El Premio Nacional de Geografía advierte que el clima no es producto solo de la naturaleza, sino también de las intervenciones urbanas. “Como consecuencia de ello, ha perdido su calidad de bien libre, bien común y se ha convertido en un commodity más”.
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Democracias antidemocráticas, una sociedad fracturada y una idea de libertad que ampara ataques violentos. Para la filósofa y cientista política estadounidense —una de las pensadoras más lúcidas en torno a estos asuntos— esas son algunas de las cientos de formas en que el neoliberalismo ha cambiado el mundo, mucho más allá de los límites económicos en los que usualmente se le encasilla. En esta entrevista, Brown habla sobre cómo la pandemia reveló las extremas desigualdades económicas, raciales y de género, y cómo los grupos de extrema derecha —con sus retóricas antivacunas, teorías conspiratorias y discursos de odio— han surgido de los espacios abiertos por el neoliberalismo.
Por Sofía Brinck
El neoliberalismo es un concepto conocido y cercano en Chile. Temas como la privatización de servicios públicos o la primacía del mercado por sobre el Estado se repiten en debates políticos y han sido cuestionados en movilizaciones sociales e incluso durante la pandemia. Que fuimos un experimento neoliberal durante la dictadura —el primero en el mundo— y que el neoliberalismo permea nuestras vidas son hechos que todos conocemos, aunque en realidad nadie sepa bien hasta dónde llega el alcance de esta corriente económica y política.
Esa inquietud ha guiado el trabajo de Wendy Brown, académica de la Universidad de Berkeley en California, Estados Unidos. Después de décadas de estudio de teoría política, enseñanza y activismo, hace algunos años decidió centrar su investigación en la razón neoliberal para entender cómo ha afectado a la sociedad más allá de la economía. Comenzó en 2015 con el libro El pueblo sin atributos (traducido por la editorial Malpaso en 2016), en el que teorizaba sobre lo que llamó la economización de la política. Y siguió en 2019 con En las ruinas del neoliberalismo. El ascenso de las políticas antidemocráticas en Occidente (publicado en español en 2020 por la editorial Tinta Limón), en el que fue más allá de sus propios argumentos para proponer que el neoliberalismo ha conducido un ataque sistemático para desarmar la sociedad y la democracia.
“Mi objetivo es entender la profundidad del alcance neoliberal, cuán antidemocrático es y cuánto ha hecho no solo para acentuar las desigualdades económicas, sino también para crear una formación política antidemocrática”, explica Brown, que también ha seguido de cerca la historia y la actualidad chilenas, tanto por la conexión con el neoliberalismo como por las movilizaciones por la educación pública, de las que es acérrima defensora. “La posibilidad de escribir una nueva Constitución es emocionante”, dice vía videollamada desde California, y aunque advierte que los cambios no serán instantáneos, cree que el resultado será alentador. “La Constitución tendrá nuevos valores y criterios para tomar decisiones políticas, sociales y económicas, las que lentamente podrán cambiar la cultura, a las personas y la economía”.
Los chilenos hemos vivido durante los últimos 40 años los efectos del neoliberalismo. Sin embargo, estas políticas han sido confrontadas a través de movimientos sociales y manifestaciones. ¿Crees que el neoliberalismo pueda ser derrocado?
—No creo que pueda ser derrocado, creo que el sistema debe ser limpiado en profundidad. Un régimen neoliberal no se trata solo de principios de gobierno, la razón neoliberal se propaga en cada grieta de la política y de la conducta cotidiana. Una cosa es derrocar a un tirano, a un rey o a la dominación de las empresas; otra cosa es tomar todo un sistema de razón y reemplazarlo. Se trata de nuevos valores, formas de tratar a la gente, nuevos indicadores para decidir qué es útil. Y eso no es un derrocamiento, es un proceso lento, largo, cuidadoso y deliberado, que será enfrentado con una enorme resistencia por quienes no creen en él, sean gente de derecha o liberales.
Una de las ideas que desarrollas es que la derecha se ha apropiado del concepto de libertad para desviar su significado original a un sentido neoliberal. Bajo esa perspectiva, ¿de qué hablamos ahora cuando hablamos de libertad?
