Conversación: el rol del conocimiento en la transformación del modelo de desarrollo en Chile

La atención mundial que ha concitado la generación de una vacuna que ponga a raya el Covid-19 y los anuncios de los organismos internacionales sobre cómo se propaga la enfermedad, cómo se trata y cómo creamos estrategias que nos permitan superar las crisis social y política tras la pandemia nos han mostrado como nunca hasta qué punto dependemos del conocimiento. ¿Cuál es su lugar en la sociedad actual? ¿Quién lo genera? ¿Nos sirve para cambiar lo que somos como comunidad? Esas son algunas de las preguntas que el vicerrector Flavio Salazar, la académica Adriana Bastías y el académico Claudio Gutiérrez se hicieron en esta conversación registrada el pasado 7 de octubre.

Por Jennifer Abate C.

¿De qué manera deberíamos comenzar a pensar el desarrollo del conocimiento y cuál es el rol que este debe jugar en una sociedad que pretende avanzar hacia el desarrollo? 

Flavio Salazar: durante la última etapa, en el desarrollo del sistema capitalista que se produjo después de la Revolución Industrial, el conocimiento no sólo ha sido un elemento de cultura o de bienestar general, sino que se ha transformado también en una mercancía y se ha insertado, como todas las acciones del trabajo humano, en la lógica del sistema capitalista que hoy impera. Llevándolo al plano actual, no existen sociedades que hayan avanzado, desde el punto de vista del progreso general, sin tomar en cuenta el tema de la generación de conocimiento. Desde el siglo XX en adelante, todos los países que han tenido cierto éxito y progreso han basado sus capacidades en la ciencia, pero no ha sido así en países como el nuestro, donde el elemento central del modelo de desarrollo o del modelo económico ha sido la explotación de las ventajas comparativas, que son los recursos naturales o commodities. En eso hemos tenido un desarrollo muy potente, una industrialización muy importante en ciertos ámbitos como la extracción mineral, el bosque, la pesca, etc., pero con un impacto en la naturaleza y en las comunidades que es muy grande y sin un retorno y diversificación de la economía. Lo que hoy uno se plantea es una discusión en la cual podamos poner el conocimiento dentro de un plan de desarrollo nacional y que sea uno de los pilares que permita una sociedad distinta.

Flavio Salazar es vicerrector de Investigación y Desarrollo y Profesor Titular de la Universidad de Chile.

Adriana Bastías: como dice Foucault, todo saber, todo conocimiento implica poder, y de alguna forma son dos caras de la misma moneda. Estamos hablando de conocimientos, no solamente del conocimiento. Nuestra producción de conocimiento se basa en índices, en índices que son publicaciones internacionales que muchas veces no consideran la realidad local ni tampoco la realidad regional, por lo tanto, se alejan de una ciudadanía que valore lo que nosotros hacemos o la generación de conocimientos. Para quienes somos de regiones, esto es más evidente, porque la generación de conocimientos o la valoración del conocimiento suele concentrarse en ciertos sectores, en ciertas universidades a las que acceden ciertos grupos sociales. Esto se va replicando y va generando una endogamia académica donde las mismas personas se autopublican y van, de alguna forma, generando una máquina de reproducción de papers. Este paperismo no tiene muchas veces que ver con la realidad o con la necesidad social de la generación de conocimiento para el bienestar social de todas las personas. 

Claudio Gutiérrez: enfatizo en lo que decía Adriana: hay que hablar de conocimientos, no de conocimiento. Los conocimientos son parte de lo que nosotros vamos adquiriendo en la medida en que hacemos cosas, en todas las direcciones. Cuando uno habla de desarrollo, está hablando de una manera de ser, una manera de hacerse, una manera de construir una comunidad, una sociedad en la que participan las personas. El desarrollo tiene que ver mucho con ser sujeto, con entender qué somos, tiene que ver nuestra identidad como comunidad, como personas. En general, cuando uno habla de desarrollo, inmediatamente piensa en el desarrollo económico, porque ese es un sesgo brutal que tenemos hoy, equivocado para los tiempos que vivimos; no funciona. Pero el desarrollo es más amplio que ese ordenamiento, esa mirada económica. Hoy, por lo menos el PNUD y pensadores como Manfred Mac-Neef y Amartya Sen tienen una noción de desarrollo mucho más marcada en lo humano. 

