando llegó la transición, los artistas se volvieron industria”

El día en que Patricia Rivadeneira apareció en 1992 crucificada y desnuda en el Museo de Bellas Artes, cubierta apenas por una bandera chilena, los medios se llenaron de adjetivos como “grotesco” y “repudiable”. Hoy, el creador de Por la cruz y la bandera (1992), hito cultural de la transición, es una figura ineludible de la performance chilena, como lo recuerda el documental Vicente Ruiz: A tiempo real (2022), actualmente en cartelera. En esta entrevista, Ruiz —crítico de su generación y su “elección del mundo neoliberal”— repasa su trayectoria y el impacto de su obra en el Chile de las últimas décadas.

por Iván Pinto

Sería falso decir que Vicente Ruiz está de vuelta, ya que es alguien que siempre se ha mantenido actualizado y trabajando en el punto de encuentro entre la performance, la danza y el teatro, solo por mencionar algunas aristas de un trabajo incesante. Ruiz, para muchos, significa un tránsito entre dos décadas —del ochenta y del noventa— y, en especial, encarna la relación con escenas contraculturales vivas y provocadoras, en tiempos en que la sociedad buscó formas alternativas de canalización. Vicente Ruiz estuvo allí para abrir nuevos espacios y formas de concebir la relación entre una obra viva y la interacción con el público, apuntando a romper las barreras institucionales y disciplinares. Se trató, sin duda, y antes del estallido de 2019, del momento más público de la performance como acto artístico y político. Todo esto se aborda en el documental Vicente Ruiz: A tiempo real, de Matías Cardone y Julio Jorquera, retrato construido a partir del archivo de la época donde Ruiz se desdobla en un narrador entregado a su memoria. A propósito de este documental, nos juntamos a conversar para conocer más sobre sus ideas y punto de vista sobre su propio trabajo e itinerario.

El documental Vicente Ruiz: A tiempo real se centra en el desarrollo de tus trabajos de performance durante la década del ochenta. ¿Qué lugar crees que tuvo la performance como movimiento o como género en este período? ¿Cuál fue para ti su lugar cultural?

—Para mí fue la constatación de que algo estaba ocurriendo en las bases. Las primeras performances que se hicieron en Chile estaban un poco guardadas. Cuando yo empecé con las performances, esto se hizo público, aparecía en los diarios. El lenguaje empezó a acercarse a lo que la gente estaba trayendo como generación.

Por otro lado, está el tema de la aparición del cuerpo. Teníamos un cuerpo desaparecido que aparece, y aparece con una nueva generación. Aparece desnudo, y es como si naciera de nuevo. Esto tuvo gran impacto, y de todas maneras fue algo que se fue masificando, cada vez iba más gente a verlo.

Por último, está el lenguaje que se creó. Y la cumbre de eso fue en el (año) 92 con la performance del Museo de Bellas Artes, Por la cruz y la bandera. Ahí fue nacional.

En estas acciones está presente la idea del evento único, presencial. Por lo cual tiene que ver también con la posibilidad de reunión en un período que estaba prohibido reunirse.

—Sí, sí. Primero que nada, es la rebelión, el acto contracultural de reunirse, porque estaba totalmente prohibido. No podía haber cierta cantidad de personas, todo estaba controlado, tenías que pedir permiso a Carabineros, dejar constancia, qué ibas hacer, si ibas a cobrar entradas. Entonces se establece el evento, pero también la idea de hacer el llamado a lo efímero. Tenía que ver con aprovechar la vida, con ir a vivir. Y eso fue lo que terminó el encierro. En el fondo, la gente decidió que el encierro de diez años había terminado. La gente salió a la calle a encontrarse. Y también me pasó a mí. Fui y me empecé a encontrar con la gente en los bares, a enamorarme, a hacer cosas en conjunto. Y en cierto minuto, cuando llegó la transición, fue el principio del fin, porque vino la industrialización del proceso. Los artistas, que eran efímeros, presenciales, espontáneos, se volvieron industria.

Has definido la performance como una ficción real.