—Estamos bastante familiarizados con la idea de que el neoliberalismo valora la libertad de mercado, pero intelectuales neoliberales como Hayek, Friedman y von Mises entendían la libertad como un fenómeno individual más que político. Las democracias prometen igualdad política, y Hayek, von Mises y Friedman odiaban esta idea porque pensaban que conducía a la redistribución, a la justicia social y a un Estado de bienestar. Querían un estatismo que apuntalara el mercado y la moral tradicional, pero que concentrara la libertad en el individuo. Eso hizo que estuviesen de acuerdo con regímenes políticos autoritarios que propagaban las libertades individuales y de mercado; por eso apoyaron a Pinochet. El neoliberalismo ha separado la libertad de la democracia para convertirla en antidemocrática, para hacerla compatible con el autoritarismo, y eso es lo que vemos hoy en la derecha. Se ha vuelto antidemocrático y ataca la democracia apoyando etnonacionalismos y autoritarismos, mientras sigue aferrándose a la idea de las libertades individuales.
¿Cómo calza la libertad individual con el contexto de pandemia, donde los derechos y libertades individuales han perdido peso ante la importancia de la comunidad y un sentido colectivo? Pienso en los discursos de los antimascarillas o antivacunas.
—(Esas personas hablan de las mascarillas o las vacunas) como si fueran un asunto de libertades individuales en vez de entender que estamos todos conectados, que una pandemia significa que no puedes concebir individuos independientes unos de otros. Son rebeliones antisociales en su esencia, que rechazan que el Estado y la sociedad tengan alguna atribución para proteger u organizar a la población. En su lugar, tenemos ese individualismo extremo de “mi libertad, mi cuerpo, haré lo que quiera con él”. La pandemia tomó el contexto neoliberal y lo hizo visible de la forma más cruda e impactante. Reveló las extremas desigualdades económicas y sus características de género y raciales, la diferencia en el acceso a la atención sanitaria, y, por supuesto, la vasta desigualdad Norte-Sur en la vacunación. Pero la pandemia también ha significado una crisis para muchos regímenes neoliberales que, en muchos casos, eran de extrema derecha y no pudieron lidiar con esto. Sea Brasil, el Reino Unido o Estados Unidos bajo Donald Trump; quedó en evidencia lo imposible que es enfrentar una crisis como la pandemia, la injusticia racial o la crisis climática desde una posición neoliberal. No se puede, necesitas respuestas políticamente organizadas y la razón neoliberal se opone a la movilización del Estado para cuidar a las personas.
La reivindicación del hombre blanco
Wendy Brown escribe al ritmo político del presente: El pueblo sin atributos fue ideado durante los últimos años de la administración de Barack Obama, mientras que En las ruinas del liberalismo fue escrito inmediatamente después del triunfo del Brexit y la elección de Trump. “Es bueno no tener que pensar en él durante cada hora de cada día”, dice con humor cuando sale el expresidente a colación. “Pero lamentablemente seguimos pensando en él”.
La extrema derecha ha tenido mucha visibilidad en el último tiempo: en Estados Unidos bajo Trump y durante los ataques al Capitolio, y, en Chile, en marchas y en la creación de un partido político. ¿Cómo ha contribuido el neoliberalismo al surgimiento de estos grupos?
—Un primer punto es que el neoliberalismo ha legitimado sentimientos antidemocráticos y ha normalizado a grupos de extrema derecha que atacan la democracia, también ha desacreditado la idea del gasto y bienestar social. Y estos factores han conformado una base para el surgimiento de estos grupos antidemocráticos, los que se han masificado luego de existir en la periferia durante muchos años. El neoliberalismo ha desarmado la sociedad, eliminando programas sociales, lazos grupales y la idea de comunidad de un Estado de bienestar. Un segundo punto es el destronamiento del trabajador, del hombre blanco común, que ha tenido una actitud reaccionaria de “quiero mi trono de vuelta”. Y la forma en que lo logra es atacando a otra gente, a la política, a la globalización y a los extranjeros. Así encontramos etnonacionalismos, nacionalismos económicos, política de extrema derecha, y también una derecha que adula a hombres fuertes, ya sean Trump, Bolsonaro o Pinochet, que encarnan la idea del tipo fuerte que se sale con la suya, toma y hace lo que quiere, mata gente si es necesario, pero hace el mundo mejor.
Planteas que si bien el progresismo ha atribuido el surgimiento de estos grupos a la globalización o las diferencias rurales y urbanas, en realidad deberíamos enfocarnos en el ataque neoliberal a la democracia y a la sociedad. Sin embargo, si nos centramos solo en el neoliberalismo, ¿cómo se incorpora la noción de privilegio racial, de género y económico en tu análisis?