“Para entender dónde estamos, quiénes somos, cuál es nuestra identidad, hacia dónde vamos, necesitamos conocimientos de todo tipo, necesitamos conocimientos de la disciplina, necesitamos conocimientos de la naturaleza, necesitamos conocimientos de nuestros vecinos y necesitamos conocimientos de cada una de las personas y de las comunidades”. Claudio Gutiérrez 

Para entender dónde estamos, quiénes somos, cuál es nuestra identidad, hacia dónde vamos, necesitamos conocimientos de todo tipo, necesitamos conocimientos de la disciplina, necesitamos conocimientos de la naturaleza, necesitamos conocimientos de nuestros vecinos y necesitamos conocimientos de cada una de las personas y de las comunidades; no estamos hablando del conocimiento que se produce en el noratlántico y baja y llega a través de las grandes ciudades y se distribuye a la población, como pensaban conservadores como Bello. No, los conocimientos vienen desde abajo también, están en las comunidades de diferente tipo. Es un tremendo desafío: cómo juntamos estas dos variables de los conocimientos con el desarrollo de una sociedad. 

¿De qué hablamos cuando hablamos de modelo de desarrollo? ¿Por qué es relevante tener una conversación sobre qué es y hacia dónde debe ir en momentos de crisis como el que enfrentamos actualmente no sólo en Chile, sino que en todo el mundo? 

Flavio Salazar: concuerdo en que durante todo el siglo XX y parte del siglo XXI se ha posicionado una visión bastante estrecha, basada solamente en el crecimiento económico, y ya sabemos por experiencia propia e internacional que el crecimiento tiene dos elementos: por una parte, no garantiza el bienestar de todos, puede garantizar el bienestar de una minoría; por otra, genera daños de sustentabilidad ecológica que pueden amenazar incluso la supervivencia de la humanidad. Cuando nosotros planteamos un nuevo modelo de desarrollo, se trata de uno que se haga cargo de esas carencias y esas brechas, que sea beneficioso para la mayoría de las personas y que, de alguna manera, garantice los derechos mínimos que gran parte de la ciudadanía está solicitando, que no sea depredador. Chile, en las últimas décadas, ha desarrollado muy fuertemente el modelo neoliberal, que ha penetrado con lógicas de mercado todo el ámbito de la vida de las personas, por eso tenemos una salud de mercado, una educación de mercado, tenemos todos los elementos que constituyen una sociedad de mercado. Creo que uno no puede prescindir de un análisis de la realidad actual, no puede prescindir de tomar en cuenta las fuerzas que operan, los intereses que existen, las oposiciones, porque si uno no lo hace de esa manera, entonces es muy difícil establecer una propuesta que tenga viabilidad. Una vez identificados esos elementos que mencioné, que son los elementos básicos, podemos proponer un modelo que pueda generar la adhesión de una mayoría ciudadana que permita que esto se haga realidad.  

Adriana Bastías es Doctora en Ciencias mención Ingeniería Genética Vegetal de la Universidad de Talca y bioquímica de la Universidad Austral de Chile.

Adriana Bastías: creo que hablar de un modelo de desarrollo implica decir que hay ciertos lineamentos que buscan el desarrollo de una nación, un territorio. Nosotros ahora ya sabemos que, dada la crisis climática, debiésemos hablar de un desarrollo sustentable, que no solamente involucre el aspecto económico, sino que también el ámbito social, político y cultural. Los sistemas de protección social están muy relacionados con los modelos de desarrollo que históricamente han tenido lugar. ¿Por qué en un momento de crisis es necesario pensar en un nuevo modelo? Básicamente, porque uno se da cuenta, frente a una crisis social, a un estallido social que casi cumple un año, de que el modelo se agotó. Frente a una economía de mercado con una fuerte desigualdad que podemos ver en el índice de Gini o en otros índices, es necesario pensar en un nuevo modelo de desarrollo que podemos generar a través del proceso constitucional, más allá de que en la práctica sea difícil por los altos quórum.  