—La performance no es una realidad, es un tiempo real, pero el tiempo real es un tiempo artístico que se arma, se nutre, se construye a partir de realidades. Artaud dice que la realidad se consume a sí misma y no es arte. En ese sentido, yo lo tenía claro desde el principio: me interesaba que la obra de arte se constituyera, tomara forma y trascendiera en términos de dar existencia.

Comentabas en otra entrevista que se iba a hacer una exposición para recuperar el tema del espacio cultural entre el Trolley —ícono de la resistencia en dictadura, ubicado en la calle San Martín 841, en Santiago— y Matucana. ¿Qué rol cumplieron esos lugares?

—Hay varias cosas. La primera tiene que ver con el regreso de los exiliados, porque las dos iniciativas están vinculadas a (Ramón) Griffero, Pablo Lavín y Jordi Lloret, que retornaron de Barcelona, Bélgica y Londres. Eso es lo primero. Hay una nueva mentalidad naciendo, y esos lugares acogieron esto. Luego, los espacios también fueron recogiendo las nuevas ideas. No quiero usar la palabra “vanguardia”, porque refieren a algo antiguo. Pero sí recogen una nueva expresión que estaba ocurriendo. Entonces, en ese sentido, fueron una verdadera avanzada. Ahí ocurrió una gran transformación epocal, del arte y de la sociedad.

Me gustaría ir revisando algunos hitos de tu trayectoria. Marqué algunas obras, como Hipólito, de 1984, que es tu primera performance y que generó mucho impacto. ¿Cómo podríamos reconstruir el proceso de Hipólito?

Hipólito es una tragedia griega que la monté tal cual, desde mi punto de vista. Es la tragedia de un joven que tiene una madrastra que lo acosa, y él quiere estar solo con sus amigos hombres. La historia está atravesada por los valores griegos masculinos, porque la mujer estaba muy desechada en el mundo griego. Le doy forma a la tragedia, pero no la traduzco, porque en el fondo me interesa mucho que las personas que colaboran conmigo puedan traducir sus propias mitologías.

Otro hito importante es Medea, melodrama pop (1986), que causó un impacto enorme y que sigue muy presente por varias razones, entre ellas, porque está la performance, la música pop, el rock, el punk, la idea de espectáculo. ¿Cómo podríamos reconstruirlo?

—Básicamente, yo invierto Medea y lo veo desde Jasón. En mi lectura, ella es una maga, sabe hacer brujerías y amadrina a este joven proyecto de político. Ella va matando y entonces tienen que huir. Llegan a otro lugar y Jasón debe elegir entre la mujer joven, la hija del Rey; y la mujer de más edad, la maga, con la que tiene dos hijos y que lo lleva por los caminos de la locura y la pasión. Él decide ese otro mundo del poder. En Medea, están Carlos Cabezas, los Pinochet Boys, Javiera Parra, María José Levin. Llegaron todos y fue una gran explosión. El lenguaje era muy seductor y la calidad artística de los que participaron era inmejorable. Simultáneamente, en el año 85 ya estaba la constitución del 80. Vino el cambio de la Universidad de Chile, que se reacomoda y empieza el tema de la educación privada. Entonces en Medea está la elección que hace la sociedad por un mundo neoliberal, o por el mundo de la magia (en el caso de Jasón). La gente, mi propia generación, elige el mundo neoliberal. Esa es la gran acusación que le hago a mi generación. Y cuando se hizo esa elección, vino la industria, la transición, la cocaína, el narcotráfico declarado. Ahí yo me retiré, me fui. El 86, después de Mishima, me fui a Buenos Aires y luego a Alemania.

Hablemos de los noventa y los hitos de Antígona (1991) y Por la cruz y la bandera (1992), donde hay otro momento en tu trabajo, que tiene que ver con una transición incompleta. Hay una vocación más política, provocativa con los signos republicanos. ¿Qué te ocurre en esta vuelta? Me refiero a las performances políticas.