—Podemos llamarlo privilegio, pero también en algunos casos supremacía, y es fundamental. Es lo que mencionaba sobre el hombre blanco: muchos de los grupos de extrema derecha de la zona euroatlántica están compuestos por supremacistas que provienen de clases trabajadoras, no necesariamente pobres, pero tampoco económicamente privilegiados. Los grupos de extrema derecha son una respuesta de hombres blancos que creen que la civilización occidental y su propio país deberían ponerlos a ellos primero, como si hubiesen sido desplazados. Culpan a los inmigrantes, a las feministas, a las minorías raciales. Pero lo que los ha desplazado ha sido la globalización y sus efectos en la industrialización durante los últimos 40 años. El supremacismo blanco es la bandera de estos grupos, sienten que les da derecho a un espacio.
En los ataques al Capitolio varios participantes eran integrantes de grupos conspirativos. ¿Por qué grupos de extrema derecha necesitan conspiraciones para darle sentido al mundo?
—No tengo una respuesta definitiva. Se pensaba que el cristianismo como religión hegemónica tenía fundamentos inamovibles, pero su declive y un mundo lleno de poderes que nadie parece controlar han construido un escenario perfecto para un pensamiento conspirativo. En lugar del cristianismo tenemos teorías de la conspiración, que creen que existen fuerzas ocultas operando y que alguien está a cargo de ellas, pero no es Dios o un salvador, sino un grupo perverso causando caos. Esto también tiene relación con la gran popularidad de las religiones evangélicas en lugares como África, Latinoamérica y el Sudeste Asiático. El sistema de creencias que crece más rápido en el mundo mientras aumenta el poder del capital no es el proletariado ni el socialismo. Es la fe en el cristianismo evangélico, que también tiene cierta orientación conspirativa.
Ha habido un aumento de ataques contra la comunidad asiática en Estados Unidos. Sin embargo, ha habido cierta resistencia desde las autoridades a calificarlos como ataques racistas. ¿Cómo ha influido el neoliberalismo en la forma en que hoy se entiende la raza?
—El neoliberalismo ha convertido la raza en un fetiche y un tema identitario de pertenencia, en lugar de entenderlo como un fenómeno construido histórica y socialmente para asegurar un orden social jerárquico. En el caso de la campaña de odio contra la comunidad asiática, hay que recordar que Estados Unidos trajo trabajadores de China hace 200 años y desde entonces han sido identificados como portadores de enfermedades y ladrones de puestos de trabajo. Este odio resurgió por culpa de Trump y su identificación del covid-19 con China. Es un escenario dramático. La forma de enfrentar esto es estudiando cómo se está reproduciendo y afianzando la supremacía blanca cuando se permite que continúen estos ataques racistas. Y esto debería bastar para que todos —negros, blancos, asiáticos y latinos— nos unamos para hacerle frente.
El jurista argentino, especialista en constitucionalismo en América Latina, considera el hartazgo ciudadano con las élites un estruendo producido por el derrumbe del viejo modelo de representación: “murió y es irrecuperable”, advierte. Por eso, si bien valora la perspectiva de incorporar más derechos a la “espartana” Constitución chilena, la considera limitada si no la acompaña una profunda democratización del poder. De lo que se trata, dice, es de “abrir la toma de decisiones a una ciudadanía que está fuera del viejo corsé constitucional”.
Por Francisco Figueroa Cerda
La de Roberto Gargarella (Buenos Aires, 1964) es una de las voces más escuchadas en materia de cambio constitucional, teoría de la democracia y derechos humanos en América Latina. Pero la suya no es una voz dulce para los oídos del poder. En su libro más influyente, La sala de máquinas de la Constitución. Dos siglos de constitucionalismo en América Latina (1810-2010), publicado en 2014, cuestiona cómo, pese a sus barrocos decálogos de derechos, las constituciones de la región han mantenido intocada nuestra elitista organización del poder. Y en el más reciente, La derrota del derecho en América Latina (2020), explica la degradación de la democracia como resultado de “la autonomización de la clase dirigente” y la perpetuación de estructuras institucionales “hostiles a la intervención política de la ciudadanía”.
Para el sociólogo y abogado, profesor de las universidades de Buenos Aires y Torcuato di Tella, la crisis de la democracia contemporánea es la crisis de un sistema institucional pensado en los siglos XVIII y XIX para repartir el poder entre minorías y controlarlo en base a contrapesos internos al Estado que han terminado por incentivar a las élites (empresarios, jueces y políticos) a pactar entre sí; una sala de máquinas que la ciudadanía —hoy diversa y multicultural— se limita a mirar por la cerradura cada vez más estrecha del voto, ya sea para elegir representantes sobre los que no tiene ningún control o entre opciones sobre las que no tiene nada que decir.