Claudio Gutiérrez: cuando uno habla del modelo de desarrollo, debería pensar más globalmente en qué queremos como país. Para la época de Pedro Aguirre Cerda estaba bien el “pan, techo y abrigo”, pero hoy necesitamos más que eso. ¿Qué queremos? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Cómo queremos insertarnos en el mundo? Quiero poner un ejemplo sobre esto. Recuerdo un foro, hace un año, discutiendo con otro colega sobre la academia uruguaya, sobre la Universidad de la República, y me acuerdo de cómo se reían de mí cuando yo les decía: “habría que mirar de otra manera esa universidad, que no aparece en ninguno de esos rankings que nos encantan, y preguntarse cuál es el rol que juega esa universidad que produce el conocimiento y los profesionales que ese país pequeño necesita”. Estoy esperando encontrarme con esa gente de nuevo para mostrarles que Uruguay tiene sólo 49 muertos por Covid, 49 muertos en total, nosotros llevamos 60 al día o algo por ahí. ¿Cómo esa sociedad pudo hacer eso? Ese resultado no depende del número de papers publicados, no depende de los enganches que uno tenga con los grandes centros mundiales para traer o no la vacuna. Depende de una población educada, depende de un sistema de salud sólido, depende de una infraestructura sistemática. Uruguay tenía un modelo de desarrollo distinto, donde la universidad cumplía una función distinta a la de acá. ¿De dónde salieron los médicos uruguayos que lograron esos niveles de detección del Covid? ¿De dónde salió ese sistema de salud? ¿De dónde salió la población educada que hizo lo que había que hacer? ¿De dónde salieron los economistas que ordenaron el país de esa manera? Ahí hay una idea de lo que puede ser un modelo de desarrollo y de educación enganchado con una visión de país diferente.  

“Todos los países que han tenido cierto éxito y progreso han basado sus capacidades en la ciencia, pero no ha sido así en países como el nuestro, donde el elemento central del modelo de desarrollo o del modelo económico ha sido la explotación de las ventajas comparativas, que son los recursos naturales o commodities”. Flavio Salazar 

De sus palabras se desprende que consideran que es necesaria una nueva forma de pensar Chile. Pero, para aterrizar, ¿cómo se cambia el modelo de desarrollo de un país?  

Flavio Salazar: es complejo. En cierta medida, concuerdo con varios de los aspectos que se han tocado acá, pero hay matices, y esos matices son importantes porque uno de los elementos claves, yo lo mencioné, es lograr un consenso en nuestras visiones, porque no se trata de pensarse como iluminados que van a generar una solución. Para mí, el tema económico sigue siendo uno de los temas centrales, sobre todo en un país que no ha alcanzado el nivel de desarrollo y que no ha alcanzado a cubrir las necesidades básicas de su población. No es lo único, sin duda, pero es crucial. Lo que hemos tenido en estos últimos años es una exacerbación de los elementos económicos y en eso estoy absolutamente de acuerdo. Cualquier idea de cambio va a encontrar necesariamente férrea oposición de quienes hoy han sido beneficiados de forma absoluta por este modelo, y que cuentan no sólo con el respaldo de un número de individuos, sino que también con el respaldo de los medios de comunicación, de las Fuerzas Armadas. Creo que hay que centrarse en romper la hegemonía del modelo económico neoliberal, generar una forma de relacionarnos que sea distinta, que releve la importancia de lo público. 

Claudio Gutiérrez es profesor titular de la Universidad de Chile e investigador senior del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos.

Adriana Bastías: creo que el actual modelo se caracteriza por una alta concentración del ingreso y del poder económico, que va ignorando unas desigualdades bastante generalizadas. Pensando en la crisis ambiental, específicamente, somos altamente dependientes del carbono, hemos depredado nuestros recursos naturales. Lo que estamos produciendo requiere una baja tecnología porque estamos extrayendo recursos: no hemos creado un valor agregado a lo que estamos produciendo. Me gustaría mencionar que el modelo de desarrollo que se discuta y sobre el cual se llegue a acuerdo debería generar mecanismos de participación democrática por parte de los territorios, actualmente son casi inexistentes y creo que es necesario descentralizar las decisiones. Sin duda, tenemos que discutir el término del derecho a la propiedad, que en la actual Constitución está muy arraigado y ve al agua como propiedad. Tenemos que discutir para ver si llegamos al consenso de que eso no debiese ser así y que debiese ser considerado un bien universal, un bien de todas y todos. 