—La performance del museo (Por la cruz y la bandera) es una performance en sí retroactiva, en el sentido que analiza la actitud de la tortura, del ser torturado en la cruz. Es un llamado a bajarse de la cruz, y que el pueblo, que la mujer, que Chile se baje de la cruz y haga algo, un cambio, sin dejar de ver lo que fue. Desnudémonos para ver lo que ha pasado.  Para mí, esa performance marca el fin de los ochenta y el inicio de los noventa; marca una nueva generación, la de los niños de 12, 14 años que nos abrazaban. Y en ese sentido, fue radical y epocal, es decir, marcó esta división. El Estado quiso apagar esta acción, había una orden de allanamiento y hubo hartas cosas en contra nuestra. Pasamos después a los años 94, 95, 98; ahí hicimos cuatro performances con Patricia Rivadeneira, que eran para derogar el decreto de la detención por sospecha y eliminar los decretos de censura, porque hasta ese minuto se podía prohibir una película o un libro. Lo hicimos, recurrimos a políticos, artistas, y se derogó todo. En una de esas performances, la Patricia daba un discurso sobre valores ecológicos y tenía un vestido con 40 globos azul, blanco y rojo; cortaba el cordón y quedaba desnuda. ¿De qué se trataba? De generar mucha atención en la prensa, y eso fue lo que ocurrió.

Te quiero preguntar por el estallido y las performances. ¿Crees que ese lenguaje performático tuyo de algún modo se fue transmitiendo, quedando?

—O sea, digamos que la estética religiosa de los símbolos patrios marcó la performance hasta el presente. Pero siento que esta nueva generación no tiene conocimiento de nosotros, quizás hay algo cariñoso, afectivo, pero como no hay estudios nadie les enseñó esas performances, no están decodificadas. Sin embargo, creo que sí existe una idea de que la performance quede como acto, como un instrumento artístico, cultural, social. Estas nuevas generaciones toman la performance como propia, como les nace, y estos tres grupos que hoy existen son muy diferentes: Cheril Linett, Las Tesis y Delight Lab. Me parece maravilloso lo que hacen, pero como lenguaje son completamente distintos. Cheril Linett habla de la mujer y sí toma la afectación de lo religioso, pero en estas nuevas generaciones no existe lo religioso, porque el catolicismo fue abandonado hace mucho rato. En ese sentido, no nos deben, y sin embargo, estamos hermanados con el lenguaje.

Nueva Constitución, nuevo estatus de las comunicaciones

“Las propuestas sobre comunicaciones contenidas en el borrador de la Constitución son muy interesantes y superan el enfoque de libertad negativa que tiñe hasta ahora nuestro ordenamiento constitucional y legal en la materia”, escriben Claudia Lagos y Tomás Peters. En este extracto del editorial del último número de la revista Comunicación y Medios, la académica y el académico de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile analizan el proyecto constitucional desde la perspectiva de las comunicaciones y la libertad de expresión. Este extracto fue ligeramente modificado respecto a su original para efectos de diagramación y fluidez del soporte digital.

Por Claudia Lagos Lira y Tomás Peters

Al momento en que cerrábamos la edición de este número, las comisiones de Preámbulo y Armonización de la Convención Constitucional estaba afinando el borrador de una nueva Constitución a ser plebiscitado el 4 de septiembre del 2022. Varios pasos en falso de algunos constituyentes dañaron la credibilidad de la Convención y de su labor (como el caso de Rojas Vade) y la estridencia en los discursos y prácticas de otros integrantes del órgano hizo lo suyo (un constituyente que votó mientras se duchaba, otra que ridiculizó a los representantes de pueblos originarios, su lenguaje y su legitimidad, y varios que difundieron información mañosa o derechamente falsa en sus redes sociales). La dificultad por encontrar un diseño, un equipo y objetivos comunicacionales comunes y coherentes entre la Convención misma y cada uno de sus integrantes fue un problema persistente durante todo el proceso.  