No es de extrañar, entonces, que Gargarella despierte escasa simpatía tanto en la derecha como en el populismo de izquierdas. Tampoco que su trabajo ponga en tela de juicio algunas de las bases mismas del Estado de derecho como lo conocemos, como el punitivismo penal o el elitismo judicial. Lo suyo es una concepción deliberativa de la democracia, donde lo central es el involucramiento “del común” y la “conversación entre iguales”, y la bencina la pone el compromiso con una larga deuda latinoamericana: la realización simultánea de los ideales de autonomía individual y autogobierno colectivo.
Has dicho que una Constitución es virtuosa cuando se hace cargo de los grandes dramas de una sociedad. ¿Cómo puede una Constitución hacerse cargo de la desigualdad?
—Me parece que la sociedad chilena y la argentina, como tantas latinoamericanas, no terminan de identificar la desigualdad como lo que es: uno de nuestros grandes problemas desde la independencia. Y lo que ha hecho la Constitución es reproducir y expresar esa desigualdad, tanto en la ausencia de compromisos sociales —que todavía se notan en la Constitución chilena—, como en la organización del poder que refleja esa desigualdad. Atacar eso son puntos de partida. Por supuesto, no es que uno cambie la sociedad desde la Constitución. Pero la Constitución tiene una parte que jugar y eso creo que tiene que ver con la afirmación de ciertos compromisos sociales y con armar un diseño institucional que ayude a resistir esa desigualdad. Para no quedarme en abstracciones: si uno concentra el poder geográfica y políticamente, uno está reproduciendo esa desigualdad.
En tus trabajos muestras que en América Latina el combate a la desigualdad no ha ido de la mano de la democratización del poder, sino de su concentración. ¿Por qué crees que ha ocurrido eso?
—Porque no es de extrañar que la Constitución sea reflejo de la élite que la escribe. Una élite que vive y goza de los privilegios de la desigualdad, ayuda a blindar su poder y a alambrar el escenario institucional en su entorno a través de la ley, de la Constitución. Se explica por la historia de desigualdad y los modos en que ha estado concentrado el poder. Distintas sociedades latinoamericanas han mostrado ese gobierno de élites. Chile ha sido ejemplar, tanto en los niveles de concentración como en los niveles de resistencia. Formas de reacción social como no se han dado en otras sociedades de América Latina, por la radicalidad. En parte, una radicalidad que reacciona frente a lo que ha sido la historia desde 1811, 1823 y 1833, con un ordenamiento salvajemente elitista.
No solemos hablar de los derechos en términos de las alteraciones en las relaciones de poder que supone hacerlos efectivos. ¿Nos obnubila el tecnicismo del derecho? ¿El concebir los derechos como favores de la élite?
—En la historia de América Latina creo que se han combinado algo de ignorancia, algo de oportunismo y algo de hipocresía desde el poder. Hay doctrinarios que se han preguntado de buena fe qué podemos hacer a favor de la igualdad y han encontrado como respuesta “y bueno, lo que ha hecho toda América Latina todo este tiempo: agregar derechos”. Esa es la marca latinoamericana desde México 1917, el constitucionalismo social. Lo que domina en el discurso jurídico de la gente que quiere cambios —más allá que desde el poder tenían muy claro lo que querían hacer y no hacer— es una manera muy latinoamericana de ver el derecho: mirar afuera y ver qué hay para agarrar. Eso creo que están pensando muchos en Chile: “agarrar el tren que perdimos”. Por supuesto que en el contexto de Chile —donde la Constitución quedó muy espartana, sin derechos sociales, económicos, culturales, humanos— hay que incorporar nuevos derechos. Entre otras cosas, porque vivimos en culturas jurídicas formalistas, legalistas, textualistas, y entonces el juez tiene una gran excusa cuando no encuentra un compromiso constitucional. Dice: “no, a mí no me pidan eso, porque eso no está en la Constitución”. Lo inaceptable es que se siga conviviendo con un esquema que reproduce la desigualdad y hace muy difícil el enforcement de esos derechos.
La idea de una “Constitución mínima”, que deje fuera los mayores desacuerdos, entregados a la deliberación de la política representativa, ha cobrado fuerza en el debate constitucional chileno. ¿Te parece una estrategia adecuada?