Claudio Gutiérrez: para cambiar el modelo se necesita, decía bien el vicerrector, mayorías, se necesita una conciencia generalizada de los cambios. Mi impresión es que el 18-O es exactamente esa conciencia generalizada de la gente, que dijo “no va más”. Si no tenemos eso, no hay posibilidad siquiera de cambiar nada. ¿Qué cambios se quieren? Aquí hay dos tipos de cambios, bueno, hay muchos, pero voy a insistir en dos tipos de cambios: de demandas materiales, querer mejorar los sueldos, querer otro tipo de salud, querer otro tipo de educación; y otro ámbito de demandas fundamentales que tienen que ver con la dignidad. En Chile, cuando te encuentras con alguien, lo jerarquizas, está arriba tuyo o está abajo; si está arriba tuyo, le hablas despacio, si está debajo, le gritas. Yo no olvidaría, cuando hablamos de cambiar el modelo, de esos dos bloques: los cambios materiales y los de dignidad de las personas. Desgraciadamente, no tengo la varita mágica para decir cómo hacerlo, pero creo que la clave acá son mayorías y convencimiento de que los cambios hay que hacerlos. Creo que lo fundamental ahora es convencer a la gente de que esos cambios son posibles. 

Adriana Bastías: una última cosa. Sin duda, la desigualdad de género es algo que se ha hecho patente y se ve con fuerza en Chile y en el mundo, no es casualidad que un movimiento como Lastesis haya surgido en Chile y se haya replicado en el mundo. Ahí hay una desigualdad y una molestia generalizada que es evidente y que también debiese considerarse, y esperamos que se tome en cuenta en el proceso constitucional. Eso va generando cambios, cambios que ojalá se vean y sean evidentes en un modelo de desarrollo que sea menos desigual o que genere menos desigualdad de la que se ha creado en Chile. 

Quiénes son

Flavio Salazar. Vicerrector de Investigación y Desarrollo y Profesor Titular de la Universidad de Chile. Director alterno del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. Ha participado en diversas sociedades científicas y es ex presidente de la Sociedad Chilena de Inmunología y ex presidente de la Asociación Latinoamericana de Sociedades de Inmunología. 

Adriana Bastías. Doctora en Ciencias mención Ingeniería Genética Vegetal de la Universidad de Talca y bioquímica de la Universidad Austral de Chile. Docente de la Universidad Autónoma de Chile. Actualmente es la presidenta de la Red de Investigadoras, una asociación que promueve la equidad de género en la investigación en todos los ámbitos del conocimiento.  

Claudio Gutiérrez. Profesor titular de la Universidad de Chile en el Departamento de Ciencias de la Computación e investigador senior del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos. Es Licenciado en Matemáticas por la Universidad de Chile, Magíster en Lógica Matemática de la Universidad Católica de Chile y Ph.D. en Computer Science en la Wesleyan University, Estados Unidos. 

Hacia un nuevo modelo económico para Chile

Por Ramón López

El modelo ultra neoliberal que impera en nuestro país está en su ocaso debido a su propia insuficiencia para atender las necesidades más básicas de la población. Somos el país pionero y cuna de un modelo que tiene sus raíces a fines de los años 70, y que posteriormente ha sido imitado en distintos grados por países latinoamericanos, europeos e incluso EE.UU. En cierta medida, esta imitación se basó en la percepción de un aparente éxito del modelo, el llamado “milagro chileno”, y también en la atracción ideológica que siempre un sistema ultra neoliberal ha ejercido sobre los economistas canónicos, cuyo poder de persuasión sobre los políticos en Chile y en otros países es muy alto.

Pero, ¿a qué se debió este aparente éxito? La década del 90 ha sido considerada una de las épocas más prósperas del capitalismo chileno. Los gobiernos democráticos hicieron muy poco para cambiar los parámetros del sistema económico-social impuesto en dictadura; de hecho, se profundizó a través de nuevas privatizaciones, desregularización de los mercados, imposición o mantención de las restricciones a la participación del Estado como inversionista y expansión de la asignación gratuita de una gran cantidad de recursos naturales a unas pocas grandes empresas o individuos (como los recursos hídricos, cuotas pesqueras, subsidios forestales, etc.). Además, se evitó el uso de royalties sobre la extracción de recursos naturales, incluso durante el gran boom del cobre y otros productos primarios de exportación.