Sin embargo, más allá del ruido, el documento consolidado de las normas aprobadas por el pleno de la Convención contempla una serie de elementos claves para el campo de las comunicaciones, los medios, el periodismo, la cultura y el conocimiento. Es importante despejar un nudo que emerge en la conversación, en general crispada, de si regular o no y cómo. En efecto, todas las sociedades regulan, de una u otra manera, el derecho a la libertad de expresión, el funcionamiento de los medios de comunicación y la infraestructura. Cómo se regula, cuál es el alcance de las reglas y los organismos fiscalizadores y qué mecanismos se utilizan varían según el contexto. Hay distintas experiencias internacionales que hay que mirar desprejuiciadamente. Regular o no el campo de las comunicaciones, los medios, el periodismo y la cultura genera pánico; sin embargo, hay que desdramatizar el debate y alimentarlo sobre la base de la evidencia.

Es interesante, también, el contrapunto del momento constituyente de la Constitución de 1980 con el momento constituyente actual. En efecto, mientras aquella se concibió al amparo del secretismo, la discusión reservada entre unas pocas personas, la mayoría hombres, abogados, conservadores o de centro derecha liberal, y la palabra final de boca —o puño y bota— del dictador, el proceso actual ocurre en un contexto comunicacional hípermediatizado, en un contexto cultural más bien exhibicionista y con enorme transparencia en su funcionamiento, lo que tiene ventajas y desventajas, como hemos visto.

Dicho eso, las propuestas sobre comunicaciones contenidas en el borrador de la Constitución son muy interesantes y superan el enfoque de libertad negativa que tiñe hasta ahora nuestro ordenamiento constitucional y legal en la materia (como han demostrado Ahumada y Sapiezynska). En efecto, se mantienen y fortalecen los principios de transparencia, probidad y rendición de cuentas con que deben actuar los organismos y funcionarios públicos, así como el derecho de acceso a la información pública. En este aspecto, resulta interesante que el Consejo para la Transparencia adquiere estatus constitucional, una novedad en relación con el ordenamiento vigente. Distingue, también, una institucionalidad propia para el tratamiento de datos personales, un anhelo de los especialistas y activistas del tema en Chile. 

El borrador garantiza, también, los derechos fundamentales clásicos en esta materia, como el derecho a la libertad de pensamiento, de opinión y de libertad de expresión, sin censura previa. Del mismo modo, se reconocen las dimensiones sociales y colectivas del derecho a la comunicación, un enfoque que tiene una larga tradición teórica y activista en el mundo desde el informe McBride (1980), pero también en América Latina, en particular, y que no había encontrado reconocimiento en el ordenamiento chileno. Allí se reconoce el derecho que le asiste a toda persona a fundar y sostener medios de comunicación, la prohibición de los monopolios, el deber del Estado de evitar la concentración de los medios y contempla, también, un sistema mediático público de alcance nacional, regional y local. La neutralidad de la red, la conectividad concebida como servicio básico, como el agua o la electricidad, y el mandato a superar las brechas digitales son dimensiones novedosas también en el ordenamiento constitucional propuesto.

El carácter plurinacional, plurilingüista y feminista del borrador es central para complejizar el estatus de la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y la expresión de la diversidad contemplada en los instrumentos internacionales de derechos humanos a los que Chile adhiere. Distintos fallos en esta materia, así como recomendaciones internacionales, han avanzado en estas dimensiones de la libertad de expresión.

Necesitamos resignificar la comunicación como un ritual y no sólo como pura transmisión o tecnología, tal como lo proponía James Carey: “la comunicación es un proceso simbólico en el cual se produce, mantiene, repara y transforma la realidad”. O, recordando la metáfora del hilo y el cordón, de la prensa obrera feminista de inicios del siglo XX, citada en el libro Torcer la palabra: Escrituras obrera-feministas, editado por el Colectivo Catrileo-Carrión:

¿Os habéis fijado, que cuando en la labor de nuestra costura, necesitáis cortar un hilo es mui fácil hacerlo, pero cuando se trata de cortar dos o más hilos unidos o retorcidos, apeláis a las fuerzas o a las tijeras para cortarlos?… Pues bien: de este sencillo hecho y práctico ejemplo, se puede sacar una provechosa enseñanza. La obrera que viva y trabaje aisladamente, encastillada en su egoísmo, consumiendo su salud y enerjías para incrementar el capital del verdugo, que la esplota, es un solo hilo. Pero las obreras, que oyendo la voz de la razón y del derecho, se aúnan en una sola voluntad para mejorar su condición, serán un cordón que los hilos han formado y que no será suficiente una fuerza o voluntad para romperlo (Esther Valdés. “Nuestra Situación”, en La Alborada, No. 29, 27 de enero, 1907).

