Por Pamela Eguiguren
Dentro de las causas del estallido social que nuestros jóvenes gatillaron hace ya seis semanas, la salud es una dimensión que ocupa un lugar central en las demandas. En muchas de las pancartas se plantean consignas que reflejan las insuficiencias del acceso a una atención de salud oportuna, continua, humanizada y de calidad, pero también que el sistema social, político y económico en el que vivimos condiciona nuestra salud de manera integral y fundamental. Desde la salud pública, hace muchas décadas que la evidencia señala que son las determinaciones sociales la fuente más importante de enfermedad o de protección frente a ella, poniendo alertas sobre la necesidad de políticas públicas que promocionen en todo orden y desde los distintos sectores, la salud y el buen vivir, abordando determinantes sociales de la salud. Sin embargo, los logros económicos se han puesto progresiva e insensiblemente por delante de los indicadores del bienestar humano y colectivo. Una de las consignas que resume el discurso del malestar es: “No era depresión, era el sistema”. Frases como esta resuenan para los y las salubristas que han venido encendiendo las alarmas respecto de las cifras de depresión y otros trastornos de salud mental en la población chilena y sus vínculos con ejes de desigualdad social, por ejemplo, género, ya que las mujeres doblan en cifras de prevalencia en varios trastornos a los hombres.
Hablando del sistema, la penetración de la doctrina neoliberal en nuestra sociedad se relaciona con la falta de protección del Estado ante garantías de derechos sociales fundamentales, como educación, salud, trabajo, pensiones dignas y muchas otras necesidades, hasta las más básicas para la vida humana. El alcance de estos derechos en Chile está limitado por lógicas de mercado que abandonan a los individuos a sus propias posibilidades de satisfacer sus necesidades. Este diseño de sociedad se ha ido adueñando progresivamente de todos los espacios, y lo ha hecho sobre la base de la generación de niveles inaceptables de desigualdad, con brechas insostenibles entre una gran parte de la población cuya vida se ha precarizado, frente a reducidos grupos privilegiados vinculados al poder económico que disfrutan con creces de un buen vivir.
En este contexto, hoy en la discusión ciudadana ha emergido fuerte y claro el derecho a la salud como un derecho social que debe ser reconocido en nuestra Constitución, que no admite dudas sobre el deber del Estado de garantizarlo. La salud, cuyo concepto se ha medicalizado en extremo, debe aproximarse más a la noción de bienestar integral y no sólo a la ausencia de enfermedad. La necesidad de un cambio sustancial del articulado que aborda esta materia tiene que ver con que el texto actual de nuestra Carta Fundamental sólo establece el derecho a la protección de salud a través del acceso a un sistema de atención de salud y sus acciones. Su modificación debe apuntar a la salud que se construye en la suma de las condiciones sociales, culturales y económicas, y es el Estado quien debe garantizar condiciones de vida dignas y equitativas para su ciudadanía. Otro punto fundamental que hay que desmantelar en la Constitución es la dualidad de la respuesta frente a las necesidades de salud, lo que instala una elección obligada entre el sistema público o privado, a partir de la cual las personas deben suscribir y, más gravemente, aportar su contribución a la seguridad social en un sistema u otro, lo que resta solidaridad y capacidad redistributiva a la salud. La sociedad chilena tiene en el cuerpo casi cuarenta años de esa dualidad, que hace evidente y demostrable que la elección no es tal y cuyo resultado ha sido el debilitamiento del sistema público de atención en desmedro de su capacidad de responder integralmente a las necesidades de salud de toda la población, particularmente la beneficiaria de este sistema, que es más del 75% de los/as usuarios/as a nivel nacional.
En esa vereda, el sistema público concentra a población de mayor edad y que producto de los determinantes sociales y sus interseccionalidades —como ser mujer y a la vez adulta mayor e indígena— es también la población con mayor carga de enfermedad y necesidades más complejas. El mercado de la salud y las reglas del juego, Isapres mediante, ha favorecido el crecimiento de un sector privado, concentrando los aportes a la seguridad social del 15% de la población que corresponde a la más sana y con más recursos. Adicionalmente, a este sector privado van a parar ingentes sumas de dineros públicos que no sólo enriquecen al sector privado, sino que pauperizan al público, incrementando la desigualdad.
El avance hacia un sistema público universal de salud que para su financiamiento y el fortalecimiento de su red pública de atención cree un fondo mancomunado, reuniendo los aportes a la seguridad social de todos/as los/as ciudadanos/as y los impuestos generales, es la alternativa que comienza a visualizarse en las discusiones de cabildos ciudadanos, incluidos los que están siendo organizados por organizaciones como Acauch, Ces y Afuch en alianza con la Escuela de Salud Pública y otras unidades de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. La red pública de salud chilena es sin ninguna duda una de las mejores en su diseño y posibilidades en la región, y cualquier medida debe comenzar por fortalecer sus recursos y recuperar su funcionamiento integrado, con el objetivo de que las personas tengan en su territorio las posibilidades de atención accesible, resolutiva e integral concebidas en el modelo de atención, con eje en atención primaria, y de desarrollar estrategias de promoción y prevención de la salud comunitaria, que actualmente tenemos en la teoría y que efectivamente podríamos brindar si creamos un sistema universal de salud capaz de responder como un todo integral y coordinado.
El llamado ciudadano es a encontrar, en esta construcción, formas que cambien y abandonen modelos donde el lucro con la enfermedad siga siendo posible. Desde la salud pública se tiene la obligación de pensar fuera de los límites del modelo actual a través de una amplia discusión social que abra espacios para construir caminos que nos puedan llevar, como sociedad, a una respuesta sanitaria a la altura de lo que el momento histórico nos demanda. Chile despertó y las fuerzas sociales están disponibles para participar activamente en la construcción del sueño colectivo, donde la negociación de las expectativas de todos/as ocurra no en las cúpulas y en la superficie, sino en comunidad, en los barrios, en la calle, en el contexto democrático que sin duda se está instalando y se instalará con la construcción de un poder constituyente. En ese diálogo democrático y participativo, el análisis profundo de los significados de estas modificaciones a la estructura del sistema de salud debe permitir comprender a todes las ventajas que tendrá para la ciudadanía destinar sus principales esfuerzos a una forma de hacer sociedad en la que sin exclusión tengamos lugar equitativamente en el aporte y también en los beneficios.