Ilustración: Fabián Rivas.

Durante las tres décadas de democracia el Estado se mantuvo en niveles relativamente minúsculos, alcanzando menos del 21% del Producto Interno Bruto (PIB), lo cual restringió significativamente la inversión del Estado en bienes públicos y sociales. Eso tiene que ver con la recalcitrante negativa de los poderes políticos al aumento de los impuestos. Más aún, la política tributaria dio gran espacio a impuestos indirectos que son socialmente regresivos, como el IVA, en lugar de impuestos directos a las altas rentas, que son progresivos. Las razones de esto son ideológicas y de economía política, basadas en el empeño de los políticos por proteger los intereses de las élites.

Con una explotación casi sin restricciones de los recursos naturales renovables, el deterioro medioambiental se intensificó. La población ha presionado su control y el gobierno ha implementado algunas medidas regulatorias para mitigar parte de las más nefastas consecuencias de la creciente toxicidad ambiental. Esto, a la larga, también ha hecho aumentar los costos de producción de los sectores más dependientes de estos recursos. El crecimiento económico tan aplaudido no era sostenible y, peor aún, generó una deuda ambiental que continúa pendiente.

La miniaturización del Estado generó un desbalance entre la creciente oferta de bienes privados y la lenta expansión de bienes sociales y públicos que sólo el Estado puede ofrecer, como educación, salud, vivienda social, protección social, pensiones, inversión en tecnología y otros, lo que aumentó la vulnerabilidad social. Este desequilibrio generó que las clases medias y bajas aumentaran sus niveles de consumo, en parte vía endeudamiento, con el riesgo de caer nuevamente en la pobreza al no existir una red de protección social frente a shocks que puedan afectar su capacidad de generar ingresos.

Solamente una pequeñísima fracción de la población, los súper ricos, han disfrutado de la mayor parte de los beneficios del crecimiento económico. Lo cierto es que el 1% más rico se lleva alrededor del 30% del ingreso total, lo cual representa la más alta concentración del ingreso entre todos los países para los cuales esta participación se ha medido. Así, el aparente crecimiento económico no fue, tampoco, socialmente sustentable.

Las consecuencias de la manera en que se ha implementado el modelo son varias. Entre ellas está un sistema de salud pública (del que depende casi el 80% de la población) que ha sido muy deficitario en proveer los servicios más esenciales y una educación pública de bajísimo nivel, que tiene como base la forzada migración desde la educación pública municipal a colegios particulares subvencionados, el alto costo de la educación terciaria y la falta de regulación de la educación privada. A esto se suma un sistema de pensiones que ha sumido en la pobreza a la mayor parte de la población en edad de retiro; uno de los niveles más bajos de investigación y desarrollo de los países miembros de la OCDE, que explica los bajos niveles de productividad que exhibe la economía; insuficiencia crónica en las políticas de vivienda social que ha causado hacinamiento y marginalización geográfica y una falta de regulación y de protección medioambiental que ha ocasionado un notable y progresivo deterioro ambiental en muchas ciudades, originando las llamadas “zonas de sacrificio”.

Por otro lado, la economía sigue siendo monopolizada en la mayor parte de las industrias, donde dos o tres empresas tienden a concentrar más del 80% de las ventas, mientras que los trabajadores tienen grandes dificultades legales e institucionales que impiden una sindicalización efectiva, lo que ha causado que la tasa de sindicalización sea muy baja. Hoy alcanza a menos del 12% de la fuerza laboral.