Hoy, como hace más de un siglo, necesitamos retejer la trama de las comunicaciones —sustantivo que comparte, recordemos, la misma raíz con comunidad y comunión— y establecer un nuevo pacto social que nos permita pensar lo común. Pero, para hacerlo, se necesita de una legislación que promueva y refuerce el pluralismo informativo en televisión local, regional y comunitaria. Como revista Comunicación y Medios pensamos que aquello puede ayudar a construir una mejor democracia.

Lee la versión completa del texto aquí.

Crisis habitacional: acciones urgentes para un cambio a largo plazo

Ad portas de un plebiscito para aprobar o rechazar una nueva Constitución, y en medio de una crisis económica global, el gobierno de Gabriel Boric enfrenta complejos desafíos en torno a los temas de vivienda y ciudad. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo no solo debe pavimentar el camino hacia el fin del modelo subsidiario, opina Fernando Toro, académico del Instituto de la Vivienda de la Universidad de Chile; sino también dar una respuesta urgente, como el Plan de Emergencia Habitacional, ante la existencia de miles de personas que viven en condiciones precarias.

Por Fernando Toro Cano

No es novedad que Chile experimenta una profunda crisis habitacional. Si bien el problema de la provisión y ubicación de las viviendas es histórico, la imposición y consolidación en las últimas décadas de un modelo neoliberal que ha desregulado, liberalizado y privatizado la producción del hábitat ha sido parte central del engranaje que hoy se materializa en una profundización de la desigualdad y precariedad socioespacial.

Si hace algunos años se comenzaba a hablar de abordar el déficit cualitativo de las viviendas construidas bajo la ilusión de que dejábamos atrás el déficit cuantitativo[1], hoy las estadísticas muestran lo contrario: no solo debemos mejorar lo existente[2], sino que además debemos producir lo inexistente. El problema de la vivienda dejó de ser un tema material que afecta exclusivamente a la población de escasos recursos y que se expresa a través de la masiva proliferación de campamentos o asentamientos precarios. Hoy, afecta a la mayoría de la población, manifestándose de diversas maneras tales como el allegamiento, hacinamiento[3], el arriendo precario, el abuso inmobiliario, el alto porcentaje de los ingresos familiares gastados en vivienda o el excesivo endeudamiento.

Basta mirar los números para entender la magnitud y expresión de la situación. Acá algunas estadísticas: entre el año 2011 y el 2021 los hogares habitando en campamentos se triplicaron llegando a más de 81.000[4]. Por otro lado, mientras el precio de las viviendas en ciudades como el Gran Santiago han subido un 150% entre 2009 y 2019, los ingresos solo han incrementado en un 25%[5]. Por otro lado, en términos de deuda y créditos hipotecarios, un 70% de los hogares tiene algún tipo de deuda, donde la hipotecaria representa el 38%[6]. A lo anterior se suma que el quintil más pobre gasta cerca del 50% de sus ingresos en arriendo[7].

Según voces expertas en la materia, lo anterior se debe a múltiples factores, tales como los altos niveles de especulación inmobiliaria, el incremento en los valores del suelo, mayor demanda habitacional por cambios sociodemográficos, creciente costo de la vida en general y alza en los precios de materiales, que en los últimos dos años se ha exacerbado, entre otros. Si bien lo anterior reduce los problemas del hábitat a una dimensión cuantitativa de vivienda, es evidente que estamos frente a un problema político estructural que requiere profundos cambios. Más allá de la promesa del gobierno de Gabriel Boric de construir 260 mil viviendas en cuatro años, el cómo se construirán, entregarán y administrarán viviendas en el futuro también aparecen como preguntas centrales. ¿Cuál será el rol del Estado y las comunidades después de estos cuatro años? ¿Cómo prepara el gobierno una nueva institucionalidad que abrace el derecho a la vivienda y la ciudad en caso de aprobarse el plebiscito de septiembre?