—Yo estoy de acuerdo en que los detalles se tienen que definir democráticamente, en el debate público, pero tenemos que ser conscientes, particularmente los latinoamericanos, de que eso requiere lo que [Carlos] Nino llamaba precondiciones de funcionamiento del procedimiento democrático. Y esas precondiciones no son simplemente decir “bueno, desde esta situación de extrema desigualdad y concentración del poder en la que estamos, hablemos”, porque hay gente que no entra a la cancha: está marginada, está excluida en los hechos por la organización del poder. Entonces la Constitución mínima tiene esa enorme trampa: en nombre de la deliberación hace ficticia la deliberación. Decir “bueno, con poquitito largamos”, en una cancha desnivelada extraordinariamente, es un insulto a la idea del debate. Y las instituciones que tenemos, montadas hace siglos, se han desgastado desde dentro —lo que se llama la erosión democrática—. Entonces el diálogo debe ser inclusivo, pero sobre todo inclusivo de la ciudadanía, no un diálogo entre instituciones desgastadas y controladas de modo muy aceitado por una élite.
En el proceso constituyente chileno la participación popular sigue limitada a la elección de constituyentes y al voto en el plebiscito de salida. ¿Te parece suficiente?
—No solo no me parece suficiente, sino que me parece problemático. Entre otras cosas, por tener una visión muy crítica (que yo considero realista, simplemente) sobre los plebiscitos. Veo mucho espacio para lo que llamo la “extorsión democrática”, que es cuando uno se ve obligado a votar a favor de lo que repudia para poder sostener aquello que prefiere. Como cuando le hacen un plebiscito de salida a la Constitución de Evo Morales y la situación del boliviano promedio es que quiere enfáticamente un mayor reconocimiento de los derechos indígenas, pero rechaza profundamente una nueva reelección de Morales (como quedó claro en el plebiscito que hicieron después). “Ah, no”, te dicen, “si quieres derechos indígenas, tienes que votar a favor de la reelección. Es una cosa y la otra, o te quedas sin derechos indígenas”. Bueno, tomo los derechos. “Ah, ¡cómo les gusta la reelección a los bolivianos!”. Casos así hay miles. Sobre todo cuando se refieren a textos amplios, esas formas de consulta popular son muy extorsivas porque niegan lo que para mí es lo único importante: el diálogo ciudadano. Tengo que tener la posibilidad de decir esto me gusta, esto no, esto más o menos, esto lo omitieron, esto es inaceptable, cámbienlo. Y no, no puedo decir absolutamente nada. Entonces es muy tramposo que digan “miren la participación que estamos abriendo”, “esto lo reafirmó el pueblo chileno”. No, no le llames a eso voluntad popular. Si quieres conocer la voluntad popular, trata de averiguarla. Esto otro es un método para negar el conocimiento de esa voluntad popular.
¿Lo deseable para ti serían plebiscitos intermedios? ¿Espacios deliberativos con ciudadanía?
—Se pueden ver cosas distintas. El proceso islandés mostró que hay otras maneras de escribir una Constitución, de formas mucho más inclusivas: un proceso que está todo el tiempo abierto, al que pueden llegar propuestas y críticas desde afuera, que hace un buen uso de los recursos electrónicos. Está bien, es una sociedad chica y homogénea, pongamos eso como una utopía, pero se pueden hacer miles de cosas. Llevar adelante una dinámica de asambleas ciudadanas como la que Chile llevó adelante a fines del gobierno de Bachelet. Si uno quiere, puede encontrar maneras de integrar y lograr que la gente pueda decir “esta Constitución tiene mucho que ver con nosotros”. ¿No lo quieren hacer? Entonces no me vengan a engañar después con que el pueblo participó a través de un plebiscito final. Las preocupaciones por la paridad de género y la inclusión indígena me parecen importantes. Pero mi temor es que, así las cosas, la estructura desigual del poder se va a mantener y va a ser una oportunidad perdida.
Hay quienes…
—En todo caso, perdón, la situación de la que se parte, una Constitución con la marca Pinochet, es tan dura que hace bienvenido e importante cualquier cosa que signifique salir de ahí. Solo digo que, dadas las circunstancias, con todo el involucramiento social que ha habido, fácilmente se puede ir más allá.
Hay quienes, desde la derecha, proponen plebiscitar temas como la pena de muerte, el aborto y la ratificación de tratados internacionales de derechos humanos…
—Los demócratas convencidos tenemos que hacer una aclaración por fin de qué es lo que repudiamos en el modo como se han pensado esas consultas: no como modo de promover la deliberación, sino de negarla. La idea de democracia que defendemos los deliberativistas tiene tres pilares: igualdad, inclusión y discusión. Los plebiscitos, tal como se los ha pensado muy habitualmente en América Latina, afirman la inclusión negando la discusión. Eso es tan repudiable como una deliberación de élites y merece ser resistido democráticamente. Hay que resistir la idea de que uno honra el ideal democrático con ese tipo de instrumentos. Pero mira, en términos del aborto, el ejemplo de Argentina —que nunca es ejemplo de nada— es fantástico, porque demostró que era posible, interesante y muy valioso abrir la discusión sobre un tema complicadísimo, que nos tenía superdivididos, y que lo importante está en los matices. Aborto no era sí o no, era sobre doscientos millones de matices que están en el medio.