Bases para un nuevo modelo de desarrollo

Un país tan desigual como Chile difícilmente puede lograr un desarrollo económico inclusivo con un Estado que concentre recursos por apenas el 21% del PIB, mientras que la experiencia internacional muestra que los países hoy desarrollados, cuando tenían el nivel de ingreso per cápita de Chile en la actualidad, obtenían recursos tributarios de más del 33% del PIB. Un desarrollo justo y sostenible es posible, pero para ello se debe lograr una
participación del Estado en la economía que le permita promover un desarrollo económico diversificado y equilibrado. Una condición necesaria, pero no suficiente, para lograr estos objetivos es un programa de mediano plazo que permita al Estado alcanzar por lo menos un 30% del PIB a partir de una reforma que aumente los recursos tributarios gradualmente en un periodo de cuatro años. Esto implica una reforma tributaria que:


(i) Reduzca drásticamente la evasión y elusión tributaria que en la actualidad es muy alta y beneficia fundamentalmente a los sectores más ricos. También deben eliminarse muchas exenciones tributarias que no tienen justificación alguna y deben restablecerse los impuestos a las ganancias de capital. También es necesario terminar con el sistema de semi integración tributaria, el que no se justifica en una economía pequeña y abierta como la chilena. Se deben restringir los “loopholes”, que incluyen la falta de fiscalización de las transferencias de riqueza en vivo entre familiares, que, entre otras válvulas de escape, impiden una recaudación significativa al momento de colectar los impuestos de herencia. Finalmente, el Estado debiera evaluar los programas existentes, evitar la duplicación de ellos y eliminar los que no cumplan sus objetivos Estos mecanismos deberían proveer alrededor de cuatro a cinco puntos del PIB en mayores recursos tributarios para fines sociales y productivos.

(ii) Se necesitan nuevos impuestos que minimicen los efectos negativos sobre los incentivos a la inversión y sobre la eficiencia económica, dirigidos a los sectores de más altos ingresos y/o riqueza. Tal vez un mecanismo adecuado sería el uso de impuestos patrimoniales a los súper ricos. Adicionalmente, se debe implementar un royalty significativo para todas las actividades extractivas de recursos naturales y utilizar de una manera mucho más intensiva los impuestos verdes. Estos tributos pueden alcanzar tres a cuatro puntos porcentuales del PIB.

Los mayores recursos públicos logrados por los medios recién descritos deben ser destinados a subsanar las enormes carencias económicas y sociales según estas prioridades:

• Mejorar significativamente la inversión en salud para acercarnos a los países de la OCDE. Reforzar el sistema Fonasa de forma de que el seguro de salud pública vaya gradualmente sustituyendo a las Isapres, las cuales pueden permanecer como un seguro de salud
complementario.
• Elevar todas las pensiones a un nivel mínimo equivalente al salario mínimo, el cual debe aumentar a $500.000 mensuales. Transferir los recursos hoy acumulados en las AFP a un fondo único nacional respetando los recursos individuales hasta hoy acumulados.
• Crear un sistema de seguridad social que proteja el ingreso de las familias, de tal forma que ninguna reciba un ingreso menor al nuevo salario mínimo.
• Aumentar la inversión en la calidad de la educación pública para acercarnos a los niveles de Portugal o Uruguay. Se debe prestar particular atención a la educación preescolar, que es donde se determina la capacidad cognitiva futura de los niños.
• Instalar un programa de vivienda social que subsane los déficits que se arrastran históricamente.
• Aumentar la inversión en la protección del medio ambiente para reducir los efectos nocivos de la polución. Además, es necesario invertir en la protección de los recursos naturales renovables.
• Incrementar la inversión en investigación y desarrollo (I+D) a través de un programa del Estado en conjunto con las universidades, para lograr un aumento del 0,4% del PIB actual (INE, 2019) al 1,5%. Este gran aumento de la inversión en I+D todavía dejaría al país por debajo de los países OCDE que menos invierten en este ítem.
• Aumentar gradualmente la inversión pública en la promoción de la diversificación industrial hacia actividades cada más intensivas en capital humano y tecnología.

Este programa debiera reducir significativamente la desigualdad y eliminar la pobreza extrema, y aunque ciertamente Chile no se transformará en Dinamarca o Suecia, sí debería considerarse el modelo escandinavo como una alternativa adecuada para generar un horizonte de largo plazo hacia el cual el país debiera moverse.

Hoy se necesita un compromiso formal y solemne de todas las fuerzas políticas para que un eventual gobierno progresista implemente cambios estructurales que vayan en la dirección de eliminar el sistema ultra neoliberal y sustituirlo por un modelo mucho más consistente con una mejora real del bienestar de las grandes mayorías. De lo contrario, la desesperada situación que viene gestándose desde el año pasado puede desembocar en un proceso social caótico cuyas consecuencias son difíciles de prever.