Entre la urgencia material de corto y el proyecto político de largo plazo

El desafío no es simple. Dejar atrás el modelo subsidiario de vivienda como parte del andamiaje neoliberal impuesto hace 40 años requiere tiempo y acciones estructurales, pero también es imperioso dar respuesta a los cientos de miles de hogares que necesitan una respuesta en el corto plazo. Movimientos, agrupaciones y comités de vivienda están atentos a este proceso, y con justo recelo siguen con atención la instalación de un gobierno que parece estar ya entrando en acción.

En su cuenta pública del día 25 de mayo, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, además de dar cuenta de lo hecho por la cartera durante el año 2021 e inicios del 2022, abordó dos iniciativas urgentes: el Plan de Emergencia Habitacional, lanzada el pasado 3 de julio, y el Plan de Iniciativas Urbanas. El primero tiene entre sus componentes robustecer el banco de suelo público con el fin de adquirir suelo bien localizado, implementar nuevas formas de producción de vivienda a través de cooperativas y autogestión, promover modalidades de tenencia como el alquiler público y la propiedad colectiva, acortar los tiempos de postulación y asignación, y buscar soluciones integrales e interministeriales para los campamentos, entre otros. El segundo, por su parte, tiene como objetivo abordar el entorno habitacional a través obras de mejoramiento, nuevos modelos de gestión urbana para proyectos específicos, inversión en parques, espacio público y movilidad, promover una intervención integral en entornos barriales y pequeñas localidades, y desarrollar iniciativas ligadas a la nueva ley de copropiedad, así como también controlar la proliferación de parcelas de agrado fuera del límite planificado. A estos planes se incluyen ejes transversales, tales como la necesaria acción intersectorial, preocupación por el medio ambiente, accionar con enfoque feminista y de derechos humanos y el fortalecimiento de la participación, bajo el término “corresponsabilidad”.

Valparaíso. Crédito: Fernando Toro.

De todo lo mencionado destacan tres iniciativas que van en la doble dirección y que actúan como sistema interrelacionado para abordar la emergencia en el corto plazo y fortalecer el rol del Estado en el largo: el fortalecimiento de un “Banco de Suelo”, la creación de un “Sistema de Arriendo Público” y la política “Construyendo Barrios”. Respecto del Banco de Suelo, el MINVU junto al Ministerio de Bienes Nacionales ya han declarado que trabajarán coordinadamente para abordar un aspecto que han calificado como “cuello de botella” para materializar viviendas integradas, y del que hasta hoy no se tiene un conocimiento detallado: la disponibilidad de suelo público bien ubicado que pueda ser destinado a vivienda de interés social. Esto permitirá tanto dar cabida a proyectos que hoy solo encuentran solución en la periferia, como también disminuir la especulación con terrenos públicos, permitiendo en parte una mayor regulación de los precios. Asimismo, el “Sistema de Arriendo Público” posibilitará a los hogares acceder a una vivienda a precios protegidos por el Estado, alivianando el peso de estos en su capacidad de pago. Si bien el subsidio de arriendo (DS52 del año 2013) ha sido pionero en esta materia, se espera que el gobierno avance a una institucionalidad más robusta que supere la sola gestión de subsidios, cuajando alianzas con instituciones regionales y comunales que podrían potencialmente administrar estas unidades de manera descentralizada, permitiendo al sector público convertirse en un actor relevante en el mercado. Finalmente, el gobierno está apostando por la urbanización integral de campamentos a través del programa “Construyendo Barrios”. El éxito de esta política, y la superación de los errores del pasado, dependerá del trabajo coordinado que se realice junto a ministerios como Desarrollo Social y Familia, Mujer y Equidad de Género o Economía, promoviendo una integración sociocultural y laboral que supere el componente exclusivamente espacial e integre de forma multidimensional a la población que se radicará en dichos barrios.