Contra las estrategias del “silencio” y la “acumulación” de modelos contradictorios en la creación constitucional, tú abogas por la de “síntesis”. ¿En qué aspectos consideras prioritario producir esas síntesis?
—En las cosas que he escrito, doy el ejemplo de las estrategias para tratar la cuestión religiosa en distintas convenciones constituyentes de América Latina. Un ejemplo es México 1857, que fue guardar silencio. Otro es Argentina, que fue poner al mismo tiempo lo que querían los conservadores (adhesión del Estado a la religión católica) y los liberales (libertad de cultos), uno en el artículo 2, otro en el 14; o sea, una Constitución que nace con una contradicción. Otro es la imposición, donde un buen y horrible ejemplo es Chile 1833. Y está la síntesis, donde la solución norteamericana es interesante —en otros puntos estuvo muy mal—, que fue: busquemos un punto no intermedio sino en el que todos estemos convencidos y lo podamos suscribir. Nadie, ni usted anglicano, ni usted evangelista, ni usted católico, de llegar al poder puede imponerle al otro su religión. Fue un punto de encuentro, resultado básicamente de una negociación conversada y minuciosa, de pensar conjuntamente qué nos conviene a todos. Es lo que [John] Rawls llamaba no un mero modus vivendi, un “si no, nos matamos”; sino un acuerdo moralizado, producto de una convicción que todos tenemos.
Si uno vincula los análisis sociológicos sobre lo diversa que es hoy la sociedad chilena con tu preocupación por el pluralismo de las sociedades contemporáneas, asoma como un gran problema la representación, que en tu último libro propones repensar radicalmente. ¿Cómo puede la Constitución chilena ser innovadora en ese sentido?
—En las actuales circunstancias (en Chile, Argentina, Estados Unidos) la vieja idea de representación murió y es irrecuperable. Entre otras cosas, porque en todos nuestros países se pensó la representación para sociedades no solo y de modo muy relevante más pequeñas, sino también más homogéneas, que estaban divididas en pocos grupos, internamente homogéneos. Pero eso se murió, porque hoy hay muchos grupos con posiciones diversas y cada persona es una diversidad de cosas. Dicho eso, ¿qué cosas se pueden hacer? Lo primero es asumir que la vida política está sobre todo por fuera de las instituciones representativas, de los congresos. Uno puede ver maneras de abrir discusiones sobre temas relevantes por fuera de las limitaciones de las instituciones tradicionales —como Chile y la Constitución, Argentina con el aborto o Francia con las convenciones constitucionales sobre medioambiente—. Se trata de cómo abrir la toma de decisiones a una ciudadanía que está fuera del viejo corsé constitucional. La representación quedó como un traje muy chico que revienta por todos lados, hay que buscar voces fuera del Congreso porque ahí no van a entrar y van a estar cruzadas por intereses que van a alejarlas de las demandas que están fuera. ¿Implica echar a la basura el viejo corsé? No, pero sí empezar a buscar formas de salida, empezar una transición. De lo contrario, va a hablar y decidir siempre la élite, que es el camino previsible para nuestros países.
Buena parte de la élite chilena parece más preocupada de cerrar que de abrir la política con la centralidad que le da al orden público, a la idea de contener a una ciudadanía desbocada…
—Haría un punto lockeano-jeffersoniano. [John] Locke, un pensador liberal-conservador, decía que cuando la gente se levanta más vale tomarla en serio. Porque el común de la gente quiere hacer lo suyo, estar con su familia y no molestarse con salir en público. Entonces, cuando pasa eso (pensaba en la revolución inglesa), Locke dice que algo mal debe estar haciendo el gobierno. El razonamiento era: los gobiernos se justifican para la protección de ciertos derechos, si hay una violación muy grave de esos derechos el gobierno pierde autoridad y justificación. Esto a partir de una observación muy básica de la sicología humana: la gente no sale a la calle a poner el cuerpo por deporte, por sacarle la gorra al policía, lo hace por desesperación. Cuando hay esos focos extendidos en el tiempo de enojo social, yo aconsejaría ser lockeano; no decir “uy, qué desequilibrados que están”, sino entender que debe haber un problema en el gobierno. Como indicio, como presunción rebatible. Pero lo pensaría así, no desde la compasión, sino como una cuestión de justicia que nos lleva a preguntas básicas, como cuándo se justifica un gobierno, por qué razones y con qué límites.