El gobierno y el manejo dogmático de la crisis

La austeridad financiera con que el gobierno ha decidido abordar la crisis sanitaria en Chile nos ha llevado a un círculo vicioso en el que no ha sido posible ni salvar la economía ni detener los contagios, debido sobre todo a la insistencia de las autoridades en ignorar la desigualdad social. En esta columna, el economista Andras Uthoff afirma que Chile está en condiciones de aumentar su crédito internacional para ir en ayuda de las familias vulnerables, ya que es uno de los países con los niveles de deuda más bajos del mundo, y para ello plantea una serie de medidas a corto y mediano plazo.

Por Andras Uthoff

Hoy tenemos una crisis cuyas causas escapan a las que los economistas acostumbramos a abordar. Su origen es sanitario y su mayor impacto sobre la economía es la incertidumbre que genera. Sobre lo primero no tenemos competencia y respecto a lo segundo, siempre ha sido limitada nuestra capacidad para seleccionar la oportunidad y el conjunto de instrumentos para abordarla. Sin embargo, todas estas dificultades no justifican la irresponsabilidad con que el gobierno la ha abordado. Con asombro e incredulidad escuchamos las excusas que dan las autoridades para justificar los equívocos originados por sus dogmas, y sobre todo con vergüenza, cuando una de ellas es que desconocían la realidad del país que gobiernan.

En toda la historia de Chile, este es probablemente uno de los momentos más críticos donde en representación del Estado, el gobierno debió haber reconocido y enfrentado las verdaderas restricciones presupuestarias y las desigualdades imprescindibles para abordar la crisis. En ello no cabían equivocaciones. Sin embargo, cegado por la preocupación de mantener bajo el riesgo país -calificación que realizan las clasificadoras de riesgo internacionales según el manejo de la estabilidad fiscal y financiera- para acceder al crédito internacional barato, el gobierno se autoimpuso severas restricciones presupuestarias e ignoró las desigualdades. 

El presidente Piñera supervisando las cajas de alimentos que se están distribuyendo como ayuda a familias vulnerables.

La realidad reveló la desigualdad y gatilló una de las peores olas de contagio y muertes por Covid-19 en el mundo entero. En pocas semanas, Chile pasó a liderar el ranking de países con mayor incidencia de contagios y mortalidad. Bastó que el contagio se expandiera desde la zona oriente al poniente de Santiago, y desde ahí al resto del país, para contradecir al gobierno. La austeridad, sumada a ineficientes, paternalistas y casi inexistentes medidas para apoyar a las familias vulnerables -como el reparto de cajas cuyo contenido y frecuencia son insuficientes- contribuyeron a la expansión del contagio y la mortalidad. 

El círculo vicioso de los riesgos

Como corolario, hoy disponemos de acceso barato al crédito, pero en medio de una pandemia sin control que limita la certidumbre y la oportunidad de una reactivación económica. Las insuficientes medidas para contener la pandemia gatillaron con fuerza el riesgo social: tener que frenar la actividad económica debido a la necesidad de que la población entre a cuarentena para evitar los contagios. 

Dentro de su ortodoxia neoliberal, y al restarle importancia a la cuarentena como la variable que condiciona toda la situación económica, el gobierno cayó en la trampa de un círculo vicioso. En este caso: al privilegiar reactivar la economía se ocuparon del riesgo país, para mantener el ranking internacional gastaron poco dinero y al gastar menos no lograron hacer respetar la cuarentena. La ausencia de cuarentena agravó la crisis sanitaria, la crisis sanitaria demandó una mayor cuarentena, pero hacer respetar la cuarentena les ha impedido recuperar la economía. 

Un complejo dilema, cuya solución implica reconocer sin dogmas las diferentes causalidades. El rol de la crisis sanitaria sobre la recuperación de la economía, el rol de la cuarentena en el control de la crisis sanitaria, y el rol de la economía en el cumplimiento de la cuarentena. 

En el Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible hemos apoyado a los parlamentarios y a la opinión pública para que en el debate con el gobierno se corrijan estos errores. Como es habitual, los poderes fácticos han opacado nuestras voces.