La implementación de los planes e iniciativas mencionadas también dependerá de una reestructuración de la institucionalidad y gobernanza. Por ejemplo, la Subsecretaría de Desarrollo Regional deberá jugar un rol importante al articular esfuerzos con los gobiernos regionales, los que a su vez deberían fortalecerse en los próximos cuatro años[8], asumiendo un mayor protagonismo en el diseño, gestión e implementación de políticas habitacionales y de ciudad junto a las Secretarías Regionales Ministeriales y los Servicios Regionales del MINVU. Los municipios también deberán asumir un papel importante. Los gobiernos locales están llamados a proveer las alianzas necesarias para materializar políticas y programas piloto que permitan, justamente, hacer carne la promesa de un sector público con mayores recursos[9] y atribuciones, y con mayor pertinencia territorial. Asimismo, en un contexto de aumento en las tasas de interés, de necesidad de dinamización del sector construcción y de altos costos de materiales, el sector privado (constructores y financistas) también aparecen como actores claves. El gobierno no ha sido indiferente a este hecho y ya ha anunciado nuevos mecanismos e incentivos al sector, tales como aumento de subsidios y préstamo a constructoras en los proyectos de integración social. Si bien estas operaciones son recetas antiguas, son mecanismo que responden de manera eficaz a mantener este andamiaje, que requiere aceite en el corto plazo para llegar a los desafíos de fondo.

En definitiva, aparecen las primeras luces de un camino que no será fácil para el gobierno de Boric y los que le sigan. En el mediano plazo el gobierno no juega solo. Para seguir avanzando en estos cambios profundos deberá esperar a que la ciudadanía se exprese en las urnas y apruebe una nueva Constitución. No solo eso, tras ello deberá realizarse un importante trabajo, tanto ejecutivo como legislativo, a fin de sentar las bases que permitan avanzar hacia el prometido Estado de bienestar en materia habitacional. No obstante, ambas condiciones no aseguran el éxito; la experiencia en otros países de la región que consagran el derecho a la vivienda y a la ciudad en sus constituciones como Brasil o Ecuador demuestran que ello es solo el primer paso. En este sentido, las acciones concretas desde el Ejecutivo, el diálogo y trabajo permanente con las comunidades y la efectiva difusión de los avances aparecen como ingredientes clave para acompañar las políticas, planes y programas que apunten a solucionar las urgencias, pero sin olvidar el horizonte.


[1] Se sitúa entre las 600.000 y 750.000 viviendas, dependiendo de la fuente.

[2] La suma del déficit cuantitativo y el cualitativo bordea las 1.300.000 viviendas.

[3] En un 11% de los hogares según estadísticas del 2020.

[4] Catastro de Campamentos 2021, Techo-Chile y Fundación Vivienda.

[5] Instituto de Estudios Urbaos y Territoriales UC – Inciti, 2019.

[6] INE, 2020; Banco Central, 2020.

[7] OCDE, 2020.

[8] Sólo el 14,5% por ciento del gasto nacional total es ejecutado por gobiernos subnacionales (regionales y municipales), muy lejos del 27,4 por ciento promedio de los países que integran la OCDE.

[9] Mientras comunas como Vitacura tienen ingresos por $1.129.510 por habitante, Cerro Navia cuenta con 143.328, es decir, casi el 10%. (Observatorio del Gasto Fiscal, 2017).

Voces críticas: Trabajadoras de escrituras literarias

Voces críticas reúne una serie de entrevistas a críticas literarias chilenas que iniciaron sus estudios en la década de los 60 y cuyo trabajo ha contribuido a modelar el campo intelectual chileno. Desde sus vidas personales y la experiencia de cambios, exclusiones y nuevos discursos teóricos, estas críticas han elaborado un (contra)canon y nuevas formas de leer e interpretar las textualidades de su tiempo, aportando a la ampliación y el enriquecimiento del campo literario chileno y latinoamericano. […]

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