Por Andrés Fielbaum
La pandemia ha vuelto a relevar las desigualdades que se viven en nuestro país. Las extremas diferencias de ingresos se traducen en nuevas y disímiles realidades al enfrentar una emergencia, desde las condiciones del hogar para vivir un encierro hasta los ahorros, el tipo de empleo y la seguridad laboral para subsistir sin asistir presencialmente al trabajo. Esto último se ha mostrado especialmente grave para un grupo de trabajadores muy precarios, pero que a su vez ha resultado fundamental para la manera en que nuestra sociedad ha sobrellevado la crisis: los repartidores y conductores de plataformas digitales.
De su precariedad ya se conocía bastante antes de la pandemia. Trabajadores disfrazados como “socios” por compañías que niegan todo tipo de responsabilidad laboral, desligándose de la necesidad de contratos, seguros para los más que probables accidentes, derechos a vacaciones y a no ser despedidos, entre otras cosas. Más aún, personas que se ven enfrentadas a una doble o triple precariedad, pues a lo dicho se le suman muchas veces endeudamientos por estudiar (en el caso de los conductores de Uber, los análisis muestran que más de un 60% de ellos cuenta con estudios superiores), además de créditos o arriendos irregulares y abusivos para poder acceder a un vehículo que les permita trabajar.
Los meses de encierro y de riesgos de contagio han vuelto a estos trabajadores vitales (quizá literalmente), al tiempo que han extremado su precariedad. Esta paradojal situación ocurre además con el aval del Estado, que ha tardado al menos un lustro en regular la situación de estas plataformas y sus trabajadores, pero que de inmediato les reconoció su carácter “esencial” cuando requirió que bicicletas y motocicletas recorrieran la ciudad para abastecer a quienes pueden pagar por estos servicios. Los riesgos de estos trabajos en este contexto son obvios: los trabajadores se exponen cotidiana y permanentemente al contagio, un riesgo que se extiende también a quienes reciben los productos.
«Cuando las nuevas tecnologías están al servicio exclusivo de las capas más ricas de la población y la ciudad se adapta, para luego “parchar” con los sistemas de transporte mayoritarios, el resultado puede ser aún peor para el resto de los habitantes».
Sobre la base de esta situación, caben al menos dos preguntas hacia el futuro. Por un lado, respecto al futuro del trabajo, ¿cómo regular de manera efectiva, a nivel nacional, empleos que dependen de aplicaciones internacionales sin un rostro claro en el país y con tendencia a la automatización? Por el otro, respecto al futuro de las ciudades, ¿es posible imaginar sistemas de transporte de pasajeros y de bienes que hagan uso de las nuevas posibilidades tecnológicas sin descansar sobre las espaldas de quienes conducen?
Para la primera pregunta ya existen luces. Lo demuestran procesos políticos y judiciales en diversos lugares del mundo donde estas plataformas han aprovechado vacíos legales para expandirse, como es el caso de California, donde la justicia acaba de exigir a las plataformas contratar a sus trabajadores; o las incipientes organizaciones protosindicales de trabajadores y repartidores que han levantado movilizaciones en diversos países del mundo como Argentina, India, Holanda y recientemente también Chile. Pero los trabajadores de estas plataformas valoran positivamente la flexibilidad para decidir sus horarios, así como el poder trabajar allí mientras encuentran un empleo más estable. De este modo, las legislaciones tradicionales, basadas en jornadas de trabajo fijas, no son directamente aplicables, lo que en ningún caso excluye la posibilidad misma de reglamentar. Por ejemplo, reconocer la relación de subordinación entre empresas y trabajadores permitirá formalizar las incipientes organizaciones sindicales, equilibrando las relaciones de poder y permitiendo así que los propios procesos de negociación puedan pulir la manera de regular.
Constatada la explotación de conductores y la falta de regulación y de pago de impuestos, es ineludible preguntarse por las razones del éxito de estas plataformas. ¿Existe algún valor agregado en la manera de asignar online oferta y demanda, o es simplemente un aprovechamiento de la alegalidad actual? Si bien las empresas sacan ventaja de la falta de regulación, existe suficiente evidencia para sostener que la capacidad de coordinar de manera masiva y en línea aumenta de manera significativa la eficiencia del sistema. En el caso del transporte de pasajeros, el tiempo que el vehículo conduce sin pasajeros logra ser disminuido de manera relevante. En el caso del transporte de bienes, coordinar cientos de tiendas y proveedores es fundamental para recortar las distancias entre el origen y el destino de un producto.