«En lo inmediato, es posible sugerir un impuesto al patrimonio por una sola vez para ayudar a financiar la sustitución de ingresos de los afectados y la sostenibilidad de las micro y pequeñas empresas. También, considerar el uso del Fondo de Contingencia Estratégica, creado para enfrentar situaciones de crisis y financiar material bélico (de US$4.500 millones), para el financiamiento de medidas sociales y productivas que permitan enfrentar la crisis y apoyar la recuperación».

Propiciamos una estrategia que dé cuenta de la verdadera causalidad y que subordine la economía a la superación de la crisis sanitaria, para que luego, gradualmente, se ocupe de la reactivación. Identificamos cinco pilares: (1) apoyo a la atención primaria de la salud, (2) a los municipios, (3) a las familias de niveles superiores al de la línea de la pobreza, (4) a la protección directa del empleo mediante la asistencia financiera y técnica a las medianas y pequeñas empresas, y (5) una estrategia de inversiones públicas y rescate de empresas estratégicas.

En el control de la pandemia, el Foro ha establecido con claridad dos insuficiencias: la restricción presupuestaria que se autoimpuso el gobierno y lo limitado de la población objetivo, que definió a los grupos vulnerables sin considerar los nuevos focos de vulnerabilidad a causa de la pandemia. Argumentamos que lo limitado de la ayuda a las familias hizo fracasar la cuarentena y, por ende, el control de la pandemia. Esto está dilatando la fase de reactivación. 

En el ámbito de la estimulación de la economía, el Foro ha establecido con claridad dos fuentes de insuficiencias: la premura con que el gobierno llamó a una reactivación, saltándose la etapa anterior, y el limitado rol que se le ha destinado al Estado en la asignación de los recursos hacia los sectores que podrán reactivarse rápidamente. Argumentamos que el Estado debe recuperar su rol de agente activo en sus funciones de asegurar el financiamiento apropiado, gestionarlo en forma eficaz y eficiente, y asignarlo hacia todos quienes pueden beneficiarse de la reactivación. 

Responsabilidad fiscal

Nuestros análisis sugieren que un mayor esfuerzo fiscal responsable es posible. El Fondo de Emergencia debe tener un rango de entre US$12 y 15 mil millones adicionales y no el techo de US$12 mil acordado en el marco de entendimiento, para financiar las medidas propuestas. Chile puede recurrir a un mayor endeudamiento bruto y/o girar contra sus fondos soberanos. Sugerimos revertir la caída de US$1.527 millones en la inversión pública. Para Chile, un déficit fiscal entre 10-15% del PIB es sostenible en el corto plazo, rango en que se situarán los déficits públicos en la mayoría de los países de la OCDE y de América Latina. La deuda del gobierno se encuentra en los niveles más bajos del mundo y con espacio para aumentar en varios puntos del PIB, sobre todo considerando que la tasa de interés de largo plazo está en niveles muy bajos. 

Lo anterior no implica un gasto desatado. Por el contrario, el endeudamiento que hoy es barato sirve para aumentar los fondos de los que se dispone para enfrentar esta crisis. El gasto fiscal debe cautelosamente priorizar un Plan de Emergencia y luego activarse durante la reactivación. 

Reconocemos que ante la actual incertidumbre sobre la fecha de término de la pandemia, la regla fiscal que existe actualmente deberá modificarse. Habrá que hacerla compatible con criterios de credibilidad, transparencia y simpleza, y en un futuro será necesario un acuerdo político amplio para ello, con una trayectoria más pausada del balance fiscal estructural. 

La situación de emergencia que vive el país obliga a repensar la carga fiscal en el futuro. En lo inmediato, es posible sugerir un impuesto al patrimonio por una sola vez para ayudar a financiar la sustitución de ingresos de los afectados y la sostenibilidad de las micro y pequeñas empresas. También, considerar el uso del Fondo de Contingencia Estratégica, creado para enfrentar situaciones de crisis y financiar material bélico (de US$4.500 millones), para el financiamiento de medidas sociales y productivas que permitan enfrentar la crisis y apoyar la recuperación. A más largo plazo, deberá promoverse un acuerdo tributario (post 2021) que se concentre en los impuestos directos y a las grandes fortunas. Se debe aspirar a elevar en 5% del PIB la carga tributaria hacia los próximos cuatro años, avanzando hacia un aumento de esta equivalente a la media de la OCDE.