El lema que convocó a la reciente asamblea de MACRO, el organismo que agrupa a las principales universidades públicas de América Latina, en la Casa Central de la Universidad de Chile, fue “Responsabilidad política y universidades públicas: Identidad, Integración e Innovación para la Igualdad”. Esos cuatro puntos sobre esas cuatro íes sintetizan tres valores que inspiran y un gran objetivo que anhelamos los rectores de las principales universidades del continente. Esta Asamblea, en cuyo desarrollo también participaron académicos de CEPAL, quería convocar, invitar a comprometerse, a las autoridades políticas de la región, conscientes de que en todo el continente están ocurriendo importantes debates que han de afectar a la Educación Superior en cada uno de nuestros países.
Resulta significativa la elección de nuestra Universidad como sede de esta Asamblea. En el debate que, por fin, hoy se abre en Chile, parecen estar en juego argumentaciones acerca de conceptos importantes para las discusiones sobre Educación Superior en toda América Latina. Cuando las visitas preguntaban cuáles eran los cambios más trascendentes que se propondrían en la nueva legislación, nos dábamos cuenta de que si respondíamos la verdad, probablemente no creerían. Nadie podría tomar en serio que un eventual cambio fuera “que el Estado efectivamente se responsabilice de las universidades públicas”. Lo que se podía responder era más bien que lo llamativo no es el cambio que se quiere hacer, sino la realidad que se quiere cambiar.
Cuando se habla de “modelo chileno” (un adjetivo discutible atendida su autoría) se piensa en la versión más radicalizada y dogmática de un conjunto de conceptos nunca antes aplicados tan literalmente, tan al pie de la letra, a las universidades. Entre las rupturas de este modelo con el pensamiento tradicional acerca de las universidades, destacan la exaltación del individualismo por sobre el bien común o interés colectivo; la exacerbación de la competencia como gran motor de progreso para las instituciones e individuos del ámbito académico, por sobre la colaboración y la complementariedad; el encumbramiento de la fe en que el financiamiento y las transacciones pecuniarias permiten evaluar y jerarquizar el quehacer universitario, por sobre el pensamiento crítico, la originalidad de pensamiento y la producción de nuevos conocimientos.
Era hoy en Chile, entonces, donde parecía más pertinente y oportuno hablar de Identidad, Integración, Innovación e Igualdad.
La Identidad busca reconocer las características de nuestras universidades como insertas en nuestra historia. Se trata del modelo de universidad latinoamericana, fundada o refundada en la primera mitad del siglo XIX para contribuir a la construcción una nueva nación. Prontos a cumplir cien años de la Reforma de Córdoba, hemos de recordar la dualidad de compromiso social y autonomía a la que ésta aspiraba. La universidad latinoamericana está latente en la sociedad y busca generar modelos propios de desarrollo.
La Integración ha de buscarse desde el reconocimiento de lo que tenemos en común, económica, social y culturalmente. Busca actuar coordinadamente en esos planos. Especial mención merece la movilidad estudiantil: que los gobiernos faciliten y financien el intercambio de estudiantes entre los países. Muchas experiencias en el mundo demuestran que estos programas, en que los integrantes de las futuras elites políticas y sectoriales se impregnan de la cultura de los países vecinos, están entre los mecanismos más valiosos para facilitar el entendimiento y la paz entre los estados.
La Innovación, por su parte, busca situar a nuestras universidades en la ciencia, humanidades, cultura y tecnología de nivel mundial, a la vez que proponer nuevas matrices productivas para nuestros países.
Estas tres vocaciones cobran sentido en cuanto afluentes de una cuarta, la Igualdad, que busca una disminución de la segregación e inequidad y el fortalecimiento de la inclusión y la cohesión social en el continente. De ahí la invocación a todos quienes representan al pueblo desde el gobierno y el parlamento. Al hablar de responsabilidad política y universidades públicas se está llamando tanto a quienes tienen en sus manos la política a que se comprometan con las tareas de formación profesional e investigación de la educación superior, como a las universidades a que contribuyan críticamente a enfrentar los grandes problemas que afectan a sus naciones.