Conocidos son los problemas endémicos asociados al transporte que sufren la mayoría de las ciudades en el mundo. Congestión y contaminación son las más mencionadas, pero el uso de espacio público para infraestructura dedicada es también muy relevante. Si bien hay problemas tanto o más importantes que no resuelven sólo las políticas de transporte -como las largas distancias a recorrer por miles de personas que viven muy lejos de sus trabajos-, construir sistemas de transporte más eficientes e igualitarios es un desafío ineludible. Cuando las nuevas tecnologías están al servicio exclusivo de las capas más ricas de la población y la ciudad se adapta, para luego “parchar” con los sistemas de transporte mayoritarios, el resultado de mediano-largo plazo puede ser aún peor para el resto de los habitantes (como las autopistas en Santiago, gracias a las cuales más personas deben desplazarse a trabajar en lugares alejados y recientemente poblados), fomentando además que nuevos usuarios abandonen el transporte público para comprarse automóvil, agudizando el problema original.
De este modo, el diseño de sistemas de transporte público que integren estas nuevas tecnologías resulta tan relevante como una regulación que priorice efectivamente el transporte público por sobre los medios privados.
Para lo primero se requieren concepciones más amplias de lo que se entiende por transporte público. Si bien medios masivos como el metro o los buses seguirán siendo fundamentales por su capacidad, otros medios de mayor flexibilidad pueden ser un complemento importante, incluyendo servicios eléctricos compartidos que funcionen online y otros no motorizados, como las bicicletas compartidas. El carácter de transporte público se alcanza cuando se sirve a toda la ciudad por igual, garantizando una disponibilidad similar de vehículos a lo largo de la ciudad -en lugar de una presencia que segrega según nivel socioeconómico por perseguir fines lucrativos-, y cuando la manera de asignar pasajeros a vehículos se decide de acuerdo a criterios que consideren a todos los actores involucrados.
«Si los correos fueron fundamentales para conectar extensas zonas geográficas hace algunos siglos, es perfectamente posible diseñar sistemas públicos de delivery que puedan funcionar de manera igualitaria y eficiente, respetando la integridad de quienes allí trabajen, y que prioricen el transporte de bienes esenciales o para beneficio de personas con movilidad limitada».
Para regular los medios privados, es crucial limitar su uso en los contextos de mayor congestión, con criterios que no se basen en el poder adquisitivo del usuario. Diversos investigadores han estudiado la posibilidad de reemplazar la tenencia privada de automóvil por estos sistemas integrados, ahorrando espacio de estacionamiento y el costo económico y ambiental de construir miles de automóviles. Y es que por naturalizada que tengamos la posesión de automóviles, su ineficiencia resalta al notar que suelen estar sin uso (estacionados) durante más del 90% del tiempo.
Con todo, es la distribución de bienes lo que ha experimentado un mayor auge durante la pandemia. Es también donde la precariedad ha sido más evidente, al tiempo que un número creciente de personas ha disfrutado la comodidad de resolver varios asuntos y compras sin necesidad de desplazarse. El debate en torno a la regulación de las plataformas, y en particular las propuestas gubernamentales al respecto, han estado marcadas por una ideología que ve a los ciudadanos como consumidores y no como trabajadores, por lo que las app’s parecen ser solamente beneficiosas y los conductores quedan fuera de la discusión. Pero no es necesario tener plataformas que impongan tiempos máximos de reparto y obliguen a los conductores a arriesgar sus vidas: los beneficios de un sistema masivo y coordinado pueden mantenerse sin necesidad de un intermediario que extraiga utilidades.
Si los correos fueron fundamentales para conectar extensas zonas geográficas hace algunos siglos, es perfectamente posible diseñar sistemas públicos de delivery que puedan funcionar de manera igualitaria y eficiente, respetando la integridad de quienes allí trabajen, y que prioricen el transporte de bienes esenciales o para beneficio de personas con movilidad limitada. Esto puede hacerse fortaleciendo Correos para que asuma una repartición masiva y gratuita de bienes, como es el caso en diversos países europeos para entregas que tardan unos pocos días, o con aplicaciones ad hoc para reparto inmediato, en las que los repartidores sean realmente controladores, pudiendo decidir democráticamente las reglas que busquen un equilibrio entre nivel de servicio (demora en la entrega) y condiciones laborales dignas.
Las lógicas neoliberales han sobredeterminado la utilización de las nuevas tecnologías en transporte, convirtiéndolas en modelos del mal empleo. Sin embargo, estas mismas capacidades tecnológicas pueden abrir la puerta a sistemas en los que el transporte público sea prioritario y ofrezca un mejor servicio, así como a una expansión de los servicios de reparto hacia el conjunto de la ciudadanía.
